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(El País, 18-02-2025) | Laboral

El Perte de economía social ya ha movilizado 2.500 millones de euros

El Gobierno ha realizado este lunes un balance sobre la implementación de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) enfocados en la economía social y los cuidados. Según datos del Ministerio de Trabajo, se han movilizado hasta ahora 2.500 millones de euros, beneficiando a 4.400 entidades en todo el país. En la reunión, presidida por este departamento junto con otros ministerios implicados, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que estos fondos representan más que simples cifras: "No se trata solo de números, sino de una apuesta real y concreta por otra forma de hacer política económica, una que no mide el éxito únicamente por el crecimiento del PIB, sino por el bienestar, la cohesión y la dignidad". La economía social, que también forma parte del nombre del ministerio de Díaz (Trabajo y Economía Social), engloba a entidades con un funcionamiento distinto al de las empresas tradicionales, como mutualidades sin ánimo de lucro, cooperativas, fundaciones, cofradías y sociedades laborales. Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, este sector representa el 10% del PIB y genera alrededor de dos millones de empleos, tanto directos como indirectos. Entre los proyectos financiados con estos fondos se encuentran el plan integral de impulso a la economía social, la digitalización de entidades locales, una línea de apoyo contra la despoblación para fortalecer la cohesión territorial, programas para el crecimiento de pymes, ayudas a explotaciones agrarias de titularidad compartida, premios a la innovación de mujeres rurales, redes de investigación en cronicidad, atención primaria y promoción de la salud, la modernización de los servicios sociales, formación modular para mejorar la cualificación de personas desempleadas, la actualización del catálogo de cualificaciones en el sector de los cuidados, el plan Corresponsables y programas de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de trata, explotación sexual o en contextos de prostitución. El 92% de los 2.500 millones de euros asignados ya ha sido ejecutado y los recursos han sido distribuidos entre 10 ministerios. La mayor parte de los fondos ha sido gestionada por el Ministerio de Derechos Sociales, que ha recibido 1.999 millones, lo que equivale al 80% del total. Educación y Formación Profesional ha manejado 204 millones (8%), mientras que Trabajo y Economía Social ha administrado otros 100 millones. Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha destinado 66,9 millones, lo que representa el 2,7% del total. En cuanto a la distribución territorial de los fondos, Andalucía ha recibido el 17% de los recursos, seguida por la Comunidad de Madrid con el 15%, la Comunidad Valenciana con el 10% y Cataluña con el 9%. Otras regiones con una asignación destacada incluyen Castilla y León (6,4%), Galicia (6,2%), Euskadi (4,8%) y Castilla-La Mancha (4,7%). Canarias ha recibido el 4,6%, Aragón el 3,8%, la Región de Murcia el 3,1%, Extremadura el 2,7%, Baleares el 2,6%, Asturias el 2,4%, y tanto Cantabria como Navarra han recibido el 1,6% cada una. La Rioja ha gestionado el 1,5%, mientras que Ceuta y Melilla han recibido un 0,5% cada una. Además, un 2,7% de los fondos se han destinado a proyectos de ámbito estatal. El Ministerio de Trabajo ha destacado que el impacto de estos fondos ha sido significativo en distintos ámbitos: el 96% del presupuesto ha beneficiado a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, el 85% ha tenido un efecto a nivel local, el 68% se ha dirigido a iniciativas de innovación y el 65% ha contribuido a la reducción de la brecha de género.

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(El Economista, 18-02-2025) | Laboral

Empresarios catalanes vuelven a verse con Puigdemont para atar su "no" a la reducción de jornada

Nueva reunión en Waterloo entre el empresariado catalán y Carles Puigdemont. La influencia de Junts per Catalunya en la gobernabilidad de España ha llevado a representantes del sector empresarial a viajar a Bélgica para negociar directamente con el líder independentista. Su voto es clave para la aprobación de medidas como la reducción de la jornada laboral, sobre la cual Junts ha mantenido una postura ambigua en las últimas semanas. Según ha podido saber elEconomista.es, una delegación integrada por miembros de Cecot, Comertia y Retailcat se reunirá con Puigdemont el 19 de febrero en su residencia en Bruselas. No es la primera vez que empresarios catalanes se desplazan hasta Bélgica con este objetivo. Recientemente, un grupo de industriales del metal, liderados por Jaume Roura, también viajó para tratar de influir en la posición de Junts respecto al proyecto estrella del Ministerio de Trabajo, actualmente en tramitación parlamentaria. Se prevé que este tipo de encuentros continúe en las próximas semanas. Por parte de Cecot, acudirán Xavier Panés y Oriol Alba, presidente y secretario general de la patronal, respectivamente. Cecot, una confederación gremial con gran peso en el Vallès, está integrada en Foment del Treball y mantiene una estrecha relación con el entorno de Junts. De hecho, la entidad fichó en su momento a Josep Rull, actual presidente del Parlament, como comisionado de energía tras ser indultado. Aunque la organización mantiene contacto con todas las fuerzas políticas catalanas, su vínculo con el espacio posconvergente le otorga una vía directa para influir en las decisiones de Puigdemont. También formarán parte del viaje Ignasi Pietx, presidente de Comertia, y Joan Carles Calbet, presidente de Retailcat. Ambas asociaciones desempeñan un papel clave en el comercio catalán y tienen un peso económico considerable. Comertia agrupa a 60 empresas y 160 marcas comerciales con más de 3.200 puntos de venta y una facturación superior a los 10.000 millones de euros, mientras que Retailcat representa a 40.000 establecimientos comerciales, que en conjunto suponen el 8% del PIB catalán. Los empresarios expresarán a Puigdemont su preocupación por el impacto que la reducción de la jornada laboral podría tener en las pequeñas y medianas empresas. Junts ha insinuado su disposición a apoyar la jornada de 37,5 horas semanales si se acompaña de ayudas a las pymes, pero las patronales alertan de que la medida, si se aplica sin tener en cuenta la productividad y el esfuerzo fiscal, podría afectar negativamente al tejido productivo. Además, critican que la decisión se tome al margen del diálogo social. En el trasfondo de estas negociaciones, persiste el temor de que Junts llegue a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo en torno a la reducción de jornada a cambio de concesiones en otras áreas, como el traspaso de competencias en inmigración o incluso un posible indulto para Laura Borràs, cuya condena por prevaricación y falsedad documental fue ratificada por el Tribunal Supremo la semana pasada.

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(Cinco Días, 18-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Ibex se hace con los 13.000 puntos sin el faro de EE. UU.

El selectivo español mantiene su racha alcista y supera la barrera de los 13.000 puntos, con una subida del 0,5% en la jornada. De esta manera, el índice encadena ocho semanas consecutivas al alza y consolida sus niveles más altos desde junio de 2008, a pesar de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y comerciales, así como la publicación de resultados empresariales. En la jornada de hoy, los inversores no cuentan con la referencia de Wall Street, que permanece cerrado debido a la celebración del Día del Presidente en Estados Unidos. Entre los valores que más suben, Indra destaca con un avance del 3%, impulsado por el anuncio del aumento del gasto en Defensa. El Gobierno ha ratificado su plan de destinar el 1,32% del PIB a este sector en 2024 y alcanzar el 2% en los próximos cinco años, desoyendo las presiones de EE. UU. Las principales bolsas europeas también registran avances. El Dax Xetra de Alemania sube un 0,3%, mientras que el FTSE MIB italiano avanza un 0,5%. En cambio, el CAC 40 de París y el FTSE 100 de Londres cotizan planos. En Asia, la sesión ha sido mixta. El Shanghai Composite se anota un 0,29%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cierra con una ligera caída del 0,07%. El Nikkei de Tokio gana un 0,1%, favorecido por el dato de crecimiento económico de Japón, que sorprendió con un 2,8% anualizado en el cuarto trimestre de 2024. Wall Street cerró el viernes con un comportamiento mixto. El Dow Jones cedió un 0,37%, aunque logró cerrar la semana con ganancias, en un contexto marcado por la política arancelaria de Donald Trump. El Ministerio de Economía ha informado de que el déficit comercial español cayó un 0,7% en 2024, hasta los 40.276 millones de euros, gracias a la reducción de las importaciones energéticas. Las exportaciones de bienes alcanzaron los 384.465 millones de euros, un 0,2% más que en 2023, mientras que las importaciones sumaron 424.741 millones, con un aumento del 0,1%. Por su parte, la deuda pública se redujo al 101,8% del PIB al cierre de 2024, lo que supone una caída de 3,3 puntos respecto a finales de 2023, según datos del Banco de España. A nivel europeo, hoy se publica la balanza comercial de la eurozona, mientras que los ministros de Economía y Finanzas de la región debaten el impacto de las políticas de la administración Trump, especialmente tras el anuncio de Bruselas de suspender temporalmente las reglas fiscales para permitir un mayor gasto en defensa. En el plano geopolítico, continúan las expectativas sobre posibles negociaciones en el conflicto entre Rusia y Ucrania, con reuniones previstas en Arabia Saudita esta semana. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste este lunes a una cumbre informal convocada por Emmanuel Macron en París para abordar la situación. El analista de mercados Manuel Pinto destaca que la jornada está marcada por noticias sobre aranceles, negociaciones de paz y datos económicos, que han llevado a los mercados a nuevos máximos. Según Pinto, "Europa ha celebrado con subidas la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania, lo que podría eliminar un foco de incertidumbre en la región". Asimismo, menciona que "el sector bancario sigue siendo el principal impulsor del Ibex 35, favorecido por la posibilidad de que el BCE mantenga tipos de interés elevados durante más tiempo debido a la inflación en EE.UU.". Por su parte, Javier Molina, analista senior de mercados en eToro, destaca que el año ha comenzado con una fuerte diferenciación entre sectores y valores individuales, en lugar de movimientos impulsados por la macroeconomía. "Aproximadamente el 75% de los rendimientos del S&P 500 se explican por factores específicos de empresas o industrias, lo que favorece la gestión activa del mercado", señala. Sin embargo, advierte que "si las políticas proteccionistas de Trump generan un shock sistémico, podría desencadenarse una venta masiva de activos y una mayor volatilidad en los índices". El Ibex 35 mantiene su senda alcista y marca nuevos hitos en un entorno de incertidumbre global, con el sector bancario y las expectativas macroeconómicas como principales factores de impulso.

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(El País, 18-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda pública cae hasta el 101,8% del PIB en 2024, un descenso de más de tres puntos por el crecimiento económico

La deuda pública sigue reduciendo su peso relativo respecto al PIB, impulsada por el fuerte crecimiento económico. Al cierre de 2024, se situó en el 101,8% del PIB, lo que supone una disminución de más de tres puntos en comparación con el 105,1% del año anterior y una notable distancia respecto a los niveles alcanzados durante la pandemia, que rondaron el 120%. Así lo indica el dato preliminar publicado este lunes por el Banco de España, que supera las previsiones oficiales y confirma que la deuda sigue una tendencia a la baja, en línea con las exigencias del nuevo marco fiscal europeo. No obstante, en términos absolutos, el endeudamiento de las Administraciones públicas sigue por encima de los 1,6 billones de euros, un récord histórico que supera en más de 40.000 millones la cifra de 2023, aunque esto no implica un deterioro de las cuentas públicas en comparación con otros periodos. Desde los máximos alcanzados en la crisis sanitaria, la ratio de deuda sobre PIB ha mostrado una reducción constante, ya que este indicador es más representativo de la sostenibilidad financiera de un país que el monto absoluto de la deuda. Un crecimiento económico sólido alivia el peso de la deuda, dado que el PIB es el denominador de la ecuación. En otras palabras, aunque la carga de la deuda se mantenga elevada, la mejora de la economía facilita su sostenibilidad. "El sólido desempeño de la economía, con un crecimiento del 3,2% en 2024, junto con el compromiso de España con la disciplina fiscal, ha permitido reducir la ratio en 0,7 puntos porcentuales más de lo previsto en el Plan Presupuestario [que estimaba un 102,5%]", destacó el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado. De cara al futuro, el Ejecutivo proyecta que la deuda siga descendiendo hasta el 98,4% en 2027, el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041. El crecimiento económico de España ha sido particularmente sólido en el último año, situándose entre los más dinámicos de las economías avanzadas, lo que ha sido clave para reducir la tasa de deuda más allá del ajuste fiscal por la vía del déficit, cuyos datos definitivos se conocerán en marzo. Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revisó al alza la evolución del PIB en 2023, estableciendo un crecimiento del 2,7% en lugar del 2,5% estimado inicialmente, lo que ha contribuido a una reducción adicional en la ratio de deuda sobre PIB. Para 2025, se prevé que la economía mantenga un crecimiento sólido, con un incremento del PIB del 2,6% según las últimas proyecciones del Gobierno, que elevó su previsión en dos décimas. El Ejecutivo sostiene que la economía española está experimentando un cambio estructural en su modelo de crecimiento, volviéndose menos vulnerable a impactos externos en comparación con la etapa previa a la crisis financiera. Además, este crecimiento irá acompañado de un repunte en la inversión y el mantenimiento de superávits exteriores. El Ministerio de Economía destacó que la reducción de la deuda al cierre de 2024 posiciona a España favorablemente para alcanzar los objetivos del Plan Presupuestario y confía en que la senda descendente continúe hasta situarse en el 101,4% previsto para el próximo año. "Este descenso sostenido es compatible con el mantenimiento de medidas de apoyo a familias y empresas, especialmente en la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por la DANA", añadió el ministerio. En cuanto a la distribución de la deuda, el Estado sigue concentrando la mayor parte del pasivo, con 1,47 billones de euros, lo que equivale al 90,89% del total y supone un incremento de casi 60.000 millones respecto al cierre de 2023. En cambio, la deuda de las corporaciones locales se redujo ligeramente, situándose en 22.958 millones de euros. Por su parte, la Seguridad Social disminuyó su endeudamiento en cuatro millones respecto a noviembre, alcanzando los 126.173 millones de euros, aunque esta cifra es 20.000 millones superior a la de diciembre de 2023, lo que representa un aumento de más del 8%. Las comunidades autónomas también incrementaron su nivel de endeudamiento en un 3,4%, alcanzando los 336.424 millones de euros, lo que equivale a más del 20% del PIB, muy por encima del objetivo del 13% fijado para las regiones. En este contexto, se prevé que en los próximos días comience la negociación sobre la condonación parcial de la deuda autonómica pactada entre el PSOE y ERC para Cataluña, que podría extenderse a otras comunidades. Este asunto será tratado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero, en el que el Ministerio de Hacienda se reunirá con los consejeros autonómicos de economía. Según un informe publicado este lunes por la agencia de calificación Morningstar DBRS, la carga de deuda de las comunidades autónomas en España sigue siendo elevada en comparación con otros países europeos. La agencia considera que una posible condonación contribuiría a acercar a las regiones al cumplimiento de los objetivos fiscales. Sin embargo, advierte que las diferencias de postura entre los gobiernos autonómicos respecto a la reforma del sistema de financiación pueden dificultar la implementación de una medida generalizada de alivio de la deuda.

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(El Economista, 18-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Del "boom" de la vivienda a la "burbuja" de los garajes

La intensa actividad del mercado residencial ha impactado directamente en el sector de los garajes, impulsando su valor en un 10,2% durante el último año hasta alcanzar un precio medio de 13.770 euros. En algunas zonas del país, el incremento ha rozado el 40%, lo que ha despertado preocupaciones sobre una posible burbuja en este segmento. Los datos reflejan que este aumento es el más elevado en los últimos ocho años y marca el cuarto año consecutivo de crecimiento. Además, la subida en el precio de los garajes ha sido incluso más pronunciada que la de la vivienda, cuyo valor se incrementó un 8,4% en 2023, mostrando así una estrecha relación entre ambos mercados. Según María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, "el encarecimiento de la vivienda influye directamente en el precio de los garajes, ya que la demanda de viviendas está en niveles máximos y la plaza de aparcamiento es un complemento muy solicitado. En las zonas donde más se buscan casas, también crece el interés por adquirir plazas de garaje". El alza en el valor de los garajes se debe a cuatro factores clave: el aumento de la demanda, el interés de los inversores, la escasez de oferta y el incremento del parque automovilístico en España. "El mayor número de ventas de vehículos ha convertido a los garajes en un bien muy demandado. Además, las restricciones de acceso a vehículos en ciertas áreas urbanas han hecho que disponer de una plaza privada sea un activo aún más valioso. Esta fuerte demanda, combinada con una oferta insuficiente, ha sido el principal motor de la subida de precios", explica Matos. Este encarecimiento ha sido especialmente notable en algunas capitales de provincia, donde los precios han aumentado hasta un 37%. En Guadalajara, por ejemplo, adquirir una plaza de garaje costaba poco más de 6.500 euros hace un año, mientras que ahora supera los 9.000 euros. Otras ciudades que han registrado incrementos significativos son León (32,3%), Almería (30,0%), Zaragoza (25,0%) y Oviedo (16,5%). También destacan las subidas en Cuenca (16,1%), Palma de Mallorca (14,0%), Murcia (13,2%), Sevilla (13,1%), Toledo (12,0%), Albacete (11,3%), Málaga (11,2%) y Huelva (10,6%). Por el contrario, en más de una docena de capitales los precios han descendido. Ávila lidera las caídas con una bajada del 15,2%, seguida de Logroño (-13,1%) y Lugo (-11,4%). También se han registrado descensos en Santander (-8,7%), A Coruña (-7,3%), Cáceres y Ciudad Real (-5,6%), Jaén (-4,5%) y Zamora (-3,6%). De forma más moderada, los precios han disminuido en Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Segovia (-1,8%), Pontevedra (-1,3%) y Donostia-San Sebastián (-0,2%). En cuanto a los precios medios de los garajes, estos varían significativamente entre ciudades. En las más caras, como Cádiz (26.552 euros), Donostia-San Sebastián (25.775 euros), Granada (25.395 euros), Palma de Mallorca (24.081 euros) y Salamanca (23.908 euros), los valores son considerablemente superiores al promedio. Por el contrario, las urbes con precios más bajos son Ávila (6.251 euros), Castellón de la Plana (8.155 euros) y Murcia capital (8.912 euros). De cara a los próximos meses, se prevé que el precio de los garajes continúe en ascenso debido a la elevada demanda. "El repunte en las ventas de vehículos, que han superado el millón de matriculaciones, está reforzando el interés por la compra de garajes. A esto se suman las nuevas normativas municipales que restringen la circulación en áreas urbanas y la reducción de las zonas de aparcamiento gratuito en las grandes ciudades, factores que impulsarán aún más el valor de las plazas de aparcamiento", concluye la experta. En Madrid, por ejemplo, el precio medio de los garajes aún no ha alcanzado los niveles de 2015, situándose actualmente en 18.636 euros.

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(El Periódico, 18-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las exportaciones de bienes españolas alcanzaron en 2024 el segundo mejor año de su historia

El año pasado, las exportaciones españolas de bienes alcanzaron un valor de 384.465 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 424.741 millones. Como resultado, el déficit comercial con Estados Unidos aumentó hasta los 10.013,5 millones de euros, debido a que las compras a ese país superaron a las ventas. Este incremento se produjo en un contexto en el que aún no se había producido el cambio de administración en EE. UU. tras la victoria de Donald Trump y su política arancelaria. Las exportaciones españolas hacia Estados Unidos sumaron 18.179,1 millones de euros, en contraste con unas importaciones de 28.192,6 millones. EE. UU. representó el 4,7% de las ventas al exterior y el 6,6% de las compras, según datos del Ministerio de Economía. En diciembre, las exportaciones a este país alcanzaron los 1.571,6 millones, lo que equivale al 5% del total, mientras que las importaciones sumaron 2.103,7 millones, un 6,2% del total. El déficit comercial global se redujo un 0,7% hasta situarse en 40.275,9 millones de euros, favorecido por la caída del déficit energético, que descendió un 8% hasta los 30.442,7 millones. Esta disminución se debe a la reducción en la compra de combustibles fósiles gracias al auge de las energías renovables. Por otro lado, el superávit comercial con la Unión Europea alcanzó los 30.285,4 millones, acumulando 14 años consecutivos con saldo positivo. España registró los mayores superávits con Francia (20.847,3 millones), Portugal (15.849,5 millones), Reino Unido (13.659,7 millones) e Italia (3.808,8 millones). Entre los sectores con mayor superávit destacan el de alimentación, bebidas y tabaco (18.044,4 millones), la industria automovilística (8.588,1 millones) y las semimanufacturas no químicas (6.800,5 millones). En términos de crecimiento anual de exportaciones (0,2%), las mayores contribuciones provinieron de la alimentación, bebidas y tabaco (1,2 puntos porcentuales), las manufacturas de consumo (0,2), las materias primas (0,1) y otras mercancías (0,1). Además, el sector de alimentación, bebidas y tabaco alcanzó un récord histórico en exportaciones. En cuanto a los mercados de destino, el 61,8% de las exportaciones españolas tuvieron como destino la Unión Europea-27, con cifras récord en 15 países, entre ellos Italia, Portugal y Polonia. Por su parte, las exportaciones a países fuera de la UE representaron el 38,2% del total y crecieron un 2,4% respecto al año anterior. Las empresas españolas continúan diversificando sus mercados, con un crecimiento de exportaciones en Oceanía (15,1%), África (6,4%) y Asia (3,5%). También se registraron máximos históricos en mercados clave como Reino Unido, Marruecos, Turquía y México. A nivel regional, las comunidades autónomas con mayor crecimiento en exportaciones fueron Castilla y León (16,5%), Canarias (12,1%) e Illes Balears (10,6%). El número de exportadores regulares, es decir, aquellos que han exportado más de 1.000 euros en el año de referencia y en cada uno de los tres años previos, creció un 4,8% en 2024 hasta alcanzar los 45.931 exportadores. Estos representaron el 95,9% del total exportado, con un incremento del 3% respecto al año anterior, alcanzando los 368.651,3 millones de euros. La expansión sostenida de la base exportadora refleja un cambio en la mentalidad empresarial en España, donde cada vez más compañías consideran los mercados exteriores como una vía natural para crecer y consolidar sus negocios, según el Ministerio de Economía. En diciembre de 2024, las exportaciones mantuvieron su tendencia al alza con un crecimiento del 2,7%, alcanzando los 29.738,4 millones, el segundo mayor valor registrado para ese mes. Por su parte, las importaciones crecieron un 4,7% interanual hasta los 33.859,8 millones, impulsadas por el aumento del consumo de los hogares. A nivel internacional, las exportaciones francesas crecieron un 5,5% interanual, mientras que las alemanas descendieron un 0,2%. Fuera de la UE, las ventas al exterior de Estados Unidos cayeron un 1,1%, mientras que las de Reino Unido aumentaron un 24,7%, las de China un 10,9% y las de Japón un 2,8%.

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(El País, 17-02-2025) | Fiscal

Las Comunidades Autónomas se deberían financiar de manera ortodoxa en los mercados y no con el Estado como banquero

La deuda de las comunidades autónomas ha crecido de manera vertiginosa desde la crisis financiera. Desde 2008, ha aumentado en aproximadamente 15 puntos porcentuales, alcanzando el 21% del PIB, un nivel muy superior al 13% establecido como objetivo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para el sector territorial. Reducirla hasta ese umbral requeriría un largo proceso acompañado de fuertes ajustes. Según el centro de estudios Fedea, para lograrlo en los próximos 10 o 20 años, las autonomías deberían generar un superávit primario anual de entre el 0,5% y el 0,1% del PIB, un escenario poco probable considerando la evolución histórica de sus presupuestos, especialmente en las regiones más endeudadas. Cataluña es la comunidad con mayor deuda en términos absolutos, y los independentistas de ERC han acordado con el PSOE una quita parcial, que se extendería al resto de los territorios. Sin embargo, la medida genera controversia entre los líderes autonómicos y será el tema central en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero, donde participarán el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos. El informe de Fedea, elaborado por el catedrático de Economía Diego Martínez López, señala que el objetivo es que las comunidades autónomas obtengan financiación de forma independiente en los mercados, sin depender del Estado como su principal prestamista. No obstante, advierte que los altos niveles de endeudamiento actuales representan un obstáculo para ello. Para comprender la situación actual, es necesario remontarse a 2012, cuando el Tesoro puso en marcha los mecanismos extraordinarios de liquidez con el fin de auxiliar a las comunidades que no podían acceder a los mercados financieros. A través de estos préstamos, el Estado ha seguido proporcionando financiación a las autonomías a un coste más reducido. Regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha han sido las principales beneficiarias de estos mecanismos y, en consecuencia, son las que actualmente tienen una mayor deuda con el Estado. En cambio, otras comunidades, como Madrid, que no han recurrido a estos préstamos, rechazan la propuesta de condonación pactada entre el Gobierno y Cataluña. El acuerdo entre ERC y PSOE prevé la cancelación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado, lo que equivale a unos 15.000 millones de euros. Sin embargo, aún no se han concretado las cifras ni los porcentajes que podrían aplicarse al resto de las autonomías. Martínez López sugiere eliminar progresivamente los mecanismos extraordinarios de liquidez, ya que considera que el Estado no es un prestamista eficiente a medio y largo plazo para otras administraciones. No obstante, reconoce que suprimirlos de forma abrupta sería inviable para las comunidades con mayores dificultades financieras. Por ello, propone una transición gradual hacia la financiación en los mercados, acompañada de ciertas condiciones, como vincular la reestructuración o condonación de la deuda a ajustes fiscales específicos y avanzar en la reforma del sistema de financiación autonómica, una tarea pendiente desde hace más de una década. El informe plantea varias alternativas a la condonación de deuda. Una opción sería reestructurarla mediante la ampliación de los plazos de amortización o la reducción de los tipos de interés. Otra posibilidad es establecer un periodo de carencia durante el cual solo se paguen los intereses, posponiendo el debate sobre una posible quita para más adelante. Por último, se menciona la condonación parcial de la deuda en manos del Estado a través de una transferencia de capital condicionada a su uso exclusivo para amortizar los préstamos objeto de condonación, lo que supondría el mayor coste para el Estado. Por otro lado, el estudio descarta intervenir en la deuda de las comunidades que no tienen obligaciones pendientes con el Estado, como Madrid, ya que ello requeriría modificar la legislación vigente y podría generar una interferencia innecesaria en sus relaciones financieras con los mercados.

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(El Economista, 17-02-2025) | Fiscal

Las CCAA pueden bajar los tipos o ampliar los tramos para que el SMI tribute menos

En los últimos años, el crecimiento de la renta mínima ha llevado al Ministerio de María Jesús Montero a incrementar el mínimo exento tras cada subida desde 2022, con el objetivo de evitar que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) tuvieran que tributar. Para ello, Hacienda ha ajustado el mínimo deducible por rendimientos del trabajo, elevándolo para que el conjunto de deducciones cubriera la cuantía anual del SMI. Sin embargo, esta cuestión escapa a la competencia de las comunidades autónomas. Jaume Sanaú, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, explica que solo el Gobierno central tiene potestad para decidir sobre la obligación de declarar o no en el IRPF, aunque las comunidades sí pueden legislar sobre la cuota autonómica. Ante este marco, las regiones tienen tres alternativas: reducir los tipos impositivos, ampliar los tramos de renta o modificar los mínimos personales y familiares, según señala Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense e investigador asociado a Fedea. El diseño del impuesto sobre la renta establece que su gestión se divide en un 50% entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, salvo en el caso de Navarra y el País Vasco, que cuentan con sus propios sistemas forales. Para el resto de territorios, la única exigencia establecida es que el impuesto mantenga su progresividad, lo que les permite modificar el tipo autonómico, crear nuevos tramos o elevar la deducción sobre la parte de la renta destinada a cubrir necesidades básicas, con un límite del 10%. Este último concepto varía según la situación familiar, es decir, en función de la existencia de hijos, su número y edad, la presencia de ascendientes a cargo o el grado de discapacidad de los familiares, pero está fijado de manera general en 5.550 euros. Este debate no es nuevo, ya que surgió en 1994 cuando se discutió si las prestaciones por desempleo debían tributar y reaparece periódicamente debido a la carga fiscal que soportan las rentas más bajas. Los expertos consideran que la mejor opción es reducir los tipos impositivos, ya que modificar los tramos generaría nuevamente la misma discusión tan pronto como el SMI volviera a incrementarse. La reducción de los tipos impositivos tendría como consecuencia una disminución de los recursos disponibles para las comunidades autónomas. Esto se debe a que, del 50% del IRPF que gestionan, solo retienen íntegramente el 25%, mientras que el 75% restante se destina a un fondo común que se reparte entre todas las comunidades según su población ajustada. Además, este porcentaje se calcula en función de los ingresos que recibe el Gobierno central, por lo que una bajada de tipos autonómicos implicaría una menor recaudación directa para la comunidad afectada. Por este motivo, la dirección del Partido Popular ha optado por trasladar la presión al Gobierno central en lugar de exigir a sus comunidades autónomas que adopten medidas compensatorias. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo señalan que la mayoría de los gobiernos autonómicos del PP ya han aplicado reducciones de los tipos impositivos y destacan que Cataluña es la región con una mayor carga fiscal. Por ello, descartan abrir un debate interno sobre este tema en un momento en el que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas están en juego debido a la caída del decreto. Sin embargo, esta postura no ha sido bien recibida por algunos dirigentes regionales, según adelantó El Mundo. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha tomado la iniciativa en este asunto, ya que en su comunidad hay cerca de 100.000 trabajadores que perciben el SMI. Desde la Consejería de Hacienda de Murcia han anunciado la creación de un nuevo tramo en la escala autonómica del IRPF con un tipo reducido, para garantizar que el aumento del salario no se vea absorbido por los impuestos. En el caso de un trabajador soltero y sin hijos, el 43% de la subida salarial (unos 300 euros) se destinaría al pago de tributos. Otras comunidades como Madrid, Castilla y León y Baleares también prevén reducir el tipo autonómico, mientras que otras regiones aún están valorando sus opciones. Andalucía, por su parte, es la comunidad con mayor número de beneficiarios del SMI, con 476.100 asalariados en 2023, según datos del Ministerio de Trabajo. Le siguen Madrid y Cataluña, donde es más frecuente el perfil de jóvenes sin cargas familiares que acaban de acceder al mercado laboral. Cataluña, gobernada por Salvador Illa, es la región que aplica los tipos impositivos más altos sobre las rentas bajas. De no introducirse cambios, el 20% de los trabajadores que perciben el SMI y están obligados a tributar deberían pagar 357,43 euros al año. Esta cifra es casi 80 euros superior a los 280,68 euros que se abonarían en la Comunidad Valenciana o los 287,12 euros en Madrid. Asturias ocupa el segundo lugar en presión fiscal sobre estas rentas (348,5 euros), seguida de Murcia (339,56 euros), lo que coloca a esta última entre las regiones con más margen para aplicar cambios en su política fiscal.

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(El Economista, 17-02-2025) | Fiscal

Alquilar una vivienda a un familiar por debajo de precio puede reducir la factura del IRPF

La Dirección General de Tributos (DGT) aclaró en una resolución del 4 de diciembre que alquilar una vivienda a un familiar de hasta el tercer grado (cónyuge, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, tíos o sobrinos) por un precio inferior al del mercado puede reducir la tributación en el IRPF. En lugar de pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos por el alquiler, el propietario deberá tributar por un porcentaje del valor catastral del inmueble, que será del 1,1% si ha sido revisado o del 2% si no lo ha sido. Por ejemplo, si un padre alquila un piso valorado en 150.000 euros a su hijo por una renta simbólica de 100 euros al mes, obtendría unos ingresos anuales de 1.200 euros. A esta cantidad se le restarían los gastos asociados a la vivienda, como comunidad, reparaciones, seguros, IBI e intereses hipotecarios, que podrían sumar 3.000 euros, lo que resultaría en un saldo negativo de 1.800 euros. Dado que en este caso no existiría una base imponible, la Ley del IRPF establece que el propietario debe tributar, al menos, por el rendimiento mínimo computable. Esto significa que el impuesto se calcularía sobre 3.000 euros si se aplica el 2% del valor catastral o sobre 1.650 euros si se aplica el 1,1%. En cambio, si la vivienda se alquila a precio de mercado, la base imponible del IRPF sería más elevada. Por ejemplo, si se arrienda por 900 euros mensuales, se generarían ingresos anuales de 10.800 euros. Tras descontar los gastos de 3.000 euros, el rendimiento neto sería de 7.800 euros. No obstante, al destinarse a vivienda habitual, se aplicaría una reducción del 50% (en zonas no tensionadas), lo que implicaría tributar sobre 3.900 euros. Esta resolución de Tributos responde a la consulta de una contribuyente cuyos padres planean arrendarle un inmueble. La DGT recuerda que, según la Ley del IRPF, cuando el inquilino sea un familiar de hasta tercer grado, el rendimiento mínimo a declarar no podrá ser inferior al porcentaje del valor catastral estipulado por la normativa.

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(El Confidencial, 17-02-2025) | Fiscal

Montero ha garantizado que sólo el 20% de los perceptores del SMI tendrán que hacer frente al pago del IRPF

María Jesús Montero mantiene un enfrentamiento con Yolanda Díaz sobre la tributación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La ministra de Hacienda reapareció este viernes en Sevilla tras varios días de silencio y tensiones dentro del Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar. La también vicepresidenta primera defendió que, tras la última subida del SMI a 1.184 euros mensuales en 14 pagas (un incremento del 61% desde 2018), este debe comenzar a tributar. Esta postura choca directamente con la de la ministra de Trabajo, lo que ha generado un conflicto dentro del Ejecutivo sin una solución clara a la vista. No obstante, Montero ha asegurado que la coalición sigue siendo "más sólida que las discrepancias". Según la ministra de Hacienda, los salarios mínimos ya tributaban en 2024, por lo que no ha habido un aumento fiscal, sino la continuidad de una situación previa. Además, justificó la medida afirmando que busca evitar una reducción en los ingresos fiscales que financian el Estado del bienestar. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de adaptar el análisis a la nueva realidad salarial: "No se pueden hacer las mismas valoraciones que cuando el SMI era de 735 euros". Montero insistió en que su intención es que el salario mínimo continúe aumentando y contribuya al sistema fiscal como el resto de rentas. La ministra explicó que solo el 20% de los trabajadores que perciben el SMI deberán pagar el IRPF en su declaración de la renta, principalmente aquellos sin hijos o personas mayores a su cargo. En su opinión, estos ciudadanos deben asumir sus obligaciones fiscales como el resto. Además, recordó que la subida de 50 euros del SMI en 2025 incluía desde el principio la previsión de que este comenzara a tributar, tal y como recomendaron los expertos que asesoran al Gobierno. Según estos análisis, normalizar el pago del IRPF en los salarios mínimos era la consecuencia lógica de elegir el tramo alto de subida. "No se puede vestir un santo para desvestir a otro", afirmó Montero en su intervención, donde envió varios mensajes velados a Yolanda Díaz sin mencionarla directamente. En su discurso, Montero criticó duramente el "populismo fiscal" y sugirió que la ministra de Trabajo y líder de Sumar en el Gobierno se acerca peligrosamente a la política de "vaciamiento fiscal" que, según ella, practica el Partido Popular. De hecho, tanto Sumar como el PP han presentado en el Congreso iniciativas legislativas para restablecer la exención del IRPF para quienes perciban el SMI. A pesar de la creciente oposición en el Parlamento, Montero no ha dado detalles sobre cómo el PSOE planea superar la mayoría contraria a la tributación del SMI en la Cámara Baja. Aunque en los últimos días se hablaba de un posible acuerdo entre los socios de Gobierno, la contundencia de Montero en su comparecencia no apunta a un acercamiento. Sin embargo, en Sumar aún confían en alcanzar un pacto. "No voy a hacer política sobre cuándo se enteró o no la señora Yolanda Díaz", replicó Montero, recordando que el Ministerio de Hacienda ya había advertido el año pasado que la exención fiscal del SMI no se mantendría indefinidamente. El trasfondo de este debate tiene una motivación clara: la necesidad de aumentar los ingresos del Estado. Algunas de las reformas fiscales impulsadas por Montero han fracasado en el Congreso por falta de apoyos, lo que ha generado preocupación en la Administración central. Además, dentro del PSOE existe la convicción de que el fin de la exención del IRPF al SMI debe aplicarse lo más lejos posible de una cita electoral, con la vista puesta en las elecciones andaluzas de junio de 2026. En esta comunidad se concentra una de cada cinco personas que perciben el SMI, lo que convierte el tema en un asunto especialmente sensible para Montero, que se enfrentará a Juanma Moreno en esos comicios. En su intervención, la ministra de Hacienda rechazó las críticas del PP, que en los últimos días han arreciado especialmente desde el Gobierno andaluz. Según sus datos, un salario de 1.184 euros mensuales supone un pago de unos 700 euros anuales en IRPF, una cifra que, según ella, es comparable con lo que ocurre en otros países europeos como Francia y Alemania, donde el SMI también tributa. Montero argumentó que el aumento del salario mínimo en los últimos años ha cambiado su naturaleza, alejándolo de la idea de una prestación y acercándolo al resto de rentas sujetas a tributación. "Voy a seguir haciendo pedagogía", concluyó, defendiendo que su postura es coherente con la línea de un Gobierno progresista, a pesar de las críticas de sus socios de coalición y de los partidos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.

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