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(Expansión, 22-11-2024) | Fiscal

El Gobierno desbloquea el grueso del paquete tributario y aprueba su reforma fiscal

A última hora, y con el debate sobre la reforma fiscal ya en marcha en el Pleno del Congreso, el Gobierno alcanzó ayer un acuerdo in extremis con Unidas Podemos para salvar el núcleo de su propuesta tributaria. A cambio, se comprometió a desarrollar un impuesto a las energéticas, cuya aprobación definitiva queda pendiente y deberá satisfacer a los socios de ambos lados del Hemiciclo. En otras palabras, el Ejecutivo ha aplazado la resolución del conflicto, ganando tiempo para intentar recomponer los apoyos parlamentarios tras una negociación extremadamente complicada. Mientras tanto, Hacienda logró mantener su imagen frente a Europa al presentar la transposición del tipo mínimo global para multinacionales, una reforma que incluye un endurecimiento del impuesto a la banca, mayor presión fiscal sobre las rentas del capital y el cierre de lagunas legales que habían debilitado la recaudación del impuesto de sociedades. La reforma fiscal, que estuvo a punto de fracasar durante la caótica Comisión de Hacienda celebrada en la madrugada del lunes al martes, entró al Pleno bajo la amenaza de ser rechazada por Unidas Podemos. Sin embargo, finalmente fue aprobada con 178 votos a favor, 171 en contra (PP, Vox y UPN) y ninguna abstención. El acuerdo alcanzado requirió la mediación directa del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien actuó como interlocutor con la líder de Podemos, Ione Belarra, para lograr un compromiso que giró en torno al impuesto extraordinario a los sectores petrolero, gasista y eléctrico. Este gravamen, inicialmente planteado como temporal pero con aspiraciones a ser permanente, generó tensiones con distintos partidos. Mientras Junts y PNV presionaron para limitarlo ante las amenazas de deslocalización de empresas como Repsol, ERC, Bildu y BNG exigieron extenderlo un año más, y Unidas Podemos insiste en su carácter permanente. Hacienda ha conseguido margen hasta finales de año para buscar un consenso. El acuerdo, anunciado por Podemos como parte del "paquete fiscal progresista", incluye el compromiso del PSOE de impulsar una nueva propuesta de ley para el impuesto a las energéticas tras la aprobación de la reforma principal. Además, se creará una comisión negociadora con la participación de los partidos necesarios para garantizar el consenso. Si no se alcanza un acuerdo antes del 31 de diciembre, el Gobierno promete prorrogar el actual gravamen mediante un Real Decreto-ley para su aplicación en 2025. El pacto también incorpora garantías para respetar las condiciones planteadas por Junts y PNV, excluyendo del impuesto a las inversiones destinadas a la descarbonización, tal como se reflejó en un comunicado emitido por Hacienda durante la madrugada del lunes. Belarra, por su parte, afirmó que Hacienda debe asegurar el respaldo de Junts, aunque Podemos trabajará con "ambición" para garantizar que las energéticas paguen el impuesto sin beneficiarse de deducciones pactadas con los socialistas. Por su parte, Montero anunció la creación de una comisión que incluirá a todos los partidos implicados en la reforma, destacando que su objetivo es cumplir con los compromisos europeos y desbloquear los 7.200 millones de euros correspondientes al quinto desembolso de ayudas Next Generation, además de lograr el aval comunitario al Plan Fiscal Estructural, que prevé incrementar la recaudación en 4.500 millones desde 2025. La reforma, que lleva el extenso título de "Proyecto de Ley por el que se establecen un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, un Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras y un Impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco, y se modifican otras normas tributarias", incluye un endurecimiento del impuesto a la banca que se repartirá entre las comunidades autónomas y una serie de medidas fiscales cuya capacidad para alcanzar los objetivos de recaudación prometidos a Bruselas aún está por comprobarse.

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(Expansión, 22-11-2024) | Fiscal

Se caen de la reforma fiscal las subidas al diésel y las Socimis pero se aprueba el tipo mínimo en Sociedades del 15%

Los socios parlamentarios del Gobierno que ayer respaldaron la reforma fiscal criticaron duramente el modo en que esta fue gestionada, señalando que se realizó "por la puerta de atrás". La normativa se articuló mediante enmiendas al proyecto de ley para la transposición de la directiva europea que establece un tipo mínimo global para multinacionales. También cargaron contra el "esperpento" que supuso el mercadeo de medidas con los distintos grupos políticos, llegando al punto de que algunos diputados confesaron no tener claro qué estaban votando. Como resultado de este desordenado proceso, el texto aprobado por el Congreso incorpora una decena de medidas tributarias clave, pero deja fuera unas seis que en algún momento se presentaron como definitivas. La principal novedad de la votación fue la incorporación de un nuevo impuesto a las entidades financieras, que reemplazará al actual con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Aunque ERC y Bildu votaron en contra el lunes para presionar por la prórroga del impuesto a las energéticas, el compromiso de mantener este más adelante y endurecer el impuesto bancario permitió consolidar una mayoría a favor. El nuevo tributo gravará, durante tres años, el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras con una escala progresiva: un 1% sobre los primeros 750 millones de euros; un 3,5% hasta los 1.500 millones; un 4,8% hasta los 3.000 millones; un 6% hasta los 5.000 millones; y, finalmente, un 7% a partir de esa cantidad. Además, Hacienda acordó repartir los ingresos generados por este impuesto entre las comunidades autónomas, de acuerdo con su PIB. La reforma busca atender dos prioridades del Gobierno. En primer lugar, transponer antes de fin de año la directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% para empresas con una facturación superior a 750 millones de euros. No hacerlo permitiría a otros países reclamar la diferencia tributaria a empresas españolas, además de que España enfrenta un posible expediente sancionador por parte de la UE tras un año de retraso en la implementación. En segundo lugar, se reactiva el triple incremento del Impuesto de Sociedades aprobado en 2016 por Cristóbal Montoro, que fue anulado por el Tribunal Constitucional en enero debido a su tramitación mediante Real Decreto-ley. Hacienda debía subsanar esta situación antes de fin de año para evitar la pérdida de toda la recaudación de 2024, valorada en unos 5.000 millones de euros. En cuanto al Impuesto de Sociedades, se incluye también una reducción fiscal progresiva para pymes y cooperativas: del 23% al 17% sobre los primeros 50.000 euros y del 20% a partir de esa cifra. Por otro lado, la reforma incrementa el tipo marginal del IRPF sobre el ahorro, que sube al 30% para rendimientos de capital superiores a 300.000 euros; introduce un nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos; aumenta los impuestos sobre el tabaco; y establece medidas para combatir el fraude en los hidrocarburos. Como compromisos pendientes, se mantiene la intención de desarrollar un impuesto a las energéticas que excluya las inversiones en descarbonización y de promover en la UE la aplicación del IVA a los pisos turísticos. Sin embargo, la reforma deja fuera varias propuestas significativas: la equiparación fiscal entre diésel y gasolina, la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis, el fin de la exención fiscal a las primas de seguros sanitarios y la creación de un impuesto sobre bienes de lujo como yates y jets privados.

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(Cinco Días, 22-11-2024) | Fiscal

El nuevo diseño del impuesto a la banca disparará la factura fiscal

El nuevo esquema del impuesto a la banca añade un obstáculo adicional a la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell. El PSOE ha acordado con Junts una enmienda que altera el pacto previo alcanzado semanas atrás respecto al gravamen. La modificación principal introduce un nuevo tramo: los bancos con ingresos superiores a 5.000 millones de euros enfrentarán un tipo impositivo del 7%. Esto afectará a entidades como CaixaBank, Santander y BBVA, mientras que los bancos con ingresos entre 3.000 y 5.000 millones seguirán pagando un 6%. El Banco Sabadell, con 4.811 millones de ingresos provenientes del margen de intereses y comisiones en 2023, se encuentra por debajo del umbral de los 5.000 millones. Sin embargo, si la opa del BBVA prospera y ambos bancos se fusionan, la entidad resultante superaría ampliamente ese límite, aumentando significativamente su factura fiscal. El diseño de esta nueva tasa, que extiende el gravamen introducido en 2022 por tres años más con ajustes, aún no está definido. En un primer momento, el PSOE acordó con Junts y el PNV una estructura progresiva en la que los bancos con mayores ingresos pagarían más. En ese esquema inicial, CaixaBank, Santander, BBVA y Sabadell enfrentaban un tipo del 6% por ingresos superiores a 3.000 millones. Posteriormente, se introdujo una enmienda que incorporaba el tramo del 7% para los bancos más grandes. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada en la comisión de Hacienda. El desenlace final sobre el impuesto se decidirá en el Pleno del Congreso de este jueves. Actualmente, los socialistas están negociando con Junts y otros socios para reintroducir la enmienda. No obstante, dado que fue desestimada en comisión, solo podrá someterse a votación en el Pleno si cuenta con el respaldo unánime de los grupos parlamentarios, algo improbable debido a la oposición del PP y Vox. En este contexto, el Gobierno planea aprobar inicialmente el gravamen en su forma original y luego modificarlo mediante un decreto ley, que también incluirá la extensión del impuesto a las empresas energéticas. Con este procedimiento, el incremento para los bancos más grandes podría instaurarse definitivamente, sujeto a la ratificación del Congreso. El diseño del impuesto parece particularmente favorable para el Banco Sabadell, que, con 4.811 millones de ingresos, pagaría un 6% (unos 289 millones de euros). En cambio, el BBVA, con 7.784 millones de ingresos, afrontaría un 7%, equivalente a 545 millones. Si la fusión entre ambas entidades se concreta, la nueva entidad superaría los 12.600 millones de ingresos, lo que resultaría en una carga fiscal de 880 millones, solo superada por CaixaBank, que pagaría 913 millones. Esta situación refuerza los argumentos de la dirección del Banco Sabadell, liderada por Josep Oliu y César González-Bueno, que defiende la independencia del banco frente a la opa del BBVA. Según su postura, el valor del Sabadell como entidad independiente supera la oferta del BBVA, que incluye una acción del banco vasco y un dividendo de 0,29 euros por cada 5,02 acciones del Sabadell. Además, el banco catalán confía en sus perspectivas de crecimiento y ha prometido repartir 2.900 millones de euros entre sus accionistas en 2024 y 2025. El menor impacto fiscal del Sabadell en solitario es un punto a su favor. Durante la presentación de resultados del tercer trimestre en octubre, los principales bancos españoles criticaron duramente el impuesto, salvo González-Bueno, quien pidió tiempo para analizar el texto definitivo. Por su parte, el Gobierno, representado por el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado contrario a la fusión entre BBVA y Sabadell, señalando que podría endurecer las condiciones regulatorias o incluso vetar la operación. Queda por ver si el PNV, socio clave del Gobierno, decidirá apoyar al BBVA y oponerse al diseño del gravamen, no solo por el impacto negativo sobre el banco vasco, sino también porque la propuesta actual no contempla ceder la recaudación a las haciendas forales. Esto impediría que el Gobierno vasco bonifique la tasa y exima al BBVA de pagarla. Independientemente del diseño final, el sector bancario ya prepara una respuesta legal contra el impuesto, como ocurrió en 2022. Las patronales AEB y CECA, junto con algunos bancos a título individual, planean presentar recursos basándose en que el gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios, y en su posible impacto sobre la rentabilidad. Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, ha reiterado que este impuesto reduce la capacidad competitiva del sector financiero, que financia el 75% de las inversiones en Europa, y ha solicitado al Gobierno procesos normativos más transparentes y ordenados.

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(El País, 22-11-2024) | Fiscal

La presión fiscal cae en España más que en la media de la OCDE

La presión fiscal en las economías avanzadas ha disminuido por segundo año consecutivo. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) registraron una leve caída en la relación entre ingresos tributarios y PIB, pasando del 34% en 2022 al 33,9% en 2023, según datos publicados este jueves por el organismo con sede en París. Este retroceso, que también se observó el año anterior, refleja los desafíos derivados de la pandemia y la inflación generada por la guerra en Ucrania. En España, la tendencia es aún más pronunciada: en dos años, la presión fiscal ha bajado medio punto, situándose en un 37,3% en 2023, aunque sigue superando la media de la OCDE. Este bloque incluye países con alta carga impositiva, como los de la Unión Europea, y otros con sistemas fiscales más limitados, como México o Turquía. El informe Revenue Statistics 2024 señala que, aunque ha habido una caída reciente, la presión fiscal del grupo sigue siendo superior a los niveles de 2019. También destaca los desafíos que han marcado los últimos años, como la pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la inflación más alta en tres décadas. Frente a este escenario, los países de la OCDE han recurrido a políticas fiscales para aliviar los costos de vida en 2023, mientras enfrentan presiones de gasto crecientes relacionadas con retos como el cambio climático y el envejecimiento poblacional, que demandarán mayores ingresos en el futuro. El comportamiento actual contrasta con el período 2008-2022, donde solo hubo dos años de disminución en la presión fiscal: 2017 y 2019. La reciente caída no necesariamente implica modificaciones fiscales, ya que puede estar vinculada al crecimiento del PIB nominal, que incluye inflación, superando el incremento en los ingresos tributarios. En la mayoría de los países de la OCDE, incluyendo España, ambos indicadores crecieron en 2023, pero el mayor avance del PIB, junto con las rebajas fiscales para combatir la inflación, contribuyó a la reducción de la ratio. A pesar de esta disminución, España ha experimentado un aumento notable en la presión fiscal a largo plazo, subiendo siete puntos entre 2010 y 2023. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar la media de la UE, que supera el 40%. Este dato es frecuentemente utilizado por el Gobierno para justificar una mayor carga fiscal en ciertos sectores. El incremento de la presión fiscal en el largo plazo es un fenómeno global. En la OCDE, ha pasado del 31,5% en 2010 al 34% actual, con aumentos en 29 de los 36 países analizados, destacando Japón, Eslovaquia y Grecia. Desde 1965, el alza ha sido de 9,2 puntos, reflejo de la creciente necesidad de financiar gastos públicos como sanidad, educación y pensiones, y controlar los déficits presupuestarios. En 2023, 18 países de la OCDE aumentaron su ratio de ingresos tributarios sobre PIB, mientras que en 17 hubo caídas y en uno (Italia) se mantuvo estable. Luxemburgo, Colombia y Turquía lideraron los incrementos, mientras que Chile, Corea del Sur, Israel y Estados Unidos registraron las mayores disminuciones. A pesar de estos cambios, Francia sigue siendo el país con mayor presión fiscal (43,8%), seguido por Dinamarca (43,4%). En el extremo opuesto, México registra la carga más baja, con un 17,7%.

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(El País, 22-11-2024) | Fiscal

Los ingresos por IRPF suponen un 9,1% del PIB, casi tres puntos más con respecto al año 2000

El informe Revenue Statistics 2024 ofrece también una visión detallada de la estructura tributaria de los países miembros de la OCDE, destacando la proporción que cada tipo de impuesto representa en relación con el total de la economía. Aunque han ocurrido algunos cambios en el largo plazo, la configuración general de los sistemas fiscales ha permanecido relativamente estable. Las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta continúan siendo las principales fuentes de recaudación respecto al PIB, seguidas por el IVA, según datos de 2022. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que es el más relevante en varios países, incluyendo España, representó en promedio el 23,6% de los ingresos totales en la OCDE, ligeramente por debajo del 24,1% registrado en el año 2000. Este descenso se atribuye, en parte, a la incorporación de nuevos miembros, principalmente de Europa del Este y América Latina, cuyos sistemas fiscales generan menos ingresos por renta y para los cuales no se dispone de datos completos en las series históricas. En términos de PIB, el peso del IRPF bajó del 8,5% en 2010 al 8,2% en 2022, mientras que los ingresos por el impuesto de sociedades pasaron del 3,1% al 3,9% del PIB en el mismo periodo. En el caso de España, la situación presenta algunas diferencias. Los ingresos por IRPF representan un 9,1% del PIB, casi tres puntos más en comparación con el año 2000 y por encima del promedio de la OCDE. Sin embargo, el impuesto sobre sociedades muestra una ligera caída, pasando del 2,8% al 2,7% del PIB, situándose por debajo de la media del bloque. Las cotizaciones a la Seguridad Social representan el 24,8% de los ingresos fiscales en la OCDE. España se distingue como uno de los países donde las empresas asumen una mayor parte de esta carga, junto con Estonia y la República Checa: las contribuciones de los empleadores alcanzan el 25,2% del total de ingresos fiscales y un 9,5% del PIB. Los impuestos al consumo han incrementado su relevancia, pasando de cerca del 12% al 21,4% del total de la recaudación, siendo el IVA el principal protagonista. Este impuesto representó en 2022 el 20,8% de la recaudación total y el 7% del PIB, una cifra que coincide con la registrada en España.

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(El Economista, 22-11-2024) | Fiscal

Los caseros podrán desgravarse en la Renta los electrodomésticos que compren para la vivienda que alquilan

La Dirección General de Tributos (DGT), dependiente del Ministerio de Hacienda, autoriza a los contribuyentes que alquilan una vivienda a deducir en la declaración de la Renta el coste de los electrodomésticos adquiridos para equipar dicha propiedad. En una consulta emitida el 23 de septiembre, Tributos explica que los ingresos obtenidos por el alquiler de un inmueble se califican en la Renta como rendimientos de capital inmobiliario. De acuerdo con la Ley del IRPF y su reglamento, existen diversos gastos que pueden deducirse de estos rendimientos, entre ellos el coste de los electrodomésticos incluidos en la vivienda. Estos electrodomésticos se consideran "bienes de naturaleza mobiliaria" y, según el reglamento, pueden deducirse en la declaración de la Renta siempre que cumplan dos condiciones: que su uso esté previsto para un periodo superior a un año y que sean cedidos junto con el inmueble alquilado. Cumpliendo estos requisitos, los contribuyentes pueden deducir anualmente un 10% del coste de los electrodomésticos, hasta completar su amortización en un máximo de 20 años desde la fecha de adquisición.

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(Expansión, 22-11-2024) | Laboral

El Gobierno da carpetazo a la negociación con CEOE y Cepyme sobre la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales

El Ejecutivo ha decidido proseguir la negociación de esta reforma únicamente con los sindicatos. En este sentido, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó que el acuerdo con CCOO y UGT es "inminente". Sin embargo, los representantes sindicales, Carlos Gutiérrez y Fernando Luján, moderaron este optimismo, reconociendo que, aunque las posturas con el Gobierno están muy próximas, aún quedan asuntos por resolver. Entre ellos, destaca la eliminación de las ayudas para las empresas que reduzcan la jornada laboral y generen empleo, tras la retirada de la patronal de la mesa de negociación. Pérez Rey coincidió con esta postura al señalar que "no tiene sentido" mantener esas ayudas si los empresarios se han apartado del diálogo sobre la reducción de la jornada sin afectar los salarios. Horas antes, en declaraciones a RNE, acusó a la CEOE de actuar con "cálculo político" al rechazar la propuesta, sugiriendo que buscan debilitar al Gobierno de coalición de cara a un posible adelanto electoral. La semana pasada, los empresarios ya expresaron su rechazo absoluto a la propuesta gubernamental. Según CEOE y Cepyme, reducir la jornada laboral sin recortar salarios debe ser competencia exclusiva de la negociación colectiva entre trabajadores y empresas. Asimismo, critican la creciente intervención del Ejecutivo en las relaciones laborales, ejemplificada, según ellos, en el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha subido un 54% desde 2018, situándose en 1.134 euros mensuales. También rechazan la intención del Gobierno de permitir que la Inspección de Trabajo acceda directamente a los registros de las empresas para detectar posibles fraudes en el control horario. Por último, denuncian que los sindicatos incumplen el último acuerdo de negociación colectiva, que no contemplaba una reducción legal de la jornada a 37,5 horas semanales. En este contexto, Pérez Rey anunció que el Gobierno comenzará de inmediato la tramitación interna y el proceso de audiencia pública del proyecto de ley. Además, retomará las negociaciones con CCOO y UGT y buscará el apoyo de diversos grupos políticos para asegurar la aprobación parlamentaria de la reforma. Trabajo confía en lograr un respaldo mayoritario en el Congreso, salvo por parte de Vox. Por su parte, los empresarios confían en que el PP y Junts, tradicionalmente cercanos al sector privado, frenen la medida. Ante el estancamiento de las negociaciones, el Gobierno ha decidido avanzar directamente hacia la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin pasar previamente por un recorte intermedio a 38,5 horas. Pérez Rey criticó la actitud de los empresarios, acusándolos de no presentar propuestas concretas en 11 meses de negociación. Además, rechazó su argumento de que esta medida sólo pueda implementarse a través de la negociación colectiva, considerando que con los avances tecnológicos y de productividad, es momento de actualizar la jornada laboral, que no ha cambiado en 40 años. Según Pérez Rey, la postura de la patronal busca beneficiar únicamente a las grandes empresas, dejando fuera sectores como la agricultura, la hostelería, la limpieza y otros servicios, afectando a 12 millones de trabajadores. "¿Cómo es posible que, en la era de Internet, la informática y la Inteligencia Artificial, no podamos reducir el tiempo de trabajo?", cuestionó. Para él, la mesa de negociación con la patronal está cerrada. Por su parte, los representantes sindicales Fernando Luján (UGT) y Carlos Gutiérrez (CCOO) advirtieron que no solo apoyarán la eliminación de las ayudas para empresas en las propuestas recientes, sino que también impulsarán un aumento del 25% en las cotizaciones por horas extra como respuesta al rechazo de la CEOE. "Si la patronal se ha retirado de la discusión, no tiene sentido negociar medidas destinadas a las empresas, ya que son ellas las destinatarias de esas ayudas", concluyeron.

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(El Economista, 22-11-2024) | Laboral

El Supremo abre la puerta a una indemnización mayor si se incumple con el nuevo despido disciplinario

El Tribunal Supremo ha establecido un nuevo criterio que podría llevar a las empresas a pagar mayores indemnizaciones a los trabajadores en caso de despido disciplinario. En un fallo del 18 de noviembre, el tribunal modifica una doctrina de cuatro décadas y exige que las empresas celebren una audiencia previa antes de proceder al despido disciplinario, con el objetivo de permitir al empleado defenderse. Aunque el Estatuto de los Trabajadores no contempla esta obligación, el Supremo argumenta que, al estar recogida en el Convenio de la OIT aplicado en España desde 1986, la normativa internacional prevalece sobre la nacional. A pesar de esta exigencia, el tribunal no especifica las consecuencias para las empresas que no cumplan con la audiencia previa. Blanca Liñán, abogada laboralista y socia de Ceca Magán Abogados, considera que este incumplimiento probablemente resultará en la declaración de improcedencia del despido. Además, estima que el fallo abre la posibilidad de que el trabajador afectado reclame una indemnización adicional por el incumplimiento de este requisito formal. La abogada también señala que lo que el empleado declare en esta audiencia previa podría influir en su defensa durante un eventual juicio. Por otro lado, si la empresa no celebra dicho trámite, el despido podría declararse improcedente, lo que permitiría al trabajador reclamar una compensación adicional. Liñán añade que el Supremo no aclara cómo debe implementarse esta audiencia previa, lo que deja un aspecto importante sin resolver. Cristina Grande, directora del área de Derecho Laboral y Protección de Datos de Ashurst España, menciona que el tribunal no establece de forma explícita las consecuencias del incumplimiento de esta obligación. Según Grande, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Baleares declaró la improcedencia del despido en el caso que dio origen al fallo, otros tribunales, como los de Madrid, País Vasco y Galicia, han dictaminado que la falta de audiencia previa no necesariamente implica esta consecuencia. Grande explica que, según ciertas sentencias, si el despido se declara improcedente por motivos que el trabajador podría haber argumentado en una audiencia previa, se genera un daño indemnizable que podría calcularse en función de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la resolución judicial. Ante esta situación, varios expertos consideran necesario que el legislador modifique el Estatuto de los Trabajadores para regular este nuevo criterio y ofrecer claridad tanto a empresas como a empleados.

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(El Periódico, 22-11-2024) | Laboral

Ampliación de la garantía de indemnidad del empleado ante un posible despido de la empresa

El Estatuto de los Trabajadores, la normativa que regula las relaciones laborales entre empresas y empleados, incorporará a partir de diciembre un nuevo derecho que beneficiará tanto a los trabajadores como a sus familiares. Este cambio entrará en vigor el 4 de diciembre, con la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2024, que introduce una ampliación de la protección frente a despidos como parte de la garantía de indemnidad del empleado. Actualmente, el artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores establece que son nulas "las órdenes de discriminar y las decisiones empresariales que impliquen un trato desfavorable hacia los trabajadores en respuesta a una reclamación dentro de la empresa o a una acción judicial o administrativa para exigir la igualdad de trato y la no discriminación". Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2024, esta garantía de indemnidad, que protege a los empleados frente a posibles represalias tras realizar reclamaciones laborales, se ampliará para incluir a familiares que trabajen en la misma empresa. Según la nueva normativa, la protección se extiende al cónyuge, pareja de hecho y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, incluso si estos no han realizado ninguna reclamación o ejercicio de derechos laborales. Esto significa que ni el trabajador ni sus familiares podrán ser objeto de sanciones, castigos o despidos relacionados con el ejercicio de derechos laborales o con denuncias presentadas en el ámbito laboral. Si se producen represalias o despidos en estas circunstancias, estos serían declarados nulos, incluso cuando afecten a familiares que no participaron en dichas acciones. Sin embargo, para que se declare la nulidad, será necesario que el empleado afectado demuestre que las medidas adoptadas en su contra, o contra sus familiares, derivan directamente del ejercicio o reclamación de un derecho laboral.

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(Expansión, 22-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las auditoras señalan al sector público por no dar cuenta de la información "verde"

La influencia de la sostenibilidad en las firmas de auditoría, especialmente en el contexto de las nuevas normativas que exigen mayor transparencia en información ambiental para grandes empresas, fue uno de los principales temas tratados en el XXVI Congreso Nacional de Auditoría. El evento reunió a más de 150 profesionales y un centenar de firmas que representan cerca del 90% de los ingresos del sector. Durante el congreso, se presentaron los hallazgos del Observatorio de la Información sobre Sostenibilidad del Sector Público. Esta herramienta evalúa cuántas entidades públicas, ya sea por su tamaño o número de empleados, cumplirían los criterios aplicados a las empresas privadas según la directiva de sostenibilidad. Aunque más de 500 entidades deberían publicar y verificar información sobre sostenibilidad, actualmente no están obligadas por ley. "No existe una normativa que exija al sector público lo mismo que al privado, aunque se están dando pasos", afirmó Pere Ruiz, presidente de la comisión del sector público del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). Añadió: "El sector público demanda mucho al privado, pero ¿qué están haciendo ellos?". Para abordar esta cuestión, el observatorio ha desarrollado una herramienta interactiva accesible en su página web, que identifica a las entidades públicas no mercantiles que podrían estar sujetas a estos requerimientos. De las 311 entidades públicas evaluadas a nivel nacional, el 33,76% (105) deberían presentar información de sostenibilidad. Este porcentaje desciende al 18,7% (210 de 1.123) en el ámbito autonómico. Por su parte, las grandes empresas privadas esperan que antes de que termine el año España apruebe la trasposición de la Directiva Europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Esta normativa busca equiparar, con el tiempo, la presentación de información sobre sostenibilidad con la financiera, asegurando datos comparables y fiables. "Es seguro que se aprobará. El proyecto de ley se envió a las Cortes el 29 de octubre, y el plazo de enmiendas finaliza el próximo lunes", explicó Santiago Durán, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Durán recordó que la fecha límite para la trasposición era julio y que, aunque España ya ha incumplido el plazo, sería preferible no incumplir también el contenido. La directiva será aplicable desde 2024 para empresas de interés público con más de 500 empleados. Víctor Alió, en su debut como presidente del ICJCE, destacó el crecimiento del sector en la última década: "Las firmas de auditoría han incrementado su facturación un 74% y el número de profesionales ha crecido un 80%. Muy pocos sectores maduros pueden presentar estas cifras". Además, señaló que la sostenibilidad, la gestión del talento y la adaptación tecnológica son los principales desafíos a medio plazo para el sector.

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