(El Economista, 21-01-2025) | Laboral
El Estatuto del Becario, un acuerdo promovido por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aún no se ha implementado debido a la falta de consenso en el seno del Gobierno, especialmente por la oposición de la parte socialista. Este documento no establece que sean las universidades las responsables de compensar a los estudiantes por los gastos de transporte y comida asociados a las prácticas no remuneradas. Sin embargo, estas instituciones temen que, ante la negativa de los empresarios a asumir dichos costos, terminen haciéndose cargo de ellos, como ya sucede con la cotización a la Seguridad Social (bonificada en un 95%, reduciendo el costo a unos 10 euros mensuales). En principio, la intención era que fuera la empresa receptora la encargada de cubrir estos gastos.
Para aclarar esta incertidumbre, la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, envió una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la misiva, a la que tuvo acceso este medio, se expresa preocupación ante la posibilidad de que las empresas, entidades del tercer sector y organismos públicos rechacen asumir estos gastos. Por ello, la CRUE solicita un acuerdo con el sector empresarial que establezca explícitamente esta obligación.
Desde el Ministerio de Trabajo valoran positivamente el apoyo de la CRUE a la compensación económica para los estudiantes, aunque no aclaran quién será responsable de cubrir este costo. Según Alcón, más del 40% de las prácticas universitarias y de Formación Profesional se realizan en entidades del sector público, como centros sanitarios y educativos. Por tanto, considera indispensable garantizar una financiación estatal para cumplir con estas nuevas obligaciones. La rectora advierte que, de lo contrario, se pondría en riesgo la continuidad de las prácticas.
En el curso 2022-2023, según cifras oficiales, más de 263.500 universitarios estudiaban grados relacionados con ciencias de la salud y 165.000 en áreas de enseñanza, ambos con prácticas obligatorias. Por su parte, 451.145 estudiantes de Formación Profesional realizaron prácticas en empresas, destacando los 226.277 de Grado Superior. Alcón propone a Díaz que se realice un cálculo conjunto de los costos reales de estas medidas y que se asegure el cumplimiento de las obligaciones tanto por parte de las empresas como de la Administración.
El Ministerio de Trabajo subraya que la carta de la CRUE apoya un cambio normativo destinado a proteger los derechos de las personas en prácticas no laborales, incluyendo la compensación de gastos, acceso a servicios laborales y garantías en la tutela formativa. No obstante, evitan pronunciarse sobre las dudas planteadas por los rectores acerca de la financiación de estas medidas. Según el Ministerio, este respaldo será clave para lograr el éxito de un estatuto largamente esperado.
El Estatuto del Becario ha tenido un recorrido accidentado. Firmado en junio de 2023 por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, fue cuestionado el mismo día de su presentación por la parte socialista del Gobierno, que consideró el texto "inmaduro" y con carencias técnicas. La norma, que también limita las prácticas extracurriculares -uno de los principales focos de precariedad-, no contó con el apoyo de la patronal ni de la CRUE. Tras las elecciones generales de julio de 2023, el Ministerio de Trabajo ha señalado en diversas ocasiones que está ajustando el texto antes de presentarlo al Consejo de Ministros, pero el consenso dentro del Ejecutivo sigue sin alcanzarse.
El presidente Pedro Sánchez ha señalado la aprobación del Estatuto del Becario como una prioridad de su gobierno, un compromiso recogido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Sin embargo, como en otros temas laborales, la falta de concreción sobre los detalles ha dejado la norma en un estado de indefinición.