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(El País, 10-01-2025) | Laboral

Elma Saiz defiende agilizar la llegada de empleados foráneos de más sectores

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presentó este jueves las principales prioridades de su departamento para 2025. Entre sus objetivos se encuentran fomentar el crecimiento del empleo, implementar un plan de integración y convivencia intercultural, y fortalecer la protección social dentro del sistema público. Uno de los puntos destacados de su agenda es la intención de "ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura", un listado que permite a las empresas contratar trabajadores en el extranjero debido a la falta de mano de obra en determinadas áreas. Esta propuesta, sin embargo, difiere de la postura del Ministerio de Trabajo, encargado de elaborar dicho catálogo a través del SEPE. El equipo liderado por Yolanda Díaz ha mostrado reticencias a ampliar la lista, argumentando que España no enfrenta un problema generalizado de vacantes. Además, recalca que la elaboración de este documento es una de sus competencias exclusivas. Por su parte, Seguridad Social defiende que ciertos sectores sí sufren una marcada escasez de mano de obra y reclama mayor protagonismo en la actualización del listado. Este desacuerdo se suma a otros puntos de fricción dentro del Ejecutivo, aunque de momento se mantiene en un nivel moderado. Hasta hace poco, el catálogo incluía principalmente profesiones muy específicas, como maquinistas navales o pilotos de buques mercantes. Bajo el liderazgo de José Luis Escrivá, se presionó para incorporar oficios como fontaneros, soldadores y camioneros, logrando finalmente que se añadieran ocupaciones técnicas en la construcción, tales como instaladores electricistas, montadores de carpintería metálica y operadores de grúas móviles, tras un fuerte impulso de la patronal. Ahora, Saiz quiere ir más allá y avanzar hacia una mayor inclusión de personas extranjeras en el mercado laboral. Este jueves afirmó que trabajará en dos líneas estratégicas: la ampliación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y una nueva estrategia de movilidad laboral. La ministra aseguró que identificará los sectores con déficit de mano de obra de manera objetiva y rechazó adelantar qué profesiones podrían incluirse, afirmando que cualquier incorporación se basará en criterios claros y medibles. El debate de fondo entre Migraciones y Trabajo refleja enfoques opuestos sobre las vacantes laborales en España. Seguridad Social, alineada con otras áreas económicas del PSOE, considera que la escasez de mano de obra está limitando el crecimiento económico del país y que la contratación en origen puede ser una solución. Según un estudio del Banco de España, el 42,8% de las empresas señalaron en el tercer trimestre de 2024 que la falta de personal afecta negativamente a su actividad, el doble de lo registrado hace tres años. Por el contrario, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos argumentan que este problema se concentra en sectores muy específicos y no es generalizado. Las cifras oficiales parecen respaldar esta visión: en España hay 150.541 vacantes sin cubrir, lo que representa solo el 0,9% del total de empleos, una de las tasas más bajas de Europa, lejos del promedio de la UE (2,3%) y de países como Alemania (3%). Además, la ralentización económica en Europa central ha mitigado este fenómeno incluso en las naciones más afectadas. El INE, por su parte, reconoce que su estadística de vacantes puede mejorarse y estudia la posibilidad de incorporar datos de portales de empleo para obtener una visión más precisa.

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(La Vanguardia, 10-01-2025) | Laboral

La Seguridad Social relanza el proyecto de las altas progresivas

En octubre surgió la controversia tras el anuncio del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social sobre la implementación de un sistema de bajas flexibles que permitiría la reincorporación gradual al trabajo tras un periodo prolongado de incapacidad. La propuesta contemplaba la posibilidad de compatibilizar la baja médica con la actividad laboral. Sin embargo, los sindicatos reaccionaron con fuertes críticas, lo que llevó a Seguridad Social a reconsiderar y ajustar tanto el enfoque como la denominación del proyecto. El cambio en la forma se reflejó en el nombre: pasó de "bajas flexibles" a "altas progresivas". Según fuentes del Ministerio, este cambio no es menor, ya que el término "altas progresivas" tiene una carga simbólica más positiva. En cuanto al fondo, se aclaró que la propuesta busca facilitar una reincorporación gradual al trabajo, pero solo después de que el trabajador reciba el alta médica. Este proceso estaría supervisado por profesionales médicos y dirigido especialmente a quienes hayan atravesado patologías graves o de larga duración, como el cáncer. Pese a estas precisiones, la iniciativa no convenció a los sindicatos durante la reunión de diálogo social celebrada a mediados de octubre, aunque recibió una mejor acogida por parte de la patronal, que descartó posibles abusos del sistema. Ahora, la Seguridad Social retomará el tema. La ministra Elma Saiz ha anunciado que presentará de nuevo esta propuesta en la reunión de diálogo social prevista para finales de mes, donde participará personalmente. Según sus declaraciones, el proyecto busca modernizar la Seguridad Social y colocar la salud de los trabajadores como prioridad. Saiz destacó que las altas progresivas responden a una demanda social y tienen como objetivo central el bienestar de los empleados. A pesar de estas declaraciones, los sindicatos mantienen una postura inicial de desconfianza. El ministerio intentará calmar estos temores explicando las medidas diseñadas para reforzar el papel de los médicos en este proceso y garantizar que las altas progresivas no supongan presión adicional sobre los trabajadores en baja médica para acelerar su retorno al puesto. Con este enfoque renovado, Seguridad Social intentará relanzar el proyecto a comienzos de año, buscando superar las reticencias sindicales. Ya en octubre, la ministra enfatizó que esta medida no tiene un trasfondo económico, sino que pretende ampliar derechos laborales y priorizar la salud de los trabajadores.

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(Expansión, 10-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Puente anuncia un billete único de transporte público en España para 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado que su departamento tiene previsto introducir un billete único para el transporte público en España a partir de 2026. Durante su intervención en un acto organizado por Nueva Economía Fórum, el ministro adelantó que el segundo semestre de 2025 será un periodo de transición en el sistema de bonificaciones al transporte ferroviario, con miras a la implementación del billete único en 2026. Sin embargo, no ofreció detalles específicos sobre cómo se desarrollará esta iniciativa. El propósito es adoptar medidas similares a las ya aplicadas en otros países europeos, como Alemania, donde el Deutschlandticket, con un costo mensual de 58 euros, permite a los usuarios utilizar trenes regionales, autobuses, metro y tranvías en todo el territorio, excluyendo los trenes de alta velocidad. En España, actualmente existen abonos subvencionados por el Gobierno y las comunidades autónomas que permiten viajar por las redes de transporte público a precios reducidos. Por ejemplo, en Madrid, un abono mensual cuesta 32,8 euros con descuentos, incluyendo Renfe Cercanías, aunque sin incluir media distancia ni alta velocidad; su precio sin bonificación sería de 82 euros. Durante el primer semestre de 2024, estos descuentos, que suelen rondar el 50% (60% en el caso de Madrid), continuarán vigentes. A partir de julio, sin embargo, se reducirán al 40%, y se introducirá un billete único de 20 euros mensuales para toda la red de Renfe Cercanías a nivel nacional. El Gobierno pretende eliminar gradualmente las bonificaciones, ya que estas fueron diseñadas como una medida temporal para paliar los efectos económicos de la pandemia y la guerra en Ucrania. Por ello, la segunda mitad de 2025 servirá como etapa de transición hacia la implantación del billete único en 2026. "El desafío es implementar en España un billete único, al estilo del modelo alemán, aprovechando sus fortalezas y aprendiendo de sus limitaciones. Espero que para 2026 podamos avanzar hacia esta medida, que permitirá una mejor asignación de recursos, mayor comodidad para los usuarios y, sobre todo, enfocarnos en mejorar la calidad del transporte público", concluyó el ministro.

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(El Economista, 10-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Feijóo quiere incentivar y fomentar la rehabilitación y reparación de viviendas vacías para que se pongan a disposición del mercado de alquiler

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se reunirá este fin de semana en Asturias con los responsables territoriales del partido para establecer nuevas estrategias en materia de vivienda, que se implementarán en las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP. Entre las propuestas, destacan la habilitación de suelo público para promover la construcción de viviendas asequibles y la apuesta por la rehabilitación como pilar clave para incrementar la oferta habitacional, según ha informado elEconomista.es. El Partido Popular planea incentivar la restauración y adecuación de viviendas vacías para ponerlas en el mercado de alquiler, buscando así aliviar la actual crisis de acceso a la vivienda, tanto en compra como en arrendamiento. Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, explicó que para alcanzar este objetivo se pondrán en marcha servicios municipales y autonómicos que conecten a empresas especializadas en rehabilitación con los propietarios de inmuebles, ofreciendo asesoría jurídica y seguros para garantizar la seguridad en estas operaciones. "Las ciudades no solo deben expandirse con nuevos barrios, también necesitan renovarse. Por eso, proponemos un urbanismo más preciso, enfocado en mejorar la calidad y eficiencia del parque inmobiliario existente", destacó Martín. Asimismo, el PP solicitará al Gobierno de Pedro Sánchez una ejecución más eficaz de los fondos europeos, con mayores recursos destinados a planes de rehabilitación de viviendas y barrios. Según Martín, "es esencial flexibilizar los programas existentes, ya que en su forma actual son demasiado rígidos, lo que dificulta el movimiento de recursos entre distintas iniciativas". El Partido Popular también propone simplificar los trámites burocráticos, que considera excesivamente complejos, y ampliar los plazos para implementar medidas de rehabilitación. "El proceso ya es de por sí largo, y los trámites actuales lo complican aún más", afirmó Martín. El Ejecutivo de Sánchez tiene como meta renovar 510.000 viviendas para mediados de 2026, a un ritmo de 85.000 al año. Sin embargo, según datos del CSCAE, en 2023 se visaron solo 37.783 viviendas para rehabilitación integral, menos de la mitad del objetivo anual. Martín criticó que los fondos destinados por el Gobierno a la rehabilitación son insuficientes. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, España necesita rehabilitar energéticamente unas 120.000 viviendas al año hasta alcanzar las 300.000 en 2030, con una inversión estimada de 40.000 millones de euros. Sin embargo, "el Gobierno solo ha destinado 3.420 millones dentro de los fondos europeos", señaló. El PP también apuesta por crear un marco de financiación competitivo para comunidades de propietarios y empresas rehabilitadoras, incluyendo periodos de carencia vinculados al ahorro energético generado. Además, resalta la necesidad de consolidar la figura del Agente Rehabilitador, quien debería liderar proyectos de rehabilitación integral bajo un modelo "llave en mano". Martín indicó que esta figura aún no está bien definida, lo que dificulta su implementación y la comunicación efectiva con propietarios y administraciones. La rehabilitación es solo una de las áreas que se debatirán en el encuentro del PP. También se plantearán medidas para cambiar el uso de suelos dotacionales hacia fines residenciales, fomentando la construcción de viviendas asequibles.

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(Expansión, 09-01-2025) | Fiscal

¿Hace falta autorizar a Hacienda el acceso concreto al ordenador?

El Tribunal Supremo (TS) ha emitido un fallo relevante en relación con los registros realizados por la Inspección de Hacienda en empresas. En su decisión, el Tribunal descarta que los funcionarios de la Agencia Tributaria se hayan excedido en sus funciones al inspeccionar un ordenador que contenía exclusivamente información vinculada a la actividad empresarial, sin datos personales del empleado que lo utilizaba. Los magistrados del Supremo señalan que "no consta que el acceso de los funcionarios de la AEAT se haya realizado en espacios que puedan considerarse como domicilio protegido constitucionalmente, lo que habría requerido una autorización judicial previa o el consentimiento del titular". El recurso presentado ante el Supremo planteaba si, en casos donde el titular del domicilio protegido consiente el acceso de la Administración tributaria, o cuando existe una autorización judicial que permite dicha entrada, pero no incluye específicamente el acceso a dispositivos informáticos, sería necesaria una autorización adicional, tanto del juez como del propietario del dispositivo. El Tribunal aclara que "en el escrito del recurso de casación no se identifica de manera específica ningún derecho fundamental que haya sido vulnerado a través del examen y uso de la información contenida en el ordenador de un empleado de la empresa". Además, el fallo subraya que, aunque podría discutirse la necesidad de una autorización específica para examinar el contenido de un ordenador, el recurrente no ha argumentado de manera concreta qué derecho fundamental habría sido violado ni ha proporcionado razones claras para fundamentar dicha vulneración. Por ello, el Supremo concluye que no se ha demostrado la afectación de ningún derecho fundamental en este caso.

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(El País, 09-01-2025) | Fiscal

La campaña de la renta de 2024 comenzará el 2 de abril y se prolongará hasta el 30 de junio

La campaña para presentar la declaración del IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al ejercicio 2024 comenzará el 2 de abril y finalizará el 30 de junio, según el calendario publicado en la página web de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes que presenten su declaración de manera telemática, ya sea a través del programa Renta Web o de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria, podrán hacerlo a partir del 2 de abril. Aquellos que prefieran realizar el trámite por teléfono tendrán acceso al servicio desde el 6 de mayo, mientras que quienes opten por la vía presencial en oficinas deberán esperar hasta el 2 de junio. El plazo general para presentar las declaraciones concluye el 30 de junio, salvo en los casos en que el resultado sea a ingresar y se opte por la domiciliación bancaria, en cuyo caso la fecha límite será el 25 de junio. En esta campaña estarán obligados a declarar quienes hayan obtenido ingresos del trabajo superiores a 22.000 euros de un único pagador, o más de 15.876 euros de varios pagadores. También estarán incluidos aquellos que hayan trabajado como autónomos o recibido prestaciones por desempleo, entre otros casos. Este calendario se ha anunciado poco después de que la Agencia Tributaria realizara un balance de la campaña de 2023. Durante la última campaña, correspondiente al IRPF de 2023, la Agencia Tributaria devolvió un total de 12.907 millones de euros a 15.852.000 contribuyentes, lo que representa un 97,4% de las devoluciones solicitadas y un 94,9% del importe total reclamado, cifras en línea con años anteriores. Asimismo, se registró un aumento en el número de declaraciones presentadas, alcanzando las 24.131.000, un 4,9% más que en 2022. De estas, el 67,5% resultaron a devolver y 6.239.000 tuvieron un saldo a ingresar. En cuanto a los canales de presentación, el servicio telefónico "Le Llamamos" siguió siendo el principal método de asistencia personalizada, con cerca de 1.128.000 declaraciones realizadas, un 5,4% más que el año anterior. Las oficinas físicas gestionaron 831.600 declaraciones, un incremento del 6,6%. En total, más de 1.959.000 declaraciones fueron presentadas con asistencia específica, lo que supone un aumento de casi 110.000 respecto al año anterior, destacando la creciente aceptación de estas alternativas entre quienes necesitan ayuda individualizada. No obstante, la mayoría de los contribuyentes (casi el 92%) continúa optando por presentar su declaración de forma online, con 22.171.000 declaraciones realizadas por esta vía. De estas, 21.519.000 se presentaron a través de la sede electrónica, un 4,3% más que el año anterior, y 651.000 mediante la aplicación móvil, que experimentó un crecimiento del 23,4%. De estas últimas, más de 485.000 se completaron íntegramente en la "app", mientras que el resto implicó algún ajuste previo en Renta Web. La pasada campaña también destacó por el uso creciente de los canales digitales de asistencia, que ofrecieron 775.000 respuestas durante el periodo de declaraciones y más de 1.136.000 a lo largo del año, contribuyendo a resolver dudas sobre el impuesto de manera eficiente. Entre las novedades, se implementaron avisos preventivos enviados por carta, además de aparecer en Renta Web y en la aplicación móvil. Estos avisos buscaban evitar errores u omisiones que pudieran derivar en regularizaciones posteriores. Más de 26.500 contribuyentes rectificaron sus declaraciones tras recibir estas notificaciones, evitando comprobaciones futuras, intereses o sanciones. Para facilitar este proceso, Renta Web ofreció propuestas de declaraciones complementarias con los datos actualizados.

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(El Economista, 09-01-2025) | Fiscal

Hacienda acelera los embargos y retendrá bienes sin pedir información previa de ellos

La Agencia Tributaria ha intensificado el proceso de embargos y ahora puede retener bienes directamente sin necesidad de solicitar previamente información específica al deudor sobre estos. Según una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), Hacienda no está obligada a realizar una investigación previa para determinar el valor exacto de los bienes que serán embargados ni a requerir información al deudor antes de emitir una diligencia de embargo. El TEAC permite que la Agencia Tributaria emita una diligencia en la que solicite información sobre los bienes y, simultáneamente, ordene su embargo. El fallo, emitido el pasado 15 de noviembre, respalda que Hacienda pueda solicitar un "embargo anticipado" de los bienes del deudor al mismo tiempo que recopila información sobre ellos. El caso en cuestión involucraba a un contribuyente con una deuda de 7.500 euros. Ante el impago, Hacienda identificó que esta persona realizaba ventas a una empresa y procedió a dirigir diligencias de embargo a la compañía. En estas, solicitó información sobre los bienes adeudados al contribuyente mientras declaraba el embargo de los mismos para cubrir la deuda. La empresa afectada recurrió la decisión, y el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía falló inicialmente a su favor, indicando que Hacienda debía investigar previamente el valor de los bienes antes de embargarlos. Sin embargo, el TEAC ha unificado criterio, concluyendo que la Administración solo necesita tener conocimiento de la existencia de un bien o derecho propiedad del deudor, sin necesidad de determinar su valor exacto en el momento del embargo. El TEAC señala que la normativa tributaria no obliga a la Administración a especificar el valor exacto del bien embargado en la diligencia, sino únicamente a comunicar su existencia. Esto permite al destinatario de la diligencia cumplir con su obligación de retener los bienes y realizar el ingreso correspondiente en Hacienda hasta cubrir la deuda. El tribunal aclara que no detallar el valor exacto del bien no supone "embargos excesivos", ya que la retención solo se efectúa hasta el importe necesario para saldar la deuda. Además, recuerda que el destinatario de la diligencia tiene una doble obligación: informar sobre los créditos pendientes con el deudor y retener e ingresar las cantidades adeudadas en el Tesoro Público. Finalmente, el TEAC concluye que las diligencias de embargo pueden incluir un requerimiento de información al destinatario sobre los créditos pendientes con el deudor, sin que sea necesario que Hacienda emita primero un requerimiento independiente para conocer la cuantía exacta antes de ordenar el embargo.

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(Expansión, 09-01-2025) | Laboral

Unai Sordo se presentará por última vez a la reelección como secretario general de CCOO

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, anunció este miércoles que se postulará por tercera y última vez para liderar el sindicato, según comunicó a través de un mensaje en redes sociales. "He informado al Consejo Confederal -máximo órgano de dirección entre congresos de CCOO- de mi intención de presentar candidatura a la Secretaría General en nuestro próximo Congreso, por tercera y última vez", expresó en X. Nacido el 2 de octubre de 1972 en Barakaldo (Vizcaya), Sordo asumió el cargo de secretario general de CCOO a finales de 2017, sucediendo a Ignacio Fernández Toxo tras obtener el respaldo del 88,8% de los delegados en el 11º Congreso del sindicato. La propuesta para que Sordo tomara el relevo partió del propio Toxo, siendo ratificada casi por unanimidad por el Consejo Confederal. En octubre de 2021, durante el 12º Congreso, Sordo logró renovar su liderazgo con el 93,09% de apoyo por parte de los delegados sindicales, superando incluso el respaldo obtenido en su elección inicial. Cabe destacar que el cargo de secretario general en CCOO está limitado a un máximo de tres mandatos, dos ordinarios y uno extraordinario, cada uno con una duración de cuatro años.

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(El País, 09-01-2025) | Laboral

UGT exige que el Consejo de Ministros no cambie el pacto para reducir la jornada, pero sí asume modificaciones posteriores en el Congreso

La disputa entre los ministerios de Trabajo y Economía sobre la reducción de jornada ha sido el tema central de la rueda de prensa en la que Pepe Álvarez, secretario general de UGT, expuso las prioridades del sindicato para 2025. "Nosotros negociamos con el Gobierno, y es este quien decide sus interlocutores. Hasta que el presidente nos diga lo contrario, nuestro interlocutor es el Ministerio de Trabajo", afirmó Álvarez al ser consultado sobre las diferencias internas entre los ministerios. También criticó al Ejecutivo por airear estas discrepancias públicamente: "Estamos acostumbrados a este tipo de debates abiertos, pero creemos que deberían tener lugar en el Consejo de Ministros. No aportan nada positivo. El Gobierno nos tiene habituados a esta dinámica". Asimismo, exigió que el Consejo de Ministros apruebe el texto acordado entre Trabajo y los sindicatos, aunque reconoció que el contenido podría modificarse durante su tramitación parlamentaria. Al ser preguntado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería pronunciarse sobre el asunto, Álvarez señaló: "No sé si el presidente ha tenido la oportunidad de responder a esa pregunta. No creo que esté evitando el tema; les invito a preguntárselo". Al mismo tiempo, opinó que el hecho de que Sánchez no se haya expresado no es un "mal síntoma" en cuanto al respaldo al acuerdo entre Trabajo y los sindicatos. Álvarez también destacó que no ha mantenido ningún contacto con el Ministerio de Economía para tratar la reducción de jornada y añadió: "Conocemos su postura por lo que escuchamos y leemos en los medios". Además, expresó su sorpresa ante algunos argumentos atribuidos a miembros del Gobierno que, según él, se asemejan mucho a los de ciertos empresarios caracterizados por su "inmovilismo absoluto". Consideró que esta postura "no es razonable". Pese a las dudas sobre el momento en que la norma llegará al Consejo de Ministros, Álvarez no mostró preocupación: "El acuerdo no especificaba en qué Consejo de Ministros debía presentarse. No creo que estemos perdiendo el tiempo". Subrayó la importancia de asegurar una mayoría parlamentaria para garantizar el éxito de la medida y aseguró que se está trabajando en esa dirección dentro del Gobierno. En línea con Yolanda Díaz, pidió que el texto que se apruebe en el Consejo de Ministros sea el mismo que Trabajo pactó con los sindicatos, afirmando que "no debería cambiarse ni una coma". No obstante, mostró disposición a que se introduzcan modificaciones durante el trámite parlamentario para atraer apoyos políticos: "Entendemos que los grupos parlamentarios quieren tener protagonismo". Sobre las declaraciones de Díaz respecto al ministro Carlos Cuerpo, a quien calificó de "mala persona", Álvarez evitó entrar en valoraciones personales: "No me dedico a juzgar si los miembros del Gobierno son buenas o malas personas". Sin embargo, destacó que tiene una opinión personal positiva del ministro y agregó: "Cada uno es responsable de sus calificativos. Si algún día hago una declaración de esa contundencia, explicaré mis razones". Finalmente, se refirió al prolongado bloqueo del Estatuto del Becario, otro acuerdo entre Trabajo y los sindicatos que lleva más de un año paralizado debido a divisiones internas en el Gobierno. "Le advierto al Gobierno de manera clara: no permitiremos que con la reducción de jornada ocurra lo mismo que con el Estatuto del Becario. No quedará archivada sin ser tramitada". Álvarez advirtió que, de suceder, esto generaría una "frustración" que el sindicato canalizaría mediante protestas.

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(El País, 09-01-2025) | Laboral

Los expertos de Trabajo aconsejan una subida del salario mínimo de hasta 50 euros, 1.184 euros al mes

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que beneficia a unos 2,5 millones de trabajadores, ha experimentado un aumento del 54% desde 2018, superando ampliamente el incremento de los precios durante ese periodo (19%). Esto ha generado una notable mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables. Desde los 736 euros brutos mensuales en 14 pagas que se fijaron en 2018, el SMI ha ascendido a 1.134 euros y se prevé que continúe creciendo este año. Según las recomendaciones de la comisión de expertos, podría aumentar entre un 3,44% y un 4,41%. El informe elaborado por esta comisión, que incluye académicos, representantes sindicales y miembros de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Economía, sugiere un incremento de entre 39 y 50 euros al mes. Esto llevaría el SMI a 1.173 euros brutos (16.422 euros anuales) en el escenario más conservador, y a 1.184 euros (16.576 euros anuales) en el más ambicioso. Estas cifras aseguran que el salario mínimo mantenga su poder adquisitivo y continúe representando el 60% del salario medio, conforme a los objetivos marcados por la Carta Social Europea. El aumento del SMI no solo beneficia directamente a quienes lo perciben, contribuyendo a reducir la desigualdad salarial, sino que también tiene un efecto indirecto sobre otras categorías salariales. Al quedar desfasados los niveles más bajos de los convenios colectivos, estos se renegocian, elevando el suelo salarial general. A diferencia de otras iniciativas sociales, el aumento del SMI no enfrenta obstáculos parlamentarios, ya que el Ejecutivo puede decidir su incremento tras consultar con los agentes sociales. Sin embargo, existen diferencias de criterio dentro del Gobierno: mientras el Ministerio de Economía, liderado por Carlos Cuerpo, apuesta por un incremento moderado, el Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, prefiere una subida más ambiciosa. El informe de los expertos recalca que para cumplir con el compromiso de que el SMI alcance el 60% del salario medio neto, el incremento para 2025 debería situarse entre el 3,44% y el 4,41%. Ambas propuestas superan la evolución de los precios, que en 2024 se estima en un 2,8% en diciembre y un promedio anual del 2,4%, garantizando así una ganancia de poder adquisitivo de entre uno y dos puntos porcentuales. La referencia al 60% del salario medio no es casual, sino que se basa en la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021, que reconoce el derecho a una remuneración suficiente para garantizar un nivel de vida digno. El Comité Europeo de Derechos Sociales estipula que el SMI no debe ser inferior a ese porcentaje del salario medio de un trabajador a tiempo completo, compromiso que el Gobierno ha ratificado en su programa. No obstante, calcular con precisión el 60% del salario medio enfrenta dificultades debido a la falta de datos actualizados en las estadísticas salariales en España. La Encuesta de Estructura Salarial del INE, considerada la más fiable, tiene un retraso significativo (su último dato es de 2022), mientras que otras fuentes, como las estadísticas de convenios colectivos o la Encuesta de Población Activa, también presentan limitaciones temporales. El Ministerio de Trabajo considera que el SMI de 2024 ya cumple con el 60% del salario medio, pero el reto de mantener esa proporción requiere ajustes que reflejen el avance de las retribuciones en general. La comisión de expertos trabaja con estos parámetros para garantizar que el incremento de este año no solo mantenga el poder adquisitivo, sino que refuerce el compromiso del Gobierno con la mejora continua del SMI.

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