Otro aspecto destacado al analizar la evolución de la contratación según el tamaño de las empresas es el comportamiento diferenciado que presentan las compañías a partir de los 50 empleados. Este umbral representa un punto de inflexión relevante, ya que cruzarlo implica asumir una serie de nuevas obligaciones legales y administrativas que preocupan especialmente a los empresarios.
Superar los 50 trabajadores conlleva implementar medidas adicionales como la elaboración de planes de igualdad y planes LGTBI, la reserva de un porcentaje de puestos para personas con discapacidad, la puesta en marcha de un registro salarial anual, protocolos de desconexión digital y la constitución de órganos como el comité de empresa y el comité de seguridad y salud, entre otras exigencias normativas. Estas obligaciones suponen una carga administrativa añadida que muchas pymes tratan de evitar.
Sin embargo, las empresas que superan esta barrera suelen tener una estructura financiera más sólida, lo que les permite una mayor capacidad de adaptación ante el aumento de los costes laborales. Esto se refleja en los datos del Ministerio de Trabajo: en 2019, el año en que se produjo un aumento significativo del salario mínimo, las empresas con menos de 50 trabajadores apenas incrementaron su volumen de contratación en un 0,1%, mientras que las de mayor tamaño lo hicieron en un 2,5%.
Asimismo, en 2022, primer año completo con la reforma laboral en vigor, la diferencia también fue notoria: las empresas con menos de 50 empleados redujeron su contratación un 6,4%, frente al 4,1% de las de más de 50 trabajadores.
En términos generales, si se analizan los efectos combinados del endurecimiento regulatorio y el encarecimiento del empleo entre 2018 y 2024, se observa una reducción del 37% en la firma de contratos por parte de las empresas más pequeñas, mientras que en las compañías con más de 50 empleados el descenso fue notablemente menor, del 21%. Esto pone de manifiesto que las empresas de mayor tamaño están mejor preparadas para afrontar los desafíos del nuevo entorno laboral.
El mercado laboral ha mostrado un desempeño positivo tras la pandemia: el número de afiliados a la Seguridad Social se mantiene por encima de los 21 millones y el desempleo ha retornado a niveles similares a los previos a la crisis financiera. No obstante, esta tendencia favorable podría estar cambiando, ya que empiezan a detectarse señales de tensión en el empleo. Actualmente, existen cerca de 18 desempleados por cada vacante disponible, según datos del INE, mientras que muchas empresas denuncian crecientes dificultades para cubrir los puestos que ofertan, al no encontrar candidatos con el perfil requerido.
Este problema queda reflejado en la encuesta que el Banco de España realiza cada trimestre a empresas. En el inicio de 2025, el 45,8% de las compañías consultadas reconocía problemas para encontrar personal cualificado, situando esta escasez de mano de obra entre los tres principales obstáculos para su actividad. Esta situación se agrava especialmente en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción, donde más de la mitad de las empresas encuestadas manifestó estas dificultades.
La raíz del problema radica en un desajuste entre oferta y demanda laboral: muchos desempleados se concentran en sectores con menor demanda de nuevos trabajadores, mientras que ámbitos con alta necesidad de personal, como el sanitario o el de servicios de información y comunicación, presentan menos de cinco parados por cada vacante, según un análisis de Asempleo basado en la EPA y la ETCL del último trimestre de 2024.
La relación entre desempleados y vacantes ha disminuido en los últimos años. A comienzos de 2022, había casi 24 parados por cada puesto disponible; pese a cierta volatilidad provocada por factores externos como los conflictos internacionales, esta ratio ha descendido hasta 17,5 a finales de 2024. Sin embargo, desde el ámbito de los recursos humanos se advierte que esta cifra sigue siendo elevada, considerando el contexto actual de descenso del desempleo y aumento de vacantes. Según el INE, entre los sectores público y privado se buscaba cubrir 148.000 puestos en los últimos meses del año pasado, frente a los 139.314 del cierre de 2023.
Aunque el número de vacantes en España aún es inferior al de otros países europeos, la creciente escasez de mano de obra se ha convertido en un reto inesperado para muchas empresas, y todo apunta a que se intensificará en las próximas décadas. Así lo señalaba un informe conjunto de BBVA Research y el IVIE publicado el pasado verano.
Este desequilibrio tiene un impacto directo en la economía, ya que limita la capacidad de crecimiento del empleo. El mismo estudio estimaba que esta situación ya ha supuesto una pérdida de 8.150 millones de euros en términos de PIB, y advertía que esta cifra podría triplicarse si España se alinea con la tendencia europea, donde los nuevos empleos requieren habilidades más específicas, muchas de las cuales no se adquieren en los itinerarios universitarios más habituales entre los jóvenes españoles.
Además de repercutir en las empresas, esta situación afecta tanto a los desempleados como a los trabajadores activos, al aumentar la competencia por cada vacante. Por ello, los expertos insisten en la necesidad de reformar las políticas activas de empleo, con el objetivo de facilitar la reconversión profesional de los parados -especialmente los de larga duración- y adaptar el sistema educativo para preparar a los futuros trabajadores ante los nuevos desafíos del mercado laboral.
Cada vez son más las empresas que optan por reducir o eliminar parcial o totalmente sus políticas de teletrabajo. Un ejemplo claro ocurrió el año pasado cuando la empresa de videojuegos Ubisoft sorprendió al anunciar que sus empleados debían acudir a la oficina al menos tres días por semana. Esto generó un gran malestar entre los trabajadores -acostumbrados a un modelo híbrido con un 60% de trabajo en remoto-, y derivó en una huelga.
Este episodio dejó una lección importante: revertir acuerdos de teletrabajo puede desencadenar problemas legales. Conscientes de ello, muchas compañías están adoptando una postura más cautelosa a la hora de formalizar estos pactos, incorporando un lenguaje legal más riguroso. Su principal objetivo es dejar constancia de que el teletrabajo no constituye un derecho permanente ni se convierte en tal por el mero paso del tiempo.
Así, si en un principio los acuerdos de trabajo a distancia omitían aspectos clave como los horarios, el sistema de control, el lugar de prestación de servicios o su reversibilidad, hoy en día las empresas tienden a establecer cláusulas mucho más detalladas y específicas. Tal como explica Sergio Maldonado, abogado laboralista del Colectivo Ronda, es cada vez más habitual que los contratos incluyan disposiciones claras sobre la posibilidad de revocar el teletrabajo. "Los términos de estos acuerdos se están volviendo más estrictos y minuciosos", afirma.
La Ley 10/2021, que regula el trabajo a distancia, ya establece que este debe ser reversible. Sin embargo, muchas empresas incluyen cláusulas adicionales para asegurarse un respaldo jurídico que les permita dar marcha atrás en caso de conflicto, presentando el teletrabajo como una concesión organizativa, no como un derecho adquirido. Esta precaución busca evitar posibles reclamaciones, señala Maldonado. Por su parte, Alberto Fernández Irízar, socio del área laboral del despacho Broseta, indica que, tras casi cuatro años desde la aprobación de la normativa, las empresas han aprendido a blindarse jurídicamente frente a los desafíos que supone la gestión del trabajo remoto.
Entre las medidas más frecuentes destacan las cláusulas que autorizan a las empresas a monitorizar la actividad del empleado (pantalla y tiempo de conexión), así como aquellas que exigen disponibilidad inmediata en caso de ser requerido presencialmente. También proliferan las restricciones geográficas, como la prohibición de trabajar desde una provincia diferente a la del centro de trabajo.
Otra limitación habitual es la que impide trabajar desde el extranjero, frustrando así los planes de quienes sueñan con hacerlo desde destinos paradisíacos como Bali. Las empresas han aprendido de experiencias pasadas: muchas se enfrentaron a litigios cuando, tras implementar el teletrabajo, empleados decidieron mudarse para abaratar costes o estar más cerca de sus familias, y posteriormente se negaron a regresar a la oficina.
Estos trabajadores alegaban que se vulneraba su derecho a elegir libremente su lugar de residencia o que el retorno forzado suponía una ruptura familiar. Sin embargo, en 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó estos argumentos, dejando claro que cambiar de domicilio no otorga un derecho preferente para teletrabajar. Según la sentencia, el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores -referente a la jornada laboral- no ampara esta opción, salvo que se trate de una solicitud de conciliación debidamente justificada.
Victoria Caldevilla, socia del área laboral de Andersen Iberia, insiste: "El teletrabajo no es un derecho adquirido, y por tanto, puede revertirse". Eso sí, las empresas deben argumentar motivos razonables y estar dispuestas a negociar con los trabajadores, explorando alternativas o flexibilidades antes de tomar una decisión definitiva.
Tal como recuerda la abogada, el teletrabajo debe ser voluntario y formalizarse por escrito. Cualquier cambio, incluida la vuelta a la presencialidad, requiere acuerdo mutuo, salvo que exista una cláusula específica que permita la modificación unilateral. Además, las empresas deben tener cuidado a la hora de sancionar o despedir a quienes se nieguen a cumplir con el retorno. "Debe valorarse si se trata de una negativa aislada o de una conducta reiterada", señala María Royo, socia de AGM Abogados. Por eso, recomienda que los acuerdos de teletrabajo incluyan un régimen disciplinario claro para evitar conflictos y malentendidos.
El Gobierno y las principales compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares en España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) han iniciado conversaciones para replantear por completo el calendario de cierre de estas instalaciones. Más que extender la vida útil de todas las centrales por una década, la intención es ajustar los plazos de cierre mediante pequeñas prórrogas de entre uno y tres años para algunas o la mayoría de ellas.
El debate sobre si es conveniente o no cerrar las centrales nucleares se avivó recientemente con el caso de la planta de Almaraz, ubicada en Extremadura, que será la primera en cesar su actividad. De sus dos reactores operativos, Almaraz I está previsto que cierre en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028. Si se quiere prolongar su funcionamiento, ya deberían estarse tomando decisiones de inversión y solicitudes de licencias.
Aunque la situación de Almaraz ha generado un notable revuelo social -aprovechado políticamente por el PP-, lo cierto es que el debate sobre la energía nuclear es mucho más amplio y afecta al conjunto del parque nuclear, el cual está interconectado. No es posible modificar el calendario de una planta sin que repercuta en las demás.
Por ejemplo, aunque Iberdrola, Endesa y Naturgy son propietarias de Almaraz, la empresa que opera la planta incluye también a EDP como socio. Por ello, una prórroga de dos o tres años en Almaraz sin modificar el calendario previsto para otras centrales como Ascó (Cataluña) podría poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.
Una simple revisión del calendario demuestra la complejidad del asunto. Si Almaraz I y II recibieran prórrogas y se cerraran finalmente en 2030, en ese mismo año se produciría el cierre simultáneo de cuatro reactores: los dos de Almaraz, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), lo cual sería muy difícil de gestionar. Este efecto dominó podría continuar si se retrasan también los cierres de Ascó II y Trillo.
El principal beneficio de estas miniprórrogas es que aportan una gran flexibilidad al sistema energético en un momento en que resulta esencial. Aunque el Gobierno mantiene su firme apuesta por las energías renovables en detrimento de la nuclear, es consciente de que aún no se dispone de una alternativa plenamente operativa -como los sistemas de almacenamiento con baterías- que garantice la estabilidad del suministro frente a la intermitencia de la energía eólica y solar. Así, conceder una prórroga limitada no supone necesariamente una renuncia a sus principios, sino más bien una decisión pragmática que podría facilitar una transición energética ordenada.
Las compañías eléctricas también reconocen que una prórroga estándar de diez años resulta complicada, no solo por las posturas del Gobierno, sino también por sus propias limitaciones. La mayoría de las centrales o sus empresas operadoras son propiedad compartida de varias eléctricas, y para acometer inversiones significativas, como la extensión de la vida útil de una planta, se requiere unanimidad entre los socios, algo que actualmente no se ha alcanzado. Una extensión parcial de uno a tres años permitiría reducir las tensiones sociales actuales y repartir de forma más manejable el coste de la gestión de residuos (como la tasa de Enresa).
Aumenta la presión en los mercados financieros, con el sector bancario como principal damnificado en la jornada de hoy. El endurecimiento de la política arancelaria anunciada por Donald Trump y el temor a que la escalada comercial desemboque en una recesión han disparado las expectativas de recortes en los tipos de interés, lo que afecta negativamente a los márgenes de beneficios de los bancos. Tras una jornada negra en Wall Street -donde el S&P 500 cayó un 4,8% y el Nasdaq se desplomó un 5,97%, una de sus peores sesiones desde la pandemia- las bolsas europeas también acusan el golpe, especialmente la española, muy expuesta al sector financiero. El Ibex 35 registra una caída cercana al 6% este viernes, situándose en torno a los 12.500 puntos.
En el resto de Europa, los descensos son más moderados: el Euro Stoxx 50 baja un 2%, el DAX alemán un 2%, el CAC francés un 1,6%, el FTSE británico un 1,7% y el AEX neerlandés un 1%. Los futuros estadounidenses anticipan nuevas caídas, con retrocesos cercanos al 1% en el S&P 500 y del 0,5% en el Nasdaq. En Asia, el Nikkei japonés ha caído un 2,8%, mientras que las bolsas de China y Hong Kong permanecen cerradas por festivo.
Este viernes, la fuerte presencia del sector financiero arrastra a la Bolsa española. Si el jueves el Ibex fue uno de los índices europeos que mejor aguantó, hoy lidera los descensos. Las cinco entidades financieras más grandes del país encabezan las pérdidas: Banco Sabadell se hunde un 11%, BBVA casi un 10%, Santander más de un 9,3% y CaixaBank cae un 9,8%. Estos retrocesos se explican por la previsión de un entorno económico más débil, lo que implica menores tipos de interés y, en consecuencia, una menor rentabilidad para la banca. En el lado positivo, destacan ligeras subidas en Puig (1%) y Enagás (0,4%).
El castigo al sector bancario también se extiende por Europa. Entre los más afectados están Deutsche Bank (-10%), Commerzbank (-8%), Unicredit (-10,78%) y Société Générale (-4,4%). En contraste, compañías como L'Oréal (+3%), Danone (+1%) y Pernod Ricard (+1%) registran avances. Desde Bank of America recomiendan sobreponderar valores defensivos y reducen su exposición al sector bancario, que, según sus cálculos, podría corregirse más de un 10% adicional tras las subidas acumuladas este año y el incremento del gasto público en Alemania.
El temor de los inversores se refleja también en otros activos financieros. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años desciende al 4%, presionada por las perspectivas económicas. En España, la deuda a 10 años baja ocho puntos, situándose en el 3,218%, mientras que en Alemania la caída es de 14 puntos, hasta el 2,4995%, un nivel incluso inferior al registrado antes del reciente plan de estímulo económico impulsado por Friedrich Merz.
El oro retrocede hasta los 3.118 dólares tras marcar un récord el jueves, mientras que el dólar sigue perdiendo terreno frente al euro, con un tipo de cambio de 1,105. Por su parte, el precio del petróleo Brent cae por debajo de los 70 dólares por barril, tras conocerse que la OPEP+, encabezada por Arabia Saudí y Rusia, incrementará la producción a partir de mayo. Donald Trump ha dejado abierta la posibilidad de negociar los aranceles si otros países le ofrecen contrapartidas "fenomenales". En este contexto, JP Morgan ha elevado del 40% al 60% la probabilidad de que la economía global entre en recesión antes de que acabe el año.
Jessica Henry, directora de inversiones en renta variable de Federated Hermes Limited, advierte que "la incertidumbre persistirá", ya que se espera una respuesta arancelaria de la UE, Reino Unido y otras regiones, y posibles negociaciones con Washington. Paolo Zanghieri, economista de Generali Investments, prevé que estas medidas afectarán especialmente a Estados Unidos, reduciendo su PIB en un 1,5%. Este análisis es compartido por otros expertos, que señalan que la nueva política comercial de Trump podría restar hasta un punto y medio del crecimiento económico y elevar la inflación al 5%, lo que acercaría al país a una situación de estanflación, un escenario muy perjudicial para los mercados.
Ante este panorama, las apuestas sobre nuevos recortes de tipos aumentan. Zanghieri estima que la Reserva Federal podría recortar los tipos tres veces durante el año, llevándolos al 3,5%-3,75%, y que el Banco Central Europeo aplicaría también tres bajadas, situando su tasa en el 1,75%.
"Si los aranceles actuales se mantienen, es muy probable que entremos en recesión en el segundo o tercer trimestre del año, lo que también podría dar lugar a un mercado bajista", alerta David Bahnsen, director de inversiones de The Bahnsen Group. Además, este viernes se esperan dos datos clave en Estados Unidos: la evolución del empleo no agrícola y la tasa de desempleo de marzo, junto a una intervención pública del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
El llamado "Día de la Liberación" proclamado con entusiasmo por Donald Trump este miércoles en la Rosaleda de la Casa Blanca sorprendió a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, durante su visita a Samarcanda, una emblemática ciudad de la antigua Ruta de la Seda. La elección de ese lugar no fue casual: ambos dirigentes europeos se encontraban allí para reunirse con los líderes de Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán, con el objetivo de reforzar los lazos entre la Unión Europea y Asia Central. Esta visita sigue a otro viaje reciente a la India por parte de casi todo el Colegio de Comisarios, que tuvo una meta similar: establecer una alianza económica sólida, con la intención de cerrar un acuerdo comercial antes de que acabe el año.
En Bruselas crece cada vez más el apoyo a una estrategia de expansión de los vínculos comerciales. El caso más emblemático es el de Mercosur, donde las voces críticas han perdido fuerza y las favorables ganan terreno, incluso entre aquellos que suelen ser más comedidos por su rol institucional. "Es tiempo de avanzar en los acuerdos con Mercosur, México, y de acelerar las negociaciones con India y otros socios estratégicos", expresó António Costa en su cuenta de X (antes Twitter). Esta postura se repite con frecuencia entre analistas y dirigentes políticos, como respuesta a la ola proteccionista y aislacionista desatada por Trump, que ha cambiado radicalmente las reglas del juego global.
Tanto Von der Leyen como Costa han sido claros en su intención de reforzar alianzas con terceros países. "Europa ya mantiene acuerdos comerciales con 76 naciones y seguimos ampliando esta red. Acabamos de cerrar pactos con Mercosur, México y Suiza, y hemos lanzado una asociación pionera con Sudáfrica. Nuestro objetivo es concluir un acuerdo comercial con la India antes de que termine el año. También mantenemos negociaciones activas con Indonesia y Tailandia", afirmó recientemente la presidenta de la Comisión Europea. Su mensaje es directo: "Europa es un socio fiable, coherente y comprometido con un comercio justo". Y, entre líneas, también se deja entrever un contraste con la postura estadounidense: Europa no sigue el camino de EE. UU. Se busca diversificar mercados y reforzar la estabilidad geoestratégica, como respuesta a la oleada arancelaria impulsada por Trump desde su regreso a la presidencia hace menos de tres meses.
Mientras Europa extiende puentes, en Estados Unidos se ha consolidado una visión del mundo que trastoca el orden económico global que el propio país ayudó a forjar y del cual ha sido uno de los grandes beneficiarios. Trump ha puesto en entredicho sus alianzas históricas, primero en el plano militar -cuestionando la OTAN- y ahora en el económico, al atacar el libre comercio, emulando una política proteccionista opuesta al legado de figuras como Ronald Reagan. Estados Unidos cierra fronteras y reduce su apertura económica, bajo la narrativa de que el mundo exterior es el que se está aislando, cuando en realidad es Washington quien se repliega.
China es una de las grandes perjudicadas por esta estrategia. Los nuevos aranceles estadounidenses parecen aplicarse con un criterio arbitrario, basado en un método peculiar que castiga más a aliados tradicionales que a adversarios: Japón, por ejemplo, recibe una carga del 24%, mayor que la de Irán; Rusia, pese a la retórica oficial, no aparece afectada bajo el argumento de que no hay relaciones comerciales activas; y hasta Israel, uno de los principales aliados de EE. UU., sufre un arancel del 17% pese a haber eliminado previamente los suyos para evitar represalias.
Por ahora, la reacción de la mayoría de los socios tradicionales de EE. UU. ha sido de cautela. Reino Unido, Japón y la UE han optado por intentar negociar antes de responder con contramedidas. Incluso China, el país más golpeado, ha hecho un llamado al diálogo. "No hay vencedores en las guerras comerciales. El proteccionismo no es una solución. Cada vez más países rechazan las medidas unilaterales y coercitivas como las que está tomando EE. UU.", declaró Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores chino. Pese a ello, la mayoría de los expertos coinciden en que, si los países afectados respondieran con medidas similares, el mayor perjudicado sería Estados Unidos, cuya economía podría ralentizarse significativamente y sufrir un repunte de la inflación.
Quizá por eso, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, lanzó un mensaje de calma a través de Fox News: "Mi recomendación para todos los países es que no respondan con represalias. Tomémoslo con calma. Observemos cómo evoluciona la situación. Si todos reaccionan, esto irá a más; si no, puede detenerse aquí". Un llamado que refleja el temor a un aislamiento aún mayor de EE. UU., lo que podría alejarlo tanto de sus competidores como de sus aliados históricos y tener un efecto negativo en la economía global. La Organización Mundial del Comercio ya ha advertido que el comercio mundial podría contraerse un 1%.
En este contexto, la UE intenta minimizar los efectos negativos mediante la intensificación de relaciones comerciales ya existentes, como las que mantiene con México y Chile, y avanzando en nuevos acuerdos, como los de Mercosur o India. Aunque es inviable sustituir en el corto plazo la relación con EE. UU., cuyo intercambio de bienes y servicios con la UE alcanzó 1,6 billones de euros en 2023, se buscan alternativas que puedan amortiguar el impacto.
André Sapir, profesor en la Universidad Libre de Bruselas y miembro del centro de estudios Bruegel, lo explica así: "El 40% de la inversión extranjera directa de la UE se dirige a EE. UU. y viceversa. Estamos profundamente entrelazados. No es fácil -ni deseable- romper esa relación. Las empresas están integradas en cadenas de valor globales. Hay una interdependencia estructural que no se puede deshacer de la noche a la mañana".
El Gobierno ha ofrecido una primera evaluación sobre las consecuencias que los nuevos aranceles anunciados el miércoles por Donald Trump podrían tener para la economía española. La administración estadounidense ha establecido una tasa general del 10% que se aplicará desde este sábado, así como un gravamen específico del 20% para todas las importaciones procedentes de la Unión Europea. Según el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, estas medidas de carácter proteccionista restarán algunas décimas al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España.
"La exposición directa de España es menor en comparación con otros países europeos. Pero existe un impacto indirecto: lo que afecte a nuestros socios también repercutirá en nuestra economía. Podría haber consecuencias importantes a nivel sectorial, por eso es fundamental ir del análisis general al particular, siendo muy precisos en el diagnóstico", declaró el ministro este viernes en una entrevista con el programa Más de uno, de Onda Cero.
El Gobierno había elevado recientemente su previsión de crecimiento económico para este año, situándola en un 2,6%, en línea con los pronósticos de diversos organismos tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, la Comisión Europea advierte que el coste de estas tarifas para el bloque comunitario podría ascender a 81.000 millones de euros. Además, existe preocupación por la posible recesión de la economía alemana -la más fuerte de la Eurozona y la más dependiente de las exportaciones a EE. UU.-, lo cual afectaría también al resto de países, incluida España, para quien Alemania representa su segundo mayor mercado de bienes.
Cuerpo subrayó que el plan de apoyo a las empresas más expuestas a los aranceles ya está en marcha. "Nuestro objetivo es contar con una red de seguridad eficaz que evite el colapso de cualquier compañía en este entorno incierto", señaló. El jueves, el presidente Pedro Sánchez presentó un paquete de ayudas por valor de 14.100 millones de euros, denominado Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, destinado a contrarrestar el impacto de esta nueva guerra comercial.
El ministro también aclaró que, hasta ahora, la Unión Europea ha optado por responder de forma reactiva a las decisiones de Estados Unidos, sin tomar la iniciativa en una escalada del conflicto. Como ejemplo, citó la respuesta al arancel del 25% sobre el acero y el aluminio, cuya aplicación por parte de la UE se pospuso para no enviar un mensaje de confrontación. Sin embargo, reconoció que los nuevos aranceles impuestos por Trump han superado las previsiones más pesimistas de la Comisión Europea.
Cuerpo insistió en que la UE debe mantener la disposición al diálogo. "No podemos pecar de ingenuos en estas negociaciones. Debemos utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, incluyendo los aranceles, para defendernos en igualdad de condiciones. Europa debe mostrar firmeza, pero también voluntad de entendimiento", afirmó. Según las estimaciones del Ministerio, sectores como el vino y el aceite de oliva se perfilan como algunos de los más perjudicados por estas medidas, aunque podrían verse favorecidos si prospera el acuerdo con Mercosur.
Las opiniones de expertos y representantes del sector financiero coinciden en que las decisiones tomadas por la Casa Blanca constituyen un grave error. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, calificó los aranceles como un "tiro en el pie" para la economía estadounidense, que podría entrar en recesión de manera "relativamente rápida". En su intervención este viernes en el foro Wake Up Spain, organizado por El Español, estimó que el impacto para la economía española se situará en torno al 0,2% del PIB.
El Gobierno ha dado a conocer este jueves un conjunto de medidas destinadas a mitigar el impacto que podrían tener los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre las empresas españolas. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado un plan valorado en 14.100 millones de euros, orientado a preservar el empleo en los sectores que podrían verse afectados. Bajo el nombre de Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, la iniciativa contempla avales, créditos para la industria, fondos para adaptar la capacidad productiva y apoyo a la expansión internacional. Según Sánchez, se trata de una acción "preventiva" para anticiparse a las consecuencias del nuevo escenario global.
Sin embargo, distintos especialistas critican que el plan carece de especificidad sobre los sectores que serán beneficiarios directos, y apuntan que sería más eficaz otorgar ayudas directas que incrementen la competitividad de las empresas.
El economista Javier Santacruz opina que el plan está "sobredimensionado", considerando el volumen real de exportaciones españolas hacia Estados Unidos. "España no tiene una exposición tan elevada a los aranceles de Trump como Alemania. Nuestro déficit comercial con EE. UU. es de 10.000 millones de euros. El Ejecutivo ha desplegado una gran cantidad de recursos, fundamentalmente mediante créditos del ICO, pero lo prioritario sería reducir los costes de producción. Por ejemplo, los elevados precios energéticos en España restan competitividad a nuestras exportaciones", explica.
En la misma línea, Rafael Pampillón, del Colegio de Economistas de Madrid, destaca que los productos que más se venden a Estados Unidos pertenecen al sector alimentario, por lo que considera excesiva la cuantía del plan. "Servirá para cubrir el impacto sobre unas exportaciones relativamente modestas, pero quien realmente sufrirá es Alemania. Y si la economía alemana se resiente, eso sí puede repercutir en la española, dado que es el motor económico de la Unión Europea", advierte.
Del total de los 14.100 millones anunciados, 7.400 millones provienen de nuevos recursos, mientras que los 6.700 millones restantes se redistribuyen desde programas ya existentes, como los fondos del Plan de Recuperación. Los principales beneficiarios serán las empresas en riesgo, que recibirán ayudas para modernizarse y adaptarse. También se habilitarán líneas de avales y se creará un fondo específico para la industria, además de fomentar la internacionalización. En ese sentido, Santacruz sugiere que "las oficinas comerciales deberían trabajar para buscar nuevos mercados donde redirigir las exportaciones que dejarán de ir a EE. UU.".
Otro punto débil del plan, según los analistas, es la falta de fechas claras y plazos definidos. Tomás Gómez, profesor de Economía en la UNIE Universidad, advierte que esta falta de concreción puede dificultar la implementación efectiva de las ayudas, como ya ha ocurrido con los fondos europeos. Además, recuerda que la estrategia de Trump apunta a utilizar los aranceles como herramienta de presión para renegociar acuerdos comerciales. "Habrá que esperar para ver cuánto se prolonga esta situación", concluye.
Este mes de abril, España recibirá cerca de 700.000 visitantes extranjeros más que el año pasado, lo que representa un aumento del 7,3% respecto a abril de 2024. En total, se prevé que lleguen a los aeropuertos españoles alrededor de 11,1 millones de pasajeros internacionales, según las estimaciones de Turespaña, elaboradas a partir de las reservas de asientos en vuelos. Si se cumplen estas previsiones, 2025 se perfila como otro año de cifras históricas para el turismo durante la Semana Santa, con Andalucía y la Comunidad Valenciana como los destinos más solicitados.
Este crecimiento está liderado principalmente por turistas del Reino Unido, seguidos por los de Alemania e Italia. Paralelamente, se observa también un aumento en los precios de los alojamientos. La plataforma SiteMinder, que ha analizado tarifas en hoteles de nueve destinos distintos, señala que el coste medio por estancia en Semana Santa se situará en 244,59 euros, un 8% más que el año pasado. Además, los turistas no solo están reservando con mayor antelación, sino que también se incrementa la proporción de viajeros internacionales.
Una de las principales transformaciones en los hábitos de viaje desde la pandemia de 2020 es la reducción de las reservas de última hora. En 2023, las reservas anticipadas crecieron un 19% en busca de promociones. Según Pedro Aznar, profesor de Esade, este cambio responde a un nuevo modelo de turismo más centrado en experiencias y vivencias, una tendencia que ha cobrado fuerza tras la crisis del covid.
A pesar del aumento en el volumen de reservas y en los precios, la duración de las estancias ha sufrido una leve caída. A nivel global, el promedio ha bajado de 2,33 a 2,25 días, mientras que en España el descenso es más suave: de 2,54 días en 2024 a 2,51 días en 2025.
Además de los turistas ya habituales -británicos, alemanes, italianos, franceses y neerlandeses-, se espera un notable crecimiento de visitantes procedentes de Irlanda, Polonia y Turquía, con un aumento previsto superior al 15%. También destaca la recuperación del mercado estadounidense, con un repunte del 1,4% en las llegadas. Entre los países latinoamericanos, Colombia y México encabezan las reservas de vuelos hacia España.
Pese a las previsiones de un clima no especialmente favorable, dos de cada tres españoles (67,1%) planean salir de su localidad durante estos días festivos. Los jóvenes, en particular, lideran esta tendencia: el 74,4% afirma que viajará. En cuanto al gasto, la media se sitúa en 588 euros por persona, aunque los mayores de 55 años con mayor capacidad económica podrían superar los 700 euros. Por el contrario, los jóvenes entre 24 y 35 años y quienes viven en pequeñas localidades son quienes menos presupuesto destinan a sus vacaciones.
A la hora de elegir destino, los hombres se fijan más en la disponibilidad de alojamiento (38%) y en las actividades tradicionales (36%), mientras que las mujeres valoran principalmente la previsión del tiempo (52,3%) y la duración del viaje (48,6%).
En el ranking de destinos, Andalucía se consolida como la preferida para disfrutar de la Semana Santa, sin importar edad, sexo o nivel de ingresos, según datos de la agencia Oney, especializada en financiación de viajes. Sin embargo, las ciudades europeas clásicas -Londres, París, Roma y Ámsterdam- siguen siendo opciones muy demandadas para escapadas de cuatro o cinco días. En el ámbito nacional, Tenerife y Gran Canaria mantienen su atractivo, y se registra un notable aumento del interés por Marrakesh, que crece un 12% respecto a la Semana Santa anterior, según datos del buscador Kayak.
Barcelona ocupa el séptimo puesto en popularidad, con un incremento del 15% en búsquedas de vuelos, especialmente desde Bélgica, donde las búsquedas han crecido un sorprendente 108%. A pesar del encarecimiento de los billetes (un 14% más caros a Nueva York y un 8% más a Milán), estos destinos siguen teniendo gran tirón entre los viajeros españoles. Palma de Mallorca cierra el top 10 de los destinos más deseados para esta Semana Santa.
Los contribuyentes que fueron penalizados por la Agencia Tributaria al declarar fuera de plazo sus bienes en el extranjero mediante el modelo 720, están reclamando ahora ante el Tribunal Supremo que el Estado los indemnice por los perjuicios sufridos. Esto se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anulara dicho modelo en enero de 2022, al considerar que vulneraba la libre circulación de capitales y aplicaba medidas desproporcionadas, imponiendo tributos sobre ejercicios ya prescritos y sanciones que llegaban hasta el 150%, además de recargos del 20% sobre las cantidades declaradas.
La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 320 millones de euros a quienes recurrieron las liquidaciones a tiempo y por ejercicios no prescritos. Sin embargo, muchos contribuyentes no reclamaron dentro del plazo legal, perdiendo así la posibilidad de recuperar el dinero pagado de más tras el fallo del TJUE.
Alejandro del Campo, abogado del despacho DMS Legal y uno de los expertos fiscales que llevó el modelo 720 ante el tribunal europeo, ha iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado para conseguir una compensación por los daños ocasionados a los afectados. Primero presentó la reclamación ante el Consejo de Ministros, que fue rechazada en dos ocasiones (mayo y octubre de 2024), por lo que decidió llevar el caso al Tribunal Supremo. Del Campo estima que el fallo podría conocerse en los próximos meses o, como mucho, después del verano.
Por su parte, la Abogacía del Estado sostiene que los contribuyentes no tienen derecho a ser indemnizados por los años en los que las liquidaciones quedaron firmes, argumentando que fue su "negligencia" al no impugnarlas lo que les impide reclamar ahora. En su defensa, señala que si no estaban de acuerdo con la normativa vigente en su momento, debieron haberla recurrido. No obstante, será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra al respecto.
La obligación de declarar bienes en el extranjero fue introducida en 2012 bajo el mandato del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como parte de una estrategia para hacer aflorar rentas ocultas fuera del país, ligada a la conocida como amnistía fiscal. Quienes no se acogieran a esta regularización se exponían a duras sanciones en los años siguientes. Tras el dictamen del TJUE que declaró ilegal el modelo 720, el Tribunal Supremo ordenó a Hacienda la devolución de las liquidaciones, sanciones y recargos aplicados, incluyendo los intereses correspondientes.
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