(El Economista, 24-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo
Ocho comunidades autónomas han decidido mantener los descuentos en el transporte público a pesar de la derogación del decreto ómnibus aprobada el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. Regiones como Madrid, Cataluña, Euskadi, Andalucía, Cantabria, Galicia, Baleares y Castilla y León ya han anunciado que trabajan para garantizar su parte de la subvención y extender los precios reducidos que se aplican desde septiembre de 2022. Otras comunidades, en cambio, han decidido suspender temporalmente las bonificaciones hasta que el Gobierno tome medidas y reactive las ayudas.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anunció ayer que analizarán qué medidas del paquete original cuentan con mayor respaldo para reintroducirlas en el Congreso, esta vez con el apoyo de Junts. Sin embargo, desde la formación liderada por Carles Puigdemont critican la falta de acción inmediata. "¿Por qué el PSOE no ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las ayudas al transporte y la revalorización de las pensiones?", cuestionan fuentes de Junts. La formación asegura haber propuesto al Gobierno que estas medidas se aprueben de forma individual, garantizando su apoyo, pero denuncian que la oferta fue ignorada. A pesar de esto, Junts mantiene su distanciamiento del Partido Popular, afirmando que "el miedo al PP no justifica un apoyo incondicional al PSOE".
En el ámbito regional, la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, continuará aplicando de manera independiente una bonificación del 60% en los abonos mensuales de transporte público. El vicepresidente regional, Miguel Ángel García, calificó al Gobierno central de "incapaz de gestionar" y exigió al ministro de Transportes, Óscar Puente, una solución inmediata. Desde septiembre de 2022, esta medida ha reducido el precio del abono joven a 8 euros y el billete de diez viajes a 6,10 euros.
En Cataluña, el consorcio de transportes comunicó que mantendrá los descuentos actuales, reduciendo un 50% el coste del transporte público hasta que el Gobierno central solucione la derogación. Si el Ejecutivo no colabora, la región mantendrá al menos una rebaja del 20%. Por su parte, Euskadi también ha garantizado un descuento del 50% en todos los títulos, aunque asegura un 20% mínimo en caso de que no se recupere la ayuda estatal. El gobierno vasco ha dado al Ejecutivo central un plazo de un mes para tomar decisiones.
Galicia, Castilla y León y Murcia seguirán subvencionando su parte de los descuentos. Galicia, por ejemplo, mantendrá la rebaja del 50% hasta finales de enero, pero reducirá el porcentaje al 20% si no hay novedades en febrero. En la Comunidad Valenciana, los planes más allá de enero aún no están claros, ya que el gobierno regional continúa evaluando si puede asumir el coste de estas ayudas. En el caso de Canarias, la decisión dependerá de los próximos movimientos del Ejecutivo central.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los usuarios del transporte público, quienes esperan una resolución que permita mantener los precios reducidos a nivel nacional.