(El Economista, 09-09-2024) | Fiscal
El Consejo de Ministros aprobará mañana el mismo techo de gasto que no consiguió aprobar en julio pasado, con el objetivo de que sea votado en el Congreso la próxima semana. Así, el Gobierno reanuda su calendario con la mirada puesta en los Presupuestos de 2025, que planea presentar en la Cámara Baja a principios de octubre. Las bases no cambiarán: el límite de gasto no financiero será de 199.171 millones de euros, y la senda de estabilidad llevará el déficit al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026, y al 1,8% en 2027. Durante estos próximos tres años, las Comunidades Autónomas podrán incurrir en un saldo negativo del 0,1%, mientras que los Ayuntamientos deberán mantener el equilibrio presupuestario.
Será el segundo y último intento. Si la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no logra sacar adelante el techo de gasto ni recuperar el apoyo de Junts, el Gobierno se vería obligado -por segunda vez en su primer año de legislatura- a prorrogar los Presupuestos de 2023. Esto confirmaría la inestabilidad parlamentaria, lo que impediría avanzar en otras iniciativas clave, como el acuerdo fiscal con ERC para Cataluña o la revisión del sistema de financiación autonómica. Además, otras medidas quedarían paralizadas, como el incremento de la presión fiscal a las rentas más altas, anunciado recientemente por el presidente del Gobierno, o la reducción de la jornada laboral, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Todo depende de Junts, que desde el 23 de julio ha mostrado señales de distanciamiento del bloque de investidura. "Nosotros no formamos parte de ningún bloque", afirmó el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista con TV3 la semana pasada. Los independentistas sitúan el "acuerdo de Bruselas" como la condición clave para facilitar la tramitación de los Presupuestos.
Este acuerdo exigía la aprobación de la Ley de Amnistía y su aplicación plena, una norma que el Gobierno promovió el 30 de mayo. Sin embargo, Junts denuncia que no se está aplicando en su totalidad. Turull exigió recientemente que Sánchez obligue al Fiscal General del Estado a presentar una demanda contra los jueces que "no están aplicando" la ley. El acuerdo también incluye la demanda de que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos generados en Cataluña, algo que podría resolverse mediante el pacto fiscal entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Illa, un punto defendido por la vicepresidenta en el Senado la semana pasada. Es importante destacar que el pacto entre Sánchez y Puigdemont no contemplaba la salida de Cataluña del régimen común, como ahora piden, sino una reforma de la LOFCA que establezca "una cláusula de excepción para Cataluña, reconociendo su singularidad en el sistema institucional de la Generalitat".
Otro tema pendiente en el acuerdo es el retorno de las empresas que abandonaron Cataluña durante el procés. Junts propuso sancionar a aquellas que no quieran regresar, una medida que el Gobierno descarta. Además, Junts ha añadido nuevas condiciones en las últimas semanas, como aumentar la inversión del Estado en la red de Cercanías en Cataluña y el compromiso de Montero de incrementar la ejecución presupuestaria en la región.