(El Economista, 06-11-2024) | Fiscal
Tras múltiples intentos y meses de negociaciones, la UE ha aprobado finalmente una normativa que exige a plataformas digitales como Airbnb, Uber o Booking recaudar el IVA y transferirlo a las autoridades fiscales. Los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) dieron su apoyo a esta medida después de que Estonia decidiera levantar su bloqueo.
El cambio de postura de Tallin tuvo un costo: los veintisiete Estados miembro acordaron retrasar la entrada en vigor de la directiva hasta 2030, cinco años después de lo propuesto inicialmente por la Comisión Europea. Este acuerdo fue promovido por la presidencia húngara del Consejo de la UE en el semestre en curso.
El acuerdo del Ecofin no dejó satisfechos a todos. Aunque la norma incluye un periodo transitorio desde julio de 2028, en el cual los países podrán aplicarla de forma voluntaria, España ha manifestado su intención de implementarla antes de esa fecha, aunque sin especificar cuándo. La normativa establece que las plataformas de alquiler a corto plazo, ya sea de viviendas o vehículos, serán responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales, especialmente en los casos en los que los proveedores de servicios, como hoteles o particulares, no lo hagan directamente.
La intención de Bruselas con esta medida es nivelar la competencia entre plataformas digitales y negocios tradicionales y combatir el fraude fiscal. En el actual contexto legislativo, el IVA de estos servicios a menudo no se declara, lo que genera una situación de ventaja desleal para las plataformas frente a los servicios convencionales de hoteles o taxis.
El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, celebró el acuerdo en la red social X, destacando que la medida "ayudará a los gobiernos a recuperar ingresos de IVA, mejorar la lucha contra el fraude fiscal y aliviar la presión sobre las finanzas públicas. Un buen ejemplo de simplificación y un gran paso hacia una fiscalidad justa".
El paquete incluye la creación de un registro único de IVA para toda la UE, además de un sistema de facturación electrónica en tiempo real para empresas. Con estas tres iniciativas, la Comisión Europea estima que se podrían recaudar hasta 18.000 millones de euros anuales adicionales en concepto de IVA.
Estonia, que llevaba meses bloqueando la directiva debido a la necesidad de unanimidad entre los Estados miembro, se oponía a imponer el IVA a pequeñas y medianas empresas, argumentando que ello aumentaría su carga administrativa. Por ello, defendía que su implementación fuera voluntaria y no obligatoria para cada Estado.