(El País, 09-09-2024) | Laboral
Después de reunirse la semana pasada con representantes de colectivos y plataformas de trabajadoras del hogar y del servicio de ayuda a domicilio para mejorar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo ha finalizado los detalles del real decreto que presentará este martes en el Consejo de Ministros para su aprobación. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece la obligación de que los empleadores realicen una evaluación de los riesgos en los hogares donde trabajen estas empleadas, utilizando una herramienta creada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá a estas trabajadoras la posibilidad de hacerse reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos, y deberá proporcionarles equipo de seguridad cuando sea necesario.
Garantizar la seguridad y ampliar los derechos de las empleadas del hogar -un colectivo compuesto en un 90% por mujeres, en su mayoría inmigrantes- ha sido una prioridad para el equipo de Yolanda Díaz y SUMAR en los últimos años. La equiparación de sus condiciones laborales a las de otros regímenes ha sido un proceso que comenzó hace dos años con el reconocimiento de su derecho a cobrar el subsidio por desempleo, algo que no era posible bajo la legislación anterior. "Este real decreto pone fin a las injusticias y les da a estas mujeres un estatus de normalidad respaldado por el sector público", asegura una fuente del Ministerio.
El decreto se basa en siete puntos clave, que aumentan las responsabilidades de los empleadores, exigiéndoles tomar medidas preventivas para garantizar que las trabajadoras del hogar realicen sus labores en condiciones seguras. La primera obligación es que evalúen los posibles riesgos en los hogares donde se desempeñarán estas empleadas. Para ello, el INSST, como entidad técnica especializada en prevención de riesgos laborales, desarrollará una herramienta que permita evaluar adecuadamente los espacios, además de una "guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico" y un protocolo "contra la violencia y el acoso en el empleo doméstico".
"Esta herramienta no supondrá una carga para quienes empleen personal en sus hogares, que son mayoritariamente particulares", explica la misma fuente. El texto, sin embargo, no especifica un calendario para la implementación de este programa. Tras realizar la evaluación, los empleadores deberán proporcionar a sus trabajadoras "equipos de protección individual y herramientas adecuadas", y paralizar la actividad "en caso de riesgo grave e inminente".
El respaldo público al colectivo de trabajadoras -que en agosto registró 360.077 afiliadas a la Seguridad Social- se amplía con la posibilidad de que las empleadas se sometan a revisiones médicas gratuitas a través del SNS o reciban formación financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y gestionada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FSP). Según el documento, este apoyo estatal "no implicará un aumento del gasto público" y se llevará a cabo "sin incrementar el coste operativo de los órganos directivos".
Para promover la regularización de un sector que históricamente ha operado al margen de la ley, el Ministerio de Trabajo mantendrá las ayudas a la contratación para los empleadores, entre las que se incluyen una bonificación del 80% en la cotización al desempleo y un 20% en la contribución al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Asimismo, se establece que el recargo en las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debido a la falta de medidas de prevención "no se aplicará a las trabajadoras del hogar".