(El Periódico, 16-07-2024) | Fiscal
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó ayer de manera tajante la solicitud del Govern de la Generalitat en funciones de ERC de transferir el 100% de los impuestos a Cataluña a cambio de un sistema similar al cupo vasco. No obstante, se mostró abierta a desarrollar fórmulas contempladas en el Estatut, como la creación de una agencia tributaria catalana. Montero, que no cumplió con las expectativas de Cataluña ni del resto de las comunidades autónomas de presentar una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de ayer, trató de calmar los ánimos concediendo recursos récord y mayor margen presupuestario a las regiones y ayuntamientos a pesar de la reactivación de las reglas fiscales europeas.
La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat en funciones, Natàlia Mas, asistió por primera vez a la reunión para reclamar un "modelo de financiación singular", similar al federal alemán, que implica la cesión del 100% de los tributos a la región a cambio de un cupo al Estado por los servicios recibidos. "Es un modelo que no perjudica a ningún otro territorio" ya que "requiere que el Estado reequilibre su proporción de ingresos", que ha crecido un 90% en la última década, frente al 40% de incremento que han obtenido las comunidades autónomas, sostuvo. La consejera, que había remitido su propuesta previamente al resto de autonomías y aprovechó el encuentro para presentarla, admitió tras la reunión que la vicepresidenta había manifestado que "hay ciertas partes de la propuesta con las que coincide y otras con las que no".
"Yo no comparto el concierto económico para Cataluña", aclaró Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo, asegurando que rechaza de plano la propuesta central de ERC. Sin embargo, matizó que "se pueden dar pasos importantes" en la "mejora de la financiación de Cataluña" a partir del cumplimiento del estatuto de autonomía de la región. El texto, de 2006, contempla la constitución "en el plazo de dos años" de un "Consorcio o un ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña", que "podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña". Cuestionada específicamente sobre esta posibilidad, Montero defendió que cumplir el estatuto "es obligatorio porque es una ley orgánica". Más allá, Montero recordó que el catalán no es el único estatuto que recoge esa opción, ya que figura en otros estatutos como el de Andalucía, y que el reconocimiento de las singularidades financieras de Cataluña no sería excepcional, pues ya se hace con la insularidad canaria o balear u otros fondos.
Con todo, Montero aseguró que esta es una discusión entre ERC y el PSC en el marco de la negociación de investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, y que le es completamente ajena. De hecho, defendió que el CPFF no es el marco para discutir las propuestas concretas de un territorio. Es más, aunque la mayoría de la que gozan las regiones del PP le obligó a incluir en el orden del día la reforma del sistema de financiación autonómica, Montero se limitó a anunciar que retomará la discusión del cálculo de población ajustada como punto de partida, pero reclamó al Partido Popular una propuesta común que contente a la docena de regiones que gobierna para iniciar la negociación de la reforma.
Tanto las regiones del PP como la socialista Castilla-La Mancha -que forma el grupo de infrafinanciadas junto a Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía- mostraron su descontento por la falta de una propuesta de Hacienda, a la que reclamaron que tome la iniciativa y ponga en marcha un fondo de compensación. La vicepresidenta, sin embargo, trató de apaciguar los ánimos anunciando un reparto histórico de fondos a autonomías y municipios en 2025, así como mayor margen fiscal para los próximos tres años. El Gobierno, anunció, aprobará en el Consejo de Ministros de hoy, junto al techo de gasto, una nueva senda fiscal que compromete la rebaja del déficit público del 3% al que se espera que cierre este año al 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. Los objetivos son más ambiciosos que los de la senda vigente (que marcaba 2,7% en 2025), pero el esfuerzo extra recaerá en el Gobierno central, dijo, mientras que las regiones podrán cerrar los tres próximos ejercicios con una décima de déficit (frente a la décima de superávit que se les pedía).
En cuanto al reparto de recursos, Montero detalló a las regiones que en 2025 recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta (9,5% más), y otros 11.692 millones de la liquidación fiscal, alcanzando los 158.167 millones, un nuevo récord histórico. Paralelamente, en el marco de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), Montero comunicó a los ayuntamientos que en 2025 recibirán entregas a cuenta por 26.893 millones (13,1% más), que ascenderán a 28.935 millones con la liquidación, propiciando la mayor financiación de su historia. A su vez, Hacienda, que venía exigiendo un superávit de dos décimas a los municipios este año, una décima el próximo y otras dos en 2026, flexibiliza ahora la senda fiscal local para limitarse a reclamarles el equilibrio presupuestario en 2025, 2026 y 2027.