(El País, 08-11-2024) | Laboral
El Gobierno está trabajando a contrarreloj para asegurar la continuidad del concierto de Muface, una mutualidad que permite cada año a 1,49 millones de funcionarios y sus familias elegir entre atención sanitaria concertada o pública. Las tres aseguradoras del último acuerdo (Adeslas, Asisa y DKV) anunciaron el martes que no participarán en el nuevo concierto para el periodo 2025-2026. Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos han expresado su descontento y amenazan con huelgas si el Gobierno no mejora la propuesta económica en la licitación urgente para atraer a alguna aseguradora.
El problema radica en la insuficiencia de fondos en el modelo de sanidad concertada. Las aseguradoras del concierto actual (2021-2024) aseguran haber perdido 600 millones de euros debido al pago insuficiente de primas por parte del Estado. Las subidas de precios de 2022 y el aumento en la demanda de servicios médicos han afectado las cuentas. El Ministerio de Función Pública, a cargo de Muface, propuso un aumento del 17% en el presupuesto, pero esto no ha sido suficiente para las aseguradoras. Asisa advierte que aceptar el nuevo acuerdo podría llevarla a la quiebra, mientras que DKV estima pérdidas de 74 millones de euros en dos años, que afectarían sus resultados de 2024. En 2023, sus beneficios ya se vieron afectados por la situación de Muface.
Este jueves, la dirección de Muface se ha reunido con los sindicatos más representativos para asegurarles que la mutualidad hará todo lo posible para mantener la prestación sanitaria como hasta ahora, permitiendo la elección entre sanidad pública y aseguradoras privadas. CSIF, el principal sindicato en la Administración Pública, acusa al Gobierno de "poner en riesgo la atención sanitaria de sus funcionarios" y solicita al ministro de Función Pública, Óscar López, que tome medidas para salvar el concierto.
CSIF ha convocado a los funcionarios a manifestarse el lunes 11 de noviembre frente a las subdelegaciones del Gobierno y el Ministerio de Hacienda "para defender las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo". Advierten que podrían intensificar las protestas con paros parciales o incluso huelgas.
Muface gestiona el seguro de salud de 1,49 millones de funcionarios -en activo y jubilados- y sus familiares, muchos de los cuales son profesores que trabajan para comunidades autónomas. Según UGT, el 65% de los mutualistas son docentes de primaria, secundaria y universidades. Si la licitación exprés no logra atraer a ninguna aseguradora, el Gobierno podría extender el servicio actual hasta nueve meses más por razones de interés público. Esto prolongaría las condiciones actuales, lo cual mantendría las pérdidas de las aseguradoras. "Es como negociar bajo amenaza", comenta un directivo de una de las compañías involucradas.
UGT Servicios Públicos exige que no se afecte la calidad del servicio, y Comisiones Obreras ha contactado a la dirección de Muface para conocer la situación. La mutualidad asegura que seguirá proporcionando atención sanitaria a todos sus mutualistas, titulares y beneficiarios, según informó el sindicato.
Mientras tanto, aumenta la incertidumbre entre los afiliados. Las consultas a sus aseguradoras se han incrementado, y algunos ya reciben ofertas para contratar un seguro privado fuera de Muface. Para la mayoría de mutualistas, perder el acceso a una aseguradora privada es impensable. "Mi padre tiene 83 años, ha estado toda la vida en Muface, y sería un golpe fuerte tener que pasarse a la sanidad pública", comenta José María, un profesional del sector financiero residente en Zaragoza.