Los contribuyentes que fueron penalizados por la Agencia Tributaria al declarar fuera de plazo sus bienes en el extranjero mediante el modelo 720, están reclamando ahora ante el Tribunal Supremo que el Estado los indemnice por los perjuicios sufridos. Esto se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulara dicho modelo en enero de 2022, al considerar que vulneraba la libre circulación de capitales y aplicaba medidas desproporcionadas, imponiendo tributos sobre ejercicios ya prescritos y sanciones que llegaban hasta el 150%, además de recargos del 20% sobre las cantidades declaradas.
La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 320 millones de euros a quienes recurrieron las liquidaciones a tiempo y por ejercicios no prescritos. Sin embargo, muchos contribuyentes no reclamaron dentro del plazo legal, perdiendo así la posibilidad de recuperar el dinero pagado de más tras el fallo del TJUE.
Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Legal y uno de los expertos fiscales que llevó el modelo 720 ante el tribunal europeo, ha iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado para conseguir una compensación por los daños ocasionados a los afectados. Primero presentó la reclamación ante el Consejo de Ministros, que fue rechazada en dos ocasiones (mayo y octubre de 2024), por lo que decidió llevar el caso al Tribunal Supremo. Del Campo estima que el fallo podría conocerse en los próximos meses o, como mucho, después del verano.
Por su parte, la Abogacía del Estado sostiene que los contribuyentes no tienen derecho a ser indemnizados por los años en los que las liquidaciones quedaron firmes, argumentando que fue su "negligencia" al no impugnarlas lo que les impide reclamar ahora. En su defensa, señala que si no estaban de acuerdo con la normativa vigente en su momento, debieron haberla recurrido. No obstante, será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra al respecto.
La obligación de declarar bienes en el extranjero fue introducida en 2012 bajo el mandato del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como parte de una estrategia para hacer aflorar rentas ocultas fuera del país, ligada a la conocida como amnistía fiscal. Quienes no se acogieran a esta regularización se exponían a duras sanciones en los años siguientes. Tras el dictamen del TJUE que declaró ilegal el modelo 720, el Tribunal Supremo ordenó a Hacienda la devolución de las liquidaciones, sanciones y recargos aplicados, incluyendo los intereses correspondientes.
El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado un criterio unificado que permite a los contribuyentes que hayan tributado en el IRPF por la ganancia obtenida al vender su vivienda habitual, rectificar su declaración y solicitar la devolución del importe pagado, si finalmente destinan ese dinero a la compra de una nueva vivienda habitual.
La normativa del IRPF establece que, cuando una persona vende su residencia habitual, puede quedar exenta de tributar por la ganancia si reinvierte íntegramente ese importe en la adquisición de otra vivienda habitual en un plazo máximo de dos años. Si la nueva vivienda tiene un precio menor, solo se tributa por la diferencia. En los casos en que la venta y la compra se producen en ejercicios fiscales distintos, el contribuyente debe dejar constancia en su declaración de la intención de aplicar esta exención.
El conflicto surgía cuando el contribuyente, al no haber comprado aún la nueva vivienda, pagaba impuestos por la ganancia en la declaración de ese año, y posteriormente, dentro del plazo legal, adquiría la nueva residencia e intentaba rectificar su declaración para solicitar la exención. La Agencia Tributaria solía denegar estas solicitudes alegando que, al haber declarado y tributado por la ganancia, el contribuyente había optado voluntariamente por no aplicar la exención y, por tanto, no podía retractarse, amparándose en la Ley General Tributaria, que no permite cambiar las opciones tributarias ejercidas en la declaración.
No obstante, el TEAC, siguiendo el criterio marcado por el Tribunal Supremo, ha determinado que no se trata de una opción tributaria, sino de un derecho del contribuyente expresamente recogido en la Ley del IRPF. La resolución afirma que la exención por reinversión no constituye una opción porque no implica elegir entre dos regímenes fiscales alternativos y excluyentes, como ocurre, por ejemplo, con la elección entre tributación individual o conjunta, o el régimen de consolidación fiscal en el ámbito empresarial.
En consecuencia, el TEAC concluye que cuando un ciudadano reinvierte el dinero de la venta de su vivienda habitual en otra y solicita la rectificación de su declaración para aplicar la exención, no está ejerciendo una opción fiscal, sino haciendo uso de un derecho reconocido legalmente. Por tanto, la rectificación no puede ser rechazada por motivos formales, lo que abre la puerta a que muchos contribuyentes puedan recuperar lo pagado indebidamente.
El Ministerio de Hacienda tendrá que aceptar las solicitudes de rectificación del Impuesto sobre Sociedades que las empresas presentaron el mismo día en que el Tribunal Constitucional anuló la reforma impulsada por el exministro Cristóbal Montoro. El 18 de enero de 2024, el alto tribunal declaró inconstitucionales varios cambios introducidos en 2016 que buscaban aumentar la recaudación estatal en un momento clave para la reducción del déficit público. Entre esas modificaciones, se encontraba una restricción significativa a la compensación de bases imponibles negativas, lo que afectó especialmente a grandes empresas. Algunas de ellas comenzaron a reclamar desde entonces, mientras que otras esperaron hasta que se conoció el fallo.
Ahora, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha determinado, en una reciente resolución, que aquellas compañías que presentaron sus solicitudes el mismo 18 de enero de 2024 también tienen derecho a que se les revisen sus casos.
Según explica un abogado fiscalista que asesoró a varias empresas en la presentación de estas reclamaciones el día de la sentencia, la Agencia Tributaria había rechazado inicialmente algunas de ellas argumentando que el fallo no tenía efectos retroactivos y que solo eran válidas las reclamaciones iniciadas con anterioridad a la resolución. Sin embargo, el TEAC ha corregido esta interpretación y ha indicado que la sentencia debe entenderse "de forma inclusiva", lo que significa que todas las solicitudes presentadas dentro del día 18 deben ser admitidas.
"El 18 de enero de 2024 es la fecha en la que se dictó la sentencia, y abarca hasta las 23:59 horas de ese mismo día. A partir de las 00:00 del día 19 de enero, las solicitudes ya no podrían ser revisadas en base a la declaración de inconstitucionalidad", aclara el TEAC.
Este posicionamiento es especialmente relevante para aquellas empresas que, al conocerse el pronunciamiento del Constitucional, actuaron con rapidez para solicitar la devolución de los importes pagados de más. Aunque la mayoría de los contribuyentes afectados ya habían iniciado los trámites con anterioridad, esta resolución ofrece respaldo legal a quienes lo hicieron en el último momento.
El origen del conflicto se remonta a la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 mediante el Real Decreto-ley 3/2016, que impuso mayores restricciones para que los grupos fiscales con ingresos superiores a los 20 millones de euros compensaran pérdidas fiscales. También endureció la reversión obligatoria de los deterioros de valor en participaciones, lo que generó una carga fiscal mayor. El Tribunal Constitucional anuló estas medidas por considerar que no debieron ser aprobadas mediante decreto ley, ya que no se trataba de una situación de urgente necesidad, como exige la Constitución. No obstante, el alto tribunal limitó las devoluciones únicamente a aquellos contribuyentes que ya hubieran iniciado un proceso de reclamación antes de la sentencia, lo que según cálculos oficiales, supondrá un impacto de aproximadamente 3.330 millones de euros para Hacienda.
Pese a esa limitación, quedaba la duda sobre el tratamiento de las reclamaciones presentadas el mismo día de la sentencia. Con su resolución, el TEAC aclara esta cuestión y, según el experto fiscal consultado, "no solo resuelve la controversia sobre los plazos aplicables, sino que establece un precedente relevante sobre cómo interpretar los efectos de futuras sentencias de inconstitucionalidad en el ámbito fiscal".
El especialista señala que la clave de la discusión radica en la falta de precisión del Constitucional sobre el alcance temporal de su decisión. "Cuando se declara nula una norma, lo habitual es que se acepten rectificaciones hasta la fecha del fallo, a menos que el tribunal indique lo contrario. En este caso, el TEAC ha optado por una interpretación lógica, coherente y que refuerza la seguridad jurídica", concluye.
La entrada en vigor de la nueva normativa sobre jubilación parcial anticipada para el personal de la Administración General del Estado (AGE) se retrasará hasta el último trimestre del año, según comunicaron los responsables de Función Pública a los sindicatos que participan en la negociación del IV Convenio Único para el sector público estatal, de acuerdo con la información difundida este miércoles por el sindicato CSIF. Asimismo, esta organización sindical ha denunciado que este retraso también afectará al personal laboral de otras administraciones.
Esta normativa, que comenzó a aplicarse el martes para los trabajadores del sector privado y el personal laboral de la administración, establece que la posibilidad de acogerse a esta modalidad de jubilación para el personal laboral del sector público quedará supeditada a la entrada en vigor de una nueva tasa adicional, prevista en la oferta de empleo público de 2025. Hasta ahora, este colectivo tenía acceso regular a la jubilación parcial, pero con la normativa vigente desde el 1 de abril, las administraciones deben contratar a un trabajador relevista con contrato indefinido y a tiempo completo para sustituir al empleado que se jubile parcialmente. Sin embargo, las actuales reglas de contratación del Estado dificultan la realización de estos contratos de relevo.
Para resolver esta situación, el Gobierno deberá primero aprobar la nueva oferta de empleo público, algo previsto entre junio y julio, y posteriormente establecer una tasa adicional que permita contabilizar la contratación de relevistas de forma independiente a la oferta oficial. Según lo comunicado este miércoles a los sindicatos CSIF, CC OO y UGT, esta tasa no estará lista hasta finales de año. Además, sigue pendiente la definición del mecanismo para la incorporación de los relevistas, según ha denunciado CSIF.
Además de regular el acceso del personal laboral a la jubilación parcial anticipada, el Gobierno también debe extender esta opción a los funcionarios y empleados públicos de todas las administraciones. Este compromiso fue alcanzado por el ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, con los sindicatos CC OO y UGT. No obstante, desde CSIF han advertido que tanto los funcionarios como el personal estatutario no podrán acogerse a este derecho hasta que se apruebe la Ley de Función Pública, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso e incluye una enmienda sobre este asunto.
El actual dinamismo del mercado laboral va de la mano con el excelente momento que atraviesa el sector turístico en España. Esta conexión se refleja en las previsiones de contratación para la próxima campaña de Semana Santa -del 13 al 21 de abril-, durante la cual se estima que se formalizarán alrededor de 80.000 contratos. Así lo ha adelantado este jueves Asempleo, la patronal de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que anticipa una de las campañas más activas en términos de generación de empleo de los últimos años.
Según sus proyecciones, la contratación será un 6,6% superior a la registrada en 2024. Esto se traduciría en unos 17.600 trabajadores ocupados, considerando que muchos de ellos pueden suscribir más de un contrato. La mayoría de estos empleos se concentrarán, como suele ser habitual en esta época del año, en los sectores de turismo, hostelería, comercio y logística.
Los datos de Asempleo reflejan una evolución positiva y constante de la contratación en Semana Santa en los últimos cuatro años. Desde las 68.600 incorporaciones registradas en 2022, se ha llegado a los cerca de 80.000 contratos previstos para esta campaña de 2025, evidenciando un aumento sostenido de la demanda de empleo en estas fechas.
"El crecimiento de estas cifras muestra la capacidad de las ETT y Agencias de Empleo para responder con agilidad a las necesidades de personal que tienen las empresas y garantizar así la continuidad de sus operaciones", ha afirmado Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. "Esto ocurre en numerosos sectores, aunque es en el turismo, la logística y el comercio donde más se nota nuestra intervención, sobre todo ante la creciente escasez de mano de obra y la dificultad para cubrir muchas vacantes", ha añadido.
Las comunidades autónomas donde se espera un mayor volumen de contrataciones son Cataluña (13.400), Murcia (12.000), Madrid (11.700), la Comunidad Valenciana (11.300) y Andalucía (11.100), según las estimaciones de la patronal.
El mercado laboral español ha demostrado una notable fortaleza pese a la incertidumbre política y económica global, alcanzando niveles de contratación sin precedentes, incluso superiores a los previos a la pandemia. En 2024 se firmaron más de 4,3 millones de contratos a través de ETTs, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior. Este aumento también ha repercutido en la facturación de estas empresas, que creció un 10% en comparación con 2023. Desde Asempleo destacan que esta evolución confirma que el empleo temporal tiene un papel estructural dentro del sistema laboral español.
Cruañas también ha señalado que, aunque el contrato fijo discontinuo ha ganado protagonismo desde la reforma laboral de 2021, no debe obviarse la necesidad de debatir abiertamente sobre su aplicación. A su juicio, es necesario evaluar cómo optimizar esta figura contractual, ya que no todos los empleos temporales encajan bien dentro del marco legal del contrato fijo discontinuo o del indefinido.
Durante los dos primeros meses de 2025, el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo que han cobrado prestaciones por desempleo al entrar en periodo de inactividad ha aumentado un 13,6%, alcanzando una media de 170.232 personas, a pesar de que se han endurecido los controles para suspender dichas ayudas si el trabajador rechaza reincorporarse cuando es llamado por su empresa. No obstante, se estima que el número real de beneficiarios es aún mayor, ya que muchos han sido derivados a otras ayudas, como el subsidio para mayores de 52 años.
En febrero, 148.967 personas percibieron una prestación contributiva y solo 8 un subsidio por inactividad, mientras que en enero las cifras fueron 191.472 y 12, respectivamente. La media de ambos meses marca un récord histórico y supone un incremento del 31,8% respecto a 2022, año en que entró en vigor la reforma laboral. Si se compara con 2019, el crecimiento es aún mayor, del 91%. En ese entonces, 64.931 personas cobraban prestación y 24.085 recibían un subsidio.
El análisis de estos datos genera interrogantes. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2024 había una media de 687.884 trabajadores fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo. Sin embargo, solo un 18,5% habría llegado a cobrar una prestación. Esta diferencia se debe en gran parte al desplome del número de personas que acceden a los subsidios, provocado por los cambios en la protección social de estos trabajadores.
Durante la pandemia, muchos trabajadores con contratos fijos discontinuos pudieron acceder a prestaciones contributivas sin agotar su derecho completo, lo que redujo el paso al nivel asistencial. Pero fue la reforma laboral la que introdujo un cambio clave: estos trabajadores pasaron a tener acceso a cualquier tipo de subsidio por desempleo, como si fueran desempleados comunes. Aunque no se les considera parados en las estadísticas oficiales, sí lo son en cuanto al derecho a percibir ayudas.
Este cambio ha provocado una disminución casi total de quienes cobran subsidios por inactividad, mientras aumentan quienes reciben prestación contributiva, aunque en muchos casos están cobrando otro tipo de ayudas. Para el Gobierno, los sindicatos y la patronal, esta reforma corrigió una discriminación histórica, pero al mismo tiempo ha dificultado el análisis del impacto real, ya que muchos beneficiarios han desaparecido de los registros visibles.
Este desajuste estadístico también podría estar detrás de fenómenos como la diferencia entre el número de inscritos como demandantes y los que efectivamente reciben ayuda, así como el incremento del subsidio para mayores de 52 años. La alternancia frecuente entre periodos de actividad e inactividad de estos trabajadores se refleja directamente en su cobertura por desempleo.
En los primeros meses tras la entrada en vigor de la reforma, estos efectos no se notaron con claridad porque muchas empresas tardaron en adaptar sus estrategias de contratación, y además seguían vigentes las medidas excepcionales de la pandemia. Una vez expiradas, comenzó a percibirse con mayor nitidez el impacto real de la reforma, aunque aún se desconoce cuántos beneficiarios podrían estar ocultos tras otras ayudas.
Esta inestabilidad no solo dificulta el análisis, sino también el control del gasto público. Antes de la reforma, los fijos discontinuos se usaban mayoritariamente en sectores estacionales como la hostelería. Sin embargo, al haberse extendido su uso a todo tipo de actividades como alternativa a contratos temporales recurrentes, se ha incrementado tanto su número como la rotación, lo que dificulta verificar que quienes cobran la prestación no retrasen su vuelta al trabajo para agotar el subsidio.
Si un trabajador rechaza el llamamiento de su empresa, esta puede considerarlo como baja voluntaria, lo que conlleva la extinción del contrato y la pérdida automática del derecho a la prestación. En ese caso, el trabajador pasa a contabilizarse como desempleado registrado, una opción que el Gobierno quiere evitar para no inflar las cifras de paro.
Por eso, la reforma de los subsidios introdujo una nueva medida: si el trabajador rechaza sin motivo justificado su reincorporación, la prestación se suspende (pero no se retira), evitando así extinguir el contrato. Esta vía, más ágil y orientada a incentivar el regreso al trabajo, no está dando los resultados esperados. Los datos de 2025 revelan que el número de beneficiarios sigue creciendo, lo que podría deberse a un incremento en los casos de cobro indebido o a que las nuevas medidas aún no se aplican con todo su rigor.
La reciente imposición de aranceles anunciada por Donald Trump, mucho más severa de lo previsto, ha generado un fuerte impacto en los mercados financieros a nivel global. En Europa, las bolsas reaccionaron con caídas cercanas al 2% ante el temor de que estas medidas afecten la ya frágil recuperación económica. En este contexto, el índice alemán DAX retrocedió un 2,3%, el Euro Stoxx 50 perdió un 2,7%, el CAC francés cayó un 2,6%, mientras que el MIB italiano y el FTSE británico registraron descensos del 2,3% y 1,6%, respectivamente. El Reino Unido, beneficiado con aranceles del 10%, inferiores al 20% impuesto a la Unión Europea, mostró una caída más moderada. En España, el IBEX 35 limitó su retroceso al 1,6%. La tendencia bajista en Europa siguió la estela negativa de los mercados asiáticos, donde el Nikkei de Tokio cedió un 2,77% y el Hang Seng de Hong Kong un 1,52%.
Las nuevas barreras comerciales impuestas por Trump podrían ser solo el inicio de un conflicto mayor. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó a cambiar la confrontación por el diálogo, mientras que China exigió a EE.UU. la retirada inmediata de los gravámenes del 34% sobre sus productos, que se suman al 20% previamente establecido. Los aranceles diferenciados por país o bloque entrarán en vigor a partir del 9 de abril, mientras que una tarifa base del 10% comenzará a aplicarse desde el 5 de abril. Trump defiende que estas medidas incentivarán la relocalización de empresas en EE.UU., fomentando el empleo, aunque los analistas advierten que podrían generar una recesión global, un repunte de la inflación y un aumento en el costo de vida. Según Olu Sonola, director de Fitch Ratings, "este es un punto de inflexión para la economía mundial; muchas naciones podrían entrar en recesión". Se espera que los países afectados respondan con represalias comerciales que disparen los precios de bienes y servicios.
El impacto de la ofensiva arancelaria también se refleja en los mercados de divisas y deuda. El euro avanzó un 2% frente al dólar, alcanzando niveles no vistos desde septiembre, situándose en 1,105 dólares por unidad. Por su parte, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayó 12 puntos básicos hasta el 4,06%, su nivel más bajo en cinco meses. Los inversores anticipan posibles recortes en los tipos de interés en EE.UU., pese al riesgo inflacionario derivado de los aranceles. Asimismo, el mercado de materias primas se resintió, especialmente el petróleo, ante la preocupación de que la guerra comercial frene el comercio global y provoque una recesión en las principales economías. El barril de Brent perdió más del 5%, cayendo por debajo de los 71 dólares, registrando su mayor descenso en seis meses.
El anuncio de los aranceles se produjo con las bolsas cerradas en ambos lados del Atlántico, lo que provocó fuertes caídas en los futuros de Wall Street. Se prevé que el S&P 500 abra con un descenso del 3,5%, el Dow Jones retroceda un 3% y el Nasdaq pierda cerca del 4%. Las ventas en el mercado fuera de horario se han concentrado en sectores como la tecnología y la automoción, los más perjudicados por las tarifas del 25% impuestas a los vehículos importados. Mientras que los componentes fabricados en México y Canadá quedaron exentos, fabricantes japoneses, surcoreanos y alemanes se verán fuertemente afectados.
El endurecimiento de las políticas arancelarias ha generado incertidumbre sobre el crecimiento económico en EE.UU., llevando a los inversores a buscar refugio en activos como el oro y el yen japonés. El metal precioso alcanzó un máximo histórico, superando los 3.160 dólares por onza.
En Europa, el golpe se refleja en empresas como Adidas, que ha perdido un 9,6%, y en el sector del lujo, donde Pandora retrocedió un 11% y Swatch un 6,8%. También se vio afectada la naviera sueca Maersk, que cayó más del 10% tras advertir que estos aranceles representan un desafío para la estabilidad económica y el comercio global, aunque aún no ha cuantificado su impacto financiero. Por otro lado, el sector farmacéutico ha logrado mantenerse a salvo del pesimismo, con AstraZeneca subiendo un 2,2% y Novartis un 0,7%, ya que no se han anunciado aranceles específicos para esta industria.
Según Ben Wiltshire, estratega de Citi, "la tasa arancelaria efectiva de EE.UU. sobre todas las importaciones es la más alta en más de un siglo". Jeanette Gerratty, economista jefe de Robertson Stephens, añade: "Se esperaba que la claridad sobre los aranceles calmara a los mercados, pero ahora que la tenemos, a nadie le gusta lo que ve".
Tony Sycamore, analista de IG, advierte que "los aranceles superan ampliamente las expectativas, y si no se revisan rápidamente, las probabilidades de una recesión en EE.UU. aumentarán drásticamente". Tai Hui, estratega de JP Morgan Asset Management, concluye: "Este es un shock de oferta que afectará tanto a los precios como a la confianza de empresas y consumidores, lo que podría ralentizar el crecimiento económico".
Donald Trump ha materializado finalmente la guerra arancelaria que ha mantenido en vilo al mundo desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos anunció el miércoles 2 de abril la imposición de aranceles mínimos del 10% para todos los países, que en el caso de la Unión Europea alcanzarán el 20%, y que entrarán en vigor en los próximos días. Sectores como la industria automotriz, la agricultura y el consumo masivo serán los más afectados por esta medida, lo que anticipa un encarecimiento de los precios de estos productos.
Desde su victoria en las elecciones de noviembre, Trump advirtió que haría efectiva una de sus principales promesas de campaña: aplicar los llamados aranceles "recíprocos" a aquellos socios comerciales que, según él, han aprovechado a EE.UU. mediante tarifas desleales en sus exportaciones. Durante la rueda de prensa en la Rosaleda de la Casa Blanca, antes de firmar el decreto, afirmó que estas naciones han "estafado" a su país con los impuestos que imponen a las importaciones estadounidenses. Su objetivo es reducir el déficit comercial con países que venden más a EE.UU. de lo que le compran. En el caso de la Unión Europea, la Casa Blanca ha puesto el foco en el impuesto al valor añadido (IVA), al considerarlo una barrera para los productos estadounidenses en el mercado europeo.
El argumento detrás de esta estrategia proteccionista es aumentar la recaudación y fomentar la producción nacional. No obstante, los expertos advierten que la escalada arancelaria podría ser más perjudicial para la economía de EE.UU. que para la del resto del mundo, ya que elevará los costos de producción y consumo. Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, alertó que estas medidas podrían frenar significativamente el crecimiento económico global y disparar la inflación, afectando tanto a los consumidores como a los sectores industriales. La entidad prevé una reducción en el comercio internacional, lo que impactaría negativamente en el PIB mundial.
El Banco de España, en un informe publicado en febrero, señaló que el impacto de la guerra comercial en España sería menor en comparación con otros países europeos, debido a su menor exposición comercial con EE.UU. Actualmente, la balanza comercial entre ambas naciones favorece a EE.UU., con un superávit de cerca de 10.000 millones de euros en el último año. Sin embargo, el organismo advierte que, si la Unión Europea responde con represalias, la afectación podría ser mayor, aunque estima que el PIB español solo disminuiría un 0,11% en los próximos tres años.
El arancel general del 10% para todas las importaciones entrará en vigor el 5 de abril, mientras que las tarifas específicas para cada país, como el 20% para la Unión Europea, se aplicarán a partir del 9 de abril. "La Unión Europea es un negociador duro. Nos cobran aranceles del 39%, así que nosotros les aplicaremos el 20%", declaró Trump mientras exhibía un gráfico con las tasas que impondrá a diversas naciones.
De acuerdo con datos del Club de Exportadores, las exportaciones españolas a EE.UU. en 2024 alcanzaron los 5.200 millones de euros en maquinaria y material eléctrico, 3.500 millones en el sector químico-farmacéutico y 3.400 millones en agroalimentación. En la industria metalúrgica, las ventas llegaron a 540 millones de euros, de los cuales 413 millones correspondieron a hierro y acero, y 123 millones a metales no ferrosos como el aluminio.
El sector del automóvil será uno de los más golpeados por la guerra comercial. Trump ha establecido un arancel del 25% a la importación de vehículos de pasajeros (sedanes, SUV, crossovers, minivans, furgonetas de carga) y camiones ligeros, además de gravar componentes esenciales como motores, transmisiones y sistemas eléctricos. Justificó esta medida alegando que la Unión Europea ya impone un arancel superior al 10% y un IVA del 20% a los automóviles estadounidenses.
Uno de los efectos más inmediatos será el aumento del precio de los vehículos en EE.UU., ya que muchas de sus piezas provienen del extranjero. Además, la industria automotriz ya estaba afectada por los aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio importado, en vigor desde el 12 de marzo. En 2024, la mitad de los 16 millones de coches comprados en EE.UU. fueron importados, por lo que esta medida podría encarecer considerablemente el mercado. La Casa Blanca estima que la recaudación por estos aranceles ascenderá a 100.000 millones de dólares.
Según Trump, otra de las razones detrás de los aranceles es proteger a los agricultores y ganaderos estadounidenses, quienes -según él- han sido "perjudicados a nivel mundial". En el caso de España, EE.UU. mantiene un déficit comercial en el sector agroalimentario: en 2024, las exportaciones españolas a EE.UU. alcanzaron los 3.609 millones de euros, mientras que las importaciones de productos estadounidenses sumaron 2.051 millones.
El aceite de oliva es el producto estrella de las exportaciones españolas, con ventas que superan los 1.000 millones de euros en 2024, representando el 31% del aceite que EE.UU. compra a nivel mundial. Otro sector vulnerable es el vinícola, siendo el segundo mayor producto agroalimentario exportado a EE.UU. En 2024, España vendió casi 334,8 millones de euros en vino al mercado estadounidense, quedando por detrás de Francia, Italia y Nueva Zelanda.
La Administración Trump ya ha amenazado con imponer un arancel del 200% a las bebidas alcohólicas, en respuesta a las medidas europeas sobre productos estadounidenses como el bourbon, los vaqueros Levi's y las motocicletas Harley-Davidson. Sin embargo, Bruselas ha decidido congelar temporalmente su respuesta en espera de una posible negociación con Washington.
La incertidumbre generada por estas restricciones ha encendido las alarmas en el sector vinícola español. Bodegas y exportadores han comenzado a analizar estrategias para mitigar el impacto, según el despacho Abencys. La Federación Española del Vino (FEV) advierte que estas tarifas pueden suponer un duro golpe para el sector, ya que EE.UU. es su segundo mayor mercado de exportación y el principal destino de los vinos espumosos.
El comercio de productos alimenticios, textiles y de cuidado personal también se verá afectado por los aranceles a las importaciones provenientes de la Unión Europea y otros grandes exportadores como China (54%, combinando el 34% adicional y el 20% previo), México y Canadá, que ya enfrentaban un 25%. Grandes empresas como H&M, Puig, Kering, Levi Strauss y Adidas han advertido sobre el impacto en sus costos y la posibilidad de trasladar parte de ese encarecimiento a los consumidores. Marc Puig, presidente de la firma de cosméticos Puig, admitió que la subida de precios es una opción ineludible para compensar los nuevos aranceles.
El sector farmacéutico también podría entrar en la lista de productos gravados. Trump mencionó los medicamentos en su discurso, lo que ha generado incertidumbre en una industria que hasta ahora había estado al margen de las disputas comerciales.
Por otro lado, la nueva política arancelaria también afecta a Venezuela y, en consecuencia, a Repsol. EE.UU. ha revocado los permisos de exportación de crudo desde Venezuela, aplicando un arancel del 25% a los países que importen petróleo y gas venezolano. Esta decisión afecta directamente a la petrolera española, que en 2024 produjo en Venezuela un promedio de 67 millones de barriles diarios y mantiene una exposición de 504 millones de euros en el país. En este panorama de incertidumbre, las consecuencias de la guerra arancelaria de Trump siguen desarrollándose, con potenciales represalias y un impacto económico global aún difícil de cuantificar.
La ofensiva comercial lanzada por Donald Trump este miércoles representa una ruptura con más de siete décadas de libre comercio internacional, marcando el mayor giro hacia el proteccionismo en Estados Unidos desde la Gran Depresión y elevando los aranceles a niveles no vistos en 90 años. La estrategia del 47º presidente estadounidense no hace distinción entre aliados, ni comerciales ni geopolíticos, y ha incluido en su ofensiva a socios históricos como los países europeos. La Comisión Europea estima que esta batería de medidas supondrá una pérdida de alrededor de 81.000 millones de euros para la Unión Europea, mientras que las empresas exportadoras españolas temen un impacto de más de 4.000 millones.
En total, Bruselas calcula que el 70% de las exportaciones europeas a Estados Unidos -unos 370.000 millones de euros- se verán afectadas en distinta medida. Por un lado, los aranceles del 20% anunciados por Washington sobre exportaciones comunitarias por valor de 290.000 millones supondrían una carga de 58.000 millones. A esto se suma un 25% sobre 26.000 millones en exportaciones de acero y aluminio, lo que representa unos 6.500 millones adicionales, y otros 16.500 millones derivados del mismo porcentaje aplicado a los 66.000 millones en automóviles y piezas exportados al país norteamericano.
En total, Estados Unidos podría recaudar 81.000 millones de euros con estas nuevas tasas, siempre que el volumen comercial actual se mantenga, algo que parece improbable dado el fuerte aumento de costes. Actualmente, Washington grava las exportaciones europeas con unos 7.000 millones, según fuentes comunitarias citadas por Efe.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) prevé que esta oleada de medidas proteccionistas por parte de EE. UU. provoque una caída del 1% en el comercio internacional. El miércoles, Trump proclamó el "Día de la Independencia Económica", imponiendo un arancel base del 10% a todos los productos importados, que se eleva al 34% para China, 46% en el caso de Vietnam, 24% para Japón y 32% para Taiwán.
El expresidente justificó estas decisiones con la intención de fortalecer la economía estadounidense, impulsar el consumo de productos nacionales y promover el regreso de la industria al país, retomando una estrategia ya esbozada en su primer mandato, pero con menos restricciones ahora. A la espera de posibles represalias comerciales por parte de otras naciones, las políticas impulsadas por Trump ya han elevado el arancel medio a las importaciones desde el 6,6% registrado en marzo hasta el 22,5%, según datos de Singular Bank.
Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores, advirtió que estas medidas pueden frenar el crecimiento económico global y aumentar la inflación, afectando tanto a consumidores como a sectores productivos. En el caso español, calcula que las exportaciones a Estados Unidos podrían reducirse en un 25%, lo que implicaría pérdidas de unos 4.300 millones de euros y un impacto en el PIB nacional de alrededor del 0,3%.
La Cámara de Comercio de España ofrece una visión algo más optimista, estimando que el efecto negativo en el PIB sería del 0,21% anual. Señala, además, que las exportaciones españolas a EE. UU. representan menos del 5% del total, lo que supone una exposición menor comparada con otros países como Italia (10%), Alemania (10%) o Francia (7%).
Por su parte, el Banco Central Europeo ha calculado que un arancel del 25% podría reducir el crecimiento de la eurozona en medio punto porcentual (frente a la previsión de un crecimiento del 1,3% en 2025). Si el arancel se sitúa finalmente en el 20%, la reducción sería de unas cuatro décimas. HSBC advierte que estas cifras podrían variar dependiendo de cómo evolucionen las negociaciones, pero incluso con un arancel mínimo del 10%, se estima que el impacto en el PIB europeo estaría entre dos y tres décimas.
En 2024, las empresas españolas exportaron bienes por valor de 18.179 millones de euros a Estados Unidos, frente a los 28.192 millones importados, lo que resultó en un superávit de alrededor de 10.000 millones a favor del país norteamericano. La Cámara de Comercio española prevé una posible caída del 14,3% en las exportaciones nacionales al mercado estadounidense. Los sectores más vulnerables serían el de maquinaria y material eléctrico (4.000 millones exportados en 2024), el agroalimentario (3.600 millones, con especial preocupación por el vino y el aceite), el de productos químicos y farmacéuticos (3.200 millones), así como el de manufacturas de piedra, vidrio, yeso y joyería (1.200 millones) y el de metales (casi 1.000 millones).
La guerra comercial global iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado gran inquietud entre los principales sectores exportadores de España. Estados Unidos, siendo el sexto destino más importante para las exportaciones españolas -y el primero fuera de la Unión Europea- recibe cada año más de 18.000 millones de euros en productos españoles como bienes de consumo, automóviles, alimentos, bebidas, textiles, artículos de lujo, equipamiento industrial y productos siderúrgicos. La principal preocupación, además de la incertidumbre general, radica en el aumento de la inflación derivado del nuevo paquete de aranceles y su repercusión en las ventas.
Uno de los sectores más expuestos es el del automóvil, especialmente en el ámbito europeo, ya que fue uno de los primeros en ser impactado por los aranceles del 25% impuestos por la administración Trump. Aunque España exporta pocos vehículos completos a EE.UU., las empresas de componentes -como Antolín, Gestamp o Cie- venden cerca de 1.000 millones de euros anuales en piezas al mercado estadounidense. Este país es el octavo destino de las exportaciones del sector de componentes automotrices, representando el 4% del total.
Sin embargo, algunas empresas del sector podrían sortear parcialmente los efectos de estos aranceles, ya que muchos fabricantes tienen plantas en suelo estadounidense -unas 40 en total- que trabajan cerca de sus clientes, lo cual las posiciona favorablemente ante una política comercial basada en la producción local.
En el ámbito agroalimentario, el aceite de oliva y el vino son los productos más perjudicados. Compañías aceiteras de renombre como Deoleo (propietaria de marcas como Carbonell y Koipe) o Dcoop, así como bodegas y productores de legumbres y hortalizas, figuran entre los más afectados. Según el Ministerio de Agricultura, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras españolas a EE.UU. alcanzaron en 2024 los 3.609 millones de euros, lo que supone un aumento del 21,4% respecto al año anterior y más del 73% frente a los datos de 2020.
El aceite de oliva es el producto alimentario español más exportado a EE.UU. Solo en 2024, estas ventas ascendieron a 1.013,4 millones de euros, un 58% más que en 2023. En el caso de Deoleo, las ventas en Norteamérica representaron más del 26% de su facturación total.
El sector vinícola también se muestra especialmente vulnerable, ya que las exportaciones a Estados Unidos suponen de media el 14% de los ingresos de las bodegas españolas, aunque en el caso de las más pequeñas puede llegar a representar más del 30%, según José Luis Benítez, director general de la Federación Española del Vino (FEV). Representantes de bodegas como Freixenet, Ramón Bilbao, Osborne, Marqués de Cáceres o González Byass se reunieron recientemente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció un plan de apoyo de 14.000 millones de euros destinado a las empresas más afectadas.
Frente a la creciente tensión inflacionista causada por la sucesión de medidas proteccionistas, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) pidió mantener la calma y reforzar la promoción de los productos españoles en el mercado estadounidense, al que considera esencial para las exportaciones fuera de Europa.
España también tiene una posición destacada en el sector de la belleza, con firmas como Puig que cuenta con una importante cartera de clientes en EE.UU., país que se ha convertido en el principal destino extracomunitario de los cosméticos y perfumes españoles, incluso por delante de Reino Unido. En 2024, las exportaciones del sector a EE.UU. alcanzaron los 833 millones de euros, un 57% más que en el año anterior, representando el 8,7% del total exportado. Los perfumes representan más del 70% de esas ventas, seguidos a distancia por productos de higiene y cuidado personal.
El sector textil también se encuentra redefiniendo su estrategia ante esta guerra arancelaria. EE.UU. es un mercado prioritario para grandes compañías como Inditex y Mango. Los nuevos aranceles afectarán según el país de origen de la producción, con tasas del 10% para Turquía y Marruecos, 20% para Portugal, 26% para India, 29% para Pakistán, 34% para China, 37% para Bangladés, 46% para Vietnam y 49% para Camboya. Ninguna de estas firmas produce en EE.UU., por lo que es probable que aumenten su producción en países como Marruecos y Turquía, que sufrirán menos impacto arancelario que los mercados asiáticos.
Carola Hermoso, directora general de Unesid -la patronal que agrupa a empresas como Acerinox, Sidenor o ArcelorMittal-, advirtió que los nuevos aranceles del 25% sobre el acero podrían afectar seriamente la competitividad de la industria siderúrgica española y amenazar el empleo de más de 60.000 trabajadores directos en el sector.
En el ámbito de la construcción, las empresas azulejeras como Porcelanosa y los fabricantes de ladrillos y tejas también se verán perjudicados. Según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el impacto negativo en las exportaciones de materiales de construcción se estima en unos 500 millones de euros sobre un volumen total de 2.367 millones.
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