(El País, 28-10-2024) | Laboral
El Ministerio de Trabajo busca frenar el abuso de los despidos improcedentes -aquellos sin causa justificada- proponiendo compensaciones adicionales como medida reparadora. Sin embargo, expertos en derecho laboral advierten que una regulación excesivamente restrictiva, o que no deje claras las consecuencias de estos despidos, podría desencadenar un aumento en la litigiosidad, sobrecargando los juzgados y afectando negativamente la contratación.
Según datos del Ministerio de Trabajo, los despidos en España aumentaron en 2022, mientras que la indemnización media para los trabajadores se redujo, situándose en un mínimo de 8.251 euros. El Poder Judicial también ha registrado esta disminución en las compensaciones para los trabajadores que llegaron a acuerdos de conciliación o juicios. Entre 2019 y 2023, el promedio de indemnización ha caído en 1.000 euros, y el número de despidos que se resolvieron mediante conciliación o sentencia judicial bajó ligeramente de 126.188 en 2022 a 125.141 en 2023, aunque sigue siendo superior a los 117.750 de 2019. Aun así, los expertos alertan que los conflictos por despidos podrían aumentar significativamente si la reforma de las indemnizaciones llega a ajustarse a la Carta Social Europea. Un reciente dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en julio que la indemnización fijada en España para despidos improcedentes viola el artículo 24 de la Carta, pues no es disuasoria ni restauradora.
Daniel Cifuentes, socio de laboral en Pérez-Llorca, señala que ya se ha observado un aumento en las demandas de indemnizaciones adicionales a las que marca la ley. "Esto ha complicado los acuerdos exprés, en los que la empresa reconoce la improcedencia del despido y paga la indemnización de 33 días, ya que muchos trabajadores consideran que pueden obtener una mayor compensación a través de un juicio", explica.
Además, Blanca Liñán, socia del área laboral en Ceca Magán Abogados, comenta que los tribunales en España han empezado a otorgar indemnizaciones adicionales en casos donde el despido improcedente se considera demasiado económico para la empresa. "Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias impuso una compensación adicional de 55.000 euros por daños morales en un despido improcedente", ejemplifica.
Actualmente, estas indemnizaciones adicionales son poco frecuentes, aunque cada vez más comunes. Solo se conceden cuando empresa y trabajador lo acuerdan antes del juicio, o cuando un juez lo ordena. En este segundo caso, la cuantía de la compensación queda a criterio del juez, quien puede imponerla si considera que la indemnización estándar calculada según el Estatuto de los Trabajadores no compensa adecuadamente el perjuicio del despido improcedente, según explica Víctor Canalda, abogado y profesor de derecho laboral en la Universitat Oberta de Catalunya.
La falta de criterios claros para fijar estas compensaciones adicionales causa confusión tanto en empresas como en trabajadores. En la práctica, indica Cifuentes, los jueces están evaluando factores como la antigüedad, edad, carga familiar del trabajador y las circunstancias del despido. "En los últimos meses hemos visto resoluciones judiciales que conceden indemnizaciones que oscilan entre sumas significativas de más de 40.000 euros y montos menores de unos 8.000 euros", comenta.
Otro factor que puede aumentar el costo de un despido para la empresa es que este sea declarado nulo. Un riesgo que, según Liñán, ha crecido con las recientes reformas, ampliando los casos en los que un despido puede considerarse nulo, como cuando el trabajador está de baja médica, presenta una denuncia contra la empresa, está disfrutando de permisos familiares, o solicita una adaptación de jornada. "En estos casos, las empresas enfrentan la incertidumbre de si el trabajador aceptará la indemnización adicional o exigirá la readmisión", señala Liñán.
En resumen, Canalda concluye que "el incremento en las indemnizaciones, la posibilidad de compensaciones adicionales según criterios subjetivos, y la restricción en las causas de despido podrían generar conflictos y afectar la evolución económica de algunas empresas". Por eso, sugiere que estos cambios legales busquen equilibrar los intereses de empleadores y trabajadores. "Al igual que el despido libre sería un error, una limitación excesiva en los criterios de despido también resulta ineficiente y podría producir consecuencias no deseadas", valora el experto.