(Expansión, 12-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se modera hasta el 2,3% en agosto por el abaratamiento de los carburantes y los alimentos

El Índice de Precios de Consumo (IPC), principal indicador de la inflación, se moderó cinco décimás en agosto hasta el 2,3%, mínimos de 14 meses, según el dato confirmado hoy por el Insituto Nacional de Estadística, que sube una décima respecto al dato adelantado. El IPC volvió a moderarse por el efecto base del abaratamiento de los carburantes, que subieron en agosto de 2023 y, en menor medida, al menor coste de los alimentos, cuyos precios bajaron más el mes pasado que hace un año en las mismas fechas, señala el INE. La inflación encadena tres meses consecutivos de caídas después de las subidas de marzo, abril y mayo que llevaron al IPC hasta el 3,6%. La inflación subyacente se modera una décima, hasta el 2,7%, su valor más bajo desde enero de 2022 y cinco décimas por encima de la tasa del IPC general. Respecto a los precios de agosto con respecto a julio, el IPC intermensual se queda igual, en contraste con dato de julio cuado se moderó cinco décimas. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que se emplea para armonizar precios con estadísticas internacionales, fundamentalmente Eurostar, situa su tasa anual en el 2,4%, cinco décimas por debajo del mes anterior. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en agosto. País Vasco presentó la más elevada (2,6%) y Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, las más bajas (2,0%). La inflación ha seguido moderándose durante todo el verano fundamentalmente por el abaratamiento de los productos energéticos, y el IPC subyacente, que no contempla en la estadística las variaciones más volátiles de los precios de la energía y los alimentos no elaborados, también se ha estado comportando mejor de lo previsto. No obstante, los próximos meses se espera un ligero incremento del indicador que dejará el IPC general en el 2,8%, según las últimas previsiones de los analistas. Para 2024 en conjunto se espera que ronde el 3% y para 2025 el consenso está en estos momentos en torno en el dato actual, 2,3%. Este mes, los grupos de consumo que más han tirado a la baja del IPC generan han sido el  transporte, que baja un -1,3%, 3,7 puntos por debajo de la del mes pasado, por la caída de los carburantes y lubricantes frente a la subida en el mismo mes de 2023. En menor medida influyeron los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuya tasa anual disminuyó seis décimas, hasta el 2,5%, por la bajada de los precios de los aceites y grasas y de las legumbres y hortalizas, frente a la subida en agosto del año anterior. Tiraron al alza, en cambio, los precios de la vivienda (gastos asociados a la vivienda, no el precio de la vivienda en sí, cuya principal partida es el recibo de la luz). En este caso, la tasa anual sube ocho décimas, hasta el 4,0%, dado que la subida de los precios de la electricidad fue mayor que en agosto de 2023. En un mes, lo que más ha subido respecto en agosto respecto a julio y más peso ha tenido en el IPC intermensual han sido el ocio y cultura, que sube un 1,4% por el alza de precios de los paquetes turísticos, y de nuevo la vivienda, con una tasa del 0,7% por la subida de la electricidad. Cayeron en cambio, el transporte, (-0,8%), por los carburantes y lubricantes más baratos, y la alimentación y bebidas no alcohólicas, (-0,4%), por la caída del precio de la fruta.

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(Expansión, 10-09-2024) | Fiscal

El Círculo de Empresarios, preocupado ante el riesgo de una segunda prórroga presupuestaria

Advierten que la financiación especial y las condonaciones de deuda pueden desalentar la responsabilidad fiscal, e instan al PSOE y al PP a acordar un pacto de Estado sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. "Una prórroga presupuestaria es una oportunidad perdida. Dos serían una mala señal", declaró ayer el Círculo de Empresarios, refiriéndose a la incertidumbre sobre el éxito del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, que el Gobierno busca reactivar hoy con la aprobación del techo de gasto y la senda fiscal, previamente rechazada por el Congreso en julio. El Círculo de Empresarios, presidido por Juan María Nin, recordó que el Gobierno renunció a elaborar unos Presupuestos específicos para 2024 a comienzos de este año, debido a la inestabilidad política causada por las elecciones catalanas. El rechazo de Junts a la senda fiscal para 2025 y la posibilidad de que voten en contra del nuevo proyecto presupuestario, dejando al Ejecutivo sin los apoyos parlamentarios necesarios, plantea la opción de que se prorroguen las cuentas de 2023. "La prórroga de los presupuestos limita la capacidad del Gobierno y, en consecuencia, de la economía española, ya que puede retrasar los ajustes y reformas necesarios para poner en marcha el plan de consolidación que acerque la deuda pública española a los estándares europeos", explica el análisis del Círculo de Empresarios. También señala que esta prórroga afecta la capacidad de planificación presupuestaria de las comunidades autónomas y los municipios, dificultando su necesaria disciplina fiscal. Respecto al techo de gasto récord que se aprobará hoy, los empresarios piden no utilizar "incrementos de ingresos temporales" para cubrir gastos permanentes. Por último, el Círculo de Empresarios critica los riesgos asociados al acuerdo de financiación singular para Cataluña, que contempla la cesión del 100% de los impuestos a cambio de un cupo, así como al plan de condonación parcial de la deuda autonómica prometido por el Gobierno. "Los anuncios sobre la disponibilidad de recursos adicionales, nuevos modelos de financiación autonómica o la condonación de deuda no crean el entorno adecuado ni envían una señal clara que fomente la responsabilidad fiscal", advierte el Círculo, que insta al PSOE y PP a alcanzar un pacto de Estado sobre la sostenibilidad fiscal.

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(Expansión, 10-09-2024) | Fiscal

Fedea alerta que compensar el cupo catalán requerirá subir impuestos

El servicio de estudios considera que la afirmación del Gobierno de que el pacto entre el PSC y ERC será la base para reformar el sistema de financiación autonómica "no es convincente". Señala que habrá "ganadores y perdedores claros" y advierte sobre posibles "daños colaterales" en la "eficiencia tributaria". Las pocas explicaciones ofrecidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la semana pasada sobre el acuerdo de financiación especial para Cataluña no han aclarado sus implicaciones. No obstante, desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) afirman que la idea del Gobierno de que este acuerdo sirva como primer paso hacia una reforma beneficiosa para todas las regiones "no resulta creíble". Además, alertan de que el aumento de fondos para las demás comunidades prometido por el Ejecutivo solo será posible a costa de recortar servicios públicos o subir impuestos. "Seis semanas después de su firma, las virtudes del acuerdo entre el PSC/PSOE y ERC para otorgar a Cataluña un modelo de financiación singular siguen siendo motivo de debate, sin que se hayan aclarado los detalles de cómo se concretaría lo acordado", critica en el informe Ángel de la Fuente, director de Fedea y especialista en financiación autonómica, quien también cuestiona "las escasas explicaciones del Gobierno". La principal conclusión del informe es que la postura del Gobierno sobre que el acuerdo con ERC puede sentar las bases de una reforma beneficiosa para todos "no es creíble". El documento asume que "los altos costes que probablemente conllevaría la implementación de este acuerdo" requerirán buscar alternativas que no pongan en peligro la solidaridad interregional ni la autonomía del Gobierno central. Fedea defiende la permanencia de una administración tributaria única que coordine con las autonomías a través de un consorcio que incluya al Estado y las 15 regiones de régimen común, en lugar de establecer consorcios bilaterales para cada comunidad. También sugiere mantener la ordinalidad en la financiación por habitante ajustado y ofrecer compensaciones temporales a las regiones infrafinanciadas, como Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Sin embargo, el acuerdo actual, que otorga a la Generalitat el control del 100% de los impuestos generados en Cataluña, a cambio de una contribución al Estado por los servicios prestados y una cuota de solidaridad aún por definir, desequilibraría el sistema e introduciría riesgos, ineficiencias y perjuicios. "Habrá ganadores y perdedores claros", señala el informe de Fedea, advirtiendo que la redistribución de recursos no mejorará la equidad del sistema. Además, advierte sobre "enormes daños colaterales", como la pérdida de eficiencia en la recaudación de impuestos y una transformación hacia un modelo confederal que podría comprometer la capacidad del Estado para ejercer sus competencias constitucionales de manera adecuada. Finalmente, Fedea reconoce que "el Estado podría compensar a las comunidades perdedoras" como han prometido Sánchez y Montero, pero advierte que los recursos necesarios solo podrían provenir de un aumento de impuestos en las regiones que permanezcan en el sistema común o de un recorte en las prestaciones estatales, lo que también tendría un impacto negativo en estas regiones.

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(El Economista, 10-09-2024) | Fiscal

Hacienda incrementa las inspecciones a los caseros para que tributen aunque tenga el inmueble vacío

Hacienda ha intensificado las inspecciones a los propietarios que alquilan inmuebles, centrándose especialmente en los que poseen oficinas en los últimos meses. La Agencia Tributaria tiene dos objetivos principales: evitar que los propietarios deduzcan en el IRPF los gastos relacionados con el inmueble (como el IBI, la comunidad, los seguros o los intereses hipotecarios) durante los días en que la propiedad no ha estado alquilada, y además, obligarlos a tributar en ese período vacío mediante la imputación de rentas, que se calcula como el 2% del valor catastral o el 1,1% si dicho valor fue revisado a partir de 2012. Los expertos legales coinciden en que este incremento en las inspecciones viene motivado por una sentencia del Tribunal Supremo del 25 de febrero de 2021, que determinó que los propietarios no podían deducir los gastos del inmueble por los días que estuvo vacío y, además, debían tributar por la imputación de rentas en ese tiempo. Juan Osuna, socio del área fiscal de Fieldfisher, señala que las inspecciones están aumentando porque la Agencia Tributaria tiene acceso a los datos de consumo de servicios como luz y agua, y cuando estos son anormalmente altos o bajos, se activan alertas automáticas. "El fondo de la sentencia del Supremo, en mi opinión, es injusto, pero es una norma que hay que cumplir. Resulta absurdo que si un inquilino deja la propiedad y tarda quince días en ser alquilada de nuevo, no se puedan deducir gastos como el IBI, especialmente si el propietario no tiene intención de ocupar el inmueble, y menos aún si se trata de una oficina", afirma Osuna. Además, Osuna menciona que esta problemática afecta también a los alquileres turísticos. Si los propietarios no tienen el inmueble ocupado todo el año, deben pagar por la imputación de rentas en los periodos en que está vacío y no pueden deducir los gastos correspondientes. Según él, la solución es limitada, ya que la sentencia del Supremo lo respalda, y más aún ahora que en la declaración de la Renta se debe especificar la fecha de inicio del contrato, lo que refleja los cambios de inquilinos. Por su parte, Sergio Carpio, socio de Legal de ETL Global, señala que las inspecciones se han intensificado en los propietarios de oficinas, ya que este sector ha sido uno de los más afectados desde la sentencia del Supremo, no solo por la pandemia, sino también por el auge del teletrabajo, lo que ha dejado muchas oficinas vacías. Carpio considera "una completa contradicción" que la sentencia del Supremo impida a los propietarios deducir ciertos gastos que surgen simplemente por el hecho de poseer el bien, aunque esté vacío y no genere ingresos, pero aun así les obligue a tributar un porcentaje sobre el valor catastral. Sin embargo, anticipa que esta cuestión terminará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que cualquier contribuyente sometido a una inspección de este tipo agotará todos los recursos posibles, y "cuando un caso llega a Europa, el fallo suele favorecer al contribuyente". Finalmente, Bosco Montejo, responsable de la práctica fiscal de Freshfields, señala que el régimen de imputación de rentas ha sido siempre un tema controvertido, ya que obliga a tributar por un supuesto ingreso cuando en realidad no se tiene, lo que puede chocar con el principio de capacidad económica recogido en la Constitución. "El propietario debe imputar un porcentaje del valor catastral cuando el inmueble no está alquilado, porque si lo estuviera, generaría un rendimiento por actividad económica", concluye.

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(El País, 10-09-2024) | Laboral

Trabajo quiere bonificar contratos a las pymes para impulsar la reducción de la jornada laboral

Las bonificaciones estarán dirigidas exclusivamente a nuevos contratos indefinidos y se complementarán con un plan de apoyo que incluirá asesoramiento y formación. La CEOE cree que esta propuesta "profundiza en el intervencionismo" en las relaciones laborales. El Ministerio de Trabajo ha propuesto bonificaciones para las nuevas contrataciones que deban realizar las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas con menos de 10 empleados, como resultado de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, adelantó en La Sexta que en España existen 1.300.000 empresas con menos de 10 trabajadores, que emplean a 3,5 millones de personas. "En la medida en que estas empresas necesiten contratar personal debido a la reducción de la jornada, bonificaremos esas contrataciones", señaló. Desde el Ministerio aclaran que los criterios definitivos aún no se han establecido y que están abiertos a recibir propuestas de las organizaciones empresariales. Estas bonificaciones se limitarán a los nuevos contratos indefinidos y estarán acompañadas por el plan "Pyme 375", que incluirá medidas de asesoramiento y formación. Con este plan, el Ministerio busca involucrar a la CEOE en el acuerdo. La propuesta se presentó hoy en la mesa de diálogo social, donde Gobierno, patronal y sindicatos discuten la reducción de jornada. El Ministerio se comprometió a enviar un documento detallado para que todas las partes lo analicen. "La patronal tiene una actitud constructiva y analizará el documento", añadió Pérez Rey, expresando su confianza en que se logre un acuerdo. Además, insistió en que se mejorará el sistema de registro horario con una herramienta electrónica accesible para la Inspección de Trabajo, que garantice la desconexión digital y evite manipulaciones. También destacó la importancia de una distribución flexible de la jornada, pero dejó claro que la reducción no será "falsa". "Queremos que aporten nuevas ideas al plan de acompañamiento", subrayó Pérez Rey. Desde la CEOE han señalado que la propuesta del Ministerio, que evaluarán cuando la reciban por escrito, "profundiza en el intervencionismo" en las relaciones laborales y "desprecia" la negociación colectiva. La patronal argumenta que el plan pretende que el SEPE se convierta en asesor de las pymes para la reducción de jornada, cuando no logra reincorporar ni al 3% de los desempleados al mercado laboral. Defienden que ya existen despachos, consultoras y empresas cualificadas para esa labor. Además, critican que el plan de apoyo a las pymes es "impreciso" y creen que el Gobierno está reconociendo implícitamente que sus continuos anuncios están obstaculizando la creación de empleo.

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(El País, 10-09-2024) | Laboral

Casi el 30% de los empleos mundiales dependientes de las exportaciones

Casi un 30% de los empleos a nivel mundial están vinculados a las exportaciones, según el informe de 2024 sobre el comercio global publicado por la Organización Mundial del Comercio (OMC) este lunes. Sin embargo, los beneficios de este fenómeno no se distribuyen de manera equitativa, y el incremento de políticas restrictivas está amenazando el crecimiento económico. El proteccionismo ha resurgido con fuerza, intensificado por la pandemia y la guerra en Ucrania, lo que ha provocado un aumento de la intervención gubernamental. Algunas naciones, como México y Vietnam, han sabido sacar provecho de estas tensiones, incrementando sus exportaciones a Estados Unidos luego de que este último impusiera más restricciones a China. Las cifras más recientes de la OMC indican que entre 1995 y 2019 el porcentaje de empleos ligados a las exportaciones creció cinco puntos porcentuales a nivel global, alcanzando casi tres de cada diez empleos. En ciertos países, esto ha permitido aumentar los ingresos de los trabajadores menos cualificados y reducir los precios para los consumidores. El informe abarca tanto los trabajos en industrias exportadoras como los creados en etapas anteriores en más de 60 países, y excluye el año 2020 por los efectos de la pandemia. El documento subraya que la liberalización comercial ha contribuido a mejorar el bienestar económico en general, impulsando el crecimiento y creando empleos bien remunerados. Los sectores en expansión ofrecen nuevas oportunidades laborales, incluso para los trabajadores con menos habilidades, ayudando a mitigar la desigualdad salarial en algunas naciones. Por ejemplo, en Alemania, la brecha de ingresos entre los trabajadores más y menos remunerados se redujo un 10% entre 2022 y 2023. A nivel global, la diferencia de ingresos entre trabajadores altamente cualificados y los menos cualificados también ha disminuido, lo que sugiere una reducción de la desigualdad en varias economías. A pesar de estos avances en el mercado laboral, la OMC reconoce que algunas personas pierden sus empleos o ven reducidos sus salarios debido a la competencia extranjera. Por ejemplo, las regiones de Estados Unidos especializadas en manufactura vieron una disminución relativa de los ingresos tras el aumento del comercio con China, mientras que las áreas centradas en agricultura y servicios experimentaron mejoras. De manera similar, en Alemania, las zonas con una alta concentración de empresas textiles sufrieron pérdidas de empleo debido a los lazos comerciales con China y Europa central, mientras que las áreas dedicadas a la industria automovilística se beneficiaron. En China, el sector agrícola también registró pérdidas de empleo. Los más afectados por la apertura comercial suelen ser las personas de bajos ingresos, los trabajadores menos cualificados, los pequeños empresarios y las mujeres. Además, los mayores beneficiarios de la globalización siguen siendo los países ricos. Las economías de bajos ingresos, que agrupan a más de 880 millones de personas, representan solo el 1% del comercio mundial, una cifra que se ha mantenido sin cambios desde 1995. Otro problema importante es el aumento del proteccionismo. Según la OMC, "hay una creciente competencia global por los subsidios, lo que está distorsionando los mercados y favoreciendo a las economías de altos ingresos y emergentes". Si esta tendencia continúa, la falta de inclusión en el comercio global podría frenar el crecimiento sostenido y aumentar las disparidades económicas a largo plazo. Esta advertencia llega en un momento de crecientes tensiones entre China y la Unión Europea por los subsidios a los coches eléctricos. La decisión de Bruselas de aumentar los aranceles a estas importaciones ha llevado a Pekín a iniciar una investigación sobre los subsidios a los productos lácteos europeos, como el queso fresco y azul, la leche y la nata. Para España, esto podría derivar en represalias contra las exportaciones de carne de cerdo, un sector que genera miles de millones de euros y numerosos empleos. Este temor ha sido uno de los temas clave en la reunión que tuvo lugar el lunes entre el presidente Pedro Sánchez y su homólogo chino Xi Jinping. "Una guerra comercial no beneficiaría a nadie", afirmó el gobierno español en un foro con empresarios chinos y españoles.

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(El Economista, 10-09-2024) | Laboral

Los indefinidos que firman más de un contrato al mes se multiplican por cinco tras la reforma laboral

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) informa que en agosto pasado se firmaron 1.040.159 contratos por parte de 861.386 personas, lo que equivale a un promedio de 1,12 contratos por persona. Esto significa que el 21% (20,79%) de los trabajadores firmaron más de un contrato, es decir, un total de 178.773 personas. Este dato refleja una mejora significativa en comparación con el 33% de agosto de 2021 y el 37% del mismo mes de 2019, que representa el máximo histórico. Para encontrar una proporción similar a la de este año, hay que remontarse a 2006, lo que indica un impacto positivo de la reforma laboral. Sin embargo, surgen interrogantes cuando se analizan los diferentes tipos de contratos. En agosto, 370.863 personas firmaron 389.735 contratos indefinidos, lo que da un promedio de 1,05 contratos por persona, o lo que es lo mismo, el 5% de los trabajadores con contratos indefinidos firmaron más de uno al mes. Por otro lado, 510.096 empleados suscribieron 650.424 contratos temporales, con una media de 1,28 contratos por persona, lo que representa un 28% de los asalariados (140.328 personas). Llama la atención que la suma de personas que firman contratos, tanto indefinidos como temporales, supera el total general en un 2,23%, es decir, 19.573 personas adicionales. Esto se debe a que son personas que firmaron contratos de ambos tipos en el mismo mes, pero no se cuentan dos veces en el total agregado. En agosto de 2019, esta diferencia era solo del 0,5%, equivalente a 6.703 personas. El aumento de este porcentaje tras la reforma laboral podría deberse a varias razones, como más conversiones de contratos temporales a indefinidos o situaciones en las que, tras la pérdida de un contrato indefinido (por no superar el periodo de prueba, por ejemplo), los trabajadores pasan a tener un contrato temporal. En cualquier caso, esto evidencia un aumento en la volatilidad de los contratos indefinidos desde la implementación de la reforma. Este cambio es consistente con lo observado en los contratos indefinidos, ya que el 5% de los trabajadores firmaron más de un contrato fijo en agosto, en comparación con la media histórica del 1% desde 2006. Este incremento ya se había registrado en 2022, el primer año de la reforma, y en agosto de 2023 llegó al 6%. El Gobierno atribuyó este aumento a la adaptación de las empresas al nuevo marco legal, especialmente en un contexto de recuperación económica post-pandemia, y al hecho de que más personas estaban firmando contratos indefinidos que nunca (el número de agosto triplica el de 2019). Sin embargo, esta explicación no parece del todo válida, ya que la relación entre personas y contratos no depende del volumen total, sino de la proporción entre ambos. Además, el aumento se mantiene en el tercer año de aplicación de la reforma, lo que contrasta con la afirmación del Ejecutivo de que la reforma no ha introducido cambios significativos en los contratos indefinidos. Un factor que sí ha cambiado es la figura de los contratos fijos discontinuos, una modalidad de contrato indefinido que alterna periodos de actividad e inactividad, durante los cuales los trabajadores pueden firmar otros contratos. La reforma laboral promovió el uso de esta figura en distintos tipos de empresas, incluidas las ETTs. Aunque los datos del SEPE no especifican los detalles sobre estos contratos, esto sugiere la posibilidad de que parte de la volatilidad antes asociada a los contratos temporales se haya trasladado a los contratos indefinidos ordinarios. En cualquier caso, la volatilidad de los contratos temporales ha disminuido claramente tras la reforma. El 28% de los nuevos asalariados temporales firmaron más de un contrato al mes, una mejora con respecto al récord del 41% alcanzado en agosto de 2018. Esto es coherente con la disminución en la firma de contratos temporales y con la eliminación de los contratos por obra y servicio, lo que ha endurecido las condiciones de los trabajos temporales.

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(La Vanguardia, 10-09-2024) | Laboral

Los consejeros delegados del Ibex cobran de media 53 veces más que los empleados

A medida que las corporaciones crecen, también aumenta la brecha salarial entre los altos ejecutivos y el resto de la plantilla. Según el informe anual de gobierno corporativo y remuneraciones publicado por la CNMV este lunes, los consejeros ejecutivos de las empresas del Ibex, en su mayoría consejeros delegados o presidentes con funciones ejecutivas, ganaron el año pasado un salario promedio 53 veces superior al de sus empleados, en comparación con las 19 veces del resto de empresas cotizadas. El informe destaca el crecimiento en la retribución de estos altos cargos, que superó tanto al aumento del salario medio (4,7% en 2023, según el INE) como a la inflación (3,5%). En 2023, la remuneración de los consejeros ejecutivos, tanto en las empresas del Ibex como en el resto de cotizadas, creció un promedio del 7%. En términos absolutos, la retribución media de los consejeros ejecutivos en el conjunto de las empresas cotizadas fue de 1,8 millones de euros, excluyendo componentes extraordinarios. Sin embargo, cuando se incluyen estos factores adicionales, surgen casos excepcionales como los 23,7 millones de euros que recibió el consejero delegado de Cie Automotive, Jesús María Herrera, el año pasado. En cuanto a los consejeros no ejecutivos, la remuneración media fue de 160.000 euros, un 4,6% más que el año anterior, mientras que el salario promedio de los consejos de administración se mantuvo estable en 4,1 millones de euros. Si no se consideran los componentes extraordinarios, los consejeros ejecutivos de empresas cotizadas ganaron el año pasado 31,5 veces más que el salario medio de sus empleados, una ligera subida en comparación con las 31 veces del 2022. En el caso de las empresas del Ibex, esta proporción fue de 53 veces, ligeramente por debajo de las 54 veces del año anterior, aunque la diferencia ha aumentado en otras cotizadas, pasando de 17 a 19 veces. Los consejeros no ejecutivos, por su parte, tuvieron una retribución media que fue tres veces superior a la de los empleados. El informe también destaca la brecha salarial de género entre los consejeros ejecutivos, aunque la CNMV advierte que esta muestra puede estar distorsionada. En promedio, los hombres ganan un 13,5% más que las mujeres. Un aspecto relevante relacionado con la brecha de género es el escaso número de mujeres en cargos de consejero ejecutivo. En las empresas del Ibex, las consejeras ejecutivas ganan de media un 47% más que sus homólogos masculinos, en parte porque hay pocas mujeres en estos puestos, con figuras destacadas como la presidenta ejecutiva del Santander, Ana Botín. En cambio, en las cotizadas fuera del Ibex, las mujeres cobran un 58% menos que los hombres. En cuanto a los consejeros no ejecutivos, los hombres ganan un 19,7% más que las mujeres. La presencia de mujeres en los consejos de administración aumentó hasta el 34,5%, frente al 31,9% en 2022. En el caso del Ibex, la proporción de mujeres en los consejos alcanzó el 40,1%, superando ligeramente la recomendación del 40%. En 2004, antes de la implementación de los códigos de buenas prácticas, solo el 5,9% de los miembros de los consejos eran mujeres. En cuanto a los consejeros ejecutivos, también existe un debate sobre el papel de los presidentes del consejo. Los códigos de buenas prácticas recomiendan que no ejerzan funciones ejecutivas, pero en muchas empresas cotizadas, los presidentes asumen de alguna manera este rol. Los presidentes ejecutivos representan el 49% del total, mientras que los presidentes independientes, es decir, aquellos que también son consejeros independientes, constituyen el 12,8%, frente al 11,6% del año anterior.

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(Expansión, 10-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Plan Draghi para la Unión Europea pretende invertir 800.000 millones para competir con EEUU y China

El denominado "informe Draghi", solicitado por Bruselas, exhorta a la Unión Europea a triplicar el impacto del Plan Marshall mediante inversiones públicas y privadas en áreas clave como la innovación, la transformación energética, la autosuficiencia estratégica y la seguridad. Según Mario Draghi, ex presidente del Banco Central Europeo y ex primer ministro italiano, quien elaboró este informe por encargo de la Comisión Europea, Europa enfrenta un "desafío existencial". No se trata solo de que su economía esté rezagándose a nivel global, sino que, si no reduce rápidamente la brecha de productividad frente a Estados Unidos y China, no podrá sostener su modelo social. Para afrontar este desafío, Draghi propone que la UE incremente las inversiones público-privadas en aproximadamente 800.000 millones de euros anuales en sectores como la innovación, la energía, la autosuficiencia y la defensa, lo que representaría triplicar la escala del Plan Marshall implementado tras la Segunda Guerra Mundial. El informe, titulado "El futuro de la competitividad europea" y compuesto por 397 páginas en dos volúmenes, fue presentado públicamente ayer en Bruselas por Draghi junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen anunció que el documento se convertirá en la base de su política económica para los próximos años, adoptándolo como guía antes de presentar su nuevo equipo de comisarios. El informe critica que, pese a la desaceleración económica que ha experimentado Europa desde principios de siglo, el continente se ha acomodado. Factores como el crecimiento de las exportaciones a Asia, el aumento de la participación femenina en el mercado laboral y la reducción del desempleo tras la crisis de 2008, junto a un entorno global favorable, relajaron las preocupaciones. Sin embargo, en términos de ingresos per cápita, Estados Unidos ha visto crecer los ingresos disponibles casi al doble de la tasa europea desde el año 2000. Según Draghi, Europa dependía de la protección de Estados Unidos en materia de defensa, lo que permitió desviar fondos hacia otras prioridades, bajo la presunción de que la estabilidad geopolítica continuaría y los países en los que confiaban seguirían siendo aliados. Este escenario ha cambiado drásticamente. El crecimiento acelerado del comercio mundial ha disminuido, las empresas europeas enfrentan una competencia externa más feroz y el acceso a mercados extranjeros se ha complicado. Además, Europa perdió abruptamente a su principal proveedor de energía, Rusia, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las dependencias estratégicas. Ante esta nueva realidad, Europa se ha quedado rezagada en la revolución digital, con solo cuatro de las 50 principales empresas tecnológicas del mundo siendo europeas. La población laboral de la UE también está en declive, y se espera que para 2040 disminuya en dos millones de personas por año. Esto reduce la proporción de trabajadores por jubilado, lo que agrava el problema. Para abordar estos desafíos, Draghi señala que la inversión en Europa deberá aumentar en cinco puntos porcentuales del PIB, alcanzando niveles que no se veían desde las décadas de 1960 y 1970. El aumento requerido es equivalente a entre 4,4% y 4,7% del PIB europeo, lo que representa un incremento anual de entre 750.000 y 800.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas. Draghi también considera crucial la emisión conjunta de deuda europea, los llamados eurobonos, para financiar proyectos estratégicos de innovación, infraestructuras y defensa. Según su visión, esta medida ayudaría a fortalecer la unión de capitales en la UE. El informe subraya que Europa debe actuar radicalmente para volverse más productiva y mantener sus valores fundamentales: prosperidad, equidad, libertad, paz y democracia. De no hacerlo, Europa perdería su razón de ser. El documento identifica tres áreas clave para el crecimiento. La primera y más importante es cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China, especialmente en tecnologías avanzadas. En los últimos 50 años, Europa no ha creado ninguna empresa con una capitalización superior a los 100.000 millones de euros desde cero, a diferencia de EE.UU., donde varias compañías han alcanzado una capitalización de más de un billón de euros. Además, la regulación restrictiva y la falta de inversión en investigación son obstáculos que deben superarse. La segunda área es una descarbonización coordinada de la economía, con el objetivo de hacer que la transición energética sea una ventaja competitiva para Europa. La región ya es líder mundial en tecnologías limpias, y este sector podría impulsar su crecimiento industrial, aunque enfrenta la fuerte competencia de China. Por último, el informe aboga por aumentar la seguridad y la defensa comunes, reduciendo la dependencia de terceros países. Europa es vulnerable a choques externos, como la pandemia, debido a su fuerte dependencia de materias primas clave y tecnologías avanzadas, como los semiconductores.

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(El Economista, 10-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las inmobiliarias piden a Sánchez que extienda los avales ICO al alquiler

"Es necesario enfrentar de manera efectiva la actual crisis de vivienda", sostiene la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) en su demanda para el nuevo curso político. En su opinión, el Gobierno debería implementar "medidas urgentes y nuevas" dirigidas al mercado de alquiler, el cual ha experimentado una gran transformación en los últimos años, impulsado por la intervención del Ejecutivo, especialmente con la ley de vivienda como principal referente. Actualmente, los precios de los alquileres han alcanzado máximos históricos debido a la escasez de oferta y la elevada demanda. Según los últimos datos de la federación, la oferta de alquileres de larga duración ha caído un 37,2% en el último año, mientras que la demanda ha crecido un 20,23%. Para aliviar esta situación, la FAI propone ampliar los avales ICO al mercado del alquiler, lo que ofrecería seguridad a los pequeños propietarios frente al riesgo de impago y ante la lentitud de los procesos judiciales de desahucio. "La creación de un aval público rápido para alquileres daría cobertura y protección tanto a propietarios como a inquilinos, complementando o reemplazando las actuales pólizas de alquiler", explican. Esta garantía adicional también incentivaría a más propietarios a poner sus viviendas en alquiler, evitando que opten por otras formas de arrendamiento o que retiren sus inmuebles del mercado. La propuesta, aún en fase preliminar, no detalla cómo se estructuraría el crédito del Gobierno, aunque desde la FAI señalan que serían los propietarios quienes solicitarían los avales ICO. Respecto a los inquilinos, consideran que estos avales eliminarían obstáculos económicos para quienes tienen dificultades para obtener avales privados, una condición cada vez más común para cerrar un contrato. Aunque este beneficio sería indirecto, destacan que "con un aval, el inquilino podría negociar mejores condiciones, como un alquiler más asequible o un contrato más flexible. Además, si surgieran problemas de pago, el aval actuaría como garantía adicional, lo que daría tranquilidad tanto al inquilino como al propietario". En definitiva, los avales podrían facilitar el acceso y hacer más seguro el proceso de alquiler, afirman desde la federación. Además de los avales, la FAI también propone aumentar la oferta de alquiler mediante la creación de ayudas para la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler de larga duración, junto con cambios normativos, incentivos y bonificaciones fiscales. José María Alfaro, presidente de la federación, destaca que "el claro desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda habitual en España", provocado por la falta de disponibilidad en las principales ciudades y capitales de provincia, ha generado una presión sin precedentes en las últimas cuatro décadas, con una disminución gradual de la oferta y un aumento de los precios de alquiler tres o cuatro veces superior a la inflación en los últimos cinco años. En este sentido, Alfaro subraya la importancia de generar nueva oferta de vivienda asequible para cubrir el déficit estructural que se arrastra desde 2009. Sin embargo, señala que, mientras se construye nueva vivienda, es posible fomentar el retorno de más de 200.000 viviendas ya existentes al mercado de alquiler, especialmente en grandes ciudades, en un plazo inferior a tres años. Alfaro alerta que la crisis de vivienda actual está teniendo un "impacto devastador" en muchas familias, jóvenes y trabajadores, quienes enfrentan crecientes dificultades para encontrar viviendas asequibles y estables. Califica la situación de "drama social", ya que está poniendo en riesgo el bienestar de numerosos ciudadanos que ahora, en lugar de buscar un piso, se ven obligados a encontrar espacio en habitaciones compartidas. Por ello, concluye que es urgente una respuesta decidida y coordinada por parte de las administraciones nacionales, autonómicas y locales para revertir la caída en la oferta y garantizar un acceso justo a la vivienda para todos los ciudadanos.

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