(El Periódico, 17-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La patronal ha calificado la medida de "expropiación" y el Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso contra la nueva normativa de la Generalitat. La batalla legal de los propietarios de pisos turísticos contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona por la retirada de licencias sigue adelante.
Más de 1.500 negocios y 25 empresas gestoras han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat por aprobar a finales de 2023 un decreto que permite a Barcelona y otros municipios revocar automáticamente las licencias de pisos turísticos. Estas reclamaciones ascienden a 1.000 millones de euros, una cifra que podría aumentar ya que el plazo para presentar recursos finaliza a principios de noviembre.
El principal argumento de los reclamantes es que la retirada de licencias para finales de 2028 constituye una "expropiación forzosa", según explicaron en rueda de prensa Enrique Alcántara, presidente de la patronal que agrupa estos negocios en Barcelona, y Marian Muro, su directora general.
Ambos subrayaron que cuando el sector privado es expropiado, la ley establece que deben recibir compensaciones por parte de la administración. Además, recordaron que las licencias con las que contaban no tenían fecha de vencimiento.
Asimismo, Alcántara y Muro informaron que el Tribunal Constitucional ha aceptado tramitar un recurso, argumentando que el decreto de la Generalitat contradice la normativa vigente. También tienen previsto llevar el caso ante la justicia europea, lo que podría suspender automáticamente la normativa si su recurso es admitido.
El cálculo de la indemnización se ha basado en los gastos de los últimos cinco años y en los beneficios que generaría continuar con la actividad. Muro indicó que estos negocios representan el 45% de la oferta existente y advirtió que la desaparición de estos alojamientos afectaría a ciertos segmentos clave del turismo, como el familiar.