El Tribunal Supremo (TS) se pronunciará sobre en qué circunstancias la Administración puede considerar que una persona física ha aceptado recibir notificaciones electrónicas. Actualmente, solo las empresas, los autónomos y los contribuyentes con altos recursos económicos están obligados a comunicarse digitalmente con la Administración, mientras que las personas físicas, en principio, no tienen esta obligación.
Sin embargo, en algunas ocasiones, la Administración envía notificaciones electrónicas a ciudadanos que no están obligados a utilizar este medio y asume que han aceptado esta forma de comunicación simplemente por haber recibido y abierto el mensaje.
Ahora, en un auto fechado el 19 de marzo y con el magistrado Rafael Toledano Cantero como ponente, el Supremo deberá determinar si el mero acuse de recibo o la constancia de notificación en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) pueden considerarse prueba suficiente de que la persona ha dado su consentimiento para recibir notificaciones electrónicas de la Administración.
El alto tribunal considera necesario establecer un criterio claro, ya que esta cuestión no ha sido abordada previamente y afecta a un gran número de casos. Además, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dictaminado que si un ciudadano accede voluntariamente a su DEH y consulta la notificación, se entiende que ha sido debidamente informado, incluso si no tenía la obligación de usar este canal para comunicarse con la Administración.
El Supremo resolverá así el caso de un contribuyente al que Hacienda envió varias notificaciones electrónicas para informarle sobre la derivación de responsabilidad por la deuda de una empresa. Sin embargo, el Tribunal Económico-Administrativo de Canarias falló a favor del ciudadano, señalando que no existía prueba de que hubiera consentido expresamente recibir comunicaciones por esta vía.
La Comisión Europea ha comunicado este lunes la concesión de una ayuda de 100 millones de euros a España como anticipo para contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA que azotó el este y sur de la península Ibérica el pasado mes de octubre. Este fenómeno dejó un saldo trágico de 224 fallecidos y tres personas desaparecidas.
En enero, el Gobierno español presentó una solicitud de asistencia por valor de 4.404 millones de euros a través del Fondo Europeo de Solidaridad, argumentando que las inundaciones sufridas en la Comunidad Valenciana constituían una catástrofe de carácter "grave". Mientras Bruselas continúa analizando dicha petición, ha aprobado conceder de forma anticipada la cantidad máxima que permite este instrumento financiero.
La Comisión ha subrayado que este adelanto no implica un pronunciamiento sobre la cantidad total que se asignará finalmente a España. La cifra definitiva dependerá tanto de la evaluación técnica que aún está en curso como de los fondos disponibles en ese momento. Una vez completado el análisis, será el Consejo -donde están representados los Estados miembros- y el Parlamento Europeo quienes deberán aprobar formalmente la ayuda.
El Fondo Europeo de Solidaridad está diseñado para dar respuesta tanto a las necesidades inmediatas -como la habilitación de alojamientos provisionales, refuerzo de la atención sanitaria o limpieza de zonas afectadas- como a actuaciones a medio plazo. Entre los posibles destinos del dinero figuran la reparación de infraestructuras esenciales como las redes de agua y electricidad, los servicios educativos, de transporte o telecomunicaciones, así como medidas de prevención y protección de instalaciones clave.
"El impacto de la DANA en la Comunidad Valenciana ha sido devastador, con una gran pérdida de vidas humanas y numerosos daños en viviendas e infraestructuras", declaró Raffaele Fitto, vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Cohesión y Reformas. "Nuestro compromiso con la recuperación de la región y de sus ciudadanos es firme", añadió en su comunicado.
Los Estados miembros disponen de un plazo de 12 semanas desde la fecha del desastre para tramitar este tipo de solicitudes. Una vez aprobada la ayuda, se firmará un acuerdo de financiación entre la Comisión y el Estado solicitante. Sin embargo, el proceso de evaluación puede prolongarse durante varios meses, ya que requiere una estimación precisa y detallada de los daños sufridos.
El Partido Popular volverá a llevar al Parlamento la propuesta de ajustar el Impuesto sobre la Renta a la inflación, con efectos sobre la Campaña del IRPF que comienza este miércoles. Con esta medida, pretende forzar al Gobierno y a sus aliados parlamentarios a posicionarse sobre lo que considera una subida fiscal encubierta derivada de la falta de actualización del impuesto.
Así lo anunció ayer el líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la XXVII reunión Interparlamentaria del partido, celebrada en Sevilla. "Vamos a insistir en pedir que el Gobierno reduzca el Impuesto sobre la Renta y lo ajuste a la inflación. Y lo haremos con efectos en la campaña de la renta que acaba de arrancar, porque es una cuestión de justicia y lo vamos a someter a votación en las Cámaras", afirmó.
Feijóo acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser "líder en recaudación y último en calidad de los servicios públicos". Criticó que el Gobierno "siga exprimiendo a los españoles con impuestos" y denunció que la falta de actualización del IRPF a la inflación supone una recaudación extra de 9.800 millones de euros anuales. Defendió la necesidad de corregir lo que denominó "progresividad en frío", es decir, el aumento de la carga fiscal sin ajuste a la evolución de precios y salarios.
El líder del PP subrayó que los ciudadanos "trabajan duro y destinan más del 30% de sus ingresos al pago de impuestos", por lo que exigió que el dinero "ganado honradamente por la gente sea gastado honradamente por los políticos". En este sentido, el PP se compromete a "revisar cada una de las 97 subidas de impuestos" que, según afirman, ha impulsado el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, asegurando que los ciudadanos conocerán "en qué se ha despilfarrado cada euro público en estos años".
Feijóo reprochó al Ejecutivo que sí disponga de fondos "para comprar apoyos en gobiernos y ayuntamientos, para los independentistas, para intervenir en empresas privadas y para que un grupo de sinvergüenzas se lo pase bien", pero no "para atender a los enfermos de ELA", "cumplir con su parte del 50% en la financiación de la dependencia", "aliviar la situación de las familias con dificultades económicas" o "financiar escuelas infantiles".
Aunque la propuesta del PP probablemente sea bloqueada por Hacienda, argumentando que afectaría a sus previsiones de ingresos, el objetivo de Feijóo es evidenciar nuevamente las discrepancias dentro del Gobierno con algunos de sus socios. Ya logró ponerlos en aprietos con su propuesta de eximir del IRPF al salario mínimo interprofesional (SMI), medida que también respaldan Podemos y Sumar. De hecho, el PSOE y Sumar evitaron in extremis una fractura en la coalición el pasado viernes al alcanzar un acuerdo para que el SMI no tribute en 2025.
A pocas horas de que estallara una confrontación parlamentaria por la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI), las dos facciones del Gobierno de coalición lograron alcanzar el viernes un acuerdo de última hora que apacigua este conflicto, aunque la tensión sigue creciendo en torno al incremento del gasto militar.
Finalmente, la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, consiguió una victoria parcial frente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien también es vicesecretaria general del PSOE. Gracias a este pacto, los trabajadores que perciban el SMI quedarán exentos del pago del IRPF en 2025, aunque la medida perderá vigencia a partir de 2026.
El enfrentamiento comenzó en febrero, tras la decisión del Consejo de Ministros de aumentar el SMI un 4,4%, situándolo en 1.184 euros mensuales en 14 pagas (16.576 euros anuales). No obstante, el Ministerio de Hacienda se negó a elevar el mínimo exento del IRPF, que quedó fijado en 15.876 euros anuales, el umbral del salario mínimo de 2024. María Jesús Montero argumentó que, bajo el mandato de Pedro Sánchez, el SMI ha experimentado un incremento del 61% desde 2018, cuando era de 735,9 euros mensuales. Según Hacienda, ajustar constantemente el mínimo exento al aumento del SMI afectaría significativamente la recaudación.
Sumar rechazó tajantemente esta postura y presentó en el Congreso una proposición de ley para eximir del IRPF a los perceptores del SMI, en paralelo a iniciativas similares del PP y Unidas Podemos. Dado que la propuesta contaba con un amplio respaldo parlamentario, amenazando con imponer su criterio al PSOE, Hacienda respondió advirtiendo que recurriría a su facultad de vetar cualquier medida que redujera los ingresos del Estado. El conflicto se intensificó cuando Sumar insinuó que podría aliarse con el PP en la Mesa del Congreso para sortear el veto de Hacienda. Ante esto, La Moncloa amenazó con acudir al Tribunal Constitucional para hacer valer su potestad de bloqueo.
En medio de este clima de enfrentamiento, Montero reveló esta semana que se estaba negociando un acuerdo dentro de la coalición, aunque las conversaciones estuvieron a punto de romperse el viernes por la mañana. En una entrevista en Telecinco, Díaz acusó a la ministra de Hacienda de haberse "levantado de la mesa" la noche anterior. Sin embargo, ambas partes lograron cerrar un pacto horas antes de que venciera el plazo para que Hacienda aplicara su veto. Aunque el ministerio bloqueó las iniciativas del PP y de Podemos, evitó la confrontación directa con Sumar, que finalmente retiró su propuesta.
El acuerdo establece una deducción fiscal que compensará la retención aplicada en 2025 a alrededor del 20% de los 2,5 millones de trabajadores que perciben el SMI y que estaban sujetos al pago del IRPF. En su mayoría, se trata de contribuyentes solteros y sin hijos, ya que el resto ya disfruta de deducciones que les eximen de esta carga fiscal. Así, unos 500.000 contribuyentes ahorrarán aproximadamente 300 euros en impuestos este año.
Esta medida implica una reducción de ingresos de unos 200 millones de euros, muy por debajo de los 2.000 millones que habría supuesto elevar el mínimo exento hasta el nuevo umbral del SMI. Sin embargo, la medida solo tendrá efecto en 2025 y no supone una reforma permanente que elimine la tributación en el futuro. A pesar de ello, Díaz aseguró que el pacto contempla mantener fiscalmente exento el 60% del salario medio neto en los próximos años.
El enfrentamiento político entre los socios del Gobierno respecto a la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) ha culminado en un acuerdo en el que ambas partes han cedido parcialmente. Sumar ha conseguido el alivio fiscal que reclamaba para estos trabajadores, mientras que el PSOE ha logrado que la medida tenga una duración limitada a un solo ejercicio y no se aplique de forma generalizada. La solución acordada es una nueva deducción.
Aunque aún faltan detalles sobre cómo funcionará esta rebaja fiscal, fuentes gubernamentales adelantan que los trabajadores afectados, que representan aproximadamente el 20% de quienes perciben el SMI, soportarán retenciones en el IRPF de unos 30 euros mensuales este año. Para recuperar ese dinero, deberán presentar la declaración de la renta en 2026, incluso si no están obligados a hacerlo debido a sus ingresos.
Este año, el salario mínimo aumentó en 50 euros, situándose en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas (16.576 euros brutos anuales). Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, el incremento no fue acompañado por una actualización en el IRPF que eximiera a estos trabajadores de tributar. Como consecuencia, alrededor de 480.000 empleados, en su mayoría solteros sin hijos, han empezado a sufrir retenciones en el impuesto por primera vez.
El Ministerio de Hacienda, dirigido por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, defendió esta situación argumentando que el SMI ha crecido de manera significativa en los últimos años, alcanzando el 60% del salario medio pactado con su socio de Gobierno, y que ya no se trata de una renta de subsistencia. Esta postura chocaba frontalmente con la de la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien insistía en actualizar el impuesto para alinearlo con la subida salarial.
Tras semanas de tensión y la amenaza de Sumar de pactar con la oposición en la Mesa del Congreso para forzar la rebaja fiscal, la coalición de Gobierno logró un acuerdo de última hora para aliviar la carga tributaria sobre los afectados por la subida del SMI. Sin embargo, el mecanismo elegido es distinto al de años anteriores: en lugar de ampliar la reducción por rendimientos del trabajo, que beneficia a las rentas bajas en general, se ha optado por una medida específica y temporal, que solo aplicará a ese 20% de trabajadores.
No obstante, Sumar no descarta que la medida se prolongue más allá de este ejercicio, lo que requeriría una nueva negociación. El coste estimado de esta iniciativa es de unos 200 millones de euros, una cifra muy inferior a los entre 1.500 y 2.000 millones que supuso la fórmula anterior.
El acuerdo se materializará a través de una enmienda a la ley del IRPF, según fuentes gubernamentales. A la espera de conocer los detalles finales, los trabajadores afectados deberán, en principio, presentar la declaración del IRPF para poder recuperar las retenciones aplicadas, pese a que la normativa exime de esta obligación a quienes perciben menos de 22.000 euros anuales de un único pagador. Al presentar la declaración, la Agencia Tributaria determinará si han pagado más de lo debido en función de los tipos autonómicos -ya que la mitad del IRPF está en manos de las comunidades autónomas, que pueden aplicar cuotas distintas- y de las deducciones disponibles.
En definitiva, ese 20% de perceptores del SMI que han empezado a tributar este año podrán solicitar la devolución de lo pagado en la próxima campaña de la renta. También será entonces cuando se sabrá si el salario mínimo volverá a subir y en qué medida, así como si se abrirá un nuevo debate sobre su fiscalidad.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha respaldado la reclamación presentada por CC OO contra el sistema de indemnización por despido improcedente en España, según fuentes conocedoras de la resolución. Este organismo del Consejo de Europa ha determinado que España incumple la sección b) del artículo 24 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho de los trabajadores despedidos sin causa justificada a recibir una compensación adecuada o una reparación apropiada. Con esta decisión, el CEDS reitera la postura que ya adoptó en marzo del año pasado tras una reclamación de UGT y en casos previos de otros países con sistemas similares. En particular, señala que el actual modelo español, que establece un máximo de 33 días de indemnización por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, no siempre garantiza una compensación suficiente, especialmente en los casos de relaciones laborales de corta duración. Este pronunciamiento aumenta la presión sobre el Gobierno para reformar el sistema, un compromiso asumido por el PSOE y Sumar en su programa, apoyado por los sindicatos pero rechazado por la patronal.
La reclamación de CC OO, presentada en noviembre de 2022, fue posible porque España ratificó la Carta Social Europea en 2021. Los sindicatos detectaron que la normativa española sobre indemnización por despido no se ajustaba a los principios de la Carta y decidieron presentar su queja. Desde entonces, algunos jueces han concedido compensaciones adicionales considerando las circunstancias de cada caso, aunque el Tribunal Supremo desalentó esta práctica a finales de 2024, argumentando que la legislación nacional no contempla estas indemnizaciones. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una futura revisión a la luz de la Carta Social Europea, algo que fuentes jurídicas creen que podría ocurrir, aunque sin precisar cuándo.
Aunque este medio contactó con CC OO para confirmar la resolución, el sindicato evitó pronunciarse al respecto debido a que la decisión está sujeta a embargo y aún no puede ser divulgada. La publicación depende del Gobierno español a través del Comité de Ministros del Consejo de Europa. En caso de que el Ejecutivo no autorice su difusión de inmediato, como ocurrió con la resolución sobre UGT, aún pasarán varios meses antes de que CC OO pueda dar más detalles.
Desde el sindicato insisten en que los pronunciamientos previos del CEDS ya han evidenciado deficiencias en la legislación española, lo que hace necesario abrir un proceso de diálogo y negociación en el marco del diálogo social para adaptar la protección de los trabajadores despedidos a las exigencias de la Carta Social Europea. Aunque el Gobierno no está obligado a modificar la normativa tras este pronunciamiento, los sindicatos advierten que España podría enfrentar un escenario de inseguridad jurídica en materia de despidos debido a la ratificación de la Carta.
En su reclamación, CC OO argumenta que el sistema actual vulnera la Carta Social Europea porque fija un cálculo indemnizatorio predeterminado, sin posibilidad de ajustarlo en función del daño real sufrido por el trabajador ni de garantizar un efecto disuasorio contra despidos injustificados. Según fuentes cercanas a la resolución, el CEDS ha respaldado esta interpretación, concluyendo que España no cumple con los estándares del tratado.
El sindicato también detalla otras razones por las que considera que el país infringe el artículo 24 de la Carta. Entre ellas, destaca que los jueces no pueden ordenar la readmisión de un trabajador despedido sin justificación, una cuestión sobre la que el CEDS ya se pronunció en 2014 al determinar que la normativa finlandesa, con principios similares, era incompatible con la Carta. Además, CC OO denuncia que no existen mecanismos para compensar los perjuicios económicos derivados de la pérdida del empleo durante la tramitación judicial del despido. En este sentido, el CEDS ya cuestionó en la resolución sobre UGT la eliminación de los salarios de tramitación en 2012, argumentando que esta medida reduce el poder compensatorio de la indemnización.
Otra de las deficiencias señaladas por el sindicato es la falta de protección ante el abuso sistemático de contratos temporales fraudulentos, especialmente en el sector público. También critica la ausencia de una indemnización mínima que garantice un efecto disuasorio o reparador para los trabajadores con menor antigüedad o salarios bajos, así como la falta de medidas de protección frente a despidos derivados del ejercicio de derechos reconocidos en la Carta.
CC OO sostiene además que la normativa actual impide reclamar indemnizaciones adicionales por perjuicios que no quedan cubiertos por la compensación fijada por despido improcedente. Esto es especialmente problemático en contratos de corta duración, donde la indemnización máxima de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades suele traducirse en cantidades reducidas. En 2023, la indemnización media en España fue de 7.446 euros, pero con grandes diferencias según la edad del trabajador: mientras que en el grupo de 20 a 24 años fue de apenas 886 euros, en el de mayores de 55 ascendió a 16.784 euros. Además, al estar las indemnizaciones predefinidas, las empresas pueden anticipar su coste, lo que el CEDS ha cuestionado en casos de despidos sin justificación.
En los últimos años, algunos tribunales han concedido indemnizaciones adicionales basándose en la ratificación de la Carta Social Europea. Esta práctica se utilizó en casos puntuales, como el de una trabajadora despedida justo antes de la pandemia, pero el Tribunal Supremo la frenó en diciembre de 2024 con una sentencia que marcó un punto de inflexión. Sin embargo, los sindicatos subrayan que el propio Consejo General del Poder Judicial reconoció que en esa decisión no se consideró la Carta Social Europea porque el despido ocurrió antes de su ratificación en España, lo que deja abierta la posibilidad de que futuros tribunales utilicen este argumento para justificar indemnizaciones más elevadas.
Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas, considera que la decisión del Tribunal Supremo supuso "un freno significativo" a la concesión de compensaciones adicionales en casos de despido improcedente, pero advierte que el debate sigue abierto. Según ella, el alto tribunal no examinó en detalle el impacto del artículo 24 de la Carta porque en la fecha del despido en cuestión esta aún no estaba en vigor en España. Ahora que ha sido ratificada, otros tribunales podrían emplearla en el futuro como base para conceder indemnizaciones más amplias.
La transferencia parcial de la gestión de bajas laborales por problemas traumatológicos a las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social sigue sin materializarse, lo que ya está generando "malestar", según fuentes cercanas a la negociación consultadas por elEconomista.es. Estas mismas fuentes hablan de un "retraso costoso e imprevisto" en una medida concebida como respuesta al creciente problema del absentismo laboral en España.
En septiembre pasado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las mutuas firmaron un acuerdo para que, en situaciones de saturación del sistema público, estas últimas asumieran la gestión de las bajas más comunes relacionadas con lesiones traumatológicas. Sin embargo, siete meses después, las derivaciones aún no han comenzado, y el Ministerio no ha dado una fecha concreta para la puesta en marcha del protocolo.
El departamento que encabeza Elma Saiz explica que la demora se debe a la falta de firma de los convenios con las comunidades autónomas. "Nos hemos reunido con las autonomías y próximamente comenzarán a firmarse los convenios", aseguran desde el Ministerio, aunque sin precisar un plazo exacto. Según fuentes involucradas en la negociación, en la última reunión el secretario de Estado, Borja Suárez, aseguró que ya hay acuerdos y que la primera firma está próxima. No obstante, insisten en que el proceso requiere tiempo. En el ámbito sanitario, algunos expertos señalan que el INSS todavía no tiene claro cómo se implementará finalmente el mecanismo.
El acuerdo de septiembre establece límites precisos sobre el papel de las mutuas en la gestión de las bajas. Su propósito es aliviar la carga del sistema sanitario y reducir los tiempos de espera. En concreto, el documento establece que las mutuas podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores para determinadas enfermedades de origen traumatológico. Sin embargo, su intervención solo se activará si el médico de atención primaria del sistema público lo considera oportuno. Además, su función se limita a bajas de contingencia común por causas traumatológicas incluidas en un listado específico, donde se haya comprobado la existencia de listas de espera que retrasan la recuperación del paciente. En cualquier caso, la decisión sobre altas y bajas seguirá en manos de los médicos del sistema público de salud, y la colaboración de las mutuas requerirá la autorización del trabajador.
Mientras las negociaciones con las comunidades avanzan lentamente, el coste de las bajas laborales sigue en aumento. Según los últimos datos de la Seguridad Social, a noviembre de 2024, el gasto en incapacidad temporal alcanzó un récord de 14.637,36 millones de euros. Por su parte, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) cifró el coste total, sumando Estado y empresas, en más de 28.987 millones de euros. Todo esto ocurre en un contexto de creciente absentismo laboral: según Randstad, en 2024 se perdió el 6,7% de las horas pactadas, lo que equivale a que 1.463.544 trabajadores no acudieron a su puesto de trabajo cada día.
En 2024, se registraron 8.716.663 procesos de baja por enfermedad o accidente no laboral, según el último informe de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Entre las principales causas destacan las patologías traumatológicas y las enfermedades de salud mental, un problema agravado por las listas de espera en la sanidad pública.
Datos recientes de Asepeyo, una de las mutuas colaboradoras, muestran que las patologías traumatológicas fueron la principal causa de baja, representando el 33,2% del total, una proporción similar a la de 2023. En segundo lugar, se encuentran las enfermedades psiquiátricas, que han aumentado un punto porcentual hasta el 14,8%. En conjunto, estas dos categorías representan el 48% de las bajas laborales.
Las bajas por problemas de salud mental, además, se encuentran entre las de mayor duración, con una media de 129 días, solo superadas por las derivadas de enfermedades oncológicas (196 días), cardíacas (153 días), de hombro (149 días) y de rodilla (137 días).
¿Cómo es posible que el país que más incrementó la cifra de ocupados en toda la Unión Europea en 2024 mantenga la tasa de paro más alta de los Veintisiete? Una de las claves, según ha reiterado en múltiples ocasiones la propia Comisión, es la escasa eficacia de los servicios públicos de empleo que, pese a una ambiciosa reforma aprobada en 2023, solo han encontrado trabajo al 1,9% de los asalariados. La mitad de los que logran un empleo gracias a una empresa de trabajo temporal (ETT).
Las variables de submuestra de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2024 que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran en 354.400 los asalariados que habían logrado su empleo actual con a la "participación de una oficina pública de empleo". Son un 4,8% más que hace un año y alcanzan su cifra más alto desde 2011, si bien el porcentaje que suponen sobre el total, el mencionado 1,9%, es el mismo en el que llevan estancados desde 2022.
Por su parte, la ETT participaron en la contratación de 734.200 personas, un 4% del total. Quedan por detrás de los datos de 2023, cuando se alcanzaron las 768.100, pero son los segundos mejores de toda la serie histórica, que se remonta a 2006. Eso sí, solo aportan el 4% de los asalariados, frente al 4,3% de hace un año y por debajo de los niveles de 2012, 2019 y los años anteriores a la crisis financiera.
¿Cómo es posible que un sector que se considera penalizado por la reforma laboral, que redujo precisamente la contratación temporal, obtenga mejores resultados que el esfuerzo conjunto de diecisiete organismos autonómicos y uno estatal (el SEPE, que además de pagar prestaciones se encarga de coordinar las actuaciones) con unos fondos que supera los 6.000 millones de euros?
Sobre todo, después de que la Ley de Empleo, presentada como una de las reformas estructurales comprometidas con Bruselas, y que estos días cumple dos años promoviera la transformación del SEPE en una Agencia Nacional de Empleo para reforzar su papel en el diseño y ejecución de las denominadas políticas activas, las destinadas a encontrar empleo a los parados.
Teniendo en cuenta que en España había de media 4,35 millones de demandantes inscritos en las oficinas de empleo, de los que 2,63 eran parados registrados, un incremento del 4%, apenas 16,300 personas respecto a las cifras de hace un año, se antoja demasiado escaso.
La explicación es múltiple. Por un lado, las empresas de trabajo temporal siempre han funcionado mejor que las oficinas públicas, ya que las empresas las consideran más eficaces para gestionar sus demandas eventuales de trabajadores. Aunque la reforma ha limitado esta vía de negocio, les ha dado la posibilidad de hacer contratos indefinidos fijos discontinuos. Son empleos con elevada rotación entre llamamientos, pero las ETTs les permiten encadenar más periodos de actividad que los temporales, lo cual podría explicar el incremento de ocupados.
Así se compensa, al menos a efectos estadísticos, el golpe que supuso para estas empresas la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio y el endurecimiento del encadenamiento de contratos. No obstante, en el último año ha habido cierte repliegue, en parte por la campaña de la Inspección de Trabajo contra posibles abusos sobre esta figura.
¿Y por qué la gran reforma de las políticas activas no se ha traducido en una mejora de la tasa de intermediación? Básicamente, porque no se ha completado. De hecho, la ley de marzo de 2023 daba seis meses para culminar la transición del SEPE a la Agencia Nacional de Empleo y esta cuestión parece completamente abandonada. El efecto de la norma en otros aspectos, como la obligación de las empresas a comunicar todas las vacantes a los servicios públicos de empleo, tampoco ha sido percibido ni en las estadísticas de ofertas comunicadas a las oficinas de empleo ni en los datos de intermediación que publica el INE.
Aunque la cifra que arroja la submuestra de la EPA es la más elevada en 14 años, la mejoría se puede achacar más a la inercia de la creación de empleo antes que a la mejoría de las competencias de los servicios públicos de empleo. La clave para llegar a esta conclusión es que la tasa de intermediación es la misma que antes de la reforma y está por debajo de la que se anotaba en 2019.
El pasado 2 de diciembre entró en vigor el nuevo registro de viajeros, una normativa impulsada por el Ministerio del Interior que obliga a los establecimientos de hospedaje, a los vendedores de billetes y a las empresas de alquiler de vehículos a proporcionar hasta 42 datos personales de sus clientes, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana. Según fuentes del departamento liderado por Fernando Grande-Marlaska, esta medida tiene un enfoque policial y busca combatir el terrorismo y la delincuencia, ya que la logística de transporte y alojamiento es clave en el modus operandi de las organizaciones criminales. Como argumento, Interior citó los resultados de los dos años en los que el registro funcionó de manera voluntaria, permitiendo identificar a 18.584 personas incluidas en bases de datos policiales o en el sistema de información Schengen, lo que facilitó la activación de órdenes de búsqueda y captura.
Sin embargo, estos razonamientos no lograron calmar la oposición del sector empresarial, que considera inviable cumplir con la normativa por diversas razones: la falta de medios, la imposibilidad de acceder a todos los datos exigidos o el temor a incumplir la legislación europea sobre protección de la privacidad y los métodos de pago de los clientes. La normativa establece sanciones que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. Los empresarios señalan que el principal problema radica en la orden ministerial que debe desarrollar el decreto, la cual definirá cuántos datos se deberán proporcionar y quiénes estarán obligados a hacerlo. Aunque Interior elaboró un borrador en diciembre, la versión definitiva se ha pospuesto hasta el verano. La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, aseguró que el número de datos obligatorios se reducirá a 13, con solo dos adicionales respecto a los requeridos antes de la entrada en vigor del nuevo registro. No obstante, persisten las dudas sobre la aplicación de la norma, ya que los hoteles afirman que la mayoría de las reservas se realizan a través de agencias de viajes, mientras que estas alegan que en el turismo corporativo no siempre tienen acceso a la identidad del cliente.
El balance de los primeros 100 días del registro ha generado aún más incertidumbre. Según datos del Ministerio del Interior hasta el 17 de marzo, 202.664 establecimientos se habían dado de alta, de los cuales 12.713 eran hoteles, paradores y hostales, 5.021 agencias de viajes y 1.965 empresas de alquiler de vehículos. La mayoría de los inscritos corresponden a apartamentos, apartahoteles (68.524) y viviendas turísticas (65.510). Sin embargo, muchas empresas obligadas a registrarse no lo han hecho y, pese a ello, no se han impuesto sanciones. Desde Interior confirman la ausencia de multas, lo que genera especulaciones sobre el régimen sancionador. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), sugiere que el Gobierno evita sancionar para no abrir la puerta a impugnaciones judiciales, y atribuye a este motivo el retraso en la publicación de la orden ministerial que regula el registro.
La patronal hotelera exige la publicación inmediata de dicha orden para clarificar sus obligaciones y evaluar los próximos pasos a seguir, incluso a nivel judicial. El sector está asesorado por el bufete Tourism & Law y considera impugnar la norma si se les obliga a recopilar cierta información, basándose en la sentencia C-817/19 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en junio de 2022 determinó que el tratamiento masivo de datos personales puede vulnerar la normativa comunitaria de protección de datos, salvo en casos de alerta terrorista o autorización judicial.
Las agencias de viajes, por su parte, también han preparado su defensa legal ante el descontento generado por el registro. Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), denuncia que el sector no ha recibido respuesta a sus alegaciones y que la plataforma de registro presenta fallos frecuentes, además de que muchos clientes se niegan a proporcionar ciertos datos personales. Las agencias argumentan que deberían quedar fuera del ámbito de aplicación de la norma, ya que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana solo menciona expresamente a los alojamientos y al alquiler de vehículos a motor, sin incluir a intermediarios como las agencias de viajes u operadores turísticos. Según Tejero, su inclusión en el real decreto iría en contra del principio de jerarquía normativa, lo que abre la puerta a futuras impugnaciones legales si el Gobierno no modifica su enfoque.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no podrá implementar plenamente su estrategia arancelaria el próximo 2 de abril. Las tarifas recíprocas aún no estarán listas para la fecha que la Casa Blanca había marcado como el "Día de la Liberación", considerado un punto clave en la escalada de la guerra comercial que amenaza con desestabilizar el comercio internacional.
A pesar de esto, no hay dudas de que Trump seguirá adelante con su plan, ya sea aplicándolo de manera progresiva o improvisando como hasta ahora, mediante órdenes presidenciales que pueden contradecirse de un día para otro. ¿A qué se debe tanta incertidumbre? Según fuentes de la Casa Blanca, "los objetivos de los aranceles están en constante evolución".
Lo que inicialmente parecía una herramienta para renegociar acuerdos comerciales se ha convertido en el principal recurso del mandatario republicano para cumplir sus promesas de campaña. En palabras del propio Trump, su objetivo es "hacer que América sea rica de nuevo cobrando a otros países por hacer negocios" con la mayor economía del mundo.
Trump prometió a sus votantes una reducción histórica de impuestos, hipotecas más accesibles, una baja en el costo de vida, un crecimiento económico sin precedentes y la recuperación del empleo en las regiones industriales más afectadas de Estados Unidos. Sin embargo, el elevado nivel de endeudamiento del país hace que cumplir estas promesas sea una tarea difícil.
Los asesores del presidente trabajan contrarreloj para diseñar una estrategia arancelaria que genere la mayor recaudación posible. La semana pasada, cuando Trump anunció un arancel del 25% para todos los automóviles que no sean fabricados en el país, enfatizó que espera recaudar 100.000 millones de dólares a partir del 3 de abril, e incluso sugirió que en dos o tres años esta medida podría aportar hasta un billón de dólares a las arcas públicas.
Sin embargo, los economistas consideran estas proyecciones poco realistas, y la industria automotriz ya ha advertido sobre posibles interrupciones en la producción debido a la dificultad para obtener componentes esenciales. Esto se debe a que las cadenas de suministro han sido diseñadas dentro del marco del tratado de libre comercio que Estados Unidos mantiene con México y Canadá desde hace más de tres décadas.
A medida que entren en vigor más aranceles, tanto los planificados como los improvisados, y a su vez los países afectados impongan represalias, el impacto de esta guerra comercial será cada vez más grave. El umbral tarifario alcanzará niveles sin precedentes en la historia económica reciente, poniendo en riesgo no solo a los países rivales de Estados Unidos, sino también a sus aliados e incluso a su propia economía.
La Reserva Federal ya ha reducido sus previsiones de crecimiento del PIB para este año. Aunque no anticipa una recesión, todo dependerá de hasta dónde esté dispuesto Trump a llevar este enfrentamiento comercial. Lo que sí es seguro es que la inflación, en lugar de seguir moderándose, podría estancarse o incluso obligar al banco central a subir nuevamente las tasas de interés. Aunque este escenario es poco probable, no se descarta ninguna opción.
Ante el deterioro acelerado de la economía nacional, la Casa Blanca ha adoptado una postura más cautelosa y ha insinuado que la serie de aranceles que entrará en vigor el 2 de abril será menos agresiva de lo inicialmente previsto. "Nos han cobrado tanto que me da vergüenza aplicarles los mismos aranceles", ha declarado Trump.
By visiting this website or by using the mobile app we may use and store information in your browser in the form of cookies. These include information that is strictly necessary for the operation and navigation of the website and, therefore, cannot be deactivated.
As we respect your privacy, through the cookie settings panel you can accept or reject cookies by clicking on the corresponding box. For more information or to consult the complete list of cookies consult our Cookies policy.
Necessary technical cookies
These cookies are strictly necessary for the correct operation and navigation of the user through the website, as well as to remember cookie preferences and, therefore, it is not possible to deactivate them. They do not store any personally identifiable information permanently.
Performance Cookies
Performance cookies allow us to know the level of recurrence of our visitors and carry out the measurement and statistical analysis of the use of our service in order to improve its performance. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous.
