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(Cinco Días, 21-02-2025) | Fiscal

El Supremo abre la puerta a que los ayuntamientos eviten pagar los intereses de demora de las deudas con proveedores

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por la constructora Copcisa para reclamar los intereses de demora derivados del impago de una factura relacionada con trabajos ejecutados en el Mercado de Abastos para el Ayuntamiento de Lugo. La sentencia, cuyo ponente fue José Manuel Bandrés, reconoce el derecho de la empresa a percibir intereses de demora desde que la factura fue registrada oficialmente en el sistema administrativo, pero desestima su solicitud de cobrar dichos intereses desde el momento en que obtuvo la certificación de obra y abonó el IVA correspondiente. Copcisa sostiene que el Ayuntamiento de Lugo utilizó su posición dominante como uno de sus principales clientes para obstaculizar el registro de la factura, argumentando que la administración local atravesaba dificultades de tesorería en ese momento. Según la versión de la empresa, aunque contaba con la certificación de obra y había pagado el IVA, optó por no registrar la factura de inmediato debido a la situación del consistorio. Sin embargo, lo hizo posteriormente, aunque la sentencia no especifica la fecha exacta. A pesar de ello, la constructora reclamó los intereses de demora correspondientes al periodo en el que, según su criterio, el Ayuntamiento impidió la inscripción de la factura hasta que finalmente pudo hacerlo. La empresa presentó su demanda inicial el 18 de noviembre de 2020 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo, y posteriormente interpuso un recurso ante la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, seguido de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En su fallo definitivo, el Alto Tribunal respalda la postura del Ayuntamiento de Lugo y rechaza los argumentos de la constructora. La sentencia señala que las alegaciones de la empresa no pueden ser aceptadas, ya que la administración municipal asegura desconocer tales hechos y, además, la supuesta actuación coercitiva por parte del Ayuntamiento no ha sido acreditada ni en el expediente administrativo ni en el procedimiento judicial. Por su parte, Copcisa argumenta que demostrar una "actuación coactiva" de la Administración es una prueba extremadamente difícil de aportar. La empresa considera que la documentación presentada, que incluye la falta de liquidez del consistorio, la conformidad en la entrega de las obras varios meses antes, las certificaciones de obra firmadas por el Ayuntamiento y el director del proyecto, los comprobantes de pago del IVA y los prolongados plazos de demora deberían ser suficientes para justificar el derecho a percibir los intereses de demora desde la certificación de obra. Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), advierte que esta sentencia sienta un precedente peligroso, ya que podría fomentar prácticas similares en otras administraciones públicas. Según Cañete, este fallo abre la puerta a que las administraciones retrasen deliberadamente la inscripción de facturas en sus registros con el fin de no afectar su liquidez y financiarse a costa de los proveedores. Considera especialmente preocupante que la justicia no contemple esta práctica como una prueba de mala gestión, lo que podría convertirla en un patrón de conducta. En su opinión, esto permitiría a las administraciones públicas cumplir formalmente con la normativa de plazos de pago a proveedores, que establece un máximo de 30 días, pero al mismo tiempo incumplirla de manera encubierta al postergar la inscripción de facturas. Esta discrepancia explicaría la diferencia entre los datos oficiales del Gobierno sobre los plazos de pago a proveedores y los reportados por entidades privadas como la PMCM o Intrum. Según la última encuesta realizada por la PMCM a sus asociados, el plazo medio de pago de las Administraciones Públicas cerró 2023 en 55 días, muy por encima de los 30 días estipulados por la ley. En contraste, el informe del Ministerio de Hacienda sobre el mismo período situaba el tiempo medio de pago en 30,1 días para las comunidades autónomas, 28,89 días para la administración local y 18,09 días para la administración estatal.

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(Expansión, 21-02-2025) | Fiscal

Sumar urge al Gobierno a acometer una reforma fiscal "que achicharre a impuestos a los rentistas"

Después del enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo respecto a la reducción de la jornada laboral, y en medio de la crisis aún sin resolver por el aumento del SMI y la no exención del IRPF en el nuevo salario mínimo-que la semana pasada provocó una escena inusual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con Yolanda Díaz criticando abiertamente a la ausente vicepresidenta primera, María Jesús Montero-ayer se produjo un nuevo choque entre el PSOE y Sumar, esta vez en torno a la vivienda. El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, rechazó de plano la propuesta de la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, de bonificar el IRPF a los propietarios que reduzcan el precio del alquiler en zonas no tensionadas. Además, instó al Gobierno a llevar a cabo una reforma fiscal que imponga una mayor carga impositiva a los rentistas. Ibáñez fue aún más allá al arremeter directamente contra la ministra de Vivienda: "La ministra Isabel Rodríguez propone, una vez más, premiar a los rentistas", escribió en su cuenta de X, acusándola de querer "perdonar impuestos a quienes se enriquecen con el derecho a la vivienda, pero subirlos a quienes trabajan por el SMI. Una estafa". Resulta paradójico que el partido que ha generado un conflicto con el PSOE por la decisión de gravar el salario mínimo con IRPF ahora abogue por aumentar los impuestos a los propietarios de viviendas en alquiler. Las declaraciones de Ibáñez, que reflejan la creciente fractura entre PSOE y Sumar en materia de vivienda y otros ámbitos, se produjeron poco después de que Isabel Rodríguez anunciara que ultima una medida para aplicar una bonificación del 100% en el IRPF a los arrendadores que reduzcan el precio del alquiler. En particular, se contempla que los pequeños propietarios (con menos de diez inmuebles) puedan beneficiarse de esta deducción si rebajan aproximadamente un 5% el precio de sus alquileres. Esta medida, que aún debe pasar por el Congreso, no será obligatoria, sino un incentivo para fomentar la reducción de los precios de alquiler. "No es obligatorio, los propietarios pueden decidir si bajan o no el precio, pero yo les animo a hacerlo. Si lo reducen, hay un beneficio y el inquilino también gana", afirmó Rodríguez. El tema de la vivienda ha sido un punto de fricción constante entre el PSOE y su socio de coalición, primero con Podemos y ahora con Sumar. Aunque la Ley de Vivienda introdujo regulaciones en el mercado, la formación de Yolanda Díaz siempre la ha considerado insuficiente. De hecho, Sumar ha presionado al Gobierno para que recorte fondos a aquellas comunidades autónomas que no apliquen la ley en lo relativo a las zonas tensionadas, algo que los gobiernos autonómicos del PP han rechazado de manera contundente. En contraste, el PSOE ha optado por una estrategia diferente: incentivar a quienes cumplan con la normativa, teniendo en cuenta que las competencias en vivienda están en manos de las comunidades autónomas. Las diferencias entre ambos partidos no terminan ahí. En mayo del año pasado, el Gobierno tuvo que retirar del orden del día del Congreso la reforma de la Ley del Suelo por falta de apoyos, incluyendo el de Sumar. Su líder, Yolanda Díaz, calificó la norma de "especulativa", a pesar de que su objetivo es precisamente dotar de mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos y evitar que sean anulados por errores formales. Tras ese fracaso, el PSOE acordó recuperar la medida con el PNV, que la próxima semana presentará en el Congreso una propuesta para reformar la Ley del Suelo en términos similares al texto original, aunque con algunas modificaciones que puedan atraer el apoyo de ERC o Junts. Entre estos cambios, se destaca que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deberán ajustarse a las normativas autonómicas y que podrán ser modificados o sustituidos según lo dispongan dichas normativas.

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(El Economista, 21-02-2025) | Fiscal

Los ingresos fiscales crecen cinco veces más que la media de la UE por no deflactar tipos

Entre 2021 y 2023, en plena crisis inflacionaria, los ingresos públicos en España aumentaron alrededor de 3,7 puntos porcentuales del PIB, un incremento significativamente superior al de la media de la Unión Europea, que fue de 0,7 puntos porcentuales. Según un informe del think tank estadounidense Tax Foundation, especializado en fiscalidad, esta subida redujo a la mitad la diferencia de presión fiscal entre España y el promedio europeo, pasando de aproximadamente seis puntos del PIB a menos de tres en solo tres años. El estudio, elaborado por los economistas españoles Santiago Calvo y Diego Sánchez de la Cruz, atribuye este fenómeno a la menor aplicación de medidas fiscales por parte del Gobierno español para mitigar el impacto del aumento del IPC en comparación con otros países europeos. Desde 2021, el Ejecutivo limitó su intervención a reducciones específicas del IVA en electricidad y gas, a las que posteriormente sumó rebajas destinadas a atenuar el encarecimiento de los alimentos básicos. En el caso del IRPF, Hacienda implementó una rebaja enfocada en los hogares con rentas más bajas, dejando sin modificaciones los demás tramos impositivos. Aunque estas medidas provocaron una pérdida de recaudación superior a los 3.000 millones de euros anuales, el buen desempeño del empleo y el efecto de la inflación sobre los contribuyentes fuera del escudo social hicieron que los ingresos por IRPF aumentaran un 7,5% hasta noviembre. Según el informe, si se hubieran ajustado automáticamente todos los componentes del IRPF, los contribuyentes españoles habrían ahorrado de media 220 euros en 2021 y 217 euros en 2022. Si se suma 2023, con una inflación más moderada, el impacto fiscal medio de la subida de precios alcanzó los 557 euros por hogar. Algo similar ocurrió con el IVA: el alza de los precios impulsó la recaudación un 7,6% en el mismo período. Los hogares con un nivel de gasto medio soportaron un sobrecoste de 175 euros debido al incremento del IVA. Sumando el impacto del IRPF en 2022, que ascendió a 217 euros, los contribuyentes españoles afrontaron un coste adicional de 392 euros en el peor año de la crisis. En total, la Agencia Tributaria recaudó 273.993 millones de euros hasta noviembre de 2024, un 7,4% más que en el mismo periodo del año anterior. La estrategia de España para combatir la inflación difiere de la adoptada en otros países europeos, como Alemania. Berlín, afectada por su dependencia del gas ruso, implementó en 2022 una amplia reducción de impuestos por valor de más de 10.000 millones de euros, beneficiando a 48 millones de ciudadanos. El entonces ministro de Finanzas, Christian Lindner, elevó el umbral mínimo de ingresos para declarar impuestos a 10.347 euros y aplicó una deflactación del IRPF para evitar que la inflación aumentara la carga fiscal sobre los hogares de rentas medias y bajas. También se introdujeron reducciones en el IVA del gas y la calefacción, así como una rebaja del impuesto de Sociedades y otras exenciones fiscales por 7.000 millones de euros en 2023. En total, Alemania destinó 32.000 millones de euros en cinco años para contrarrestar el impacto de la pandemia y la inflación. España, en cambio, optó por un enfoque basado en el gasto público. El Gobierno aprobó bonificaciones en el combustible, ayudas al transporte (vigentes hasta julio) y revalorizaciones de las pensiones, el Ingreso Mínimo Vital y el Salario Mínimo, medidas que continuarán en los próximos años pese a la estabilización de los precios. A nivel global, solo unos pocos países ajustan automáticamente sus tramos de IRPF en función de la inflación. De 160 economías analizadas, 131 no aplican ningún ajuste. Entre las que sí lo hacen, solo nueve tienen normativas explícitas al respecto. En la Unión Europea, Austria, Dinamarca y los Países Bajos cuentan con un sistema de indexación automática, mientras que otros países, como Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania y Suecia, lo aplican sin reglas fijas. El informe de Tax Foundation destaca que vincular los impuestos a la inflación beneficia a los contribuyentes, ya que evita un aumento desproporcionado de la carga fiscal. Sin embargo, señala que esta medida enfrenta obstáculos políticos, ya que limita la capacidad de los gobiernos para ajustar la política tributaria según las circunstancias económicas y las preferencias del electorado. Por ello, concluye que la indexación automática de impuestos suele quedar en un segundo plano frente a medidas fiscales discrecionales con mayor visibilidad política.

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(El Periódico, 21-02-2025) | Fiscal

El alcalde de Barcelona y otros 11 alcaldes europeos piden suspender las reglas fiscales de la UE para invertir en viviendav

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto con otros 11 alcaldes de ciudades europeas, ha hecho público este jueves en Bruselas un manifiesto en el que solicitan a la Comisión Europea que proponga la suspensión de las normas fiscales para permitir que los gobiernos incrementen la inversión en vivienda, de manera similar a lo que se está considerando para el sector de la defensa. Collboni ha subrayado que, si bien la seguridad y la protección de las fronteras orientales son un desafío clave para la Unión Europea, la crisis de la vivienda representa la principal urgencia dentro de las grandes ciudades del continente. "Es imprescindible movilizar recursos de forma rápida y eficaz para abordar este problema", ha declarado ante los medios tras la presentación del manifiesto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso recientemente excluir el gasto en defensa del cálculo del déficit y la deuda con el objetivo de facilitar a los gobiernos mayor margen fiscal para aumentar las inversiones en este ámbito. Siguiendo esta misma lógica, los alcaldes de ciudades como Atenas, Ámsterdam, Budapest, Roma, París, Lisboa, Varsovia, Gante, Leipzig, Lyon, Bolonia y Viena solicitan que se adopte un enfoque similar en materia de vivienda. Los firmantes del manifiesto consideran "urgente" implementar soluciones para paliar la crisis habitacional. Por ello, han acordado elaborar una propuesta con medidas concretas, que presentarán a la Comisión Europea en primavera. Aunque el Ejecutivo comunitario incluyó esta cuestión en su plan de trabajo, su implementación se ha postergado hasta 2026. Durante su visita a Bruselas, Collboni ha mantenido diversas reuniones con el objetivo de impulsar iniciativas en este ámbito. El miércoles se reunió con la vicepresidenta primera, Teresa Ribera, quien también ha dialogado informalmente con el grupo de alcaldes este jueves. Además, está previsto que el grupo se reúna con Dan Jorgensen, comisario de Energía y Vivienda. Entre las opciones que está evaluando la Comisión, se encuentra la flexibilización de las normas sobre ayudas estatales para facilitar una mayor inversión pública en vivienda. El alcalde de Barcelona ha instado a la Comisión Europea a no relegar la política de vivienda a un segundo plano ni tratarla como una simple política social. Ha destacado que la coalición de alcaldes reúne ciudades de diversas regiones del continente y de distintos signos políticos, lo que refuerza la importancia de su petición. "La vivienda debe ser una prioridad", ha insistido Collboni, quien ha reclamado a las instituciones europeas que asignen los recursos necesarios para abordar esta problemática de manera inmediata. Además de la suspensión de las reglas fiscales, los alcaldes proponen incluir la vivienda como eje central en la próxima política de cohesión de la UE y aprovechar los fondos de recuperación no utilizados, medida que también está siendo considerada para el gasto en defensa. El aumento del coste de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda asequible son preocupaciones crecientes entre los ciudadanos europeos. La Comisión es consciente de ello y, en su plan político para los próximos cinco años, Von der Leyen se comprometió a buscar soluciones a nivel europeo. En este sentido, encargó a Jorgensen la elaboración de un Plan Europeo de Vivienda Asequible y la creación de una plataforma de inversión en vivienda. Con la publicación de su manifiesto, los alcaldes buscan asegurar su participación en el proceso de toma de decisiones. Aunque tienen previsto presentar una propuesta específica en primavera, solicitan a la Comisión la creación de un espacio de diálogo permanente entre las instituciones europeas y las ciudades, con el fin de desarrollar políticas efectivas en materia de vivienda. Los alcaldes han argumentado que los habitantes de las ciudades son los más afectados por la crisis habitacional, por lo que consideran fundamental que las administraciones municipales participen en la definición de las políticas europeas en este ámbito. "La contribución y el criterio de los ayuntamientos son esenciales para garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real sobre el terreno", concluyen en su declaración conjunta.

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(Expansión, 21-02-2025) | Laboral

Vuelve la jubilación parcial y se amplía la jubilación forzosa para funcionarios

El PSOE presentó este miércoles en el Congreso un total de 37 enmiendas al proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, entre las que destacan la regulación de la jubilación parcial de los funcionarios y la ampliación de la edad de jubilación forzosa, según explicó el portavoz socialista de Función Pública, José Luis Aceves. Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en fase parlamentaria de enmiendas y conlleva modificaciones en tres normativas clave: el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas del Estado. Estos cambios se alinean con las recientes reformas que buscan incentivar el retraso de la jubilación, permitir la compatibilidad entre el cobro de una pensión y la continuidad en el mercado laboral, y corregir desigualdades con el sector privado. Junto a otras medidas relacionadas con la conciliación laboral y la gestión de recursos humanos, destacan especialmente la jubilación parcial y la jubilación forzosa, ya que no existe una única edad de retiro aplicable a todos los colectivos y regímenes dentro de la administración pública. Uno de los puntos clave de la reforma es la recuperación de la jubilación parcial para los empleados públicos, un derecho que fue eliminado en 2012 durante el primer mandato de Mariano Rajoy. Esta enmienda es resultado del acuerdo alcanzado en diciembre entre el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y los representantes sindicales de CCOO y UGT. Con ello, se da cumplimiento a uno de los compromisos recogidos en el Acuerdo Marco firmado en 2022 con los mismos sindicatos. La medida equiparará a los empleados públicos con los trabajadores del sector privado, permitiéndoles una transición progresiva entre la vida laboral y la jubilación. La regulación de la jubilación parcial se basa en el acuerdo alcanzado el 31 de julio de 2024 en la mesa de diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los sindicatos UGT y CCOO. Gracias a esta iniciativa, los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, tanto del Régimen General de la Seguridad Social como del sistema de Clases Pasivas, así como el personal estatutario de los Servicios Públicos de Salud, podrán compatibilizar un empleo a tiempo parcial con el cobro de parte de su pensión. Sin embargo, el personal laboral de las administraciones públicas no está incluido en esta medida, ya que su acceso a la jubilación parcial depende de la negociación en sus convenios colectivos. Además, esta modalidad de retiro podrá estar vinculada a la contratación de un trabajador de relevo, quien deberá ser funcionario de carrera o estatutario fijo. Las plazas necesarias para estos relevos se cubrirán a través de las Ofertas de Empleo Público u otros instrumentos de planificación del mismo año en que se produzca la jubilación parcial. Al tratarse de puestos amortizados, esta fórmula no supondrá un aumento del gasto público ni contribuirá a la temporalidad en la administración. Otra de las enmiendas relevantes propone extender hasta los 72 años la posibilidad de jubilación forzosa para aquellos funcionarios que deseen continuar en activo más allá de la edad legalmente establecida, actualmente fijada en los 70 años. En el caso de los funcionarios del Régimen de Clases Pasivas, la jubilación forzosa coincide con la jubilación ordinaria, de manera similar a lo que ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social. Los funcionarios inscritos en el Régimen de Clases Pasivas son aquellos que obtuvieron su plaza antes del 1 de enero de 2011, mientras que los incorporados posteriormente están sujetos al Régimen General de la Seguridad Social. Cada sistema cuenta con normas específicas en materia de jubilación, y en el caso de las Clases Pasivas, la jubilación forzosa por edad varía entre los 65 y los 70 años, dependiendo de la situación del funcionario. Para acogerse a esta jubilación, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años en servicios efectivos al Estado. No obstante, todos los funcionarios, sin importar su régimen, pueden optar por prolongar su vida laboral más allá de la edad ordinaria de retiro.

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(El Economista, 21-02-2025) | Laboral

Los jueces ya aplican la doctrina del Supremo y rechazan subir la indemnización por despido

Los tribunales han comenzado a aplicar la nueva doctrina establecida por el Tribunal Supremo el pasado 19 de diciembre, rechazando cualquier aumento en la indemnización por despido improcedente más allá de los 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, tal como lo establece el Estatuto de los Trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sido el primero en respaldar este criterio con una sentencia emitida el 9 de enero. En su fallo, anuló la condena impuesta a una empresa que la obligaba a pagar 6.000 euros adicionales por daños morales a una trabajadora despedida, revocando así la decisión del juzgado de primera instancia. El caso se originó cuando una empresa contrató a una trabajadora en junio de 2023 y la despidió por motivos disciplinarios apenas mes y medio después. El Juzgado de lo Social número 7 de Madrid declaró improcedente el despido y ordenó a la compañía abonar 1.281 euros de indemnización, 366 euros por salarios pendientes con un 10% de intereses, y 6.000 euros adicionales por daños morales. Sin embargo, la empresa apeló ante el TSJM, que le dio la razón y eliminó la indemnización extra. En su argumentación, el tribunal cita la sentencia del Supremo del 19 de diciembre, la cual establece que la compensación por despido improcedente, regulada en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, no puede ser incrementada por decisión judicial en función de circunstancias particulares del caso. Asimismo, el fallo sostiene que esta limitación no contradice el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuyo artículo 10 otorga a los tribunales y servicios de mediación la facultad de fijar una indemnización adecuada o una reparación apropiada en caso de despido injustificado. Según el TSJM, la legislación española cumple con esta disposición, ya que la indemnización fijada (33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades) es adecuada, pues el legislador la ha establecido de manera uniforme para todos los trabajadores. La sentencia subraya que este modelo de indemnización proporciona seguridad jurídica y uniformidad, garantizando que todos los empleados despedidos sean compensados bajo los mismos criterios, es decir, en función de su antigüedad y salario. Este pronunciamiento del TSJM marca un cambio respecto a fallos anteriores, como uno del 29 de noviembre de 2023, en el que se reconoció una indemnización adicional de 7.500 euros a una trabajadora despedida. Además, otros Tribunales Superiores de Justicia, como los de Cataluña, País Vasco y Canarias, habían otorgado en los últimos años compensaciones mayores a los 33 días por año trabajado en determinados casos.

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(El País, 21-02-2025) | Laboral

Cuatro de cada diez trabajadores españoles deberán mejorar sus habilidades para tener un empleo en 2030

Por primera vez, el Foro Económico Mundial ha incluido a España en su informe anual sobre el futuro del trabajo (Future of Jobs Report 2025). En esta última edición, el estudio no solo analiza la situación actual del mercado laboral español, sino que también proyecta su evolución hasta 2030. La principal conclusión es contundente: el avance de la automatización, que asumirá un mayor número de tareas, y la expansión de la inteligencia artificial en la mayoría de los sectores profesionales obligarán a los trabajadores a actualizar sus habilidades. De lo contrario, corren el riesgo de quedarse sin empleo. De hecho, es posible que ni siquiera puedan negarse a adaptarse, ya que el 80% de las empresas planea capacitarlos en el uso de estas nuevas herramientas. Las conclusiones del informe se han debatido este jueves en un evento celebrado en la sede de la escuela de negocios Esade, en Madrid, organizado por la Asociación Centrho, perteneciente a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe). El estudio se basa en las respuestas de más de 1.000 empleadores de todo el mundo, que representan a más de 14 millones de trabajadores en 55 economías. Según el documento, tres factores principales influirán en la configuración del mercado laboral en España entre 2025 y 2030: el incremento de inversiones en la reducción de emisiones de carbono, la expansión del acceso digital y el aumento del coste de vida. A pesar de este panorama de transformación, los empleadores españoles identifican varios obstáculos que podrían frenar el cambio. Entre ellos, la falta de habilidades en el mercado laboral (66%), la existencia de marcos regulatorios obsoletos (51%) y la resistencia al cambio dentro de las organizaciones (44%). Para superar estas barreras, la mayoría de las empresas (65%) demanda financiación pública para la formación y actualización de competencias, más flexibilidad en la contratación y despido (60%), así como mayor adaptabilidad en la fijación de salarios (49%). El impacto de las nuevas tecnologías en la forma de trabajar es innegable, y el informe del Foro Económico Mundial lo cuantifica: en los próximos cinco años, el 37% de los trabajadores necesitará actualizar sus habilidades y un 21% será reubicado en nuevos roles tras una capacitación específica. Además, la proporción de tareas realizadas por humanos, que actualmente representa el 46% del total, se reducirá al 34% en 2030, mientras que el trabajo automatizado aumentará del 20% al 33%. Ante este escenario, las empresas reconocen la importancia de contar con empleados capacitados en las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial. Por ello, el 79% tiene previsto formar a su plantilla y un 68% planea contratar talento especializado en estas tecnologías. Para atraer a estos profesionales altamente demandados, la mayoría de las compañías encuestadas (77%) planea mejorar los procesos de promoción, ofrecer opciones de teletrabajo y brindar apoyo a trabajadores con responsabilidades familiares. A nivel global, las previsiones sobre el mercado laboral son positivas. El informe estima un crecimiento del empleo del 7% en los próximos cinco años, con un impacto neto de 78 millones de nuevos puestos de trabajo. Esta cifra resulta de la creación de 170 millones de empleos y la desaparición de 92 millones. Entre las tendencias que más preocupan a los empleadores en todo el mundo destacan los cambios demográficos, especialmente el envejecimiento y la reducción de la población en edad de trabajar, fenómenos que afectan particularmente a los países de ingresos altos. En España, el 46% de los empleadores considera que estas dinámicas están impulsando la transformación empresarial. Otro factor determinante es el aumento del coste de vida, señalado como la segunda tendencia más influyente para los empresarios españoles, con casi la mitad de ellos previendo que tendrá un impacto en sus negocios. El informe prevé que el encarecimiento de los precios tenga efectos mixtos en la generación de empleo hasta 2030 y advierte que la desaceleración del crecimiento económico podría eliminar 1,6 millones de puestos de trabajo. Finalmente, aunque en menor medida, otros elementos que podrían condicionar la evolución del empleo incluyen la mitigación del cambio climático, que se sitúa entre las principales tendencias que, según los empleadores, transformarán el mundo laboral en los próximos años.

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(El Periódico, 21-02-2025) | Laboral

Muface recupera una de las asegurados díscolas y pone así punto final al culebrón de la mutualidad

Adeslas continuará proporcionando asistencia sanitaria a los funcionarios tras confirmar su participación en el nuevo concierto de Muface, que estará vigente entre 2025 y 2027. La aseguradora, que ha formado parte de este acuerdo desde sus inicios, es la opción preferida por la mayoría de los empleados públicos para su cobertura médica. Su negativa inicial a concurrir en la primera licitación, junto con Asisa y DKV, generó una gran incertidumbre entre el millón de funcionarios acogidos a Muface. SegurCaixa Adeslas, cuyo capital está repartido entre el grupo Mutua Madrileña (50,1%) y CaixaBank (49,9%), ha decidido sumarse al concierto tras los ajustes realizados por la Administración, que han supuesto un incremento del 41,2% en la prima media con respecto al acuerdo anterior. Según la aseguradora, estos cambios han permitido establecer un modelo sostenible que garantiza la continuidad del servicio sanitario a los funcionarios de Muface durante los próximos tres años. La compañía ha confirmado que seguirá prestando atención médica a más de dos millones de beneficiarios, incluyendo tanto a los afiliados de Muface como a los de las otras dos mutualidades de funcionarios: Isfas (destinada a guardias civiles y militares) y Mugeju (para el personal de la Administración de Justicia). "Esta decisión reafirma nuestro compromiso con este modelo, que aporta importantes beneficios a los funcionarios y sus familias, además de ventajas para el sistema sanitario en su conjunto", han señalado desde la empresa. El proceso de licitación establece como fecha límite el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas formalicen su adhesión al nuevo convenio. Aunque Asisa, perteneciente a una cooperativa de médicos, ha mostrado una actitud favorable a mantenerse en Muface, DKV -filial del grupo alemán Munich Re- aún no ha tomado una decisión definitiva y sigue evaluando los términos del acuerdo, mostrando una postura más cautelosa. El modelo Muface permite a los empleados públicos, en su mayoría docentes (66%), elegir anualmente entre recibir atención sanitaria a través del sistema público o mediante aseguradoras privadas concertadas. La financiación de este sistema corre a cargo del Estado, a través del Ministerio de Función Pública, que para los próximos tres años ha destinado un presupuesto de 4.800 millones de euros. A pesar de llevar 50 años en funcionamiento, el modelo ha sufrido históricamente problemas de financiación. En esta ocasión, el sistema estuvo al borde del colapso, ya que ninguna aseguradora estaba dispuesta a participar en la licitación inicial. Consideraban que el aumento propuesto del 17% era insuficiente para cubrir los costos del servicio. Además, el Ministerio de Sanidad -bajo la dirección de Sumar dentro de la coalición de gobierno con el PSOE- emitió un informe en el que planteaba la viabilidad de que los mutualistas de Muface pasaran a ser atendidos exclusivamente por el Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, Función Pública intentó llegar a un acuerdo con una propuesta de incremento del 33%, pero tampoco logró convencer a las aseguradoras. Finalmente, además de la mejora en la financiación, otro factor determinante para que Adeslas aceptara el nuevo concierto ha sido el reconocimiento por parte de Muface de que las aseguradoras podrán solicitar compensaciones en caso de sufrir una "desviación presupuestaria significativa", lo que reduce los riesgos económicos para las compañías que participen en el acuerdo.

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(El Economista, 21-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno quiere prohibir a los fondos que compren edificios residenciales enteros

El Gobierno mantiene una postura firme en contra de la actividad de los fondos de inversión en el sector inmobiliario y continuará trabajando para limitar su presencia en España. Así lo ha manifestado esta mañana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien, al ser consultada sobre la posibilidad de legislar para impedir que estos fondos adquieran edificios residenciales en bloque, ha asegurado que harán "todo lo posible para evitarlo". "Invertir en España es positivo, pero existen muchos otros sectores en los que somos referentes y donde estos fondos pueden destinar su capital. En el ámbito de la vivienda, pueden apostar por la industrialización de la construcción o realizar inversiones con un enfoque social, pero no vamos a permitir que las viviendas se traten únicamente como bienes de mercado", ha declarado Rodríguez. Estas afirmaciones están en línea con las medidas en materia de vivienda anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mes pasado, entre ellas un cambio en la fiscalidad de las socimis residenciales. Esta reforma busca restringir los beneficios fiscales a aquellas empresas que inviertan exclusivamente en vivienda social. Desde el sector inmobiliario han expresado su preocupación en varias ocasiones ante estos cambios normativos, argumentando que generan "incertidumbre para los inversores" y pueden "alejar el capital extranjero de España". Insisten en que este financiamiento es "esencial", ya que el país no dispone de los recursos necesarios para construir por sí solo toda la vivienda social prometida. Rodríguez también ha puesto el foco en la problemática de la vivienda turística. "Necesitamos menos pisos turísticos y más viviendas disponibles para los ciudadanos", ha afirmado. Según la ministra, existe un "amplio consenso social" sobre la necesidad de regular, limitar e incluso prohibir ciertos alojamientos turísticos. Este jueves se ha conocido que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha iniciado expedientes sancionadores contra grandes gestoras de pisos turísticos, acusándolas de posibles prácticas engañosas y otras infracciones de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Rodríguez ha subrayado la necesidad de una regulación más estricta en este ámbito, en contraste con la "desregulación" de la última década, que, según ha señalado, ha afectado negativamente a las ciudades, impulsando el alza de los precios y dificultando el acceso a la vivienda. La ministra también ha destacado que el Gobierno implementará una serie de medidas para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, incentivando a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado a precios asequibles. "En los próximos meses se pondrá en marcha un sistema de garantías públicas que protegerá tanto a inquilinos como a propietarios, una iniciativa que ya fue aprobada la semana pasada en el Congreso", ha anunciado. Además, se promoverán ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías, con el objetivo de que se alquilen dentro de los límites establecidos por el Índice de Precios de Referencia, es decir, por debajo del precio de mercado. Los propietarios que participen en este programa podrán beneficiarse de una exención total en el IRPF, sin necesidad de que sus viviendas estén ubicadas en zonas de alta demanda. "Con estas iniciativas queremos garantizar que todos los ciudadanos puedan aprovechar los beneficios de la nueva Ley de Vivienda, aunque algunas comunidades, como Madrid, se resistan a aplicarla, perjudicando tanto a propietarios como a inquilinos", ha señalado Rodríguez, en una crítica directa a las políticas del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

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(El Periódico, 21-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las cámaras catalanas reclaman a Sánchez menos burocracia y más inversión en infraestructuras

Las 13 cámaras de comercio de Cataluña han aprovechado una reunión este jueves en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar una reducción de la burocracia, mejoras en la productividad y un aumento de la inversión en infraestructuras. Durante el encuentro, celebrado en la Llotja de Mar, los representantes del Consell de Cambres de Catalunya trasladaron al jefe del Ejecutivo sus principales inquietudes y valoraron positivamente la disposición del Estado a trabajar en un nuevo modelo de financiación para Cataluña. Según las cámaras, este sistema podría servir de referencia para otras comunidades autónomas al fomentar una distribución de recursos más justa y eficiente. Sánchez, acompañado del delegado del Gobierno en Cataluña, Carles Prieto, destacó los buenos resultados económicos y la eficacia de las políticas aplicadas tanto por el Gobierno central como por la Generalitat. En la reunión estuvieron presentes el presidente del Consell de Cambres y de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, junto con los presidentes de las demás cámaras de comercio catalanas: Jaume Fàbrega (Girona), Ramon Alberich (Sabadell), Jaume Saltó (Lleida), Laura Roigé (Tarragona), Silvia Gratacós (Manresa), Pol Fages (Palamós), Mario Basora (Reus), Albert Sibils (Sant Feliu de Guíxols), Jordi Seguí (Tàrrega), Ramon Talamàs (Terrassa), Francesc Faiges (Tortosa) y Josep M. Rovira (Valls). También participaron Inma Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España, y representantes del sector empresarial catalán, como Eloi Planes (Fluidra), Albert Magrans (Roca Group), Maria del Mar Nogareda (Hipra) y Ana Vallés (grupo Sorigué). El presidente del Gobierno reconoció la contribución de las cámaras de comercio catalanas en el fortalecimiento del tejido económico e industrial de la comunidad y reafirmó el compromiso de su Ejecutivo de colaborar con el futuro Govern de Salvador Illa a través del Plan Catalunya Lidera, con el objetivo de recuperar el liderazgo económico de la región. Entre las preocupaciones trasladadas a Sánchez, los empresarios hicieron especial hincapié en la crisis de la vivienda, proponiendo medidas como garantizar una mayor seguridad jurídica para incentivar la oferta, desbloquear la ley del suelo y fomentar la construcción industrializada, un método que agiliza los plazos de edificación y favorece el uso de materiales sostenibles. Asimismo, destacaron la importancia de mejorar la conectividad del transporte para redistribuir la demanda de vivienda y evitar la sobreconcentración en las grandes ciudades. En el ámbito de la productividad, las cámaras alertaron sobre el creciente absentismo laboral y solicitaron al presidente detalles sobre las acciones previstas para abordar este problema. Además, reclamaron una apuesta decidida por la inversión productiva y la innovación, subrayando la necesidad de reducir la burocracia y simplificar las regulaciones, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, recordaron la reciente iniciativa que han impulsado junto con 200 entidades para exigir una menor carga administrativa en la gestión empresarial. Otro punto clave fue la denuncia del "déficit crónico" en infraestructuras que, según los representantes camerales, sufre Cataluña por parte del Estado. En este sentido, reclamaron el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, que establece que la inversión estatal en la comunidad debe ser proporcional al peso de su PIB en el conjunto del país. También insistieron en la necesidad de impulsar proyectos estratégicos como el Corredor Mediterráneo, la ampliación del aeropuerto de Barcelona y la mejora de la red de Rodalies, para lo cual demandaron una colaboración efectiva entre administraciones que garantice su desarrollo. Otro tema que generó preocupación entre los empresarios fue la baja cobertura de energías renovables en Cataluña, que actualmente representan solo el 13,6% de la demanda eléctrica, muy por debajo del objetivo del 50% fijado para 2030. Además, señalaron la alta dependencia de la energía nuclear y urgieron inversiones para mejorar la red de distribución, fomentar el almacenamiento de energía y simplificar la normativa con el fin de facilitar la transición hacia un modelo energético más sostenible y descentralizado. Por último, las cámaras pusieron en valor el esfuerzo del sector industrial en la reducción del consumo de agua y destacaron el trabajo del Observatori de la Transició Hídrica de la Cambra de Comerç de Barcelona. Anunciaron que próximamente se presentará un estudio detallado sobre los principales retos en el uso del agua en 10 sectores productivos, con el objetivo de impulsar un plan de transición hídrica que involucre a empresas, administraciones y entidades del territorio.

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