(Cinco Días, 30-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo
El sector financiero lleva años preparándose para aprovechar el auge de las criptomonedas. Después de un extenso proceso de análisis, ajustes legislativos y numerosos debates, entra en vigor en Europa la nueva normativa para los mercados de criptoactivos, conocida como MiCA (Markets in Crypto Assets).
A partir de ahora, el bitcoin y otras criptomonedas pasan a ser activos regulados, lo que significa que estarán sujetos a normas similares a las de otros instrumentos financieros. Estas reglas controlarán aspectos como la emisión, oferta y negociación de estos activos digitales, así como los servicios asociados a ellos. La implementación de MiCA coincide con un momento de máxima expectación en el mundo de las criptomonedas, especialmente tras el reciente hito del bitcoin al superar los 100.000 dólares de valoración.
Esta regulación llega en un contexto de creciente entusiasmo por las criptos, especialmente en Estados Unidos, donde tanto inversores institucionales como particulares han impulsado su adopción. Además, la reciente victoria electoral de Donald Trump en noviembre ha añadido un nuevo impulso al mercado de activos digitales, con declaraciones del mandatario señalando la regulación de las criptomonedas como una de sus prioridades inmediatas.
El objetivo de MiCA es unificar las normativas entre los países de la Unión Europea, evitando un mosaico de reglas nacionales, y garantizar mayor transparencia y protección para los consumidores. Por un lado, regula la emisión de stablecoins y, por otro, los servicios relacionados con los criptoactivos. Esto implica que cualquier proveedor de servicios cripto necesitará la autorización de los reguladores nacionales para operar, custodiar, negociar o transferir estos activos, permitiéndoles luego ofrecer sus servicios en toda la UE.
En España, la supervisión del mercado de criptoactivos estará a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que gestionará la documentación de emisiones y los procesos de autorización de licencias e inscripción de proveedores. Por su parte, el Banco de España se encargará del registro de plataformas de intercambio de criptomonedas y servicios de custodia.
Es importante destacar que las normas de MiCA aplicarán tanto a los servicios regulados bajo esta normativa como a aquellos no emitidos bajo su marco, como el bitcoin, que no cuenta con un emisor formal que pueda ser regulado.
Las entidades autorizadas para operar con criptoactivos deberán cumplir ahora con reglas más estrictas para proteger a los inversores. Esto incluye el registro obligatorio como proveedores de servicios criptos, la implementación de medidas de seguridad comunes y el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales, al igual que el resto del sector financiero.
España ha establecido un período transitorio para la adaptación a MiCA, permitiendo que los proveedores de servicios cripto existentes operen sin necesidad de autorización hasta el 30 de diciembre de 2025. Se espera que la adopción de estas normas, al aportar claridad regulatoria, fomente la entrada de entidades tradicionales al ecosistema cripto, contribuyendo a la madurez del mercado y ofreciendo mayor seguridad a los inversores. MiCA busca garantizar la protección de los usuarios de criptomonedas, estableciendo, por ejemplo, medidas para proteger los activos bajo custodia.
Sin embargo, los supervisores advierten que, pese a estas nuevas reglas, las criptomonedas seguirán siendo activos de alto riesgo y gran volatilidad. Además, la regulación de criptos será más flexible en comparación con la de productos financieros tradicionales, como acciones o fondos de inversión.
Un aspecto clave es que la inversión en criptomonedas no estará cubierta por sistemas de compensación como el Fondo de Garantía de Depósitos en España, que protege a los inversores en casos de fraude o quiebra de entidades financieras. Si un proveedor de servicios de criptoactivos no puede devolver los fondos, los inversores no tendrán ninguna red de seguridad.