(El Economista, 12-11-2024) | Laboral
El legislador establece por primera vez los plazos específicos de retraso en el pago de salarios y los meses de impago necesarios para que un empleado pueda poner fin al contrato de trabajo de forma unilateral. Según la propuesta, los trabajadores que sufran un retraso de más de 15 días en el pago de su nómina y acumulen tres mensualidades impagadas en un año podrán rescindir su contrato laboral, recibiendo además una indemnización equivalente a la de un despido improcedente.
El Gobierno ha incluido esta medida en una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia para modificar el Estatuto de los Trabajadores y clarificar cuántos impagos justifican la ruptura de la relación laboral sin consecuencias negativas para el empleado. El texto se votará en el Pleno del Congreso el próximo 14 de noviembre y, de ser aprobado (algo previsible dada la mayoría que suman PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y el grupo mixto), será remitido al Senado para su aprobación definitiva.
Hasta ahora, la decisión recaía en los jueces, quienes analizaban caso por caso la gravedad de los impagos o retrasos salariales sin contar con criterios concretos. Con esta reforma, se busca uniformidad. El texto establece que un retraso se considerará tal cuando el pago supere en más de 15 días la fecha acordada. La extinción del contrato podrá justificarse si, en un periodo de un año, el empleado acumula tres mensualidades completas de salario impagadas (aunque no sean consecutivas) o si se producen retrasos en el pago durante seis meses, también sin necesidad de continuidad.
Aunque estas disposiciones aportan mayor claridad jurídica, la reforma también conserva la capacidad de los jueces para valorar si existe una "causa justa" que respalde la extinción del contrato por impagos o retrasos.
Además, entre las enmiendas impulsadas por el PSOE destaca la eliminación completa de la Golden Visa, un mecanismo aprobado en 2013 para atraer inversión extranjera a cambio de otorgar la nacionalidad española. Inicialmente, se había planteado limitar esta medida eliminando la concesión de ciudadanía por la compra de viviendas de más de 500.000 euros, pero la nueva propuesta elimina la Golden Visa en su totalidad, afectando también a inversiones en depósitos bancarios, acciones, deuda pública o proyectos que fomenten la innovación o el empleo.
Por otro lado, la futura Ley de Eficiencia del Servicio de la Justicia propone una transformación integral del sistema judicial con el objetivo de acelerar los procesos. Entre las medidas previstas, se destaca la eliminación de tareas administrativas para los jueces, el fomento de tecnologías avanzadas, la especialización de juzgados y la creación de Tribunales de Instancia que sustituirán a los órganos unipersonales. Esta reorganización busca optimizar los recursos humanos y materiales, permitiendo una asignación más eficiente según las necesidades específicas de cada territorio.