Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) se comprometieron este viernes a elaborar planes fiscales para los próximos años que sean "creíbles y completos", aunque reconocieron que habrá demoras respecto a la fecha orientativa del 20 de septiembre para enviarlos a Bruselas. "Es crucial que estos planes sean creíbles y exhaustivos para alcanzar los objetivos gemelos de permitir el crecimiento de nuestras economías y garantizar finanzas públicas sostenibles, seguras y sanas", declaró en rueda de prensa el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe.
El irlandés fue cuestionado sobre el hecho de que algunos países ya han indicado que no podrán cumplir con el compromiso de presentar sus trayectorias fiscales a medio plazo el 20 de septiembre debido a diversos motivos. Estos planes son fundamentales para la elaboración de los presupuestos de 2025 y marcan el inicio de las nuevas reglas fiscales acordadas a principios de año.
Donohoe respondió que "todos los Estados miembros están haciendo todo lo posible" para cumplir con sus compromisos en este proceso, pero reconoció que "también es cierto que hay situaciones políticas en algunos países" que son consecuencia del "inevitable" proceso democrático, algo que está contemplado en el nuevo marco fiscal y también por la Comisión Europea. El presidente del Eurogrupo señaló que la mayor parte de la reunión se dedicó a discutir el inicio de las nuevas reglas presupuestarias, en un encuentro que duró apenas dos horas y donde solo siete países estuvieron representados a nivel ministerial (Eslovenia, Malta, Luxemburgo, Italia, Chipre, Bélgica y Croacia), según fuentes comunitarias.
Desde antes de la reunión, se sabía que el encuentro sería de baja participación, en parte debido al boicot de algunos países hacia Budapest por la cercanía del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con el presidente ruso Vladímir Putin, y su ruptura con la postura común de la UE tras una visita a Moscú al comienzo de la presidencia húngara. Otros ministros, como el español Carlos Cuerpo y el alemán Christian Lindner, justificaron su ausencia por problemas de agenda.
El Eurogrupo, cuya organización depende de su presidente y no de la presidencia rotativa, se vio afectado por estas circunstancias, pero Donohoe defendió la convocatoria en la capital húngara, afirmando que "el trabajo de la eurozona debe continuar". Además, destacó que "todos los países estuvieron representados", aunque algunos no lo hicieron a nivel ministerial, y calificó el encuentro como "productivo".
Hacienda intensifica su control sobre el uso del dinero en efectivo, enfocándose especialmente en los sectores que más emplean este método de pago, con especial atención a los autónomos. La Agencia Tributaria (AEAT) ha reforzado la vigilancia sobre establecimientos, empresas y profesionales, poniendo el foco en aquellos negocios más susceptibles de participar en la economía sumergida. Según los abogados y fiscalistas consultados por EXPANSIÓN, este año se percibe un aumento en los requerimientos y comprobaciones por parte de la AEAT.
La propia Agencia confirma la implementación de un plan de inspección específico como parte de su Plan de Control Tributario y Aduanero. "La Agencia Tributaria mantendrá su presencia en aquellos sectores y modelos de negocio con mayor riesgo de economía sumergida, prestando especial atención al uso intensivo de efectivo y a los métodos electrónicos de pago ubicados en el extranjero que dificulten las obligaciones de información. También se vigilará el uso de efectivo por encima de los límites legales", subraya la AEAT.
En este contexto, la Inspección ha incrementado el control sobre tres tipos de contribuyentes. En primer lugar, aquellos que no aceptan pagos mediante medios bancarios y no disponen de datáfono. También se vigila a los autónomos que reciben ingresos a través de la venta de bienes o prestación de servicios directamente al consumidor final, ya que estos negocios presentan mayor riesgo de irregularidades en las formas de pago. Además, se supervisa a los ciudadanos cuyos signos de riqueza, patrimonio o rentabilidad no coinciden con las rentas declaradas.
En 2021, Hacienda redujo el límite de pagos en efectivo, pasando de 2.500 a 1.000 euros. En operaciones donde alguna de las partes actúe como empresario o profesional, no se pueden realizar pagos en efectivo por montos iguales o superiores a 1.000 euros (o su equivalente en moneda extranjera). Para personas físicas sin residencia fiscal en España, el límite es de 10.000 euros.
Este límite está bajo estrecha vigilancia, aunque los pagos inferiores también son objeto de control. "El control de las transacciones en efectivo es prioritario, ya que suelen estar vinculadas a la economía sumergida. Por ello, independientemente de los límites cuantitativos vigentes, las operaciones en efectivo seguirán siendo un punto de atención para la Administración tributaria", afirma la AEAT.
Este año, Hacienda también llevará a cabo acciones específicas para controlar los movimientos de efectivo con el objetivo de neutralizar las estructuras económicas y financieras de organizaciones criminales y evitar que el blanqueo de capitales o el fraude fiscal se faciliten a través de grandes sumas de dinero en efectivo. "Se pretende identificar nuevos métodos de ocultación de efectivo, mejorar la información sobre sus movimientos y verificar el cumplimiento de las sanciones por infracciones a las limitaciones de pagos en efectivo cuando alguna de las partes sea un empresario o profesional", añade la AEAT.
La Agencia también subraya que los neobancos, entidades de pago electrónico y sistemas de pago virtual, que han ganado terreno en el mercado, representan un nuevo reto para el control fiscal. "Estos neobancos están ganando una cuota creciente del mercado de pagos y de inversión directa. Aunque su clientela aún no es masiva, su uso sigue en aumento", indican.
Finalmente, la Inspección ha intensificado la supervisión de estas entidades, que suelen estar registradas en algún Estado miembro de la Unión Europea y, gracias a los derechos de libre establecimiento y prestación de servicios, pueden ofrecer servicios financieros en España sin necesidad de una presencia física en el país.
Desde el año pasado, Hacienda ha centrado su atención en los contribuyentes que utilizan sociedades unipersonales, patrimoniales o familiares para canalizar rentas a través del Impuesto sobre Sociedades (IS) con el fin de reducir su carga fiscal. La Agencia Tributaria (AEAT) ha intensificado las inspecciones sobre aquellos ciudadanos sospechosos de beneficiarse del tratamiento favorable del IS para disminuir su obligación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
La Inspección vigila con especial atención algunas operaciones que generan alertas en los sistemas de la AEAT. Las actividades típicas de cualquier sociedad de capital, como la constitución, aumentos o reducciones de capital, disoluciones, liquidaciones o la separación de socios, están siendo objeto de un seguimiento específico.
El plan de inspección busca garantizar que estas sociedades no se utilicen para ocultar la verdadera capacidad económica de sus propietarios en el IRPF, ni como refugio para rentas no declaradas. Los inspectores se enfocan en analizar de manera exhaustiva los casos en los que las sociedades están completamente controladas por una sola persona o por un grupo familiar.
Este análisis es crucial, ya que podrían detectarse incumplimientos o irregularidades fiscales significativas, como la reducción indebida de la correcta tributación de las actividades realizadas.
El uso de efectivo está cada vez más en desuso debido al auge de los teléfonos móviles, la rapidez y las tarjetas de crédito, lo que ha llevado a la desaparición del ritual de ir al banco a retirar dinero físico. Sin embargo, aún hay personas que rechazan las opciones digitales y prefieren manejar billetes y monedas en su vida cotidiana, así como guardar una parte en casa para emergencias.
Según el Banco de España en su sitio web, el uso del efectivo está "al alcance de todos", especialmente para aquellos que "no tienen cuentas bancarias o tienen acceso limitado a otros métodos de pago". Además, el organismo ofrece recomendaciones sobre la cantidad de dinero que se debería tener reservado (preferiblemente en una cuenta bancaria accesible) para cubrir posibles gastos imprevistos.
El Banco de España aclara que no existe un límite máximo para la cantidad de dinero que se puede guardar en casa, siempre que el origen del dinero sea legal y se haya declarado previamente a la Agencia Tributaria. Sin embargo, Hacienda también está interesada en este dinero, en el contexto de su lucha contra el fraude fiscal.
El organismo financiero ha sugerido una cantidad óptima para tener reservada en caso de emergencias o imprevistos, como una "red de seguridad". Según el Banco de España, no es necesario guardar dinero en efectivo en casa, a pesar de lo que algunos medios puedan sugerir. La recomendación es tener una suma que cubra entre 3 y 6 meses de gastos fijos mensuales. Para determinar esta cantidad, es importante evaluar las necesidades personales y los gastos fijos en áreas como vivienda, alimentación y transporte.
Guardar dinero en casa es totalmente legal, pero hay que tener en cuenta que el dinero almacenado puede perder valor debido a la inflación.
La Agencia Tributaria aún tiene pendiente devolver alrededor de 700 millones de euros en concepto de IRPF a pensionistas que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades. Hasta ahora, la Administración ha reembolsado 1.091 millones de euros a estos afectados en los primeros siete meses del año. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha destinado un total de 1.700 millones para cubrir estas devoluciones, según lo detallado en la Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2023, publicada en agosto.
La entidad dirigida por María Jesús Montero ha reservado 15.300 millones de euros para diversas devoluciones a contribuyentes, siendo la mayor parte (11.271 millones) correspondientes a la declaración de la Renta de 2023, presentada esta primavera. Dentro de esta cantidad, se incluyen los 1.700 millones de euros relacionados con el IRPF de pensionistas que contribuyeron a mutualidades.
La Agencia Tributaria está gestionando estas devoluciones a través de tres mecanismos. En primer lugar, mediante la declaración de la Renta, que en 2023 ya incorporó por primera vez el ajuste del IRPF por mutualidades. En segundo lugar, a través de la vía judicial, cuando recibe sentencias en su contra o cuando acepta las reclamaciones de los contribuyentes. Finalmente, habilitó en marzo un formulario en línea para que los afectados soliciten la devolución correspondiente a los últimos años no prescritos (2020, 2021, 2022 y 2023), siempre y cuando el ajuste no se haya incluido en la declaración de la Renta por falta de información.
Aitor Fernández, asesor fiscal de TaxDown, señala que Hacienda ha acelerado las devoluciones solicitadas mediante este formulario desde el mes pasado. "A finales de agosto, nuestros clientes comenzaron a recibir las devoluciones", comentó.
Fernández también menciona que, a pesar de los mecanismos establecidos por Hacienda para devolver el dinero cobrado en exceso, aún hay mucha incertidumbre entre los contribuyentes sobre si tienen derecho a recibir estas devoluciones. "Algunas personas recuerdan claramente que cotizaron a una mutualidad, mientras que otras no tienen claro dónde cotizaba la empresa que les pagaba. En esos casos, recomendamos solicitar la devolución a través del formulario en línea, para que sea la Agencia Tributaria quien determine si les corresponde o no", explicó.
Además, existe confusión sobre el plazo en el que Hacienda debe realizar la devolución del IRPF solicitado. Según el asesor fiscal, Hacienda tiene un plazo de seis meses para responder. Si pasado este tiempo no se ha recibido la devolución, desde TaxDown sugieren presentar un escrito a la Agencia solicitando información sobre el estado del proceso. En caso de retraso de más de seis meses, Hacienda deberá pagar intereses de demora del 4,06%.
Estas devoluciones se están llevando a cabo porque los pensionistas que en su momento cotizaron a mutualidades laborales tributaron en exceso por dichas aportaciones. El Tribunal Supremo ha ido aclarando en varias sentencias, desde febrero de 2023, cómo deben aplicarse las reducciones en el IRPF por estas contribuciones. Para aquellos que hicieron aportaciones entre 1967 y 1978, se debe deducir el 25% de la pensión relacionada con dichas aportaciones en el IRPF. Por otro lado, quienes cotizaron antes de 1967 pueden deducirse el 100% de la parte de la pensión correspondiente a esas aportaciones.
Mirar al pasado puede ser arriesgado, aunque, como decía Confucio, el estudio de la historia puede ayudar a trazar el futuro. Hace una década, pocos habrían imaginado el drástico cambio que ha experimentado el mundo laboral, impulsado tanto por un acelerado proceso de digitalización como por la inesperada pandemia de covid-19. En este reportaje, cerca de veinte expertos y trabajadores describen las principales transformaciones que han tenido lugar en las oficinas desde 2014. En ese año, la crisis económica aún dejaba secuelas, con una tasa de desempleo en España superior al 23%, cifra que hoy se ha reducido a más de la mitad. Pero empecemos por lo más importante: las personas.
La demografía ha cambiado de manera considerable en la última década. Hoy en día, hay 4,3 millones más de trabajadores en España en comparación con 2014, en gran parte debido al incremento de la participación femenina en el mercado laboral, con dos millones de mujeres más, y al aumento de la inmigración, que ha sumado 1,3 millones de personas. Esto ha diversificado la fuerza laboral, según Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas.
El envejecimiento de la población también se ha reflejado en los centros de trabajo. Actualmente, más del 35% de la fuerza laboral tiene más de 50 años, frente al 26% de hace una década. "Esto ha cambiado la dinámica del mercado laboral. La baja tasa de natalidad ha generado una escasez de talento, lo que ha llevado a las empresas a ser más cautelosas al despedir, ya que les resulta más difícil encontrar profesionales", señala Torres.
Independientemente de la edad, los trabajadores han tenido que adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas, un reto no siempre sencillo. Esta ha sido la transformación más profunda en el día a día laboral en un entorno donde los servicios han ganado protagonismo. Tras la llegada de las redes sociales, la pandemia trajo consigo una explosión de herramientas de comunicación a distancia. A esto se sumaron el big data, la automatización, los robots y, más recientemente, la inteligencia artificial (IA), que promete revolucionar todos los sectores. "Aunque su impacto en el PIB aún es limitado, la IA requerirá una reorganización de los puestos de trabajo", comenta Miguel Ángel Malo, profesor de Economía en la Universidad de Salamanca.
Pablo Díaz Claver, director general de la firma de cazatalentos Russell Reynolds, subraya que en la última década hemos pasado de ver la automatización como una amenaza para los empleos a considerar tecnologías como la realidad aumentada y la visión nocturna como aliadas que complementan el talento humano. Este es el surgimiento de lo que denomina el "empleado biónico".
La disrupción tecnológica de los últimos diez años ha generado múltiples efectos en el trabajo, siendo el teletrabajo uno de los más destacados. Aunque no todos los sectores pueden beneficiarse de esta modalidad (por ejemplo, el comercio o la hostelería), el trabajo remoto ha transformado la forma en que se organizan las tareas y ha mejorado la conciliación entre la vida personal y laboral, según Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.
Durante la pandemia, el teletrabajo alcanzó su punto más alto, con 3,5 millones de personas trabajando desde casa. Sin embargo, Mari Cruz Vicente, de CC OO, señala que su uso ha disminuido desde entonces, aunque sigue siendo el doble que antes del covid. A día de hoy, el 13,6% de los trabajadores en España lo practica, muy por debajo del promedio europeo del 24%. "La pandemia demostró que el teletrabajo es viable y no hay vuelta atrás", asegura el profesor Malo.
La flexibilidad también ha aumentado en diversos aspectos, como los horarios, los lugares de trabajo y los métodos utilizados. Este es el cambio más significativo desde 2014, según Díaz Claver, y ha otorgado más autonomía a los empleados. Sin embargo, Ángeles Marzo, directora de Talento de ING, señala que solo el 13% de las empresas españolas ofrecen una flexibilidad total a sus empleados. ING es una de ellas desde marzo de 2020, adoptando un modelo basado en la confianza en el criterio del trabajador para alcanzar sus objetivos, lo que mejora la productividad y satisfacción de las plantillas.
Entre los aspectos negativos de las nuevas tecnologías se encuentra la conexión continua, que puede causar ansiedad y el síndrome del trabajador quemado. "En España persiste el problema de las horas extra no pagadas, que supera los seis millones, y aunque el registro horario de 2019 ha ayudado, trabajar más horas reduce el descanso y aumenta el riesgo de accidentes laborales", explica Ercoreca. La desconexión digital fue regulada en 2022, pero según David Díaz, de Baker McKenzie, la línea entre el trabajo y el descanso sigue siendo difusa.
El cambio en la forma de trabajar ha provocado un aumento del absentismo y de las enfermedades mentales. Raymond Torres apunta que entre 2014 y 2024, las bajas laborales en España han aumentado de 1,6 millones a 2,5 millones. Esta tendencia también se observa en Europa, donde el número de personas en baja ha pasado de 18 a 20,5 millones.
Otro efecto negativo de la digitalización ha sido la aparición de nuevas formas de trabajo precarias, como los riders, que son considerados falsos autónomos. El Tribunal Supremo ha fallado a favor de estos trabajadores, exigiendo a las plataformas de reparto que los indemnicen. El Gobierno aprobó la ley rider para regular estas relaciones laborales y evitar su proliferación.
Social durante la última reforma de pensiones para enfrentar la jubilación masiva de la generación del baby boom, ha recaudado hasta ahora 4.800 millones de euros. Este fondo se ha generado a través del aumento de las cotizaciones sociales, que son pagadas tanto por las empresas como por los trabajadores. En 2023, se lograron recaudar 2.700 millones, y en los primeros siete meses de 2024 ya se han ingresado más de 2.100 millones, según los datos mensuales de Ejecución Presupuestaria publicados por la Seguridad Social.
Este incremento de los ingresos del MEI, que ha sido del 45% en los primeros siete meses de este año, se debe tanto a la evolución del empleo como al aumento del tipo de cotización aplicado en enero, que pasó del 0,5% al 0,6%. Gracias a ello, la hucha de las pensiones ha alcanzado su nivel más alto desde 2018, con más de 7.000 millones de euros.
El MEI es una cuota finalista aplicable a todos los regímenes de cotización por jubilación, pero no se toma en cuenta para calcular las prestaciones. Es decir, no otorga un beneficio adicional en la futura pensión del trabajador a pesar del esfuerzo extra en cotizaciones. Todo lo recaudado va directamente al Fondo de Reserva, también conocido como la "hucha de las pensiones", que ha vuelto a recibir ingresos por primera vez en más de una década.
El aumento de las cotizaciones sociales por contingencias comunes, que financian las jubilaciones y otras prestaciones contributivas, comenzó en enero de 2023. El entonces ministro José Luis Escrivá incluyó en la reforma de pensiones una sobrecotización inicial del 0,6% para todos los trabajadores, con excepción de los autónomos, destinada a la jubilación.
Durante las negociaciones, el Gobierno adoptó el concepto del MEI propuesto por los sindicatos, que establece que esta cuota adicional subirá progresivamente hasta llegar al 1,2% en 2032 y se mantendrá en ese nivel hasta la mitad del siglo. Esta medida, aprobada en marzo de 2023, fue clave para obtener el visto bueno de la Comisión Europea, que supervisa las reformas que España debe implementar a cambio de los fondos europeos del programa Next Generation EU.
El aumento de esta cuota, que comenzó gravando el 0,6% del salario, sorprendió a muchos trabajadores. En enero de 2024, la cuota subió nuevamente al 0,7% del coste laboral, afectando las primeras nóminas del año.
La distribución de esta cuota es similar a la de las demás cotizaciones: el 83% lo paga la empresa y el 17% el trabajador. En términos prácticos, la empresa aporta el 0,58% y el trabajador el 0,12%. Así, el 28,3% del salario se destina a contingencias comunes, a lo que se suma el 0,7% adicional que servirá para financiar las pensiones de la generación del baby boom. El tipo total de cotización por contingencias comunes es del 29%.
Este ahorro acumulado hasta mediados de siglo permitirá al gobierno de turno disponer de hasta un 0,91% del PIB anual durante el periodo de mayor presión financiera por las jubilaciones del baby boom, previsto para finales de la década de 2040. Sin embargo, el uso de estos fondos no estará permitido hasta 2033.
La cifra representa una disminución de 14.471 asalariados, un 1,65% menos en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto marca dos meses consecutivos de caída interanual, algo que no había ocurrido desde la implementación de la reforma laboral. El Gobierno ha utilizado esta tendencia como argumento para dar por concluida la controversia en torno a estos empleos, pero no tiene en cuenta que, durante ese mismo periodo, el número de "demandantes con relación laboral" (categoría que el SEPE utiliza para clasificar a los fijos discontinuos inactivos) ha aumentado en 92.891 personas, un 13%, alcanzando un nuevo récord de 782.336.
En la rueda de prensa sobre los datos de paro y afiliación, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, destacó la "estabilización" de estos afiliados, que representan el 5% del total de asalariados y el 6,6% de quienes tienen contrato indefinido. "Con esto deberíamos dar por concluido todo el debate sobre los fijos discontinuos", afirmó.
El "debate" al que se refería Suárez es doble. Por un lado, está la volatilidad de esta modalidad particular de contratos indefinidos, que según las estadísticas de la Seguridad Social, ha crecido considerablemente tras la reforma. Aunque ahora representan el 5,1% de los asalariados (frente al 2% antes de la reforma), su paso a la inactividad ha provocado el 19,7% de las bajas de afiliación, un porcentaje solo superado por la finalización de contratos temporales. Antes de la reforma, este porcentaje apenas llegaba al 2%.
En otras palabras, la rotación laboral de estos contratos ha aumentado significativamente en comparación con su peso en el empleo. Aunque la atención suele centrarse en los datos de afiliación, que se publican como saldos al final de cada mes o en promedio mensual, la volatilidad diaria del empleo, especialmente en lo que respecta a los diferentes tipos de contrato, a menudo pasa desapercibida.
El segundo aspecto de la controversia tiene que ver con el paso a la inactividad. En este estado, el trabajo no finaliza, sino que se "suspende"; el empleado no recibe salario ni cotiza como afiliado hasta que es llamado nuevamente. Durante este tiempo, el trabajador puede registrarse como demandante de empleo y solicitar una prestación por desempleo si ha cotizado lo suficiente. Sin embargo, no es contabilizado como desempleado registrado, sino como "demandante con relación laboral" porque el contrato sigue vigente.
El aumento de esta categoría desde la reforma laboral ha generado polémica sobre la posible manipulación de las cifras de desempleo. En el último año, los parados registrados han disminuido en 130.579 personas, mientras que los demandantes con relación laboral han aumentado en 92.891. En 2023, hubo meses en los que el crecimiento de los demandantes fue mayor que la reducción del número de parados.
La pandemia obligó a las empresas cotizadas a transformar sus reuniones presenciales con los inversores en eventos virtuales. Las restricciones impuestas por el Gobierno llevaron a una modificación urgente de la Ley de Sociedades de Capital, permitiendo a las empresas celebrar la reunión de su principal órgano de gobierno mayoritariamente de forma telemática ese año. Sin embargo, hubo un error de enfoque, ya que los espacios físicos y virtuales no son equivalentes. La nueva normativa introdujo la exigencia de una conexión directa con todos los accionistas que participen de forma remota. En la práctica, esta exigencia, aunque bien intencionada, resultó inviable, especialmente para empresas con millones de accionistas. Por este motivo, en el evento "Las Juntas de Accionistas del Siglo XXI", celebrado el pasado miércoles en el Palacio de la Bolsa de Madrid, tres grandes empresas cotizadas, como Santander, Telefónica e Iberdrola, defendieron un nuevo concepto: la junta permanente, como solución a este problema teórico y práctico.
Actualmente, la situación ha generado algunas paradojas: es legal celebrar una junta en un espacio con capacidad para 200 personas sin conexión telemática, aunque otros accionistas no puedan asistir por falta de aforo. Sin embargo, es ilegal si se realiza de manera telemática y no todos pueden intervenir online. Los expertos coincidieron en que la junta telemática ideal debe garantizar la igualdad de participación para todos los accionistas, sin que sea necesario que todos intervengan simultáneamente. Jaime Pérez Renovales, secretario general y del consejo de Santander, señaló que en algunas ocasiones estas reuniones "se convierten en un espectáculo, donde algunos accionistas aprovechan para insultar al presidente o causar revuelo, buscando protagonismo a costa del tiempo de los demás."
Además, la ley actual también presenta desafíos para los accionistas extranjeros, que representan el 49% de los inversores del Ibex 35, según Javier Hernani, consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Esto complica la relación entre las empresas cotizadas y sus inversores, como han señalado los secretarios generales de estas grandes empresas, quienes aspiran a que los accionistas participen activamente en los cambios organizativos que se votan en estas reuniones.
Ignacio Gómez-Sancha, secretario del consejo de BME, destacó que "las empresas buscan maximizar la participación de los inversores en las juntas, ya que una mayor implicación de los accionistas se traduce en una mayor fidelidad y, a largo plazo, en una reducción de los costes de financiación". Sin embargo, advirtió que la regulación actual es insuficiente: "aunque permite las juntas exclusivamente telemáticas, exige que cumplan con todas las obligaciones de las presenciales, sin establecer límites como el número de asistentes o las formas de intervención, lo que puede hacer que las juntas virtuales sean más difíciles de gestionar."
Los nuevos contextos exigen nuevos derechos. El modelo a seguir en cuanto a juntas de accionistas es el de Estados Unidos, donde el 75% de estas reuniones anuales se han celebrado completamente en formato virtual en lo que va del año. En contraste, el 97% de las juntas del Ibex 35 han sido híbridas y solo el 2,9% presenciales, según un informe de Georgeson. La idea de que miles de accionistas se conecten simultáneamente en un espacio virtual es inviable. Pablo de Carvajal González, secretario general de Telefónica, reconoció que, a pesar de haber abierto los canales para que más personas participen, la asistencia no ha aumentado. "Es un tema cultural en España, especialmente entre los accionistas minoritarios", explicó. Durante la temporada de juntas de 2024, el quórum promedio de las empresas del Ibex 35 disminuyó ligeramente al 73,5%, frente al 74,0% de 2023, aunque se mantuvo por encima de los niveles de 2022 (71,8%) y 2021 (71,6%).
El Consejo de Ministros ha logrado bloquear la oferta pública de adquisición (opa) del grupo húngaro Ganz-Mavag sobre Talgo gracias a una disposición transitoria que extiende la protección de los activos estratégicos españoles frente a compradores extranjeros, incluso a los inversores de la Unión Europea (UE).
Esta restricción temporal, que Bruselas permite a España y a países como Francia e Italia, aunque aparentemente contradice la libre circulación de capitales en la UE, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con un decreto de 2022 que prorrogó la medida implementada en 2020.
La situación de Talgo hace prever a inversores extranjeros y a sus asesores legales y financieros que esta limitación podría ser prolongada nuevamente, lo que desaconseja a los compradores europeos posponer sus operaciones hasta 2025, ya que es probable que enfrenten las mismas restricciones.
Por el momento, el Gobierno español no ha revelado su posición, pero tiene hasta finales de diciembre para decidir si amplía el escudo anti-opas para inversores de la UE. Sin embargo, para empresas de fuera de la UE, esta protección contra adquisiciones se aplica de forma indefinida.
El caso Talgo, en el que el veto al grupo húngaro se basó en sus vínculos con Rusia, podría llevar al Gobierno a mantener la restricción para evitar que países considerados hostiles utilicen intermediarios o empresas dentro de la UE para adquirir activos clave en sectores como transporte, energía, infraestructuras, medios de comunicación, salud, alimentación, defensa o tecnología.
Ganz-Mavag, que ha recurrido la prohibición de su opa, también ha señalado su intención de intentar la operación de nuevo en el futuro. Si el blindaje a las inversiones de la UE se eliminara, la operación no requeriría la autorización del Gobierno, que en estos casos recibe el apoyo de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano interministerial que incluye la participación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Desde la implantación de esta restricción a la inversión extranjera por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la pandemia de Covid-19, las dos operaciones que no han prosperado proceden de otros países europeos. Además de la opa de Ganz-Mavag sobre Talgo, el grupo francés Vivendi tuvo que retirar su solicitud para alcanzar el 29,9% de la editora de medios Prisa debido a las reservas del Gobierno, y se conformó con un 13%.
Otras operaciones de origen europeo han sido aprobadas pero con condiciones, como la compra del fabricante de municiones Expal por parte de la alemana Rheinmetall. En 2021, el Consejo de Ministros dio luz verde a la opa de la firma irlandesa Kerry Group sobre Biosearch (anteriormente Puleva Biotech). Actualmente, el Gobierno analiza las opas rivales presentadas por Bondalti de Portugal y Esseco de Italia para adquirir la química Ercros.
Para que una operación europea sea examinada por el Gobierno, debe cumplir requisitos más estrictos que las inversiones del resto del mundo: debe implicar la adquisición de al menos el 10% de una empresa cotizada o superar los 500 millones de euros.
Como resultado, el número de solicitudes de inversión de la UE que llegan al Consejo de Ministros es relativamente bajo: 2 en 2023, 3 en 2022 y 5 en 2021. En esos mismos años, se sometieron a autorización 86, 70 y 43 transacciones provenientes de empresas fuera de la UE. Aunque muchas de estas operaciones son de menor valor y poco sensibles, también las hay de gran envergadura. Entre las grandes adquisiciones pendientes de aprobación están la entrada de STC en Telefónica o la compra de Dorna por parte de Liberty Media, por ejemplo.
La opa presentada por Ganz-Mavag sobre Talgo fue bloqueada a finales de agosto por el Consejo de Ministros, que consideró que los vínculos de los accionistas de la empresa húngara con entidades rusas ponían en riesgo la "seguridad nacional". Según el Financial Times, una de las preocupaciones del Gobierno español era que, si el grupo húngaro tomaba el control de Talgo, podría impedir el uso de su tecnología de cambio de vía en las conexiones entre Ucrania y la UE. Ganz-Mavag había ofrecido 620 millones de euros por Talgo, un precio que había sido aceptado por el consejo de administración y los principales accionistas de la empresa. Tras el veto del Gobierno, la compañía húngara retiró su oferta, pero anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo y en Bruselas.
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