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(La Vanguardia, 31-12-2024) | Fiscal

Hacienda se queda sin votos para subir el diésel por el bloqueo al impuesto energético

La supresión de la bonificación al impuesto de hidrocarburos para el diésel, comprometida por Hacienda con la Unión Europea como parte de los acuerdos para recibir fondos comunitarios, se encuentra paralizada debido a la compleja configuración del Parlamento. El Gobierno carece de los apoyos necesarios para aprobar la medida y muestra pesimismo respecto a lograr los votos de sus socios en los próximos meses. Aunque Hacienda tiene listo el plan para encarecer el precio del diésel, la falta de respaldo político bloquea su implementación. Según fuentes del sector, el incremento sería de 9,36 céntimos por litro sin impuestos y de 11,30 céntimos con IVA, un aumento que asumirían los consumidores. La intención de esta medida es promover una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, el gasóleo profesional, utilizado por transportistas, empresas de pasajeros y taxistas, estaría exento. Se estima que esta modificación permitiría recaudar entre 1.200 y 1.400 millones de euros anuales. En un principio, los partidos que apoyaron la investidura del Gobierno, tanto de izquierda como de derecha, acordaron respaldar la medida en una enmienda incluida en el paquete fiscal que entrará en vigor el 1 de enero. Sin embargo, en el debate parlamentario, el PSOE incorporó la iniciativa junto con otras propuestas, como la reforma del régimen fiscal de las socimis, lo que llevó a Podemos a votar en contra. Ante este revés, el Gobierno barajó aprobar el incremento impositivo mediante un real decreto-ley, pero la situación se ha complicado con el paso del tiempo. Podemos, por su parte, ha condicionado su apoyo a la equiparación del impuesto del diésel al de la gasolina a la prórroga del impuesto temporal a las energéticas. Aunque esta figura fiscal se prolongará a partir del 1 de enero, deberá ser convalidada en el Congreso durante el mes. Junts y el PNV ya han manifestado su oposición a la medida, lo que pone en riesgo su continuidad. Si este gravamen decae, es previsible que Podemos no respalde la subida del diésel. La eliminación de la bonificación al diésel responde al objetivo de reducir la contaminación y forma parte de los compromisos adquiridos por España en el marco del Plan de Recuperación presentado a la Comisión Europea. De no cumplir con este acuerdo, el Gobierno podría enfrentarse a la necesidad de renegociar los términos con Bruselas para evitar el bloqueo de una parte de los fondos europeos. Hacienda, sin embargo, cuenta con un margen de tres meses, hasta el 30 de marzo, para intentar aprobar la medida, que inicialmente estaba prevista para entrar en vigor el 1 de abril de 2025. Si Podemos mantiene su postura, la única alternativa para Hacienda sería buscar el apoyo del Partido Popular (PP) en el Parlamento. No obstante, el principal partido de la oposición ha destacado su éxito en la negociación de rebajas fiscales para familias y empresas, gracias a sus pactos con Junts, y no parece dispuesto a facilitar la aprobación de este ajuste fiscal.

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(Cinco Días, 31-12-2024) | Laboral

La estancia de los extranjeros contratados en origen ya no tiene que coincidir con el año natural

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha establecido las condiciones para la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen y los programas de migración circular correspondientes al año 2025. Esta regulación, conocida como orden Gecco, determina los procedimientos para emplear a trabajadores extranjeros tanto en actividades estables como en empleos de temporada o de carácter estacional mediante migración circular. Publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la orden introduce novedades, como el ajuste temporal de los contratos, que ahora podrán abarcar períodos definidos entre una fecha de inicio y otra de finalización, en lugar de ajustarse al año natural. Esta modalidad podrá utilizarse para cubrir vacantes en trabajos estacionales o de temporada, y continúa permitiendo la gestión colectiva de permisos de residencia y empleo por cuenta ajena. En los últimos dos años, alrededor de 40.000 personas han trabajado temporalmente en España bajo este esquema, con unas 19.000 contrataciones en 2023 y más de 20.000 en 2024. La orden Gecco establece medidas para garantizar la seguridad laboral, incluyendo la renovación anual de contratos con las mismas empresas y trabajadores, y especifica las condiciones de los alojamientos que deben proporcionarse a los temporeros. También contempla flexibilidad en los casos en que las temporadas laborales se alarguen o cuando los trabajadores deseen enlazar varias campañas agrícolas consecutivas. Ambos modelos de contratación, estable y circular, podrán gestionarse de forma general o nominativa y permitirán tanto procedimientos ordinarios como unificados, dependiendo del número de empleadores involucrados. La normativa para 2025 refuerza la modalidad nominativa, con el propósito de incluir proyectos migratorios circulares dentro del marco de las contrataciones fijo-discontinuas, según la Secretaría de Estado de Migraciones. Entre los programas destacados se encuentra WAFIRA, que busca capacitar y formar a mujeres marroquíes trabajadoras temporales para que, al regresar a su país, desarrollen actividades económicas que impulsen el crecimiento local. La primera edición de este programa concluirá en enero de 2025 con una visita oficial a Marruecos de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para evaluar los resultados de los proyectos emprendidos por estas mujeres. De cara a 2025, se lanzarán iniciativas piloto similares en otros países africanos como Mauritania, Gambia y Senegal, siguiendo los acuerdos alcanzados por el presidente Pedro Sánchez en agosto pasado. Los participantes de estos programas podrán obtener autorizaciones de trabajo plurianuales con una vigencia de cuatro años, permitiéndoles trabajar hasta nueve meses por año natural. Finalizado su contrato, deberán retornar a sus países de origen de manera inmediata y acreditarlo según lo establecido, preferentemente de forma colectiva. Las autorizaciones podrán ser prorrogadas por períodos iguales si el empleador lo solicita y se cumplen las condiciones requeridas. Para formar parte del programa, los empleadores deben garantizar alojamiento adecuado, gestionar los viajes de los trabajadores y asegurar el cumplimiento de los contratos y las condiciones laborales. Por su parte, los trabajadores están obligados a respetar el compromiso de retorno y a no desempeñar actividades laborales distintas a las autorizadas para su estancia en España.

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(Expansión, 31-12-2024) | Laboral

El salario mínimo arrancará 2025 en 1.134 euros al mes a la espera de una nueva subida

El salario mínimo interprofesional (SMI) comenzará 2025 en la misma cantidad que en 2024, es decir, 1.134 euros al mes distribuidos en catorce pagas. No obstante, el Ministerio de Trabajo tiene previsto negociar un nuevo aumento con los agentes sociales. Una vez que se llegue a un acuerdo, el incremento se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025, como se ha hecho en ocasiones anteriores. Para determinar el nuevo SMI, el Ministerio de Trabajo volverá a considerar las recomendaciones del comité de expertos creado en 2021. Este grupo inició sus actividades el pasado 26 de noviembre, como preparación para las negociaciones entre el Ministerio, los sindicatos y los empresarios. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció recientemente que convocará la mesa de diálogo social sobre el SMI a principios del próximo año. El comité de expertos, integrado por representantes del Gobierno, agentes sociales y académicos, fue establecido en enero de 2021 con el objetivo de definir cómo debe incrementarse el SMI para alcanzar el 60% del salario medio, en línea con lo establecido por la Carta Social Europea. Entre las tareas encargadas por la ministra al comité se incluyen garantizar que el SMI mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores, asegurar que represente el 60% del salario medio según lo recomendado por la Carta Social Europea, y estudiar posibles modificaciones al Estatuto de los Trabajadores para que las subidas del SMI sean automáticas, sin depender de decisiones gubernamentales. Además, Díaz ha asegurado que el SMI para 2025 aumentará, como mínimo, en función del incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este año, para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En 2024, el Ministerio de Trabajo acordó con los sindicatos CCOO y UGT un incremento del SMI del 5%, pasando de 1.080 a 1.134 euros mensuales en catorce pagas. Este aumento también tuvo efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. Sin embargo, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no apoyaron la medida, argumentando que no se habían atendido sus solicitudes de vincular el SMI a los contratos públicos ni de establecer bonificaciones para el sector agrícola. Esta no es la única ocasión en los últimos años en que las organizaciones empresariales han rechazado los aumentos del SMI. En 2023, el Gobierno acordó con los sindicatos una subida del 8%, pero sin el apoyo de la CEOE. Del mismo modo, los empresarios no respaldaron los incrementos de 2022 y 2021, aunque sí estuvieron de acuerdo con el aumento de 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros mensuales. A pesar de los acuerdos alcanzados con los sindicatos para los incrementos del SMI en los últimos años, persisten diferencias sobre si se ha alcanzado ya el 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea. Mientras que el Ministerio de Trabajo sostiene que ese objetivo ya se ha logrado, los sindicatos consideran que aún queda camino por recorrer para llegar a dicha proporción.

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(El Economista, 31-12-2024) | Laboral

España sigue liderando la rotación laboral en la Unión Europea

El balance del tercer aniversario de la reforma laboral no puede ignorar la disminución de la temporalidad en el empleo en España. Este fenómeno no se mide únicamente por el número de trabajadores con contratos temporales, sino también por la estabilidad real de esos empleados, es decir, cuánto tiempo permanecen en el mismo puesto. Esta variable refleja la conexión entre la precariedad laboral y la elevada dependencia de las empresas españolas de empleos de muy corta duración. Sin embargo, los avances en esta área han sido menores a lo esperado. Los datos de 2024 muestran una reducción del 41% en las bajas de afiliación a la Seguridad Social por finalización de contratos temporales en comparación con el periodo previo a la reforma laboral. No obstante, este descenso queda eclipsado por un aumento del 456% en las bajas de trabajadores con contratos fijos discontinuos que pasan a la inactividad una vez terminada su tarea, aunque el contrato permanezca vigente. Las cifras recientes indican que cada mes se producen más de medio millón de estas bajas. La temporalidad laboral en España tiene características particulares que no dependen exclusivamente del tipo de contrato, sino del modelo productivo del país, donde sectores como la hostelería y el comercio -y en menor medida, la educación- desempeñan un papel importante. Estos sectores presentan picos de actividad altamente volátiles y estacionales. Esto explica una de las paradojas del mercado laboral tras la reforma: aunque la tasa de temporalidad ha disminuido notablemente, acompañada por un incremento histórico del empleo indefinido, la rotación laboral (medida como salidas del empleo trimestrales) sigue siendo la más alta de la Unión Europea. En el último trimestre, un 5,3% de los ocupados dejó su empleo anterior, una tasa que ha bajado cerca de dos puntos gracias a la reforma, pero que sigue duplicando la media europea y superando incluso a economías como la de los Países Bajos, líder en empleo temporal en la UE. Esto demuestra que, independientemente del tipo de contrato, los empleos en España son significativamente más inestables. Aunque esta alta rotación no aumenta el desempleo, ya que las salidas son compensadas por un volumen igualmente elevado de nuevas incorporaciones, sigue siendo un problema que la reforma laboral ha mitigado, pero no solucionado. Esta inestabilidad laboral no solo afecta a los trabajadores, sino que también tiene consecuencias macroeconómicas, ya que aumenta la vulnerabilidad del mercado laboral español frente a crisis económicas. Según datos recientes de la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta octubre de 2024 se registraron 19,05 millones de bajas de afiliación, de las cuales 2,01 millones ocurrieron solo en octubre. De estas, 8,11 millones (el 42,6%) se debieron a la finalización de contratos temporales, una cifra que en octubre alcanzó las 838.810. Comparando con los diez primeros meses de 2019, último periodo previo a la reforma sin el impacto de la pandemia, el total de bajas se redujo un 4%, mientras que las asociadas a contratos temporales cayeron un 41%. En 2019, estas últimas representaban el 69,2% del total, 26,6 puntos porcentuales más que en la actualidad. ¿Por qué el total de bajas no disminuye en proporción al descenso de las motivadas por contratos temporales? Entre las razones destacan el aumento de dimisiones, despidos y bajas por no superar el periodo de prueba, fenómenos que afectan a los nuevos contratos indefinidos tras la reforma. Sin embargo, el principal factor es el incremento de trabajadores con contratos fijos discontinuos que pasan a la inactividad. Estos contratos, aunque indefinidos, están asociados a actividades eventuales y recurrentes. Cuando la actividad se interrumpe, el contrato sigue vigente, pero el trabajador deja de percibir un salario y de cotizar. Las bajas de afiliación por esta causa han aumentado un 456% respecto a 2019, alcanzando 3,99 millones entre enero y octubre de 2024, con un pico de 509.428 en octubre.

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(El Economista, 31-12-2024) | Laboral

La empresa tiene derecho a saber por qué se le abre una inspección laboral

La imposición de una sanción por obstrucción a la labor inspectora en el ámbito social requiere que la Inspección garantice el derecho de la empresa sancionada a ser informada y a ejercer su defensa. Esto implica responder a las solicitudes de acceso al expediente y justificar la razón por la cual se han iniciado de oficio las actuaciones de comprobación, que incluyen la exigencia de numerosa documentación. Así lo establece una sentencia de la Audiencia Nacional, emitida el 10 de diciembre de 2024, que recuerda que los inspectores de Trabajo, en el desempeño de sus funciones, tienen la facultad de solicitar información al empresario sobre la aplicación de las disposiciones legales (artículo 13.3.a de la Ley Orgánica de la Inspección de Trabajo -LOIT-). Dichas actuaciones pueden iniciarse por orden superior, en cumplimiento de planes o programas de inspección, a petición razonada de otros órganos, mediante denuncia o por iniciativa propia, siguiendo criterios de eficacia y oportunidad (artículo 20.3 de la LOIT), conforme a lo regulado en los artículos 22 y 23 de su Reglamento. En el caso analizado, la magistrada ponente, Sancho Aranzasti, señala que, aunque la empresa no entregó la documentación requerida, tampoco manifestó una negativa absoluta e incondicional a hacerlo. Más bien, solicitó previamente a la Inspección información sobre los procedimientos abiertos en su contra, teniendo en cuenta los antecedentes, sin que conste que estas peticiones hayan sido atendidas. La empresa presentó varios escritos pidiendo acceso al expediente administrativo, pero no recibió respuesta alguna por parte de la Inspección. Asimismo, la empresa no acudió a ninguna de las convocatorias realizadas por el inspector, quien tampoco respondió a sus solicitudes de información.

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(El Economista, 31-12-2024) | Laboral

Las bajas por incapacidad temporal vuelven a crecer y llevan la tasa de absentismo al 5%

Las ausencias laborales, tanto justificadas como injustificadas, continúan aumentando trimestre tras trimestre sin que Gobierno, patronal ni sindicatos logren encontrar una explicación clara. El absentismo laboral es un tema que lleva varios años preocupando a todos los actores del mercado de trabajo y que ha ganado relevancia desde la pandemia del coronavirus, cuando comenzó a observarse un incremento significativo en las bajas por incapacidad temporal (IT). Durante 2024, esta tendencia se ha mantenido, tal como refleja el último informe de Randstad correspondiente al tercer trimestre, en el que se reporta un aumento del 5% en las ausencias relacionadas con accidentes o bajas médicas entre julio y septiembre. En este periodo, un promedio de 1,38 millones de trabajadores se ausentó de su puesto de trabajo, de los cuales más de un millón lo hizo con una baja médica. Este dato incluye tanto ausencias justificadas como injustificadas, considerando también permisos como los relacionados con el cuidado de menores (maternidad o paternidad) u otros no previstos en la jornada laboral anual. Las bajas médicas, respaldadas por la certificación de un profesional sanitario, son justificadas, pero su elevado volumen genera preocupación debido a factores como la sobrecarga del sistema de atención primaria, que retrasa la recuperación y el alta, así como el aumento de problemas relacionados con la salud mental. Según el informe, el nivel de absentismo alcanzó en el tercer trimestre un 6,3% de las horas pactadas, lo que supone un incremento de tres décimas en comparación con el 6% registrado en el mismo periodo de 2023. Además, el estudio destaca que más de 293.000 personas faltaron diariamente a su trabajo por motivos distintos a una baja médica, lo que representa el 21,2% del total de ausencias. Este dato incluye tanto permisos como ausencias injustificadas y retrasos, y refleja un crecimiento constante en los últimos trimestres, principalmente debido al aumento de bajas médicas, según explica Juan Ramón Benito, analista de datos de Randstad Research. El impacto del absentismo no es uniforme entre los sectores económicos. La industria presenta el mayor índice, con un 6,9% de las horas pactadas perdidas, seguida de cerca por los servicios (6,3%) y la construcción (5,3%). Dentro de estas grandes áreas, ciertas actividades destacan por sus niveles especialmente altos de absentismo, como los juegos de azar (11,1%), los servicios de limpieza y jardinería (10,9%), las actividades postales y de correo (10,6%) y la asistencia en residencias. A nivel territorial, Canarias lidera las tasas de absentismo con un 8,1% en el tercer trimestre, seguida por País Vasco (7,6%), Galicia (7,6%) y Murcia (7,2%). En contraste, las regiones con menor incidencia son Madrid (5,4%), Baleares (5,8%), Andalucía (6%) y Castilla-La Mancha (6,1%). Sin embargo, al analizar específicamente las bajas médicas, Canarias, Galicia y País Vasco mantienen las cifras más altas. En total, se perdió un 5% de las horas pactadas, lo que equivale a una media diaria de 1.087.875 trabajadores de baja. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Social tiene previsto iniciar en tres meses una mesa de diálogo con representantes de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT para abordar el problema del absentismo laboral, tal como se acordó en la última reforma de pensiones.

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(Expansión, 31-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El registro de alquiler turístico entra en vigor el 2 de enero

El Gobierno, que en múltiples ocasiones ha enfrentado expedientes de Bruselas por retrasos en la transposición de normativas comunitarias, se convertirá ahora en el primer país de la Unión Europea en implementar un registro único para alquileres turísticos, de temporada, de habitaciones y cualquier otra modalidad de alojamiento de corta duración. Este registro comenzará a regir el próximo jueves 2 de enero, aunque su aplicación efectiva será a partir de julio, dando así un margen a empresas y propietarios para adaptarse a la nueva normativa. La finalidad es controlar la proliferación de pisos turísticos ilegales y aumentar la supervisión sobre la oferta existente. Aunque el Ejecutivo disponía de plazo hasta mediados de 2026 para adoptar esta medida, ha decidido adelantar su implementación para abordar cuanto antes un fenómeno estrechamente relacionado con la crisis de vivienda en España. Este tipo de alquileres, al ser más rentables, reduce la oferta disponible para arrendamientos residenciales y contribuye a la subida de precios. A partir del 1 de julio, los arrendadores deberán obtener un número de registro para poder ofrecer alquileres de corta duración en plataformas digitales. Sin este identificador, no podrán destinar sus propiedades a usos turísticos. Además, los propietarios estarán obligados a proporcionar la información requerida, actualizarla cuando haya cambios y notificar a las plataformas el número de registro asignado por el Registro de la Propiedad o de Bienes Muebles. Por su parte, las plataformas que gestionan alquileres turísticos, vacacionales o de corta estancia deberán garantizar que los arrendadores incluyan este número en sus anuncios, que sea visible en las publicaciones y efectuar verificaciones aleatorias y periódicas. Asimismo, deberán informar de los resultados de estas comprobaciones si son negativos. Además, tendrán la obligación de recopilar y transmitir mensualmente datos de actividad de cada unidad, incluyendo el número de registro, la dirección y las URLs de los anuncios mediante un sistema de comunicación automatizada. También contarán con un plazo de 48 horas para cumplir resoluciones administrativas que exijan eliminar o deshabilitar anuncios relacionados con números de registro suspendidos o retirados. El permiso para ofrecer alquileres de corta estancia deberá renovarse anualmente mediante un modelo informativo para cada categoría de arrendamiento. Este registro, aprobado en el último Consejo de Ministros de 2024 mediante un real decreto ley el pasado 23 de diciembre, no será la única medida en materia de vivienda que entrará en vigor en 2025. Desde este miércoles 1 de enero, comenzará a aplicarse un nuevo índice para actualizar los contratos de alquiler anualmente. Recogido en la Ley de Vivienda, este índice buscará, mediante una fórmula que se actualizará de manera constante, que las subidas de los arrendamientos se mantengan por debajo del IPC a medio plazo.

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(El País, 31-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación sube cuatro décimas en diciembre y cierra el año en el 2,8%

El alza descontrolada de los precios ha perdido intensidad, pero la tendencia sigue siendo ascendente. El índice de precios al consumo (IPC) cerró el año con un aumento del 2,8% en diciembre, cuatro décimas por encima del dato de noviembre, impulsado principalmente por el encarecimiento de los carburantes, según los datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de este incremento, la cifra es significativamente inferior a la media anual de 2024, que se situó en el 3,6%. El comportamiento del IPC durante este año refleja tanto las oscilaciones de origen, como el precio de las materias primas, las turbulencias internacionales y las decisiones políticas internas. En los últimos meses, la retirada gradual de medidas diseñadas para mitigar la inflación, como aquellas dirigidas a reducir el coste de los alimentos y la electricidad, ha tenido un impacto notable. Este contexto explica el repunte de cuatro décimas frente al 2,4% registrado en noviembre, aunque sigue por debajo del 3,4% alcanzado en enero de 2024 y del pico máximo del 3,6% en mayo. La inflación subyacente, que excluye elementos más volátiles como energía y alimentos frescos y ofrece una visión más estructural, se situó en el 2,6% en diciembre, dos décimas por encima del mes anterior, pero por debajo del 3,8% registrado al cierre de 2023. Según el Ministerio de Economía, "la inflación, tanto general como subyacente, ha mostrado una reducción constante a lo largo del año". Este resultado, señalan, refleja la eficacia de las políticas económicas implementadas, que han logrado combinar un alto crecimiento económico en la zona euro con una reducción progresiva de la inflación. Diciembre marca el tercer mes consecutivo de aumento en el IPC, tras el mínimo anual del 1,5% registrado en septiembre. Economía atribuye el incremento de diciembre al "efecto base de los carburantes", que este año cerraron con precios al alza, a diferencia del descenso registrado en el mismo periodo del año anterior, aunque entonces los precios eran más elevados. También influyeron, aunque en menor medida, los precios del ocio y la cultura, que subieron más que en diciembre de 2023, según el INE. Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, calificó los datos de diciembre como "no muy positivos", aunque aclaró que no sugieren un proceso de reinflación. Torres explicó que "la última etapa de la desinflación es siempre la más difícil" y señaló factores complicantes, como la depreciación del euro frente al dólar, que encarece las importaciones, y la resistencia de los precios de los servicios, que siguen creciendo por encima de los bienes industriales no energéticos. El economista destacó que, si bien el incremento de cuatro décimas supera las medias recientes y los niveles de diciembre de 2023, la evolución de los carburantes podría ser circunstancial, aunque también está influenciada por la debilidad del euro frente al dólar, un factor que podría persistir. "En términos de energía, las noticias positivas de hace unos meses se han disipado", añadió. Analizando los datos acumulados hasta noviembre, los últimos disponibles, tanto los costes energéticos como los de la cesta de la compra han mostrado aumentos, aunque menos pronunciados que en años anteriores. Los alimentos, por ejemplo, moderaron su encarecimiento en comparación con 2022 y 2023, cuando las subidas acumuladas fueron del 15% y el 7%, respectivamente. Esto llevó a implementar reducciones temporales del IVA en productos básicos como pan, leche y huevos, que desaparecerán completamente en enero, lo que se traducirá en una cesta de la compra más cara en 2025. En cuanto a los gastos relacionados con la vivienda, que incluyen suministros energéticos, también registraron incrementos hasta noviembre. A partir de enero, las medidas destinadas a aliviar el impacto del encarecimiento de estos gastos dejarán de estar vigentes, lo que podría suponer una presión adicional para los consumidores.

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(El País, 31-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de ahorro de los hogares españoles se eleva hasta el 7,1% en el tercer trimestre

El ahorro de las familias aumentó en el tercer trimestre del año, alcanzando el 7,1% de su renta disponible bruta, lo que supone un incremento de 1,6 puntos respecto al mismo periodo de 2023 y superando su promedio histórico, que se sitúa ligeramente por debajo del 7%. Así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus últimos datos sobre las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales, publicados este lunes. Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro del sector creció 1,1 puntos frente al trimestre anterior, situándose en el 14,2%, el nivel más alto desde el tercer trimestre de 2021, cuando el consumo aún estaba contenido por los efectos de la pandemia. Este incremento en el ahorro está relacionado con varios factores, entre ellos, la moderación en el aumento de los precios y la fortaleza del mercado laboral, que ha mostrado avances en términos de creación de empleo y aumentos salariales. Estas condiciones han contribuido a recuperar parte del ahorro que se redujo significativamente en 2022 debido al fuerte impacto de la inflación, que disminuyó el poder adquisitivo de los hogares. En diciembre de 2024, la inflación se situó en el 2,8%, lo que dejó una media anual cercana al 2,5%, un nivel mucho más bajo que el 3,6% registrado el año anterior, según los datos preliminares del INE. Este descenso en el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha favorecido cambios en la política monetaria, con reducciones en los tipos de interés que han aliviado la carga de las hipotecas y el endeudamiento. Paralelamente, el mercado laboral alcanzó máximos históricos en afiliación, con 21,3 millones de trabajadores, y los niveles de desempleo más bajos desde 2007. Además, los aumentos salariales pactados en convenios colectivos han seguido de cerca el ritmo de la inflación, y se prevé que los salarios sigan creciendo en 2025. Otro factor que podría influir es el crecimiento del número de pensionistas, quienes suelen tener una menor propensión al consumo. Este conjunto de elementos también ha impulsado un aumento en la renta disponible bruta de los hogares, que creció un 8,2% en el tercer trimestre de 2024, según el INE. El gasto en consumo final también subió, aunque a un ritmo menor, del 6,6%, lo que ha contribuido al avance del Producto Interno Bruto (PIB). Al cierre de septiembre, la renta bruta de las familias ascendió a 237.811 millones de euros, frente a los 219.792 millones del mismo periodo del año anterior. El ahorro bruto aumentó de 11.965 millones en el tercer trimestre de 2023 a 16.997 millones en 2024, un incremento del 42%, ya que las familias gastaron menos de lo que ingresaron. El consumo final creció de 207.465 millones a 221.243 millones, mientras que su capacidad de financiación, es decir, el saldo positivo, fue de 398 millones de euros en el trimestre, en contraste con un déficit de más de 3.000 millones en el mismo periodo de 2023. A nivel global, considerando hogares, empresas y Administraciones públicas, la renta bruta disponible ascendió a 387.069 millones entre julio y septiembre, con una capacidad de financiación de 19.407 millones, lo que representa un aumento de casi 5.000 millones respecto al mismo periodo de 2023. Esto equivale al 4,9% del PIB, o al 4,2% si se eliminan los efectos de estacionalidad y calendario. En cuanto a las instituciones financieras, su saldo positivo fue de 7.901 millones, aunque inferior al año pasado por una caída en su renta disponible, mientras que las sociedades no financieras alcanzaron 1.790 millones. El consumo final de las Administraciones públicas también creció en el tercer trimestre, a un ritmo del 6,9% respecto al mismo periodo de 2023. Asimismo, su renta disponible bruta aumentó un 7,3%, y el ahorro bruto llegó a 19.122 millones, un 8,6% más. Sin embargo, la inversión avanzó apenas un 0,1%. En conjunto, la capacidad de financiación de las Administraciones mejoró hasta los 9.318 millones de euros en el tercer trimestre, frente a los 8.338 millones del año anterior. Sin embargo, ajustando por estacionalidad y calendario, se observó una necesidad de financiación equivalente al 3,5% del PIB, ligeramente superior al 3,2% registrado en el trimestre previo.

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(El Periódico, 31-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor sigue bajando con fuerza pero el alivio para los hipotecados comienza a moderarse

Buena noticia para los titulares de hipotecas al cierre de 2024. El euríbor, índice que referencia a alrededor de tres millones de hipotecas en España, cerrará diciembre en torno al 2,435%. Este dato representa una reducción de 1,244 puntos frente al mismo periodo del año anterior y de 1,091 puntos respecto a junio. Esto se traducirá en una notable disminución en las cuotas de los préstamos hipotecarios con revisión anual o semestral que utilicen el dato de diciembre, normalmente actualizadas en febrero. Sin embargo, el ritmo de reducción de las cuotas ha comenzado a moderarse, y se espera que esta tendencia continúe en 2025. Por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 euros a 24 años con un interés de euríbor más un punto porcentual de diferencial, la cuota mensual pasará de 867 euros a 765 euros, lo que supone un ahorro de 102 euros al mes y 1.224 euros al año. Para un préstamo de 300.000 euros en las mismas condiciones, la cuota bajará de 1.735 euros a 1.530 euros, con un ahorro mensual de 205 euros y anual de 2.460 euros. En revisiones semestrales, las cuotas de estas hipotecas pasarán de 854 y 1.709 euros a los mencionados 765 y 1.530 euros, respectivamente. A lo largo de 2024, los hipotecados han experimentado cierto alivio económico, aunque este llega tras el impacto significativo en sus finanzas de los dos años anteriores debido al drástico endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) para controlar la inflación. Por ejemplo, la cuota de una hipoteca de 150.000 euros, que era de 552 euros al mes en diciembre de 2021 cuando los tipos estaban al 0%, ahora se sitúa, incluso tras esta reducción, en 765 euros, un 38,5% más cara. Actualmente, el 63% de las hipotecas en España son a tipo variable, de las cuales el 62% se revisa anualmente y el 30% semestralmente, tomando como referencia el euríbor. Las cuotas disminuyen cuando el índice de referencia es inferior al registrado doce o seis meses atrás. Esta situación ha predominado en los últimos meses y es previsible que continúe en 2025, siempre que la inflación se mantenga bajo control y el BCE continúe relajando su política monetaria. No obstante, las diferencias interanuales e intersemestrales del euríbor están empezando a reducirse, lo que explica la moderación en la bajada de las cuotas hipotecarias. Este índice, que alcanzó un pico del 4,16% en octubre de 2023, ha ido descendiendo desde entonces, pero los niveles actuales comienzan a compararse con cifras anteriores más bajas, reduciendo la diferencia positiva para los hipotecados. Aun así, se prevé que las cuotas sigan disminuyendo en 2025, aunque a un ritmo más moderado, conforme la inflación se acerque al objetivo del BCE y los tipos de interés se estabilicen. El alivio para los hipotecados ha sido posible gracias a las sucesivas bajadas de los tipos de interés aplicadas por el BCE en junio, septiembre, octubre y diciembre de 2024. Si no hay sorpresas negativas en la evolución de la inflación, se espera que este enfoque continúe en 2025. Sin embargo, el endurecimiento del discurso de la Reserva Federal de Estados Unidos ha enfriado las expectativas de descenso de los tipos a nivel global, frenando la caída del euríbor en las últimas semanas de 2024. Según las previsiones de entidades como Bankinter y CaixaBank, el euríbor podría situarse en torno al 2,1% y 2,18%, respectivamente, en diciembre de 2025. De cumplirse estas estimaciones, las cuotas de las hipotecas con revisión anual seguirían disminuyendo hasta finales del próximo año, para estabilizarse probablemente en 2026, cuando la inflación alcance los objetivos del BCE y los tipos de interés encuentren un nivel estable.

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