(Expansión, 22-07-2024) | Fiscal
El Gobierno solicita a la Comisión que libere los fondos debido a las medidas ya implementadas, argumentando que ha reducido a la mitad la brecha de ingresos con la UE, mientras Bruselas se centra en la fiscalidad medioambiental. Tras desbloquearse el cuarto pago de los fondos Next Generation -con una reducción de 168 millones de euros sobre los 10.000 del lote por no cumplir un objetivo-, el Gobierno está negociando con la Comisión Europea para acceder al quinto de los 10 desembolsos semestrales ligados al Plan de Recuperación.
En esta ocasión, con 7.200 millones en juego, la prueba clave será la reforma fiscal comprometida, cuyo alcance está en debate. Mientras el Gobierno intenta considerarla completada con las medidas ya adoptadas en los últimos años, alegando que han permitido reducir a la mitad la brecha de recaudación con la Unión Europea, Bruselas examina qué parte del logro es estructural, enfocándose en compromisos pendientes, especialmente en la tributación medioambiental.
"En el ámbito de la reforma fiscal y de los hitos relacionados con el quinto desembolso, creemos que ya se han tomado medidas ambiciosas que se reflejan en el incremento estructural de nuestra ratio de ingresos respecto al PIB, y esto es un elemento que estamos presentando a la Comisión Europea para valorar el cumplimiento de estos hitos", declaró el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, el día en que Bruselas emitió su valoración sobre el cuarto pago.
Los datos de Eurostat muestran que la diferencia entre el nivel de ingresos públicos sobre PIB de España en 2019 (39,2%) y la media de los Veintisiete países de la Unión Europea (46,1%) se ha reducido de siete puntos a solo 3,1 puntos en 2023, cuando España recaudó el 42,8% de su PIB, frente al 45,9% de media comunitaria. Según las previsiones macroeconómicas y fiscales enviadas por el Gobierno a la Comisión Europea en abril, se espera que el nivel de ingresos públicos sobre PIB alcance en España el 42,9% para 2025 de manera inercial. Sin embargo, queda por ver qué parte del cierre de la brecha es estructural y cuál ha sido propiciada por la inflación.
El listado de iniciativas presentadas a Bruselas incluye: nuevos impuestos a entidades financieras, empresas energéticas y grandes fortunas; el tributo sobre los negocios digitales (Tasa Google); el gravamen a las transacciones financieras (Tasa Tobin); el impuesto a los envases de plástico de un solo uso; el gravamen a los residuos en vertederos y la incineración; el endurecimiento de la regulación contra el fraude fiscal; la subida de los tipos sobre los rendimientos del capital y el IRPF a las rentas altas; la creación del tipo mínimo nacional del 15% sobre el Impuesto de Sociedades y la transposición en marcha de su versión global; y la subida al 21% del IVA de las bebidas azucaradas.
Montero confía en que esta lista de logros y el nuevo umbral de ingresos conseguidos sean suficientes "para dar por cumplido el hito de la reforma fiscal", aunque se muestra abierta a "incorporar algún elemento que les parezca de especial interés", refiriéndose a los miembros de la Comisión Europea. Fuentes conocedoras de la negociación admiten que buena parte del enfoque europeo está en la fiscalidad medioambiental. En este ámbito, queda pendiente la equiparación fiscal del diésel a la gasolina, después de descartar la idea de que sea menos contaminante, lo cual, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), podría generar 2.400 millones de euros adicionales anualmente.
La medida es una de las recomendaciones del Libro Blanco para la reforma fiscal encargado por Hacienda a un grupo de expertos académicos, que el Plan de Recuperación exigía redactar, pero no aplicar íntegramente, y que quedó archivado tras la invasión rusa a Ucrania. Montero ha subrayado que "todavía estamos trabajando en ese entorno, porque los efectos de la crisis de Ucrania aún no han pasado". De hecho, el Gobierno acaba de anunciar una nueva prórroga de la rebaja del IVA de los alimentos debido a la persistencia de la inflación, por lo que la vicepresidenta considera que "la Comisión es consciente de esta circunstancia y está abordando la fiscalidad con los Estados miembros dentro de este contexto".
El problema de fondo para determinar el alcance de la reforma fiscal necesaria para desbloquear los fondos europeos es que la redacción del Plan de Recuperación es muy vaga en este aspecto, a diferencia de otros (España acaba de perder parte del cuarto pago por no completar el 30% de una inversión de 300 millones en digitalización de pymes). Así, además de algunas reformas específicas mencionadas, el texto pactado con la UE se limita a exigir la elaboración del Libro Blanco y, a partir de él, impulsar una reforma fiscal "para acercar la ratio ingresos/PIB del Estado español a la media europea", sin especificar cuánto; fijar el tipo mínimo societario; desarrollar "la fiscalidad medioambiental"; la "tributación de la economía digitalizada" y "las actividades emergentes"; o "la armonización de la tributación patrimonial".