(El Periódico, 25-10-2024) | Fiscal
El Gobierno reconoció ayer su debilidad parlamentaria y admitió por primera vez que la continuidad de los impuestos temporales sobre la banca y las empresas energéticas, incluidos en el pacto de coalición y en los compromisos con Bruselas para mejorar las finanzas públicas, no está garantizada. "Ojalá contemos con una mayoría suficiente para darles continuidad; pero, evidentemente, si el Gobierno de España no cuenta con esa mayoría, no podrá llevar a cabo su intención de que los impuestos a las energéticas y a la banca sean permanentes", declaró la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante los medios.
En los últimos días, Montero ha intensificado las negociaciones con diversos grupos parlamentarios, especialmente el PNV y Junts, para intentar acordar una reforma fiscal integral que se incluiría a través de enmiendas al proyecto de ley que establece un tipo mínimo global del 15% para multinacionales, cuyo plazo concluye el próximo miércoles. Sin embargo, la oposición del sector energético ha influido en el PNV, que ya venía solicitando incentivos para las inversiones en electrificación y ahora aspira a gestionar el impuesto en su propio territorio. Además, la decisión de Repsol de desviar inversiones hacia Portugal y la amenaza de trasladar sus proyectos fuera de España si el tributo persiste ha generado rechazo en Junts, que teme que esta medida afecte a la zona de Tarragona.
El miércoles, el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, reafirmó el compromiso del Gobierno de hacer permanentes estos dos impuestos a pesar de la pérdida de apoyos parlamentarios, recordando que esta medida forma parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar y del Plan Fiscal Estructural recién presentado ante la Comisión Europea.
Ayer, sin embargo, Montero admitió que sin apoyo parlamentario será imposible impulsar esta medida, ya que aunque se apruebe mediante Real Decreto-ley, necesitaría luego la ratificación del Parlamento. "El Gobierno es muy consciente de que debe acordar este tipo de reforma con el conjunto de los grupos políticos, y estamos dialogando para intentar convencerlos de los beneficios de pedir un esfuerzo adicional a quienes han obtenido mayores beneficios, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de mejores políticas en vivienda, sanidad, dependencia y otros ámbitos que promueven la igualdad de oportunidades", señaló.
Además, el Gobierno tiene el doble compromiso con la UE de aprobar una reforma fiscal que acerque la recaudación de España a la media europea, a fin de acceder a los 7.200 millones de euros del quinto pago de ayudas Next Generation, y de aumentar la recaudación en 4.500 millones a partir de 2025. Considerando que estos impuestos representan 2.800 millones de esa suma, perder esta herramienta complicaría la estrategia fiscal del Ejecutivo, que está negociando tanto con la UE como con los grupos parlamentarios. "Estamos haciendo todo lo posible: hablamos con Bruselas sobre los plazos de cumplimiento y con los grupos políticos para lograr consenso", explicó Montero, añadiendo que "estos debates requieren tiempo y un diálogo profundo". No obstante, el tiempo es limitado, y el Gobierno todavía tiene por delante la negociación sobre la senda de déficit y unos Presupuestos que le permitan consolidar la legislatura. Montero expresó su esperanza de que la situación se aclare tras los congresos políticos que Junts y ERC celebrarán en las próximas semanas.