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(El País, 12-02-2025) | Laboral

Trabajo calcula que la subida beneficiará a 2,4 millones de personas

El incremento del 4,4% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 se ajusta al rango superior de la recomendación emitida por los expertos del Ministerio de Trabajo. Este grupo, conformado por académicos, sindicalistas y miembros del propio Gobierno, señaló que, para mantener el poder adquisitivo del SMI y garantizar su alineación con el 60% del salario medio -un compromiso del pacto de gobierno-, la subida debía situarse entre un 3,4% y un 4,4%, dependiendo del método de cálculo empleado. Desde el inicio del diálogo con sindicatos y empresarios, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió un aumento de 50 euros. Las negociaciones con los agentes sociales fueron breves, desarrollándose en solo tres reuniones. Los sindicatos demandaban un incremento mayor, entre el 5% y el 6%, pero finalmente aceptaron el 4,4% con la condición de que el Gobierno inicie nuevas conversaciones sobre otras cuestiones vinculadas al SMI, como la transposición de la directiva europea al respecto o la absorción de complementos salariales en algunas empresas para compensar las subidas anuales. Por su parte, las organizaciones empresariales propusieron un aumento del 3%, cifra cercana al límite inferior de la recomendación de los expertos (3,4%) y superior a la inflación estimada para 2024 (2,8%). No obstante, su oferta estaba supeditada a dos condiciones que el Gobierno rechazó: la concesión de bonificaciones en el sector agrario -a lo que los sindicatos se opusieron argumentando que el sector obtiene beneficios y pacta convenios salariales superiores al SMI- y la revisión de las condiciones de las contratas públicas, una competencia que corresponde a Hacienda y que este ministerio descartó. "Son peticiones recurrentes", bromeó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en referencia a que estas demandas ya se plantearon sin éxito el año anterior. Según cálculos del Ministerio de Trabajo, la subida beneficiará a 2,4 millones de trabajadores, de los cuales el 65% son mujeres (1,58 millones). "El salario mínimo es la herramienta más efectiva para reducir la desigualdad salarial en España, junto con la educación pública de 0 a 3 años y la prestación universal por hijo a cargo", afirmó Díaz. En términos de incidencia, el 18% de las asalariadas perciben el SMI, en comparación con el 8% de los hombres. El incremento también favorecerá especialmente a los jóvenes: el 26,8% de los empleados de entre 16 y 24 años reciben el salario mínimo, frente al 11,5% de los mayores de 55 años. Además, las regiones más afectadas por la precariedad laboral serán las que experimenten un mayor impacto de la subida: el 20,8% de los trabajadores extremeños se beneficiarán de la medida, mientras que en el País Vasco solo el 6,7% verá incrementado su salario. A nivel sectorial, el 31% de los empleados agrícolas recibirán un aumento, en contraste con el 6% en la industria y el 3,4% en la construcción. "El incremento del SMI ha sido altamente beneficioso para España, hasta el punto de que hoy alcanzamos niveles de empleo históricos. Es una historia de éxito", declaró Díaz, antes de criticar las elevadas retribuciones de los altos directivos en grandes empresas. "El verdadero problema no es el salario mínimo, sino la enorme brecha salarial que existe en España. Mientras que un trabajador que percibe el SMI gana 25 veces menos que un directivo de un consejo de administración, apenas se habla de las rentas más elevadas. El salario mínimo es una herramienta clave para lograr un mayor equilibrio social".

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(El Periódico, 12-02-2025) | Laboral

Foment del Treball augura un incremento de la conflictividad laboral por la reducción de jornada

Foment del Treball ha expresado este martes su rechazo a la reducción de la jornada laboral durante la presentación de su informe trimestral sobre el mercado de trabajo y la negociación colectiva. El director del área laboral de la patronal catalana, Javier Ibars, ha calificado la medida de "inaceptable", argumentando que provocará una caída en la productividad. Además, ha señalado que, aunque mantienen negociaciones con los grupos parlamentarios, no facilitarán la aprobación de la reforma. En este sentido, ha destacado que Junts y el PNV son los dos únicos partidos de la mayoría parlamentaria que se oponen a la iniciativa impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tanto el PP como Vox también han manifestado su rechazo. El informe revela que Cataluña cerró enero con 336.639 personas desempleadas, lo que supone una reducción del 3% en comparación con el año anterior y la cifra más baja desde 2008. Sin embargo, la disminución del paro en el conjunto de España ha sido mayor, alcanzando un 6,1%. A pesar de este descenso, las perspectivas para Cataluña no son completamente optimistas, ya que el número de demandantes de empleo ha aumentado en 2024, sin que ello se haya visto acompañado por un incremento en la población activa. Desde la patronal han criticado la intervención del Gobierno en el diálogo social en lo relativo a la negociación de convenios colectivos. Luis Pérez, presidente de la comisión de Relaciones Laborales de Foment, ha señalado que "la reducción de jornada desvirtúa por completo el diálogo social, el cual es una herramienta clave para que empresas y trabajadores puedan acordar las condiciones laborales en función de las particularidades de cada sector". Foment anticipa un aumento de la conflictividad laboral en el corto plazo debido a la paralización de muchos convenios colectivos. "Los acuerdos en vigor deberán ser revisados para adaptarse a las nuevas reglas. La reducción de la jornada conllevará un incremento significativo en los costes laborales", ha advertido Ibars. Además, la organización empresarial sostiene que esta reducción ya se estaba produciendo de forma natural a través de la autorregulación del mercado. Según sus datos, en julio de 2024, el 43% de los convenios registrados en Cataluña establecían una jornada inferior a 38,5 horas semanales, mientras que en la actualidad ese porcentaje ha ascendido al 86%. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de febrero el anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin reducción salarial. Tras recibir el visto bueno del Ejecutivo, el texto fue enviado a los organismos pertinentes para la emisión de informes institucionales, antes de su debate en el Congreso de los Diputados. No obstante, el Gobierno ha reconocido que la aprobación de la medida será complicada debido a las reticencias de los partidos nacionalistas catalanes. Por otro lado, las afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado cifras récord en Cataluña, con 3,7 millones de afiliados, lo que representa un incremento del 2,1%, ligeramente inferior al 2,4% registrado a nivel nacional. Sin embargo, la contratación ha experimentado una leve caída del 0,2% respecto al año anterior. De los 194.922 contratos firmados en enero en la comunidad, el 57,2% han sido temporales. Uno de los factores que explican el aumento de los demandantes de empleo es el crecimiento de los trabajadores con contratos fijos discontinuos. En enero de 2022, justo antes de la plena aplicación de la reforma laboral de 2021, 58.484 personas estaban registradas en el Régimen General de la Seguridad Social con esta modalidad contractual en Cataluña. Dos años después, la cifra se ha duplicado, alcanzando los 130.013 trabajadores en enero de 2024.

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(Cinco Días, 12-02-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro paga el 2,4%, el tipo más bajo en dos años

La expectativa de nuevas reducciones en los tipos de interés y el creciente interés de los inversores siguen impulsando a la baja la rentabilidad de las letras del Tesoro. En la última subasta, el organismo ha colocado 2.550 millones de euros en deuda a tres y nueve meses, alcanzando los tipos más bajos en más de dos años. Aunque estos rendimientos están lejos del 4% que rozaron en su momento, cuando los bancos centrales intensificaron su lucha contra la inflación, siguen resultando atractivos. Ante la volatilidad del mercado bursátil, la deuda pública se percibe como una opción segura, lo que se refleja en una demanda total de 6.039,5 millones de euros, con una ratio de cobertura de 2,37 veces la oferta. La mayor parte de la emisión, 1.450 millones de euros, ha correspondido a las letras a nueve meses, cuya rentabilidad marginal ha descendido 24 puntos básicos, situándose en el 2,257%, el nivel más bajo desde octubre de 2022. Tras la caída de la demanda por parte de los inversores minoristas en la subasta de enero, ahora se ha registrado un leve repunte, alcanzando los 208,89 millones. No obstante, esta cifra sigue lejos del récord de 1.013 millones registrado hace un año para esta referencia. Los 1.100 millones restantes se han colocado en deuda a tres meses, con un interés del 2,445%, por debajo del 2,516% de la puja anterior y en su nivel más bajo en dos años. Dentro del abanico de letras, las referencias a tres y seis meses se mantienen como las más rentables. Las letras a seis meses ofrecen un rendimiento del 2,495%, superior al 2,221% y al 2,257% de las emisiones a 12 y nueve meses, respectivamente. Esta mayor rentabilidad ha impulsado la demanda por parte de los ahorradores, con órdenes no competitivas -que representan en gran parte la inversión minorista- elevándose a 639,10 millones, muy por encima de los 266,25 millones del mes anterior. Además de su atractivo rendimiento, el interés de los particulares confirma la estacionalidad de este tipo de producto. En un escenario donde los inversores se acostumbran a convivir con una volatilidad elevada, la renta fija ha comenzado a mostrar una correlación negativa con la renta variable. En las últimas semanas, se ha observado cómo la venta acelerada de acciones ha ido acompañada de un aumento en la compra de deuda. Durante meses, los inversores han apostado por títulos a plazos más largos, pero con la orientación inflacionista de la política económica en Estados Unidos, los valores a corto plazo están ganando atractivo como refugio seguro. A ello se suma que, a diferencia de años anteriores, estos activos siguen ofreciendo rentabilidades interesantes. La próxima cita del Tesoro en los mercados será el 20 de febrero con una emisión de deuda a medio y largo plazo. Además, el organismo liderado por Paula Conthe está pendiente de lanzar la segunda emisión sindicada del año, que tradicionalmente se destina a colocar deuda con vencimientos de entre 15 y 30 años. En 2023, se adjudicaron 6.000 millones de euros en bonos con vencimiento en 2054, marcando la primera emisión a ese plazo en dos años, desde que el Banco Central Europeo abandonó la política de tipos de interés cero. El fuerte interés por la deuda a corto plazo también se refleja en las emisiones con vencimientos más largos. Un ejemplo de ello es la operación realizada a comienzos de año, en la que el Tesoro captó 15.000 millones de euros con una demanda de 139.000 millones, superando incluso el récord de 138.000 millones alcanzado el año anterior, justo antes de la quinta bajada de tipos por parte del BCE.

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(El Economista, 12-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España aparece como el gran baluarte de las cuentas de los grupos multinacionales bancarios

Los altos tipos de interés y el crecimiento progresivo de la actividad comercial impulsaron a la banca a un año excepcional. Si se analiza el negocio en España de las seis entidades cotizadas, excluyendo a Bankinter, que no desglosa su beneficio por país, los resultados son aún más favorables. En el mercado doméstico, la gran banca obtuvo en 2024 un beneficio de 15.787 millones de euros, representando la mitad del total y superando en un 36% las cifras del año anterior, a pesar del impacto del impuesto extraordinario al sector. Este crecimiento es cuatro veces superior al registrado en el negocio internacional y casi duplica el incremento del 20% en los beneficios globales de las entidades. España se consolida así como el pilar clave de los resultados de los grandes bancos multinacionales, favorecida especialmente por la política del Banco Central Europeo (BCE), que mantuvo el coste del dinero elevado. Aunque Fráncfort recortó los tipos en cuatro ocasiones el año pasado, situando el de depósito en un 3%, este nivel sigue siendo alto tras una década de tipos en cero o en negativo. La banca española destaca en Europa por su fuerte dependencia del margen de intereses, en gran parte debido a la alta presencia de hipotecas a tipo variable, cuyo valor aumentó con la subida del euríbor. Sin embargo, esta situación tiene un doble filo, ya que la sensibilidad de los bancos españoles a la política monetaria puede jugar en su contra si los tipos continúan a la baja. Conscientes de este riesgo, las entidades han tomado medidas para reducir su exposición a estos cambios, ya sea impulsando las hipotecas a tipo fijo o invirtiendo en carteras de deuda con mayor rentabilidad. La bajada de los tipos, además, estimulará la demanda de crédito y reactivará la actividad comercial, que en los últimos años se había visto afectada por unas condiciones financieras más restrictivas. Este es el panorama que han esbozado los directivos bancarios en la presentación de sus resultados anuales, donde anticipan que un posible estrechamiento del margen de intereses podrá ser compensado con un mayor volumen de negocio. Otro factor favorable para la banca española es el sólido desempeño de la economía nacional, que en 2023 registró el mayor crecimiento de Europa -superior al 3%-, impulsado por el auge del turismo y la estabilidad del mercado laboral, en contraste con un continente europeo en fase de estancamiento. Sorprendentemente, España, que en el pasado se encontraba a la cola de las grandes economías europeas, ha logrado destacarse como la más dinámica. Las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará en 2024, con el Gobierno estimando un crecimiento del PIB del 2,6% y el Fondo Monetario Internacional proyectando un 2,3%. A pesar del pago de 1.478,6 millones de euros por el impuesto extraordinario al sector, un aumento respecto a los 1.120 millones del año anterior, la banca se benefició de un ahorro de casi 1.900 millones al no tener que realizar aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos ni al fondo único de resolución europeo (FUR), tras haber completado dichas dotaciones el año previo, lo que compensó en parte el impacto del gravamen. Entre los seis bancos cotizados en España, Unicaja fue el que experimentó el mayor crecimiento en su beneficio neto, con un aumento del 115%, alcanzando los 573 millones. La entidad, que opera exclusivamente en el mercado español, logró consolidar su posición tras años de saneamiento de su balance y la integración con Liberbank, transformando su rentabilidad en una característica estructural. No obstante, su rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) del 9,1% aún se encuentra por debajo del promedio del sector en España (16%), aunque el fuerte impulso de su rentabilidad en el último año ha reducido esta brecha significativamente. Por su parte, Santander obtuvo en España un beneficio de 3.762 millones de euros, un 59% más que en 2023, convirtiéndose en la mayor contribución a las ganancias del Grupo al representar casi un tercio del total. Su margen de intereses creció un 9,3%, superando el incremento global del 7,9%, mientras que las comisiones aumentaron un 6,2%. En términos de rentabilidad, su RoTE en España ascendió 7,5 puntos porcentuales hasta el 21,7%, situándose por encima del 16,3% registrado por el Grupo en su conjunto. A pesar de que en 2024 el negocio en España fue el eje central del Grupo, la distribución de los beneficios podría cambiar el próximo año. Se espera que los ingresos en España se mantengan estables debido a la reducción en la contribución de la banca comercial por la bajada de tipos, mientras que mercados como Estados Unidos y México serán las principales fuentes de crecimiento, según explicó la presidenta de la entidad, Ana Botín, en su última intervención.

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(El País, 12-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE advierte a Trump de que el aumento de aranceles derivará en represalias “firmes y proporcionadas”

La decisión de Donald Trump de imponer un arancel del 25% al acero y al aluminio importados a Estados Unidos, afectando directamente a la Unión Europea, ya es oficial y entrará en vigor el 12 de marzo. En un contexto de incertidumbre sobre las posibles represalias europeas y la escalada de la tensión comercial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido a Washington que estas tarifas "injustificadas" provocarán una respuesta "firme y proporcional". "La UE defenderá sus intereses económicos", ha afirmado en un comunicado en el que lamenta profundamente la medida de Trump. Este arancel supone el primer desafío de la nueva Administración estadounidense a los intereses europeos, dado que el bloque representa el 15% de las importaciones de acero de EE. UU. y el impacto recaerá especialmente sobre Alemania, la mayor economía de la UE. El mensaje de Von der Leyen, alineado con la estrategia de esperar, analizar y luego reaccionar, llega poco antes de su encuentro en París con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, en el marco de una cumbre sobre Inteligencia Artificial. Este será el primer contacto de la jefa del Ejecutivo europeo, quien mantenía una estrecha relación con el expresidente demócrata Joe Biden, con el equipo de Trump. En la reunión, Von der Leyen intentará persuadir a Vance -y, por extensión, a Trump- de que la balanza comercial entre EE. UU. y la UE no es tan desigual como sostiene Washington. Argumentará que, aunque EE. UU. compra más productos europeos de los que exporta, la UE adquiere y consume más servicios estadounidenses, lo que equilibra la relación comercial. Como antesala a esta reunión, Vance ha lanzado en la cumbre sobre IA un mensaje a la UE respecto a su normativa tecnológica, que mantiene bajo investigación a varios gigantes tecnológicos estadounidenses, incluyendo X (antes Twitter) y su dueño, Elon Musk, quien forma parte del equipo de Trump. Washington considera que la regulación europea es demasiado restrictiva y puede frenar la innovación. En Bruselas, algunos temen que Trump utilice la defensa de sus empresas tecnológicas como moneda de cambio en la negociación para evitar una guerra comercial. Mientras tanto, la Comisión Europea sigue analizando el impacto de los aranceles y busca vías de diálogo con Washington para evitar una escalada. Bruselas insiste en que estas tarifas son ilegales según las normas de la Organización Mundial del Comercio y ha convocado para este miércoles una reunión de ministros de Comercio para abordar el asunto. La UE podría reaccionar rápidamente reintroduciendo aranceles a productos emblemáticos estadounidenses, como el bourbon o las motocicletas Harley-Davidson, tal como hizo en 2018, cuando Trump impuso restricciones similares durante su primer mandato. Dichos aranceles quedaron suspendidos tras la llegada de Joe Biden y el acuerdo para no aplicar gravámenes a ciertas cuotas de acero y aluminio europeo. Si Bruselas decide rescindir este acuerdo, podría establecer aranceles de hasta el 50% sobre importaciones valoradas en 4.800 millones de euros. Este pacto expira a finales de marzo. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha respaldado a Von der Leyen, afirmando que "la UE se mantendrá unida para proteger los intereses de sus empresas, trabajadores y ciudadanos". Otros líderes europeos, incluido el español Pedro Sánchez, han expresado su apoyo en la misma línea. Desde Bruselas aseguran que la respuesta será "proporcionada", lo que sugiere que, al menos inicialmente, se limitará a represalias comerciales sin recurrir a medidas más drásticas. Sin embargo, la UE cuenta con otros mecanismos, como el reglamento anti-coerción, que le permite restringir el acceso al mercado europeo a determinados bienes o servicios, bloquear la participación de empresas extranjeras en licitaciones públicas o en proyectos financiados con fondos comunitarios. Aunque esta herramienta fue diseñada para hacer frente a presiones de China o Rusia, ahora podría aplicarse también a Estados Unidos. Algunos sectores piden que se utilice contra las grandes tecnológicas estadounidenses, que en su mayoría han apoyado a Trump. Pese a la tensión, la Comisión Europea cree que aún hay margen para la negociación y para evitar una guerra comercial o, al menos, limitar su impacto. "Seguimos comprometidos con el diálogo constructivo", ha asegurado este martes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, en el Parlamento Europeo. "Estamos preparados para negociar y buscar soluciones beneficiosas para ambas partes. Hay mucho en juego", ha subrayado, reiterando que los aranceles son injustificados y económicamente perjudiciales.

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(El Periódico, 12-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Inversión de 200.000 millones de euros para convertir a la UE en una potencia en inteligencia artificial

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes una ambiciosa iniciativa para convertir a la Unión Europea (UE) en una potencia en Inteligencia Artificial (IA). El objetivo es movilizar, junto con el sector privado, unos 200.000 millones de euros para inversiones en este ámbito que se centrarán en "aplicaciones industriales y con objetivos críticos". Von der Leyen ha realizado el anuncio en la Cumbre Internacional de la Inteligencia Artificial de París, donde este martes se dan cita un centenar de líderes y jefes de Estado liderados por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro de la India, Narendra Modi. "Tenemos que actuar y acelerar a Europa para llegar allí. Esto es lo que me gustaría abordar hoy: el lugar específico de Europa en la carrera mundial por la IA. Queremos que Europa sea uno de los continentes líderes en IA. Y esto significa adoptar un estilo de vida en el que la IA esté en todas partes", afirmó Von der Leyen. Según ha explicado la presidenta de la Comisión, en tan solo unos meses se han creado en la UE, 12 fábricas de IA, y se han invertido 10.000 millones de euros en ellas. "No es una promesa: está sucediendo ahora mismo y es la mayor inversión pública en IA del mundo, que desbloqueará 10 veces más inversión privada. Nuestro objetivo es que todas las empresas, no solo las grandes, puedan acceder a la potencia informática que necesitan", ha añadido. La poderosa imagen de una sala llena de dirigentes y magnates de la tecnología, problablemente es sinónimo de éxito para el presidente francés, quien ha insistido al final del plenario en sacar una fotografía, en la que no aparecerá el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ni tampoco Reino Unido. Ambos países, presentes en el encuentro, se han negado a firmar el acuerdo que sellaba los dos días de esta Cumbre Internacional de Inteligencia Artificial. "Asociarse con ellos significa encadenar su nación a un amo autoritario que busca infiltrarse, instalarse y apoderarse de su infraestructura de información", advirtió Vance, quien puso como ejemplo las exportaciones "muy subvencionadas" de China con su tecnología 5G. Según ha detallado la dirigente europea, la UE aportará 50.000 millones de euros a la Iniciativa Europea para los Campeones de la IA, que se sumarán a los 150.000 millones que empresas del sector ya han comprometido. "Será la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de una IA confiable", ha subrayado. Además, Von der Leyen ha esgrimido la ley de inteligencia artificial impulsada por los Veintisiete, una norma pionera en el mundo, y ha destacado la necesidad de que los beneficios de esta tecnología "sean accesibles para todos". "Queremos que la IA sea una fuerza para el bien. Queremos una IA donde todos colabores y todos se beneficien", ha dicho frente a decenas de aliados pero también rivales en este campo, como es Estados Unidos o China, quienes se encontraban en primera fila del plenario escuchando atentamente los nuevos objetivos de la Europa IA. España es uno de los países que ha firmado el acuerdo no vinculante de esta Cumbre IA. Sin embargo, nuestro país ya presentó en su día un modelo público de Inteligencia Artificial, posicionándose como de los primeros de Europa en hacerlo. Además de distintas infraestructuras en el país destinadas a este tipo de tecnología, como la fábrica IA situada en Barcelona que forma parte de las primeras siete factorías de Inteligencia Artificial de Europa. Precisamente, el representante de España en este plenario, el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, insistía en que España está muy por delante en inversión de estas nuevas tecnologías.  "La cifra que hemos conocido de inversión que anunció Donald Trump o Macron son cifras de inversión privada. En España estamos destinando solamente de los fondos europeos, 1 de cada 3 euros de inversión pública. Lo que aplicando el método Trump o Macron multiplicalo por dos de inversión privada. Lo que estamos hablando de decenas de miles de millones de euros entre inversión pública y privada en España. España está a la vanguardia en inversión, en regulación, en desarrollo, en investigación... ", afirmó desde el Grand Palais. Este martes, la presidenta de Siemens en Francia pedía a la Unión Europea convertirse en una líder en el campo de la inteligencia artificial:  "Debemos asegurarnos de no perdernos esta nueva revolución que es la inteligencia artificial. Las regulaciones siguen siendo demasiado restrictivas y frenan la innovación". No es la única. La necesidad de una Europa líder ha sido el llamamiento más repetido durante esta cumbre, en especial tras el anuncio de EEUU de un plan de inversión de 500.000 millones de dólares en infraestructuras de IA bajo el nombre de Stargate, y también ante la llegada del chatbot chino, DeepSeek.

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(Expansión, 11-02-2025) | Fiscal

El Tribunal Constitucional analiza el incremento de los pagos fraccionados en el Impuesto de Sociedades que afecta a las empresas

Tras haber anulado en su momento el decreto de 2016 que elevó la carga fiscal empresarial, los magistrados decidirán si admiten a trámite dos recursos que cuestionan tanto el fondo como la forma de la subida, que posteriormente fue consolidada a través de los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, el Pleno del Tribunal Constitucional debatirá la posible vulneración del artículo 31.1 de la Constitución Española, según los planteamientos elevados por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dicho artículo establece que los ciudadanos deben contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, basado en los principios de igualdad y progresividad, y que no puede tener carácter confiscatorio. El debate se centra en determinar si el aumento fiscal respeta este principio y si su introducción a través de los Presupuestos Generales es una vía válida para modificar el Impuesto de Sociedades. El sistema de pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, inspirado en el modelo de retenciones mensuales del IRPF aplicadas a los asalariados, fue implementado en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y endurecido en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. A través del Real Decreto-ley 2/2016, se elevó el porcentaje que las empresas debían adelantar a Hacienda del 12% al 23% de sus resultados (o 24% de su base imponible), además de reducir el umbral de ingresos anuales sujetos a esta obligación de 20 a 10 millones de euros. Como consecuencia, la recaudación del Impuesto de Sociedades aumentó en 8.000 millones de euros en aquel ejercicio, contribuyendo al equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, en 2020 el Tribunal Constitucional anuló la medida por considerar que el uso del Real Decreto-ley no era el mecanismo adecuado para implementar estos cambios. No obstante, el incremento se mantuvo vigente debido a su posterior inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que ahora es objeto de revisión. Jordi de Juan, socio del área Fiscal de Crowe Legal y Tributario, señala que el Tribunal Constitucional abordará por primera vez los límites de la Ley de Presupuestos para modificar el Impuesto de Sociedades sin una habilitación legal expresa. Según el experto, existen "sólidos argumentos" para declarar inconstitucional esta vía, ya que la legislación vigente no permite una modificación del impuesto a través de los Presupuestos. Además, se discutirá si la obligación de adelantar cantidades que, en muchos casos, superan la factura fiscal final de las empresas, vulnera el principio de capacidad económica recogido en la Constitución. Independientemente de la decisión que tome el Tribunal Constitucional hoy, el tema volverá a ser examinado en los próximos meses debido a un recurso similar que está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.

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(Expansión, 11-02-2025) | Fiscal

Bruselas eximirá a la mayoría de las empresas de la UE del impuesto fronterizo sobre el carbono

Más del 80% de las empresas de la Unión Europea que podrían verse afectadas por el nuevo impuesto fronterizo al carbono quedarán exentas gracias a las reformas propuestas por Bruselas, según afirmó el comisario de fiscalidad, Wopke Hoekstra. En declaraciones al Financial Times, Hoekstra explicó que su objetivo es limitar la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) a los principales importadores, aliviando a la mayoría de las empresas de los costes de cumplimiento y las cargas administrativas. Esto forma parte de un esfuerzo más amplio de la UE para reducir la burocracia y mejorar la productividad. "Menos del 20% de las empresas analizadas generan más del 95% de las emisiones de los productos afectados", señaló Hoekstra. "Esto no significa que estemos restando importancia a los objetivos climáticos, sino que estamos buscando una forma de simplificar la vida de muchas empresas en toda Europa". Gracias a esta reforma, hasta 180.000 de las 200.000 empresas potencialmente afectadas quedarían liberadas de la obligación de cumplir con los requisitos del CBAM. El sector empresarial europeo ha manifestado su preocupación por la complejidad y el elevado coste que supone el proceso de declaración de emisiones durante la fase de prueba del CBAM. Este mecanismo fue diseñado para proteger a las industrias más contaminantes dentro de la UE, que ya deben pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero. El CBAM exige a los importadores de siete sectores clave, como el acero, el hierro, el aluminio y los fertilizantes, que informen sobre la huella de carbono de sus productos. A partir del próximo año, también deberán pagar la diferencia entre el precio de emisión del carbono en la UE y el de los países donde se fabricaron los productos. Sin embargo, dado que pocos países tienen sistemas de comercio de emisiones similares al de la UE o metodologías precisas para calcular el contenido de carbono, el mecanismo ha resultado complicado para los importadores. Un informe publicado en marzo reveló que solo alrededor del 10% de las empresas en Alemania y Suecia obligadas a presentar informes sobre sus emisiones lo habían hecho. "Es una cuestión de sentido común: si una empresa no está dentro del alcance del CBAM, no tiene sentido que deba completar una cantidad excesiva de papeleo", afirmó Hoekstra. El sistema ha sido duramente criticado por socios comerciales como Estados Unidos e India, cuyos exportadores probablemente tendrán que asumir el costo del impuesto cuando vendan a la UE. A pesar de ello, los funcionarios europeos aseguran que el propósito de estas reformas no es debilitar el impacto del CBAM, ya que más del 95% de las importaciones seguirán estando sujetas al mecanismo. Además, confían en que esta medida incentive a otros países a implementar sus propios sistemas de comercio de carbono. Hoekstra llevará la propuesta a consulta y espera que se implemente dentro de un ambicioso paquete legislativo de simplificación, previsto para este mes. La reforma deberá ser aprobada por la mayoría de los Estados miembros y por el Parlamento Europeo. Bruselas se ha comprometido a reducir la carga burocrática en un 25% (y hasta un 35% para las pequeñas empresas) con el fin de impulsar la inversión y el crecimiento económico, y así reducir la creciente brecha con Estados Unidos y China. Este año, Hoekstra realizará una revisión independiente del CBAM, que actualmente se aplica a sectores como el cemento, el aluminio, la electricidad y el hidrógeno. Existe la posibilidad de extenderlo a otras industrias como el vidrio, la cerámica, la pulpa, el papel y los productos químicos industriales. Por su parte, la industria siderúrgica está presionando para obtener más protecciones dentro del CBAM. Solicita exenciones para productos fabricados en la UE que sean exportados, procesados en el extranjero y luego reimportados. También busca que ciertos componentes de acero, como vigas y piezas para aviones, queden fuera del alcance del impuesto.

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(El Economista, 11-02-2025) | Fiscal

El Supremo rebaja los requisitos para aplicar el IVA reducido a las empresas que compran edificios

El Tribunal Supremo (TS) ha suavizado los requisitos que la Agencia Tributaria exigía para aplicar el IVA reducido del 10% a las empresas que compren edificios destinados a vivienda habitual. El alto tribunal recuerda que la finalidad de la norma que permite esta reducción es facilitar el acceso a la vivienda para los ciudadanos. En una sentencia del pasado 28 de enero, el Supremo establece los criterios que debe cumplir un edificio para ser considerado apto para vivienda y, en consecuencia, beneficiarse del tipo reducido del IVA en lugar del 21% general. El fallo, redactado por el magistrado Isaac Merino Jara, fija tres condiciones para aplicar esta rebaja fiscal. En primer lugar, el inmueble debe estar completamente terminado, ya que de lo contrario se considerará aún como suelo urbanizable. En segundo lugar, la operación gravada por el IVA debe implicar la compraventa del bien en sí, es decir, de la vivienda o viviendas, y no consistir en una prestación de servicios. Finalmente, el tercer requisito es que el destino de esas viviendas sea servir de morada para una persona o familia, funcionando como su hogar o residencia habitual. Sobre este último punto, el Supremo aclara que los edificios destinados a pisos turísticos no pueden beneficiarse del IVA reducido, ya que su finalidad no se ajusta al objetivo de la norma, que es cubrir las necesidades de vivienda habitual. Hasta ahora, la Agencia Tributaria exigía que los inmuebles adquiridos por empresas contaran con cédula de habitabilidad o licencia administrativa de ocupación para poder aplicar la reducción del IVA. Sin estos documentos, consideraba que el edificio no podía destinarse a vivienda. Sin embargo, el Supremo argumenta que la Ley del IVA, en consonancia con la normativa europea, tiene como finalidad principal facilitar el acceso a la vivienda. De hecho, en el caso de viviendas de protección oficial, el tipo impositivo es aún más reducido, del 4%. Según el tribunal, no tiene sentido exigir licencias o autorizaciones administrativas, ya que estos trámites dependen de cada comunidad autónoma, lo que provocaría diferencias en la aplicación del impuesto según el territorio. Además, el Supremo señala que el artículo 91 de la Ley del IVA se refiere a "edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas", sin especificar una definición concreta del concepto de vivienda. Por ello, siguiendo la Ley General Tributaria y el Código Civil, se debe interpretar el término "vivienda" conforme a su significado habitual y jurídico, entendiéndose como un espacio destinado a ser residencia habitual. En consecuencia, el tribunal concluye que la empresa que interpuso el recurso pagó un IVA superior al que le correspondía, ya que se le aplicó el tipo general en lugar del reducido. Para evitar un enriquecimiento injusto por parte de la Administración, la Agencia Tributaria deberá reembolsarle la diferencia junto con los intereses correspondientes.

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(El Economista, 11-02-2025) | Fiscal

El Supremo aclarará si los hosteleros pueden pedir la devolución del IAE por el Covid en liquidaciones firmes

El Tribunal Supremo (TS) debe determinar si las empresas que cesaron su actividad durante la pandemia pueden reclamar a los ayuntamientos la devolución del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) incluso si las liquidaciones ya son firmes. Cabe destacar que el alto tribunal ya resolvió en dos sentencias del 30 de mayo de 2023 que los negocios del sector de la hostelería y la restauración podían solicitar una reducción proporcional en la cuota del impuesto en función del tiempo en que permanecieron cerrados. No obstante, algunas empresas han encontrado resistencia por parte de los ayuntamientos a la hora de solicitar la devolución de los importes abonados en exceso. En un auto del 22 de enero, el Supremo ha admitido el recurso de un consistorio que se opone a la devolución, argumentando que la Ley General Tributaria no permite solicitar la devolución de ingresos indebidos cuando las liquidaciones ya han adquirido firmeza. Dicha normativa establece que, para que se pueda reclamar la devolución de una liquidación firme, debe existir una de las excepciones previstas para iniciar un procedimiento especial de revisión o un recurso extraordinario de revisión, condiciones que no se cumplen en este caso. Por lo tanto, el ayuntamiento recurrente sostiene que el Tribunal Supremo ha interpretado de manera errónea la Ley General Tributaria al permitir la reclamación de liquidaciones firmes sin respaldo legal expreso. Ante esta controversia, el Supremo considera necesario pronunciarse sobre la cuestión y aclarar si, tras su sentencia de mayo de 2023, las empresas afectadas pueden solicitar la devolución del IAE pese a la firmeza de las liquidaciones. Además, el auto, con ponencia del magistrado Rafael Toledano Cantero, recuerda que el tribunal ya ha aceptado analizar casos similares en tres autos anteriores, emitidos el 23 de octubre, el 6 de noviembre y el 11 de diciembre de 2024.

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