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(Expansión, 15-01-2025) | Fiscal

Los asesores fiscales denuncian retrasos "injustificados" de Hacienda en la devolución de la Renta a mutualistas

El cambio de criterio implementado por el Ministerio de Hacienda en el proceso de devolución del IRPF a los mutualistas, tras el reconocimiento de su derecho por parte del Tribunal Supremo, está generando retrasos "injustificados" en el reembolso, según advierte la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). La asociación insta al Ministerio a "reconsiderar esta medida y restaurar el procedimiento anterior, que permitía a los mutualistas recuperar sus importes en una única solicitud, como estaba previsto inicialmente". El Tribunal Supremo, mediante varias sentencias, confirmó que ciertas cantidades percibidas en pensiones de los mutualistas están exentas de tributación. En particular, se declaró que las pensiones derivadas de aportaciones a antiguas mutualidades realizadas entre 1967 y 1978 están exentas en un 25%, mientras que las correspondientes a cotizaciones previas a 1967 lo están al 100%. Este fallo permitió a los afectados reclamar las cantidades pagadas en exceso por ejercicios no prescritos. En un principio, la Agencia Tributaria estableció un procedimiento sencillo que permitía a los mutualistas solicitar la devolución acumulada de los años pendientes en una única solicitud, agilizando el trámite. No obstante, el nuevo criterio adoptado por Hacienda obliga a los solicitantes a realizar las peticiones año a año, lo que retrasará el cobro completo de las devoluciones hasta 2029. Desde Aedaf critican que "el cambio de criterio ha sido implementado de manera repentina, sustituyendo un procedimiento ágil y eficaz por uno más complejo y fragmentado, que dilata el proceso". Añaden que esta decisión crea "una desigualdad evidente entre quienes ya han recibido sus devoluciones y aquellos que, por motivos ajenos a su control, deberán esperar varios años para recuperar lo que legalmente les corresponde". Los asesores fiscales señalan que "no existe justificación para esta decisión, ya que en ningún momento se pone en duda el derecho de los mutualistas a las devoluciones reconocidas por los tribunales. El único propósito aparente es escalonar los reembolsos a lo largo de varios años, lo que posterga la reparación íntegra de los afectados hasta 2029". El Ministerio de Hacienda, por su parte, sostiene que "la calendarización de las devoluciones permite una planificación más ordenada y una mayor previsibilidad en la contabilidad nacional". Sin embargo, desde Aedaf consideran que este argumento no justifica la medida. "Lo único que se está logrando es retrasar de manera innecesaria el reembolso de cantidades que los tribunales han declarado como legítimamente exigibles", concluyen los asesores.

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(Expansión, 15-01-2025) | Fiscal

El castigo fiscal por compra de vivienda afectará principalmente a británicos, rusos y latinoamericanos

El Gobierno está evaluando la implementación de un tributo especial o un aumento en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) con el objetivo de limitar la adquisición de viviendas en España por parte de extranjeros no residentes de países fuera de la Unión Europea, quienes concentran sus compras principalmente en zonas costeras. Según los datos, estos extranjeros adquieren unas 55.000 viviendas al año, en comparación con las 90.000 nuevas construcciones anuales. Una de las propuestas más destacadas del plan de vivienda presentado por el presidente Pedro Sánchez para afrontar la "emergencia habitacional" es restringir las compras de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes. Según explicó Sánchez, esta medida incluirá un aumento significativo de la carga fiscal, que podría llegar al 100% del valor del inmueble, con el objetivo de desincentivar este tipo de operaciones. El Ejecutivo argumenta que los no residentes absorben más de la mitad de las viviendas construidas cada año. Entre los colectivos más afectados estarían británicos, rusos y latinoamericanos, debido a su importante participación en la adquisición de propiedades residenciales, especialmente en la costa. Durante el evento Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar, celebrado en Madrid, Sánchez afirmó: "Tras un análisis exhaustivo, hemos decidido limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes incrementando su carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble". También destacó que esta medida, inédita en España, ya se aplica en otros países como Dinamarca y Canadá, y la calificó como "adecuada y necesaria" dadas las circunstancias actuales. El Gobierno aún no ha definido los detalles específicos para implementar la medida, pero señala que la legislación europea prohíbe discriminar a ciudadanos comunitarios. Dado que una prohibición total a extranjeros no residentes de fuera de la UE sería difícil de aplicar, se ha optado por usar la fiscalidad como herramienta de desincentivo. En este sentido, se está considerando aumentar el gravamen del ITP, específicamente en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO), que grava al 10% las compraventas de viviendas de segunda mano. Sin embargo, dado que la gestión de este impuesto está transferida a las comunidades autónomas, algunas de ellas, gobernadas por el PP, podrían obstaculizar esta estrategia aprovechando su capacidad normativa. Por ello, el Ejecutivo estudia además la introducción de un impuesto especial. El objetivo final de la medida es encarecer estas operaciones para reducir su volumen. Según Sánchez, "en 2023, los no residentes adquirieron unas 27.000 viviendas en España, no para residir en ellas, sino principalmente con fines especulativos, algo que no podemos permitir en el contexto actual de escasez de vivienda". Los datos oficiales del Observatorio de Vivienda y Suelo indican que en 2023 los extranjeros no residentes compraron 54.944 inmuebles, lo que equivale al 62% de las 89.119 viviendas nuevas construidas ese año. En total, las adquisiciones de extranjeros representaron el 19,3% de las transacciones de vivienda registradas, mientras que las de no residentes supusieron el 44% de las realizadas por extranjeros y el 8,6% del total. El perfil de los compradores más afectados incluye a los británicos (responsables del 9,5% de las compras extranjeras), rusos (3,12%), chinos (2,87%) y latinoamericanos como los argentinos (1,13%). En contraste, ciudadanos de la UE, como alemanes y franceses, así como extranjeros que compran para residir en España, como los marroquíes, no se verían impactados. Entre las regiones más afectadas por esta medida figuran Baleares (31,5% de las compras extranjeras), Comunidad Valenciana (29,3%), Canarias (28,5%), Murcia (23,8%), Cataluña (15,8%) y Andalucía (14,9%).

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(Expansión, 15-01-2025) | Fiscal

¿Por qué será tan difícil gravar más a los extranjeros por la compra de inmuebles?

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea garantiza la libre circulación de capitales y prohíbe cualquier tipo de restricción, tanto entre los estados miembros como entre estos y países terceros. Resulta comprensible que aún no se haya definido cómo se aplicará el aumento de los impuestos para la compra de viviendas por parte de ciudadanos extracomunitarios. El anuncio inicial del presidente Pedro Sánchez ha dado paso a un complejo debate técnico que ha generado gran controversia entre expertos en derecho fiscal y jurídico. La mayoría coincide en que será un desafío llevar a cabo este proyecto. Pero ¿por qué es tan complicado establecer diferencias fiscales basadas en la residencia del contribuyente? En España, este debate no es nuevo. Desde hace años, abogados como Alejandro del Campo, socio de DMS Legal Intelligence, han denunciado ante tribunales nacionales y europeos la discriminación que sufren los ciudadanos extracomunitarios en materia fiscal. Un ejemplo es el caso del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), llevado por Del Campo a la Audiencia Nacional y actualmente pendiente de resolución. El IRNR establece diferencias en la tributación por el alquiler de inmuebles: los residentes pueden beneficiarse de una reducción del 60% en su IRPF, mientras que los no residentes no tienen acceso a esta reducción en el IRNR. Además, dentro de los no residentes, los extracomunitarios pueden llegar a pagar hasta tres veces más impuestos que los comunitarios por las mismas rentas generadas en España. Aunque la Audiencia Nacional aún no se ha pronunciado, este debate jurídico parece inclinarse hacia una conclusión clara, basada en precedentes del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): estas prácticas constituyen discriminación fiscal. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, considerado la base jurídica de la Unión, regula sus competencias y establece, en su artículo 63, la libre circulación de capitales, prohibiendo restricciones tanto internas como externas. Con base en esta normativa, cualquier trato diferenciado basado en la residencia del inversor sería contrario al derecho de la UE, salvo que se justifique como una restricción necesaria. El abogado Esaú Alarcón, socio de Gibernau, ha recopilado diversas sentencias del TJUE que refuerzan esta postura. Entre ellas destacan casos emblemáticos como el C-670/21 (octubre de 2023) o el C-537/20 (abril de 2023), que rechazan de forma tajante la discriminación basada en políticas fiscales. Incluso, en un caso alemán relacionado con políticas de vivienda social, el TJUE negó que se justificara una restricción de este tipo por razones de interés general. La contundencia del TJUE en estos casos podría llevar a los tribunales españoles a inaplicar normativas que vulneren el derecho comunitario. Por ejemplo, el IRNR, que actualmente discrimina a no residentes que alquilan propiedades en España, podría ser considerado contrario a la legislación europea. En 2019, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra España por no permitir la reducción del 60% en el arrendamiento de viviendas a no residentes comunitarios. Sin embargo, este proceso no ha avanzado. Aunque Bruselas reconoció que esta discriminación infringía la libre circulación de capitales, permitió mantenerla amparándose en el artículo 64 del Tratado, que protege restricciones preexistentes a 1994. En conclusión, tanto la normativa europea como su interpretación por el TJUE dejan claro que medidas como las propuestas por el Gobierno, que discriminan fiscalmente a inversores extracomunitarios, contradicen el espíritu de la Unión Europea. Aunque falta definir los detalles de su implementación, este proyecto enfrenta obstáculos jurídicos significativos que dificultan su materialización.

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(El País, 15-01-2025) | Fiscal

Solo tres de las 15 mayores socimis de España se verán afectadas por la subida fiscal

El Gobierno ha decidido endurecer el régimen fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimis) en España, condicionando sus beneficios tributarios a la promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible. Sin embargo, esta medida solo afectará a las socimis que invierten en el mercado residencial, según explicaron este lunes fuentes gubernamentales. Esto implica que únicamente tres de las 15 principales socimis del país -Testa Residencial, Vivenio Residencial y Fidere- se verán impactadas por la modificación. El resto, como Merlin Properties y Colonial, quedarán fuera del alcance de esta nueva normativa. Aunque Inmobiliaria Colonial también posee viviendas en su cartera, el porcentaje es mínimo (1,4%), lo que hace que apenas se vea afectada por la normativa. Esta se centra exclusivamente en el mercado residencial, dejando fuera activos como oficinas, locales comerciales, hoteles o centros logísticos. En conjunto, el parque residencial representa solo el 15% de los 37.745 millones de euros en activos que gestionan estas 15 socimis, lo que equivale a unos 5.587 millones destinados a viviendas en alquiler. Esto demuestra el impacto limitado que tendría la medida, especialmente en comparación con el volumen total del sector. Además, para que esta propuesta sea aprobada, debe contar con el respaldo del Congreso, algo difícil debido a la falta de mayoría parlamentaria. En España, la normativa que regula a estas entidades fue aprobada en 2009 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y su desarrollo reglamentario se completó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. La principal ventaja fiscal de las socimis es la exención del impuesto de sociedades, siempre y cuando distribuyan al menos el 80% de los dividendos entre sus accionistas, los cuales tributan en el IRPF. Con el cambio planteado, las socimis que no alquilen viviendas a precios asequibles podrían perder esa exención y quedar sujetas al tipo general del 25%. Sin embargo, el Gobierno aún no ha definido si la medida afectará únicamente a las viviendas dentro de portfolios mixtos o al conjunto de los activos. Otro aspecto a aclarar es qué se considera "vivienda asequible", ya que no existe una definición legal clara. El término más cercano es "vivienda asequible incentivada", incluido en la Ley de Vivienda, que define estas propiedades como aquellas cedidas a un precio regulado por propietarios privados o entidades del tercer sector. Esta iniciativa forma parte de un paquete más amplio de medidas para fomentar la vivienda asequible. Entre las 12 propuestas del presidente se encuentran otras reformas fiscales, como un impuesto de hasta el 100% sobre el valor de compra para extranjeros extracomunitarios no residentes que adquieran una vivienda, priorizando el acceso de los residentes. Además, se plantea eximir del IRPF a los propietarios que alquilen sus viviendas bajo los límites establecidos por el Índice de Precios de Referencia, y que las viviendas turísticas pasen a tributar como actividad económica a través del IVA. No obstante, al igual que la modificación fiscal para las socimis, muchas de estas medidas podrían enfrentar obstáculos. Por ejemplo, el incremento del IVA a los pisos turísticos depende de una directiva europea aún en negociación y ya fue rechazado previamente en el Congreso. Lo mismo ocurrió con una propuesta anterior para eliminar el régimen fiscal favorable de las socimis. En cuanto a la subida fiscal para los extracomunitarios, el Gobierno no ha detallado cómo se aplicará. Una posibilidad sería recurrir al impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), aunque esto plantea desafíos, ya que este tributo es gestionado por comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular. Además, el ITP solo se aplica a viviendas de segunda mano, mientras que las de obra nueva están sujetas al IVA, cuya modificación está limitada por normativa europea. De las 12 medidas anunciadas, siete no requieren aprobación parlamentaria. Entre ellas destacan la transferencia de 40.000 viviendas de la Sareb a una nueva empresa pública de vivienda, que tendrá prioridad sobre las empresas privadas para adquirir inmuebles y suelos, aunque de forma supletoria respecto a las comunidades autónomas. También incluye el blindaje permanente de la vivienda protegida y la puesta en marcha del PERTE para la construcción modular e industrializada.

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(El Economista, 15-01-2025) | Fiscal

Las empresas deben recibir las notificaciones de Hacienda vía electrónica aunque den otro domicilio

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) confirma que las empresas tienen la obligación de comunicarse con la Administración exclusivamente por vía electrónica. Por lo tanto, aunque inicien un procedimiento con Hacienda e indiquen una dirección física para recibir notificaciones, estas solo se les pueden remitir de manera telemática. En una resolución emitida el 10 de diciembre, el TEAC reafirma el criterio establecido el 26 de abril de 2022, según el cual las notificaciones en procedimientos iniciados a petición del interesado se realizarán por el medio señalado por este, pero siempre serán electrónicas en los casos donde exista la obligación de relacionarse con la Administración a través de esta vía. Desde la entrada en vigor de la Ley de 2015 sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas, incluyendo empresas, asociaciones, sociedades y fundaciones, deben interactuar con la Administración de forma electrónica. La resolución del TEAC se centra en el caso de una empresa a la que Hacienda le imputó una responsabilidad subsidiaria por una deuda. La compañía solicitó la suspensión del procedimiento y proporcionó un domicilio físico para recibir notificaciones. Sin embargo, Hacienda envió un requerimiento de subsanación por vía telemática, utilizando el buzón electrónico asociado a la empresa. Al no revisar este buzón ni responder al requerimiento, la solicitud de suspensión fue archivada, y Hacienda continuó el proceso notificando por vía electrónica el inicio del procedimiento de apremio para el pago de la deuda. La empresa presentó un recurso ante el TEAC argumentando que tenía derecho a elegir el medio de notificación que considerara más adecuado. Sin embargo, el TEAC dictaminó que la notificación telemática es válida y eficaz, incluso en procedimientos iniciados a petición del interesado, cuando este está obligado a comunicarse electrónicamente con la Administración debido a su naturaleza jurídica.

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(La Vanguardia, 15-01-2025) | Fiscal

Los inspectores de Hacienda piden tener voz en la nueva financiación

En una carta dirigida a los miembros de la comisión de expertos designada por la Generalitat, los inspectores de Hacienda advierten sobre las posibles consecuencias "negativas" del "fraccionamiento" de la Agencia Tributaria estatal. Reclaman ser tomados en cuenta en el proceso de reforma del sistema de financiación autonómica, según manifiestan en el escrito enviado al grupo encargado de diseñar el nuevo modelo por parte del Govern. Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), alerta de las implicaciones "negativas" que tendría la implementación del pacto de investidura alcanzado entre ERC y los socialistas el pasado verano, tal como está planteado en su redacción actual. Según subraya, dicho pacto llevaría al "fraccionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)". Además, critican el respaldo que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está brindando a este acuerdo y los instan a reconsiderar su postura. En el marco del acuerdo para facilitar la investidura de Salvador Illa (PSC) como president, ERC asegura haber conseguido un compromiso para implementar un nuevo modelo de financiación bilateral basado en un concierto económico y un cupo. Sin embargo, los socialistas insisten en que se trata de un modelo "singular" y no de un concierto al uso. Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, exigió el pasado sábado "señales claras de cumplimiento" de los puntos clave del pacto de investidura, especialmente en lo referente a financiación y mejoras en Cercanías. Advirtió que sin avances en estos aspectos no negociarán los presupuestos catalanes de 2025, que aún no han comenzado su trámite parlamentario. Entretanto, Illa declaró el domingo en El País que la financiación debe implementarse, no renegociarse, ya que forma parte del acuerdo firmado entre PSC y ERC. En su carta, los inspectores de Hacienda enfatizan que dividir la Agencia Tributaria estatal en 17 entes independientes, transferidos a las comunidades autónomas, implicaría un "desastre total" para la gestión del sistema tributario y que, además, este cambio sería "difícilmente reversible". Por ello, instan a reconsiderar la propuesta para garantizar que el nuevo modelo sea "inclusivo y equitativo". También recuerdan que el acuerdo entre PSC y ERC contradice la tendencia en Europa hacia sistemas de control fiscal centralizados o fuertemente coordinados.

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(El Economista, 15-01-2025) | Laboral

Las empresas "pasan" de hacer fijos a sus temporales

El 42% de los contratos firmados en 2024 fue de carácter indefinido, lo que representa un avance significativo en comparación con el 9,6% registrado en 2019, pero también evidencia un estancamiento respecto al 43% alcanzado en 2023. Esto pone de manifiesto que, aunque la reforma laboral ha fortalecido la contratación estable en los nuevos acuerdos, la conversión de contratos temporales a indefinidos ha perdido impulso. En 2022, el primer año completo con la nueva normativa, se logró un récord de 1,13 millones de conversiones, pero desde entonces han caído un 66%, alcanzando únicamente 444.654 el año pasado, una reducción del 9,4% en comparación con 2023. Esto, a pesar de que las prórrogas de contratos temporales crecieron un 5,1%, superando el millón, cifra que multiplica por 2,5 los contratos que se transformaron en indefinidos. Estos datos confirman que los contratos temporales siguen siendo una puerta poco efectiva hacia el empleo estable en España. Aunque inicialmente parecía que la reforma laboral, con sus mayores exigencias para convertir contratos temporales en indefinidos, había generado un cambio, los resultados de los últimos años han demostrado que ese efecto fue pasajero. Según las estadísticas anuales del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la contratación total en 2024 alcanzó los 15,42 millones de contratos, una leve caída respecto a los 15,44 millones de 2023. De estos, 6,48 millones fueron indefinidos y 8,94 millones temporales. La disminución anual se centró en los contratos indefinidos, que se redujeron en 140.000 (un 2,1% menos), mientras que los temporales aumentaron en 120.000 (un 1,3% más). Sin embargo, en comparación con 2019, los contratos indefinidos han crecido un 200%, mientras que los temporales han caído un 56%. Es razonable asumir que la combinación de menos contratos temporales y más contratos indefinidos iniciales ha llevado a un descenso en las conversiones de temporales a indefinidos en comparación con los niveles previos a la pandemia. Esto se refleja en el hecho de que, antes de la reforma, el 38% de los contratos indefinidos provenían de conversiones de temporales, mientras que en 2024 esta cifra se redujo al 6,9%, frente al 7,4% de 2023 y al 18,9% de 2022, cuando se registró el récord de 1,34 millones de conversiones. En 2020, la pandemia generó una caída drástica en la contratación, especialmente en los contratos indefinidos, lo que provocó mínimos históricos en las conversiones. Sin embargo, estas se recuperaron con fuerza en 2021, aunque las cifras de ese año estuvieron influenciadas por la crisis sanitaria. El verdadero punto de inflexión llegó con la reforma laboral, que eliminó los contratos temporales por obra y servicio e impuso límites más estrictos a la renovación de contratos temporales, afectando especialmente a aquellos por circunstancias de producción, que tradicionalmente lideraban las conversiones. Sin embargo, tras el auge inicial de 2022, las conversiones comenzaron a descender drásticamente, cayendo a la mitad de los niveles de 2019. Esto ya no puede explicarse por un aumento en la contratación indefinida, dado que en 2022 los contratos indefinidos representaban el 38% del total, solo cinco puntos menos que en 2024. Este cambio sugiere que muchas empresas han adaptado sus políticas de contratación para evitar los límites impuestos por la reforma, optando por contratos indefinidos desde el inicio en lugar de convertir temporales. Esto les permite evitar la antigüedad acumulada por el trabajador y aplicar el período de prueba. Por otro lado, aunque el número total de prórrogas de contratos temporales también ha disminuido en línea con el descenso general de los contratos temporales, en 2024 esta tendencia se revirtió por primera vez desde la reforma. Las prórrogas representaron el 12,47% del total de contratos temporales, un nivel similar al 11,9% de 2019. Durante la pandemia, esta tasa llegó al 14% debido a la incertidumbre y el parón de la actividad económica. Además, la duración de las prórrogas ha cambiado: antes de la reforma, en 2019, el 65,5% duraba menos de tres meses, mientras que en 2024 esta cifra alcanzó el 85,4%. Asimismo, el 96% de los contratos temporales solo se prorrogan una vez.

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(El País, 15-01-2025) | Laboral

El PP apoyará la reforma de pensiones del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha anunciado que su formación respaldará la última reforma de las pensiones que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados. Este apoyo se dará a pesar de no compartir "la forma en que se llevó a cabo", pero sí coincidiendo "en el contenido y el fondo" de la propuesta. Sin embargo, Feijóo ha dejado claro que este respaldo no se extiende a los recientes anuncios del Gobierno en materia de vivienda, los cuales calificó como "soluciones temporales y superficiales". Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, Feijóo adelantó esta postura del PP, aunque señaló que será necesario que el grupo parlamentario popular ratifique la decisión de manera formal. A pesar de ello, dejó clara su posición personal, indicando su intención de persuadir a los diputados de su partido para que voten a favor de la reforma. El líder del PP expresó su apoyo a un acuerdo que ya ha sido alcanzado entre los agentes sociales, como la patronal y los sindicatos, aunque criticó que no se haya gestionado previamente en el Congreso de los Diputados. Según Feijóo, "este acuerdo debería haberse debatido y negociado en la Cámara, pero entendemos que el consenso entre la patronal y los sindicatos es un respaldo suficiente para que el PP apoye el real decreto ley". El pacto, firmado durante el verano, introduce medidas que facilitan la compatibilidad entre el salario y la pensión a través de distintas modalidades de jubilación, como la jubilación activa, demorada y parcial. Si el Congreso da su aprobación final, las modificaciones en la normativa comenzarán a aplicarse a partir del 1 de abril. Entre las principales medidas figura la ampliación de la jubilación parcial con contrato de relevo, que tendrá una vigencia de cuatro años y será específica para la industria manufacturera. Esta reforma establece que tanto la empresa como el trabajador deberán cotizar por el 80% de la base de cotización correspondiente a un puesto a tiempo completo. Además, los relevistas contratados deberán ser indefinidos, trabajar a tiempo completo y no podrán ser despedidos en los dos años posteriores al fin del contrato del jubilado parcial. Otra modificación significativa es la flexibilización del acceso a la jubilación parcial tras alcanzar la edad legal de jubilación. Se eliminan requisitos como la cotización completa, permitiendo que los trabajadores puedan cobrar salario y pensión con al menos 15 años de cotización. En cuanto a la jubilación parcial anticipada, la reforma permite adelantar la salida del mercado laboral hasta tres años antes de la edad ordinaria, en lugar de dos, ajustando la jornada laboral. Para optar a esta modalidad, los trabajadores deberán cumplir requisitos como una edad máxima tres años menor a la legal de jubilación, 33 años de cotización, seis años de antigüedad en la empresa y la firma de un contrato de relevo. Aquellos que anticipen el máximo permitido (tres años) solo podrán reducir su jornada al 33% durante el primer año.

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(Cinco Días, 15-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor da síntomas de fatiga

El comienzo del año no ha sido favorable para el euríbor. Aunque enero aún no ha terminado y podría haber cambios, las primeras semanas del año han mostrado una tendencia al alza en el índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables en España. Este comportamiento amenaza con romper la racha de nueve meses consecutivos de caídas, iniciada en abril del año pasado. Sin embargo, la comparación interanual seguirá beneficiando a los hipotecados a tipo variable que tengan una revisión cercana, ya que sus cuotas seguirán disminuyendo. El freno en el descenso del euríbor está influido por varios factores. En la zona euro, la inflación lleva tres meses consecutivos al alza, lo que aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo (BCE) para moderar las reducciones de los tipos de interés. Además, los precios del petróleo y del gas natural han comenzado a repuntar, impulsados por las sanciones de EE.UU. a Rusia, aunque aún no alcanzan niveles alarmantes. A esto se suma el giro en la política de la Reserva Federal, que ahora prevé menos recortes de tipos de los anticipados inicialmente para 2025, debido al impacto de posibles aranceles impuestos por Donald Trump. Aunque el BCE proclama su independencia, no puede ignorar completamente las decisiones de la Reserva Federal. Una divergencia excesiva entre las políticas monetarias de ambos bloques podría debilitar el euro frente al dólar -ya cerca de la paridad-, encareciendo las importaciones en dólares, como la energía, y generando presión inflacionaria en Europa. En este contexto, la rentabilidad de la deuda ha aumentado, con el bono alemán a diez años superando el 2,5%, un máximo de seis meses. La evolución del euríbor refleja este panorama. Tras cerrar diciembre en el 2,436%, el índice ha vuelto a superar el 2,5% en tasa diaria, alcanzando el 2,612% el pasado martes. Esto sitúa la media provisional de enero en el 2,534%, por encima del nivel de diciembre. De las nueve jornadas transcurridas este mes, el euríbor ha subido en seis, bajado en dos y se ha mantenido sin cambios en una. A pesar de estas fluctuaciones, las perspectivas a largo plazo siguen siendo optimistas para 2025. Según Javier Santacruz, economista, el euríbor podría experimentar un ajuste en las próximas semanas debido a presiones similares a las del mercado de renta fija. Por su parte, Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, prevé que el BCE reducirá los tipos al 1,5% en septiembre de 2025, aunque advierte de posibles retrasos si el alza de la energía persiste. En 2024, las hipotecas variables se abarataron al ritmo más rápido en 12 años, con una caída del euríbor de 3,609% a 2,436% en 12 meses. Sin embargo, Antonio Gallardo, de la asociación Asufin, señala que en 2025 las bajadas serán más moderadas y podrían alternarse con periodos de estabilidad o ligeros repuntes, en función de la evolución económica global y las decisiones de los bancos centrales. Simone Colombelli, director de Hipotecas en iAhorro, estima que el euríbor podría descender hasta un 1,5%, aunque advierte que antes deberá alcanzar hitos intermedios, como situarse en torno al 2% antes de junio. Los próximos mensajes del BCE, especialmente tras su reunión del 29 y 30 de enero, serán clave para entender el futuro del índice. Por último, según el Banco de España, en noviembre de 2024 se concedieron 6.017 millones de euros en hipotecas, la cifra más alta desde julio y la tercera mayor del año. Este incremento muestra un repunte en la actividad hipotecaria, pese a las incertidumbres en los mercados financieros.

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(Expansión, 15-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Banco de España ficha a una docena de firmas para reforzar su ciberseguridad

Empresas como Accenture, PwC y Deloitte han firmado un acuerdo marco con el supervisor bancario para abordar aspectos clave como la protección de datos, la ciberresiliencia y las campañas de sensibilización. El Banco de España contará con el apoyo de una docena de firmas consultoras y especializadas para fortalecer su estrategia de ciberseguridad. Bajo la dirección de José Luis Escrivá, y tras varios meses de licitación, el Banco de España ha formalizado este acuerdo marco que permitirá a las empresas trabajar bajo tarifas previamente establecidas en futuros proyectos relacionados con la seguridad de la información y la gestión de riesgos tecnológicos. Según la información publicada sobre el proceso de adjudicación, este acuerdo se organiza en cuatro lotes según los diferentes servicios a prestar. El contrato tiene un valor estimado de 16,2 millones de euros, aunque el monto final dependerá de los proyectos ejecutados durante los próximos cuatro años. El primer lote abarca "gobernanza, normativa, cumplimiento e innovación en seguridad de la información, ciberresiliencia y privacidad". Accenture, Atos, Cipherbit (parte del Grupo Oesía), GMV, Inetum, PwC y Sistemas Informáticos Abiertos serán las responsables de apoyar al Banco en el cumplimiento normativo, así como en la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones en ciberseguridad. El segundo lote, enfocado en la "gestión de riesgos y protección de información y privacidad", contará con varias de las firmas anteriores, como Accenture, Atos, Cipherbit, GMV y Sistemas Informáticos Abiertos, a las que se suman Deloitte y Sopra Steria. Estas compañías participarán en proyectos relacionados con la mitigación de riesgos en la seguridad de la información, independientemente de las tecnologías utilizadas. El tercer lote se centra en la formación y concienciación sobre protección de información. Además de Accenture, Cipherbit, GMV y Sistemas Informáticos Abiertos, se unen NTT Data, S2 Soluciones de Seguridad y la UTE formada por Babel y Avante. Las actividades de sensibilización no solo estarán dirigidas al personal del Banco de España, sino también a otras entidades que este considere relevantes en el cumplimiento de sus funciones. Por último, el cuarto lote se destina a la gestión de auditorías técnicas, ciberejercicios y pruebas de ciberseguridad. Este trabajo será llevado a cabo por Accenture, Atos, Cipherbit, Deloitte, GMV, PwC y Sistemas Informáticos Abiertos. Su función será diseñar, coordinar y ejecutar pruebas para evaluar la exposición de los sistemas del Banco de España a posibles amenazas. La ciberseguridad es un elemento clave en el plan estratégico del Banco de España, que para 2024 busca reforzar su ciberresiliencia y garantizar una mejora continua en la protección de la información.

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