(El Economista, 15-07-2024) | Fiscal
El Gobierno se enfrenta a la elaboración del techo de gasto más ambicioso de la historia reciente, con varios factores que influirán en las finanzas públicas españolas. El crecimiento del PIB, impulsado por un turismo mejor de lo esperado, dará a Moncloa mayor margen para aumentar su techo de gasto. De hecho, el Gobierno cuenta con mantener los impuestos extraordinarios a las empresas de banca y energía. Considerando que las reglas fiscales obligarán a un ajuste del déficit, la autoridad fiscal prevé un incremento del techo de gasto del 2,7%, lo que supondría unos 5.100 millones adicionales sobre los actuales 189.000 millones (sin contar los fondos europeos) propuestos por el Gobierno hace menos de siete meses.
Ese límite de gasto no financiero sería lo máximo que podría incrementar el desembolso el Gobierno para cumplir con las nuevas exigencias de la Comisión Europea, según la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero. Aunque un aumento del 2,7% en el techo de gasto ya indica un cambio de ciclo, históricamente ha crecido un 4,5%, señalaba Herrero en Santander. "No debería sobrepasar esa cifra", confirma también el Inspector de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre.
El Gobierno también cuenta con los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas, dos tributos que se implementaron como respuesta a la pandemia y que podrían convertirse en permanentes, aportando alrededor de 3.000 millones de euros adicionales a las arcas públicas.
"Estamos en un momento de impasse debido al boom económico imprevisto, la no deflactación del IRPF (ajustar el tipo de un impuesto a la evolución de los precios para evitar la pérdida de poder adquisitivo) que ha mejorado la recaudación tributaria y por los impuestos solidarios", analiza el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich. La no deflactación del IRPF ha permitido una mayor recaudación, facilitando el gasto.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, prepara esta semana la presentación del techo de gasto que será el inicio para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, tras el fracaso de este curso. El nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno español proyectará un crecimiento más cercano al 2,5% que al 2% actual, en línea con los principales organismos y servicios de estudios nacionales e internacionales. Esto implicaría un crecimiento adicional de unos 7.000 millones respecto al escenario actual.
De la Torre señala otro aspecto a considerar para el gasto público del próximo ejercicio: la evolución de los gastos impropios de la Seguridad Social que asume la Administración General del Estado a través de créditos, es decir, los traspasos del Tesoro mediante impuestos o aumento de deuda. La partida de las pensiones es la más elevada, y la evolución demográfica genera una creciente carga presupuestaria.
Además del aumento natural de las partidas consideradas "impropias" de la Seguridad Social (gastos en prestaciones asistenciales, sanitarias, Clases Pasivas...), la ministra de la Seguridad Social ha manifestado su intención de culminar la separación de fuentes de financiación, consiguiendo que las pensiones se financien más a través de impuestos o deuda. Esto, además de romper el principio de contributividad del sistema, reduciría el espacio fiscal para otras partidas presupuestarias, considerando que las transferencias ya representan el 3% del PIB.
La Comisión Europea ha diseñado unas reglas fiscales adaptadas a la situación de cada país. En el caso español, la AIReF menciona dos vías para retomar la responsabilidad en el gasto. La primera sería más agresiva, reduciendo el déficit primario (excluyendo el coste de intereses por deuda pública) durante cuatro años en unos 10.000 millones anuales. Este camino, el más complejo, podría aligerarse si el tándem de Economía y Hacienda convence a los técnicos de Bruselas con un plan de medidas a siete años, reduciendo el esfuerzo anual a unos 6.000-7.000 millones de euros.