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(El País, 13-01-2025) | Laboral

Más de seis millones de trabajadores perdieron poder de compra en 2024

Los precios ofrecieron un respiro a los españoles durante 2024, con un incremento promedio del 2,8%. Aunque todavía se sitúan por encima del 2% considerado ideal por las instituciones económicas, están por debajo del 3,6% registrado en 2023 y lejos del desmesurado aumento del 8,4% en 2022, impulsado por la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania. Al analizar la evolución del coste de la vida en relación con los salarios, se puede determinar cuántos ciudadanos ganaron o perdieron poder adquisitivo. Según cálculos realizados, al menos 6,3 millones de trabajadores (entre empleados públicos y ocupados en el sector privado) vieron reducido su poder adquisitivo en 2024, mientras que 3,39 millones de asalariados privados lograron mantenerlo estable. En contraste, nueve millones de pensionistas y 3,9 millones de empleados del sector privado experimentaron un incremento en su capacidad de compra. En términos porcentuales, un 27% de los grupos analizados perdió poder adquisitivo, mientras que un 58% lo aumentó. Este análisis abarca tres colectivos principales: los asalariados del sector privado, basándose en la estadística de convenios del Ministerio de Trabajo; los empleados públicos, que experimentaron una pérdida de capacidad de compra; y los pensionistas, cuyas prestaciones les permitieron mejorar su situación económica. No obstante, el estudio deja fuera a una parte considerable de trabajadores, ya que los datos de convenios solo reflejan la realidad de 10,6 millones de empleados cubiertos por estos acuerdos. En total, el sector privado emplea a 15,1 millones de asalariados, lo que deja fuera a aquellos cuyos convenios no están registrados, trabajadores fuera de convenio o aquellos remunerados mediante el salario mínimo interprofesional. Tampoco incluye a los 3,4 millones de autónomos. Dentro de los casi 11 millones de empleados privados analizados, hay 50.000 que no recibieron ningún aumento salarial en 2024, perdiendo 2,8 puntos de poder adquisitivo frente a la inflación. Otros 410.000 trabajadores se encuentran en una situación similar, con subidas salariales de hasta el 1,5%. Un grupo más amplio, de 1,42 millones, recibió incrementos entre el 1,5% y el 2%, mientras que 1,43 millones lograron alzas de entre el 2% y el 2,5%, perdiendo solo unas décimas frente al IPC del 2,8%. En total, estos grupos suman 3,3 millones de empleados privados con pérdida de poder adquisitivo. Los empleados públicos, por su parte, tuvieron un aumento salarial promedio del 2%, lo que resultó en una pérdida de 0,8 puntos porcentuales de poder de compra. Sin embargo, esperan una revisión retroactiva que podría reducir esta pérdida a solo 0,3 puntos, en función del dato de inflación acumulada para 2022, 2023 y 2024, que se confirmará el 15 de enero. Este ajuste podría traducirse en un incremento adicional del 0,5%. En el sector privado, 3,39 millones de trabajadores cuyos convenios incluyeron subidas salariales entre el 2,51% y el 3% lograron prácticamente empatar con el IPC, manteniendo estable su poder adquisitivo. Por último, los empleados en mejor situación son los 3,92 millones cuyos convenios contemplaron incrementos superiores al 3%. En promedio, sus salarios crecieron un 4,1%, lo que representa una ganancia de 1,3 puntos porcentuales en su poder de compra.

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(El Economista, 13-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Los clientes tendrán que reclamar las cláusulas abusivas a los bancos antes de ir a juicio

La nueva Ley de Eficiencia de la Justicia introduce cambios en el proceso de reclamación a las entidades bancarias por cláusulas abusivas en contratos hipotecarios o de crédito. A partir del 3 de abril, los clientes estarán obligados a presentar una reclamación por vía extrajudicial, es decir, directamente al banco, antes de llevar el caso a los tribunales. En caso de no hacerlo, los juzgados no admitirán la demanda. Este cambio responde a la entrada en vigor de la mayoría de las disposiciones de la ley, publicada en el BOE el 3 de enero. La normativa supone una modificación significativa respecto al procedimiento establecido en el Real Decreto de enero de 2017, diseñado para gestionar las reclamaciones por cláusulas suelo. En aquella ocasión, aunque se instaba a las entidades a implementar mecanismos extrajudiciales, no era obligatorio para los consumidores agotar esta vía antes de acudir a la justicia. Con la nueva ley, se reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil para imponer a los clientes la obligación de negociar previamente con los bancos las cláusulas consideradas abusivas. En este sentido, el cliente deberá presentar una reclamación formal a la entidad financiera, que estará obligada a aceptarla o rechazarla. Ambas partes disponen de un plazo de un mes para intentar llegar a un acuerdo, mientras que en el sistema del Real Decreto de 2017 el periodo era de tres meses. Si el banco admite la reclamación, deberá calcular y detallar la cantidad a devolver, incluyendo los intereses correspondientes. El consumidor podrá aceptar o rechazar la propuesta; si la acepta, el banco estará obligado a devolver el dinero y, además, deberá reconocer la nulidad de las cláusulas. Si, tras un mes de haberse aceptado la oferta, el banco no realiza el pago, el interés de demora se incrementará en ocho puntos, y el cliente podrá acudir a los tribunales. La entrada en vigor del título II de la ley, que regula los métodos alternativos de resolución de conflictos, marcará la implementación de este nuevo procedimiento y derogará el sistema anterior establecido por el Real Decreto de 2017. Además, el ámbito de aplicación se amplía, abarcando no solo las cláusulas suelo, que limitaban la reducción de intereses a pesar de las caídas del euríbor, sino cualquier tipo de cláusula abusiva en contratos de crédito o hipotecarios. El Real Decreto de 2017 se había aprobado de manera urgente para facilitar la devolución a los consumidores de los importes cobrados en exceso por cláusulas abusivas, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia de diciembre de 2016, abriera la puerta a devoluciones retroactivas. En contraste, el Tribunal Supremo, en su fallo de 2013, había limitado el alcance de dichas devoluciones.

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(Expansión, 10-01-2025) | Fiscal

Presión fiscal y costes salariales, los grandes frenos para la competitividad de la economía española

El 51% de los economistas españoles prevé un deterioro de la economía en los próximos meses, mientras que tres de cada cuatro señalan los elevados impuestos y las crecientes cargas laborales como "barreras" importantes, según el último Barómetro Económico del Consejo General de Economistas de España (CGE). A pesar de que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, ha destacado repetidamente la fortaleza y resiliencia de la economía nacional, calificándola de pasar de ir "como una moto" a "como un cohete", la percepción entre los expertos no es tan optimista. El crecimiento económico no se percibe de manera homogénea en todos los sectores, ni sus beneficios han llegado de igual forma a empresas y familias. En 2024, el número de procedimientos concursales alcanzó cifras récord en más de una década, con un aumento del 22% en comparación con el año anterior, lo que evidencia las dificultades económicas de muchas empresas. Aunque a nivel macroeconómico se observan indicadores positivos, los economistas advierten de la existencia de importantes desafíos que condicionan el crecimiento futuro, como la crisis de la vivienda, el alto endeudamiento público y las incertidumbres sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. A esto se suma la carga impositiva y laboral, que, según más del 70% de los economistas, representa uno de los principales obstáculos para la competitividad empresarial. El informe del CGE, correspondiente al segundo semestre de 2024, muestra que la presión fiscal preocupa al 74% de los economistas, mientras que el 72% señala los costes salariales como una barrera significativa. Estas preocupaciones se enmarcan en un contexto de cambios en el ámbito laboral y fiscal. El aumento previsto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025 y la reducción de la jornada laboral han generado tensiones entre los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar. Por su parte, las recientes reformas fiscales han introducido nuevos impuestos que afectan a sectores estratégicos como la banca y la energía, lo que, para el 66,7% de los economistas, supone un freno a la competitividad. El impacto de estas medidas varía según el sector de actividad. Por ejemplo, el 83,3% de los economistas que trabajan en el comercio considera que los cambios fiscales tendrán efectos negativos, mientras que este porcentaje es del 71,4% en el sector bancario y del 70,5% en la industria. En términos generales, los economistas muestran una visión menos optimista que el Gobierno sobre el futuro económico. Más del 51% cree que la economía empeorará en los próximos seis meses, frente al 16,7% que espera una mejora. Además, el 45,1% anticipa una caída en la demanda interna y el consumo de los hogares en los primeros meses de 2025, mientras que solo el 16,1% detecta señales de recuperación en este ámbito.

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(Expansión, 10-01-2025) | Fiscal

Amplia batería de rebajas tributarias y promesa de seguir bajando impuestos allá donde gobierne el PP

El presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha organizado este fin de semana en Asturias una reunión con sus líderes autonómicos para ajustar su estrategia contra el Gobierno central y fortalecer su propuesta como alternativa política, aprovechando el control de una docena de comunidades autónomas. Aunque el encuentro se centrará en nuevas iniciativas relacionadas con la vivienda y el fortalecimiento del mercado único, el eje principal será la apuesta común por una política de reducción de impuestos. Según documentos internos a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, el PP planea destacar su enfoque fiscal, resaltando las más de cien rebajas impositivas implementadas en sus territorios en el último año y comprometiéndose a continuar con nuevas reducciones. La cumbre, que comenzará este sábado en Colunga y finalizará el domingo con una declaración en Oviedo, tiene como objetivo dar continuidad al compromiso asumido en Córdoba en marzo pasado. En el documento de balance del último año, el PP reafirma su intención de mantener una política de reducción de impuestos para ciudadanos y empresas. "Renovamos nuestro compromiso de alcanzar estándares más altos en la bonificación de los impuestos de sucesiones y donaciones, y rechazamos firmemente cualquier intento del Gobierno central de imponer medidas que limiten estas reducciones", señala el texto que será analizado por Feijóo, los once presidentes autonómicos del PP y el vicepresidente de Canarias, donde el partido gobierna en coalición con Coalición Canaria. El PP asegura que su modelo fiscal, aplicado en las comunidades que administra, fomenta una mayor riqueza para los ciudadanos y genera ingresos más efectivos para financiar servicios públicos, en contraste con lo que considera una excesiva presión fiscal impuesta por el Gobierno a personas con ingresos medios y bajos. Asimismo, el partido se compromete a replicar casos de éxito en otras regiones y a defender la autonomía fiscal de las comunidades autónomas. La política tributaria ha sido, en los últimos años, uno de los principales puntos de confrontación entre el PP y el PSOE. Mientras el Gobierno se niega a ajustar la tarifa del IRPF a la inflación, las regiones gobernadas por el PP han liderado reducciones fiscales para aliviar el impacto de la mayor inflación de las últimas décadas. Por otro lado, las crecientes bonificaciones en impuestos como el de Patrimonio han llevado al Ejecutivo a crear el Impuesto a las Grandes Fortunas y a considerar medidas similares en Sucesiones y Donaciones. Además, el PP ha intentado influir en las reformas fiscales del Gobierno utilizando su mayoría en el Senado para proponer medidas como la reducción del IRPF para jóvenes, incentivos a bancos que rebajen hipotecas o inviertan en vivienda, y la exención fiscal para ayudas a afectados por desastres naturales, siendo esta última la única aprobada. De este modo, acusando al Gobierno de promover un "infierno fiscal", el PP aprovechará este encuentro en Asturias para destacar las más de cien rebajas tributarias implementadas en sus comunidades durante el último año, reforzando su posición como alternativa política en su camino hacia La Moncloa.

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(El Periódico, 10-01-2025) | Fiscal

La Agencia Tributaria está intensificando el control sobre los autónomos y las empresas con el objetivo de reducir la economía sumergida

La Agencia Tributaria ha anunciado la implementación de nuevas iniciativas para fortalecer el control fiscal sobre autónomos y empresas. Estas medidas están orientadas a combatir la economía sumergida y optimizar la recaudación tributaria. Entre los principales cambios destaca la exigencia de información más detallada y frecuente sobre los ingresos de los profesionales, pasando de reportes anuales a mensuales. Este ajuste tiene como finalidad incrementar la transparencia en las transacciones económicas y facilitar la detección temprana de posibles irregularidades. El eje de esta estrategia radica en la modificación de las obligaciones informativas de las entidades financieras hacia la Agencia Tributaria. Actualmente, los bancos deben reportar anualmente los movimientos en las cuentas de sus clientes. Sin embargo, con la nueva normativa, deberán proporcionar datos mensuales sobre los cobros realizados por autónomos y empresas a través de tarjetas de crédito y débito, terminales de punto de venta (TPV), datáfonos y aplicaciones de pago móvil como Bizum. Hacienda argumenta que disponer de información con mayor periodicidad permitirá evaluar con mayor precisión los riesgos fiscales, agilizar la investigación de posibles fraudes y aplicar medidas cautelares o embargos de forma más eficiente. Además, destaca la importancia de identificar de manera temprana actividades fraudulentas o ingresos no declarados, contribuyendo así a un sistema tributario más equitativo. Estas nuevas obligaciones no se limitarán a los bancos nacionales, sino que también se extenderán a entidades financieras extranjeras que operen en España, incluidas las entidades de pago y de dinero electrónico. Estas deberán informar sobre la titularidad de cuentas de clientes españoles, los pagos realizados mediante tarjetas, Bizum, movimientos en efectivo y los cobros de autónomos y empresas, manteniendo la periodicidad mensual establecida. Con esto, se busca evitar posibles lagunas legales que faciliten la evasión fiscal. Otro punto relevante de la propuesta es el control sobre el uso de tarjetas prepago y virtuales, muy comunes en compras online. Hacienda pretende identificar a los titulares de estas tarjetas y exigir información sobre transacciones que superen un importe específico, aún no definido en el borrador de la normativa. El objetivo es evitar que estas modalidades se utilicen para ocultar ingresos y reforzar la transparencia en las operaciones económicas. Desde el Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, se señala que estas medidas buscan solucionar la falta de información proveniente de entidades financieras extranjeras, dificultando la ocultación de bienes e ingresos. El propósito final es garantizar un sistema tributario más justo y eficiente, reduciendo el impacto de la economía sumergida en las arcas públicas. Estas nuevas disposiciones implicarán una fiscalización más estricta de la actividad económica de los autónomos, quienes deberán estar al tanto de los cambios y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales mediante una contabilidad clara y precisa. Aunque las medidas pueden generar inquietud en este colectivo, su finalidad es combatir el fraude fiscal y promover la equidad tributaria, en beneficio de todos los contribuyentes a largo plazo.

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(El Economista, 10-01-2025) | Fiscal

Jersey e Islas Vírgenes, los dos paraísos fiscales británicos acaparan el 90% de la inversión opaca española

El 90% de la inversión española en paraísos fiscales se concentra en Jersey y las Islas Vírgenes Británicas, ambos territorios bajo la jurisdicción de la Corona británica. De los 799,11 millones de euros destinados a estas jurisdicciones entre 2020 y septiembre de 2024, 733,9 millones fueron canalizados hacia estas dos regiones, según datos de DataInvex, dependiente de la Secretaría de Estado de Comercio. En detalle, las Islas Vírgenes recibieron 390,5 millones y Jersey 343,4 millones. El resto de la inversión en territorios opacos fue dirigido a lugares como Guernsey, otra isla del Canal de la Mancha bajo jurisdicción británica, así como a Liberia y Bahréin. La Comunidad de Madrid concentra el grueso de estos flujos, con un 93,6% del total (748,1 millones de euros). Cataluña ocupa el segundo puesto con 38,5 millones, seguida del País Vasco con 4,6 millones. El año 2023 destaca como el periodo con mayor volumen de inversión en paraísos fiscales, alcanzando un récord de 741,6 millones de euros. En paralelo, durante el mismo periodo (enero de 2020 a septiembre de 2024), España destinó 144.783 millones de euros a inversiones en el extranjero. Solo en los primeros nueve meses de 2024, se invirtieron 20.728 millones fuera del país. Entre los principales destinos destacan Luxemburgo (22.238 millones), Países Bajos (2.714 millones) e Irlanda (2.598 millones), todos ellos estados de la Unión Europea con regímenes fiscales más favorables. También sobresalen las inversiones en Estados Unidos (27.415 millones), Reino Unido (26.781 millones), México (8.750 millones), Alemania (7.723 millones) y Brasil (5.801 millones), entre otros. Por otro lado, España atrajo entre 2020 y septiembre de 2024 un total de 141.528 millones de euros en inversión extranjera. En 2023, esta cifra alcanzó los 28.215 millones, con Estados Unidos como principal emisor (28,9%), seguido de Reino Unido (13,1%), Alemania (10,6%) y Francia (9,2%). Además, países como Australia, Suiza, Canadá y México aumentaron su participación, demostrando, según el Gobierno, una mayor diversificación de la confianza en España. El sector servicios, incluyendo turismo y hostelería, captó el 54,3% de la inversión extranjera, mientras que el 42,2% se dirigió a la industria y el 3% a la construcción. Entre los subsectores destacados figuran el comercio mayorista, las telecomunicaciones, la energía eléctrica y los combustibles. Por comunidades autónomas, Madrid lidera como el principal receptor de inversiones extranjeras, concentrando más del 54% en 2023, aunque con un leve descenso respecto a la media de los últimos cinco años. Cataluña ocupa el segundo lugar con un 16,5%, y la Comunidad Valenciana es tercera con un 12%. Estas cifras, según el Gobierno, confirman que España ha consolidado un nivel de atracción de inversiones extranjeras cercano a los 30.000 millones de euros anuales, mejorando su posición competitiva frente a otros destinos internacionales.

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(El Economista, 10-01-2025) | Fiscal

Hacienda exigirá que se le informe de los dueños reales de las empresas a partir del 3 de febrero

A partir del próximo 3 de febrero, las empresas estarán obligadas a informar directamente a la Agencia Tributaria sobre quiénes son los propietarios reales de la sociedad, es decir, las personas físicas que están detrás de las compañías. Esta nueva exigencia se formaliza con la actualización del modelo 036, utilizado por los profesionales para registrarse o darse de baja en el Censo de Empresarios, así como para comunicar cambios en sus datos. El modelo incluye ahora una nueva página, la número 10, destinada a identificar a los titulares reales. En esta sección, las empresas deberán proporcionar el DNI o número de identificación extranjero del propietario, junto con su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y país de expedición del documento de identidad. Esta información deberá ser presentada para cada titular real. La orden ministerial que introduce este cambio fue publicada en el BOE este jueves y entrará en vigor el 3 de febrero, aplicándose a todos aquellos que presenten el modelo 036 desde esa fecha en adelante. Esta medida responde a la Ley aprobada en mayo de 2023, que incorporó la Directiva europea de cooperación administrativa en materia fiscal, conocida como DAC 7. Esta directiva obliga a modificar la Ley General Tributaria para requerir que las personas jurídicas o entidades informen a la Administración Tributaria sobre la identidad de sus titulares reales. El objetivo de esta nueva normativa es fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Además, en enero de 2024 se modificó el Reglamento General de las actuaciones de gestión e inspección tributaria, añadiendo la obligación de comunicar la titularidad real en el Censo de Obligados Tributarios. La normativa establece que cualquier persona que posea o controle, directa o indirectamente, más del 25% del capital o de los derechos de voto de una empresa, o que ejerza control sobre ella por otros medios, será considerada titular real. En caso de que no exista ninguna persona física que cumpla este criterio, se designará como titular real al administrador de la sociedad. Si el administrador también es una entidad jurídica, se identificará como titular real a la persona física nombrada por dicha entidad. En los casos de fideicomisos, como los trust anglosajones, los titulares reales serán los fideicomitentes, fiduciarios, protectores (si los hay) y beneficiarios, o las personas con funciones equivalentes en figuras similares de otros países. Por otro lado, la nueva versión del modelo 036 permitirá a los empresarios autorizar el uso del teléfono y correo electrónico registrados para recibir notificaciones y comunicaciones tanto de los órganos económico-administrativos, como de los tribunales regionales o el central, así como de la Dirección General de Tributos, a través de la aplicación de la Agencia Tributaria.

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(Cinco Días, 10-01-2025) | Laboral

Hecatombe en Muface

DKV sigue los pasos de Adeslas, que había anunciado su salida a finales de 2024, y ha confirmado este jueves que tampoco continuará. La aseguradora renuncia a participar en el nuevo concierto debido a la "insuficiencia de las condiciones económicas ofrecidas", aunque se muestra dispuesta a permanecer un año más en Muface Internacional, que brinda cobertura a los funcionarios en el extranjero. Así se confirma el peor de los escenarios posibles: a solo una semana de que venza el plazo dado por el Gobierno para aceptar la segunda oferta de licitación, ASISA queda como única opción para participar en el concierto. Sin embargo, de seguir adelante, esta compañía debería asumir la atención sanitaria de 1,5 millones de personas, una tarea que parece difícilmente viable. La situación en Muface atraviesa su segunda gran crisis en apenas dos meses, una problemática que ensombrece aún más el futuro del organismo, que en 2025 cumplirá 50 años. El "esfuerzo sin precedentes" que, según el Gobierno, se ha realizado para mejorar las condiciones del nuevo concierto, incluyendo un aumento del 33% en la prima para los próximos tres años, no ha convencido a las dos aseguradoras restantes tras la salida de Adeslas. Este miércoles, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, expresaba su confianza en que tanto DKV como ASISA aceptarían la oferta. Sin embargo, estas expectativas no se han cumplido. En un comunicado, DKV ha explicado que solicitaba un incremento de la prima del 40,6% para 2025, argumentando que las condiciones actuales resultan insostenibles tras haber acumulado pérdidas antes de impuestos superiores a 70 millones de euros en el último concierto. Además, estima que, de continuar, las pérdidas del nuevo contrato superarían las registradas previamente, situándose entre 70 y 100 millones de euros. La compañía considera que el modelo está "infrafinanciado", ya que los costes de las prestaciones médicas han sido notablemente superiores a las primas recibidas. Según datos de la aseguradora, en la última década, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima de Muface solo creció un 31,6%. DKV se define como defensora del modelo de colaboración público-privada y asegura que trabajó durante el último año para lograr una reforma que lo hiciera sostenible, promoviendo una distribución equitativa de los recursos que garantizara una atención médica de calidad. Sin embargo, según señala, el nuevo concierto no cumple con las demandas clave de la compañía, como un convenio de un año, un aumento de prima del 40% y la vinculación del modelo al gasto sanitario público. Fernando Campos, consejero delegado de DKV, ha subrayado que "una empresa responsable y con buena reputación no puede permitirse continuar bajo estas condiciones", ya que esto afectaría tanto a la calidad de la atención a los mutualistas como a la retribución de los profesionales sanitarios. La salida de DKV, que cubría al 18% de los mutualistas, supone además un grave problema para el Gobierno, ya que esta aseguradora es la única que presta asistencia sanitaria a los funcionarios y sus beneficiarios en el extranjero a través de Muface Internacional. Aunque DKV asegura estar abierta a negociar para continuar prestando estos servicios durante 2025, condiciona su participación a que se cubran adecuadamente los costes. Por otro lado, la incertidumbre afecta a los funcionarios destinados en el extranjero, quienes, junto a sus familiares, comparten la preocupación por la falta de alternativas claras. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), ha advertido sobre la "total incertidumbre" y la ausencia de un plan B para garantizar la atención sanitaria en el exterior. La respuesta tibia de las aseguradoras a la segunda oferta del Gobierno hacía prever un desenlace complicado. DKV y ASISA tenían de plazo hasta el 15 de enero para responder. El pasado 27 de diciembre, Adeslas, que representa al 47% de los mutualistas, fue la primera en anunciar su retirada, argumentando que las condiciones de la propuesta gubernamental no cubrían los costes reales. Ahora, solo queda ASISA, que tiene el 35% de la cobertura, pendiente de tomar una decisión. Adeslas ya había justificado su salida señalando que las pérdidas estimadas en el nuevo contrato (2025-2027) serían similares a las registradas en el periodo actual, con un total de 250 millones de euros en tres años. La aseguradora había solicitado un incremento de primas más acorde con los estudios realizados, algo que no fue aceptado. Sin embargo, Adeslas y ASISA sí participarán en los concursos de Isfas y Mugeju, donde las condiciones resultan más rentables. DKV, por su parte, ya había adelantado que tampoco concurriría al concierto de Mugeju.

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(El País, 10-01-2025) | Laboral

Trabajo ve casi imposible que la reducción de jornada aplique en 2025 si la medida no se tramita por vía de urgencia cuanto antes

Así lo detalla el equipo liderado por Yolanda Díaz, al explicar las razones detrás de su insistencia en que la medida sea abordada de inmediato en el Consejo de Ministros con carácter urgente. Según fuentes del ministerio, critican que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), controlada por el Ministerio de Economía, ha retrasado la inclusión de este tema en las reuniones más cercanas del gabinete. Además, cuando finalmente lo acepta, lo hace bajo el procedimiento ordinario, lo que prolonga los tiempos de tramitación. Desde el Ministerio de Trabajo calculan que, si se sigue el procedimiento ordinario, el trámite parlamentario no comenzaría hasta después del verano. Según sus estimaciones, esto dejaría un margen demasiado ajustado para que el proceso legislativo finalice en 2025, poniendo en riesgo el cumplimiento del compromiso de que la reducción de jornada laboral sea efectiva para todos los trabajadores asalariados antes del 31 de diciembre de ese año. Además, recuerdan que PSOE y Sumar ya han incumplido el paso intermedio previsto para 2024, que contemplaba una reducción de la jornada a 38,5 horas semanales. "Es falso que el Ministerio de Economía haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral. Por el contrario, dada su relevancia, ha dispuesto que sea tratada en la primera reunión posible de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos", respondieron este miércoles fuentes del ministerio liderado por Carlos Cuerpo. Según explican, debido a las importantes implicaciones económicas de la iniciativa, Economía considera esencial un debate profundo con la participación de todos los ministerios involucrados. Aunque subrayan su compromiso con la reducción de la jornada laboral, no respaldan su tramitación urgente. En una comunicación dirigida al Ministerio de Trabajo, que ha sido consultada por El País, el Ministerio de Economía argumenta que, dada la trascendencia de la medida y su impacto en la economía, así como la necesidad de coordinación interministerial, el procedimiento ordinario es el más adecuado. Además, señalan que el tema no se incluirá en la reunión de la CDGAE del 13 de enero, sino que podría abordarse en la del 27 de enero. Por su parte, Trabajo critica que la frecuencia de estas reuniones ha disminuido respecto a la legislatura anterior, lo que reduce aún más las oportunidades de avanzar con rapidez en este tipo de asuntos. El procedimiento ordinario, según detalla el equipo de Díaz, implica que la propuesta pase dos veces por el Consejo de Ministros, además de requerir informes de varios ministerios y organismos, lo que puede alargar el proceso considerablemente. En cambio, el trámite urgente permitiría acelerar estos pasos: los informes deberían elaborarse rápidamente, su ausencia no detendría el proceso, y no sería necesario un segundo paso por el Consejo de Ministros. Por ello, el Ministerio de Trabajo insiste en que la medida sea tratada por la vía urgente para garantizar que el anteproyecto de ley se ponga en marcha lo antes posible. Un argumento clave del PSOE para no priorizar su implementación en 2025 es la compleja "realidad parlamentaria", como ha señalado Carlos Cuerpo en varias entrevistas. Economía sostiene que, dada la dificultad de alcanzar acuerdos en un Congreso con mayoría conservadora, se necesita una propuesta equilibrada. Sin embargo, desde Trabajo interpretan estas declaraciones como una falta de respaldo al texto consensuado con los sindicatos y rechazado por la patronal. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos asumen que el proyecto se modificará durante su paso por el Parlamento para atraer el apoyo de partidos nacionalistas de derechas, pero consideran que esos cambios no deberían realizarse en el Consejo de Ministros. Recientemente, Yolanda Díaz mantuvo conversaciones con Carles Puigdemont, líder de Junts, cuya posición es clave en el actual escenario político, mientras que el PNV y otros socios de izquierdas han mostrado predisposición favorable. Es relevante señalar que el PP no ha expresado una oposición categórica a la medida y que, cuando Sumar presentó una propuesta similar en el Congreso, optó por abstenerse, al igual que Junts, dejando únicamente a Vox como opositor directo.

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(El País, 10-01-2025) | Laboral

La construcción enfría sus expectativas por la falta de mano de obra: la previsión de nuevos empleos cae más de 15 puntos

El 2024 dejó un balance dispar para el sector de la construcción en España, reflejando las tensiones económicas actuales. A pesar de la incertidumbre global, el sector mostró una notable resistencia tras tres años de dinamismo. No obstante, enfrentó dos problemas crecientes: una desaceleración en el ritmo de construcción de viviendas y un retroceso en las expectativas de creación de empleo, que cayeron 15,7 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2023. Estos desafíos se reflejaron en el Indicador de Clima de la Construcción (ICC), el principal barómetro del sector, que elabora mensualmente el Ministerio de Industria. Este indicador cerró el año en uno de sus niveles más bajos en 12 meses, con un repunte mensual de solo 0,9 puntos y un promedio anual que se quedó a 8 puntos. Aunque las carteras de pedidos crecieron 10,6 puntos, las expectativas de empleo, un indicador clave de confianza empresarial, cayeron casi nueve puntos, con un descenso interanual de más de 10 puntos respecto al año anterior. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), señaló que esto no implica una crisis, pero sí una ralentización. "El sector no está en caída libre, pero la escasez de mano de obra está empezando a frenar proyectos, especialmente en el ámbito de la vivienda. Si no solucionamos este problema, será difícil mantener el ritmo que demanda el mercado", explicó. El ICC se basa en las previsiones de 285 empresas encuestadas a nivel nacional sobre los próximos tres meses. La vivienda se ha convertido en el mayor desafío del sector. En diciembre, este segmento registró una caída interanual de 11,4 puntos y un desplome mensual de 22,3 puntos, alcanzando uno de sus peores resultados en tres años. Este retroceso se debe, por un lado, a los altos costes de construcción y, por otro, a la falta de personal cualificado. Según Fernández Alén, "para resolver la crisis de vivienda, primero debemos abordar la falta de mano de obra". Propone un plan de choque que fomente la incorporación de jóvenes, mujeres y migrantes al sector, además de estrategias formativas, para cumplir con la demanda de vivienda y los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia. El contexto económico también ha influido negativamente. Las políticas del Banco Central Europeo para contener la inflación elevaron las hipotecas y dificultaron el acceso al crédito, lo que impactó indirectamente al sector. Además, eventos puntuales como la DANA en Valencia desviaron recursos y mano de obra hacia la reconstrucción de las zonas afectadas, dejando menos personal disponible para otros proyectos. Por otro lado, aunque la obra civil tuvo un mejor desempeño que la edificación, también cerró diciembre con una caída interanual de 9,2 puntos. Sin embargo, grandes proyectos de infraestructuras, como redes ferroviarias y carreteras, han sostenido el sector gracias al uso intensivo de maquinaria y tecnologías avanzadas, menos dependientes de la mano de obra. Estos proyectos han sido impulsados, en parte, por el Plan de Recuperación y Resiliencia, aunque en algunas regiones donde ya se ha ejecutado gran parte del presupuesto, se espera una desaceleración en 2025. Mientras los resultados varían entre sectores, los precios de venta se estabilizaron durante el segundo semestre de 2023, dejando atrás los picos inflacionarios de años anteriores. No obstante, las expectativas son prudentes, ya que los analistas coinciden en que es improbable que el ritmo de construcción satisfaga la alta demanda actual. De cara a 2025, la falta de personal cualificado se presenta como el mayor desafío. Las expectativas de empleo cerraron el año con una caída interanual de casi 16 puntos, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas del sector. Fernández Alén destacó que, aunque las grandes compañías pueden absorber esta presión, las constructoras más pequeñas enfrentan mayores dificultades. Pese a estas adversidades, las perspectivas del sector son optimistas gracias a la moderación de los costes de materiales y energía, así como a las sucesivas reducciones en los tipos de interés por parte del BCE. Estas condiciones han permitido al ICC mantener sus expectativas a largo plazo en niveles históricos, superando incluso los valores previos a la crisis de 2008. Según el informe del Ministerio, la media a largo plazo del indicador se sitúa actualmente en niveles máximos de los últimos 17 años y en terreno positivo, algo que no ocurría desde 2007.

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