(El Periódico, 21-11-2024) | Fiscal
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estimó este miércoles en 5.000 millones de euros el impacto económico derivado de la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las reformas del impuesto de sociedades implementadas durante el gobierno del PP. Este coste, según Montero, se busca compensar con las medidas fiscales incluidas en el paquete que será sometido a votación en el Congreso este jueves.
Montero calificó la situación como una consecuencia de las decisiones del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, cuya reforma anulada por el Tribunal Constitucional "regalaría 5.000 millones de euros este año a las grandes empresas". En respuesta, el Gobierno ha propuesto ajustes en el impuesto de sociedades dentro del nuevo paquete fiscal, ya aprobado por la Comisión de Hacienda y pendiente de la decisión del Pleno del Congreso.
Durante la sesión de control, Montero criticó la postura del PP, que ha anunciado su voto en contra del paquete fiscal, el cual también incluye medidas como un aumento del IRPF para las rentas del capital más altas, una reducción del impuesto de sociedades para las pymes y acciones para combatir el fraude en el sector de los hidrocarburos.
Montero subrayó que la aprobación de estas reformas fiscales es crucial no solo para garantizar el equilibrio presupuestario, sino también para desbloquear el quinto tramo de fondos europeos comprometidos con la UE. Sin embargo, la ministra reconoció que la votación en el Congreso no está asegurada.
Por su parte, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, criticó duramente lo ocurrido en la Comisión de Hacienda el lunes, que se caracterizó por interrupciones y largas pausas. Gamarra acusó al Gobierno de generar inseguridad jurídica al pactar con diferentes socios el mantenimiento por un año más del impuesto a las energéticas, mientras dejaba caer otras propuestas. "Esto ahuyenta la inversión", afirmó Gamarra.
La portavoz del PP también instó a Montero a "dejar de subir impuestos" y centrarse en las necesidades de los afectados por la DANA en Valencia. En respuesta, Montero aseguró que la reforma fiscal permitirá financiar emergencias y garantizar los salarios de los empleados públicos que trabajan en las zonas afectadas.
El diputado del PP Jaime de Olano acusó al Gobierno de ser "una banda" y de escatimar en ayudas para los valencianos, alegando que el Ejecutivo valenciano solo ha movilizado 250 millones frente a los más de 14.000 millones aprobados por el Gobierno central. Montero respondió señalando que, además, se han adjudicado contratos relacionados con la DANA a empresas vinculadas a casos de corrupción del PP, lo que, según ella, resta credibilidad a las críticas de la oposición.