(Expansión, 11-10-2024) | Laboral
La reducción de los costes asociados a los servicios sanitarios que las aseguradoras prestan a los funcionarios parece ser prácticamente la única solución viable para resolver el complejo desafío que enfrentan Adeslas, Asisa y DKV principalmente, y en menor medida Mapfre, Sanitas y Nueva Mutua. Estas aseguradoras esperan recibir entre hoy y el lunes los pliegos de condiciones para los nuevos conciertos de Muface; Isfas, que atiende a militares; y Mugeju, destinada a jueces y fiscales.
Una vez recibidos, los técnicos y especialistas de las aseguradoras que actualmente gestionan estos contratos revisarán las condiciones y evaluarán sus implicaciones para tomar una decisión sobre si continuar ofreciendo este servicio o retirarse. Aunque el concierto está abierto a todas las aseguradoras del mercado, sería sorprendente que se uniera alguna compañía que no forme parte de las actuales, cuyo contrato vence el 31 de diciembre.
Ya se conoce que la prima aprobada por el Gobierno para asegurar la cobertura sanitaria de 1,7 millones de funcionarios aumentará un 17,12% en los próximos dos años: un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026. Además, el nuevo convenio incluirá mayores prestaciones, como servicios adicionales relacionados con la salud bucodental, un aumento en el gasto de farmacia hospitalaria, medicamentos innovadores, terapias avanzadas, nuevas vacunas, y un incremento en los costes asociados a enfermedades crónicas.
Con esta información, las aseguradoras se ven obligadas a evaluar posibles medidas para reducir gastos, una tarea extremadamente difícil, ya que llevan años intentando mitigar las pérdidas significativas (500 millones de euros en los convenios actuales) sin éxito.
El principal coste para las aseguradoras en esta cobertura son los servicios médicos y hospitalarios, para los cuales suelen firmar acuerdos anuales. Las compañías de seguros señalan que la concentración hospitalaria en los últimos años ha fortalecido la posición negociadora de los hospitales, en detrimento de las aseguradoras.
Ahora, las aseguradoras podrían presionar a los centros sanitarios a bajar sus precios, ofreciéndoles la continuidad del concierto para los funcionarios, o arriesgarse a perder este negocio que las aseguradoras les canalizan. Además, hay que recordar que las aseguradoras también generan ingresos para los hospitales, clínicas y médicos a través de sus seguros privados. Otra opción sería reorganizar los acuerdos, reduciendo el número de hospitales y clínicas con los que trabajan, concentrando más actividad en menos centros para obtener mejores precios.