(El País, 31-03-2025) | Fiscal
El enfrentamiento político entre los socios del Gobierno respecto a la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha culminado en un acuerdo en el que ambas partes han cedido parcialmente. Sumar ha conseguido el alivio fiscal que reclamaba para estos trabajadores, mientras que el PSOE ha logrado que la medida tenga una duración limitada a un solo ejercicio y no se aplique de forma generalizada. La solución acordada es una nueva deducción.
Aunque aún faltan detalles sobre cómo funcionará esta rebaja fiscal, fuentes gubernamentales adelantan que los trabajadores afectados, que representan aproximadamente el 20% de quienes perciben el SMI, soportarán retenciones en el IRPF de unos 30 euros mensuales este año. Para recuperar ese dinero, deberán presentar la declaración de la renta en 2026, incluso si no están obligados a hacerlo debido a sus ingresos.
Este año, el salario mínimo aumentó en 50 euros, situándose en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas (16.576 euros brutos anuales). Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, el incremento no fue acompañado por una actualización en el IRPF que eximiera a estos trabajadores de tributar. Como consecuencia, alrededor de 480.000 empleados, en su mayoría solteros sin hijos, han empezado a sufrir retenciones en el impuesto por primera vez.
El Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió esta situación argumentando que el SMI ha crecido de manera significativa en los últimos años, alcanzando el 60% del salario medio pactado con su socio de Gobierno, y que ya no se trata de una renta de subsistencia. Esta postura chocaba frontalmente con la de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien insistía en actualizar el impuesto para alinearlo con la subida salarial.
Tras semanas de tensión y la amenaza de Sumar de pactar con la oposición en la Mesa del Congreso para forzar la rebaja fiscal, la coalición de Gobierno logró un acuerdo de última hora para aliviar la carga tributaria sobre los afectados por la subida del SMI. Sin embargo, el mecanismo elegido es distinto al de años anteriores: en lugar de ampliar la reducción por rendimientos del trabajo, que beneficia a las rentas bajas en general, se ha optado por una medida específica y temporal, que solo aplicará a ese 20% de trabajadores.
No obstante, Sumar no descarta que la medida se prolongue más allá de este ejercicio, lo que requeriría una nueva negociación. El coste estimado de esta iniciativa es de unos 200 millones de euros, una cifra muy inferior a los entre 1.500 y 2.000 millones que supuso la fórmula anterior.
El acuerdo se materializará a través de una enmienda a la ley del IRPF, según fuentes gubernamentales. A la espera de conocer los detalles finales, los trabajadores afectados deberán, en principio, presentar la declaración del IRPF para poder recuperar las retenciones aplicadas, pese a que la normativa exime de esta obligación a quienes perciben menos de 22.000 euros anuales de un único pagador. Al presentar la declaración, la Agencia Tributaria determinará si han pagado más de lo debido en función de los tipos autonómicos -ya que la mitad del IRPF está en manos de las comunidades autónomas, que pueden aplicar cuotas distintas- y de las deducciones disponibles.
En definitiva, ese 20% de perceptores del SMI que han empezado a tributar este año podrán solicitar la devolución de lo pagado en la próxima campaña de la renta. También será entonces cuando se sabrá si el salario mínimo volverá a subir y en qué medida, así como si se abrirá un nuevo debate sobre su fiscalidad.