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(Expansión, 12-09-2024) | Fiscal

El Supremo frena la negación sistemática de Hacienda a ampliar plazos

El Tribunal Supremo (TS) ha puesto freno a la práctica habitual de Hacienda de negar sistemáticamente las solicitudes de ampliación de plazos. Según el alto tribunal, cuando la Agencia Tributaria (AEAT) rechace una prórroga, debe justificar adecuadamente su decisión, y no basta con argumentar que se superaría el plazo legal establecido al concederla. El Supremo ha establecido que, en virtud del principio de buena administración y los principios que rigen el sistema tributario, la denegación de una ampliación de plazo no puede ser un acto discrecional de la Administración. Es necesario que esté debidamente motivada, valorando las circunstancias específicas del caso, y considerando si la negativa perjudica o limita la capacidad de defensa del contribuyente. Este fallo interpreta el artículo 150 de la Ley General Tributaria (LGT), que en su versión actual modificó de forma sustancial la regulación de los plazos y eliminó la posibilidad de descontar dilaciones no atribuibles a la Administración. También tiene en cuenta el artículo 91 del Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, que regula la ampliación de los plazos de tramitación. El tribunal concluye que esta práctica de Hacienda incumple el deber de motivación, va en contra de los principios de buena administración y genera indefensión en los contribuyentes.

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(Expansión, 12-09-2024) | Fiscal

La Comunidad de Madrid lanza hoy nuevas rebajas fiscales en Sucesiones y por alquiler de vivienda

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, incrementará al 50% la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, además de ampliar el límite de edad de 35 a 40 años para la deducción en el IRPF por el alquiler de vivienda habitual. En un contexto político marcado por la ley de amnistía y la futura reforma de la financiación autonómica, Ayuso inaugurará el nuevo curso parlamentario en la Asamblea de Madrid con el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebrará este jueves y viernes. Durante su discurso, Ayuso hará un balance de su gestión y presentará sus prioridades para el próximo año, centradas en la economía y la fiscalidad, con el objetivo de que "Madrid siga siendo líder en creación de empleo, atracción de empresas, reducción de impuestos y mejora de los servicios públicos". Estos objetivos fueron delineados a principios de mes en una reunión con su equipo en Manzanares del Real, reafirmando su compromiso con un modelo de baja fiscalidad, en contraste con las políticas fiscales del gobierno de Pedro Sánchez. Entre las medidas que anunciará Ayuso en el debate destaca un aumento significativo de la bonificación en Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos, que pasará del 25% al 50% en 2025, lo que convertirá a Madrid en la única región en aplicar una bonificación de tal magnitud en estos casos. Además, se eliminará el impuesto sobre donaciones ocasionales inferiores a 1.000 euros y se suprimirá la exigencia de documento público para aplicar los incentivos ya vigentes. Estas iniciativas reflejan la apuesta de Ayuso por una fiscalidad decreciente para fomentar el crecimiento económico y el empleo, además de servir como respuesta a las políticas fiscales del gobierno central. Se estima que las nuevas bonificaciones beneficiarán a unos 13.000 contribuyentes y supondrán un ahorro anual de 130 millones de euros. Desde 2006, Madrid aplica una bonificación del 99% en Sucesiones entre familiares directos, y en 2019 fue la primera región en extender esta bonificación a hermanos, tíos y sobrinos. En 2022, se aumentaron las bonificaciones, y en 2025 se duplicarán nuevamente, aliviando la carga fiscal de los futuros herederos. Junto a estas medidas, Ayuso también ampliará los beneficios fiscales en el alquiler de vivienda habitual, elevando el límite de edad para la deducción en el IRPF de 35 a 40 años, con lo que 45.000 nuevos contribuyentes podrán beneficiarse, además de los 65.000 ya existentes. Esta ampliación generará un alivio fiscal adicional de 50 millones de euros al año. En total, las medidas fiscales presentadas supondrán un ahorro de 180 millones de euros, enmarcadas en un plan más amplio que Ayuso ha desplegado durante su mandato. Además, se está tramitando un proyecto de ley que incluye rebajas fiscales adicionales en el ámbito de la vivienda, destinadas a propietarios que alquilen viviendas vacías, a paliar el encarecimiento de las hipotecas y a jóvenes menores de 30 años que fijen su residencia en municipios pequeños.

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(El País, 12-09-2024) | Fiscal

Las reclamaciones económico-administrativas en los tribunales crecen un 32% desde 2019

Las reclamaciones económico-administrativas presentadas ante los Tribunales Económico-Administrativos han aumentado un 32%, pasando de 180.916 en 2019 a 239.177 en 2023, según informaron este miércoles José Antonio Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), y Xavier Suñé Negre, presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC). A pesar de este aumento en las reclamaciones, los tribunales han señalado una reducción significativa en el personal encargado de gestionarlas, con una disminución del 13% en los empleados, que pasaron de 782 en 2019 a 681 en 2023. Para compensar esta situación, se ha recurrido a la colaboración temporal de personal inspector. Marco y Suñé subrayaron que los tribunales están realizando un gran esfuerzo para reducir el número de casos pendientes. De hecho, han logrado disminuir en casi un 40% las reclamaciones en espera de resolución en los últimos cinco años, pasando de 268.340 en 2019 a 162.289 en 2023. Durante una jornada organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en conmemoración del centenario del TEAC, se analizó la evolución de estos tribunales a lo largo del tiempo, y se presentaron estadísticas sobre los recursos gestionados. En 2022, se resolvieron 93.928 reclamaciones a favor del contribuyente, se desestimaron 129.023 y se archivaron 30.314. Las reclamaciones favorables representaron el 37% del total, lo que refleja la importancia de estos tribunales para los contribuyentes. Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), valoró positivamente el trabajo de los tribunales, pero advirtió sobre la complejidad normativa que dificulta una gestión eficiente. Según Pich, la excesiva dificultad en la interpretación de las normas tributarias no solo genera incertidumbre para los contribuyentes, sino que también incrementa el número de litigios. Por ello, subrayó la importancia de simplificar y aclarar las normativas fiscales para facilitar la labor de los tribunales.

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(El Economista, 12-09-2024) | Fiscal

La devolución de IRPF a los pensionistas de mutualidades deja un "golpe" a Hacienda de más de 1.000 millones

La devolución del IRPF a los pensionistas que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales ha tenido un impacto significativo en las arcas de la Agencia Tributaria, superando los 1.000 millones de euros en los primeros siete meses de este año. Según el Informe Mensual de Recaudación Tributaria de julio de 2024, publicado este miércoles, el total de devoluciones asciende a 1.091 millones de euros. Este monto incluye tanto las devoluciones correspondientes a la declaración de la Renta de 2023, como lo que Hacienda ha dejado de recaudar debido a este ajuste en el IRPF, las devoluciones derivadas de sentencias judiciales favorables a los contribuyentes y también las solicitudes de devolución de los últimos cuatro años no prescritos (2020 a 2023). Los afectados pueden gestionar estas devoluciones a través de un formulario sencillo disponible en la página web de la Agencia Tributaria. Aunque los expertos en fiscalidad reconocen la dificultad de calcular el coste total de estas devoluciones para el fisco, la Agencia Tributaria seguirá enfrentando importantes desembolsos en los próximos meses. A pesar de que en julio ya se han procesado muchas devoluciones vinculadas a la campaña de la Renta, que finalizó el 1 de ese mes, Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre para completar las devoluciones. Además, los antiguos mutualistas cuyos datos no fueron ajustados automáticamente en el IRPF aún pueden solicitar la devolución a través del formulario en línea. Asimismo, seguirán resolviéndose casos judiciales en favor de los contribuyentes, respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Desde febrero de 2023, el Tribunal Supremo ha dictaminado en varias sentencias que los contribuyentes que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades entre 1967 y 1978 deben reducir en su IRPF la parte proporcional de su pensión correspondiente a esas aportaciones. Si no se conoce el monto exacto de las contribuciones, se deduce el 25% de la pensión de jubilación atribuida a esas aportaciones. Además, la parte de la pensión correspondiente a contribuciones anteriores a 1967 se reducirá al 100%, mientras que las aportaciones realizadas antes de 1979 a mutualidades sustitutivas de la Seguridad Social tributarán solo el 75% de esa parte de la pensión. Por otro lado, el informe de la Agencia Tributaria de julio también menciona el impacto de una sentencia del Tribunal Constitucional de enero, que anuló los cambios en el Impuesto de Sociedades introducidos en 2016 para aumentar la recaudación. Como consecuencia de este fallo, el fisco ha devuelto ya 778 millones de euros a las empresas afectadas. Además, en los primeros siete meses del año, la Administración ha dejado de recaudar 943 millones de euros tras reducir las retenciones a las rentas más bajas, es decir, aquellas inferiores a 19.747 euros anuales. Esta medida fue aprobada por el Gobierno en febrero para aliviar la carga del IRPF a los contribuyentes con menores ingresos y fue consolidada a finales de junio mediante una modificación de la Ley del impuesto, lo que impide que estas personas tengan que devolver lo no retenido en la próxima declaración de la Renta, que se llevará a cabo en la primavera de 2025. Este cambio se produjo en paralelo al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 15.876 euros, lo que exime de la obligación de presentar la declaración de la Renta a quienes ganen esa cantidad o menos.

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(El Periódico, 12-09-2024) | Fiscal

La tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 se promete tortuosa

No habían pasado ni 24 horas desde que el Consejo de Ministros aprobara la nueva senda fiscal para las cuentas públicas del próximo año, cuando Junts ya amenazaba con bloquearla nuevamente en el Congreso, como hizo en julio, poniendo en duda los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos. Además, el partido de Carles Puigdemont desestimó el acuerdo de financiación especial para Cataluña entre el PSC y ERC, y elevó sus demandas exigiendo que la Generalitat tenga control total sobre los ingresos y gastos. "Si quieren resultados distintos, hagan cosas diferentes", dijo Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, criticando a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por proponer la misma senda fiscal que ya fue rechazada en julio. El Consejo de Ministros, en su reunión del martes, avanzó en la presentación del nuevo proyecto de Presupuestos, proponiendo un techo de gasto récord de 199.171 millones de euros y una senda fiscal que compromete a España a reducir el déficit público al 2,5% en 2025, 2,1% en 2026 y 1,8% en 2027. Esta senda permitiría a las comunidades autónomas tener un déficit del 0,1% en 2025 y 2026, en lugar del superávit del 0,1% requerido actualmente, y mantendría el equilibrio presupuestario para los ayuntamientos. Junts, que ha mantenido tensiones con el Gobierno central debido a la aplicación parcial de la Ley de Amnistía a su líder, y por el acuerdo entre el PSC y ERC que permitió la presidencia de Salvador Illa en Cataluña, rechazó nuevamente el reparto del déficit. En palabras de Nogueras, los números no les convencieron en julio ni lo hacen ahora. "Europa les dice que pueden tener un déficit de 40.000 millones el próximo año, pero lo que no explican es cómo lo van a repartir", criticó Nogueras, señalando que el Gobierno central se reserva más del 90% del déficit, unos 35.000 millones de euros, que "no se destinarán ni a pensiones, ni a servicios sociales, ni a salud". Además, cuestionó lo que le corresponde a Cataluña, estimando que no recibirá "ni 100 millones". Nogueras también destacó que el objetivo de Junts no es simplemente obtener más fondos, sino tener el control total sobre los ingresos y gastos de Cataluña. "No luchamos por la independencia para conformarnos con un poco más de gasto", afirmó. Montero defendió la senda fiscal propuesta, subrayando que evitará recortes de 4.800 millones de euros en 2025 para servicios públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas, y permitirá un margen fiscal adicional de 11.500 millones en 2025 y 2026. "Esta senda es beneficiosa para Cataluña y para el conjunto de los españoles", replicó Montero, instando a Junts a reconsiderar su voto. Nogueras, por su parte, argumentó que el verdadero debate es sobre quién controla el poder económico: "O lo tiene Madrid o lo tiene Cataluña", insistiendo en que el pacto entre el PSC y ERC no otorga a Cataluña el control total sobre sus recursos. Montero respondió que el acuerdo de financiación es público y está sujeto a interpretación, pero sostuvo que "en política, a veces no se puede alcanzar la aspiración máxima", destacando que el pacto es beneficioso para Cataluña y para todo el país. Ante la postura de Junts, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció que las negociaciones presupuestarias no serán fáciles, pero aseguró que el Gobierno luchará por aprobar las cuentas de 2025. Si no fuera posible, dijo que la "ingeniería presupuestaria" permitiría al Ejecutivo manejar 2025 sin nuevas cuentas, recordando que ya se está operando en 2024 con los Presupuestos prorrogados de 2023.

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(El País, 12-09-2024) | Laboral

España se pone a la cola de Europa en el índice de calidad de las jubilaciones

La calidad de vida y la expectativa de vida, junto con el acceso a la atención sanitaria, son factores que hacen que jubilarse en España sea relativamente atractivo. Sin embargo, aspectos como la precariedad laboral y las desigualdades de ingresos generan incertidumbre sobre las futuras jubilaciones, lo que ha llevado a España a ocupar el último puesto entre los países de la Unión Europea en el Índice Global de Jubilación de 2024, elaborado por Natixis Investment Managers, una gestora de fondos francesa. Este índice evalúa las condiciones de vida de los jubilados en 44 países a partir de la opinión de más de 8.000 inversores particulares. En esta edición, España ha descendido dos puestos, situándose en el lugar 39, el último entre los países de la UE. Encabezando la lista están Suiza, Noruega e Islandia, mientras que en las posiciones más bajas figuran Turquía, Colombia e India, siendo este último el país menos favorable para jubilarse. A pesar de que España ocupa el sexto lugar en esperanza de vida -gracias, según los analistas, a su sistema sanitario público universal y a la dieta mediterránea-, la baja renta per cápita y la inestabilidad laboral perjudican las futuras pensiones, lo que explica su baja puntuación en el índice. El estudio evalúa cuatro grandes áreas relacionadas con la jubilación: finanzas durante la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida. En una escala del 0 al 100%, España obtiene una puntuación global del 49%, lo que la coloca en el puesto 39 de los 44 países analizados. En contraste, Suiza encabeza el ranking con un 82%, desplazando a Noruega como el mejor país para retirarse. España obtiene buenas puntuaciones en el acceso a la sanidad (85%) y en la calidad de vida diaria (75%, ocupando el puesto 19 por tercer año consecutivo), y se encuentra entre los 20 mejores países en factores como la gestión del agua (puesto 15), el entorno ambiental (puesto 17) y la calidad del aire (puesto 22). No obstante, el país tiene un mal desempeño en educación y prácticas financieras para la jubilación (58%, ocupando el puesto 33) y en bienestar material, donde solo logra un 16% y cae al puesto 41. Este último indicador se ve gravemente afectado por el alto desempleo y la precariedad laboral, lo que genera inseguridad para los futuros jubilados y acentúa las desigualdades de ingresos entre trabajadores y pensionistas. España ocupa el último lugar (puesto 44) en cuanto a niveles de empleo. El informe señala que "España sigue enfrentando el problema de los contratos temporales en sectores como el turismo y la hostelería, además de una baja productividad en general, cuestiones que las reformas laborales en curso aún no han resuelto plenamente". En el ámbito financiero, España ha empeorado este año, descendiendo del puesto 33 al 36 debido a una leve caída en su puntuación global. Aunque la inflación ha mejorado, otros países han logrado avances más significativos. Además, el indicador de presión fiscal ha variado en siete puntos porcentuales, debido a la inminente introducción de un nuevo tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para multinacionales en España.

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(El País, 12-09-2024) | Laboral

Casi ocho de cada diez beneficiarios potenciales del bono social eléctrico no lo reciben

El bono social eléctrico es una herramienta útil, pero menos efectiva de lo esperado: cerca del 80% de los potenciales beneficiarios no lo reciben. Aunque la cobertura ha mejorado en los últimos tres años, sigue siendo muy baja en los hogares con menores ingresos, donde solo llega al 20%. En cambio, su presencia es más notable entre las familias numerosas, muchas de ellas con ingresos medios o altos. Según un informe publicado por EsadeEcPol y Oxfam Intermón, el 45,5% de las familias con tres o más hijos accedieron a este descuento, siendo más frecuente en las de rentas medias o altas que en las de ingresos bajos. El estudio, elaborado por Natalia Collado Van-Baumberghen y Ángel Martínez Jorge, destaca que una parte significativa de los beneficiarios no son familias vulnerables. El informe propone reformar el bono social para enfocarlo mejor en las familias más necesitadas, trasladando la carga de la solicitud a la Administración y coordinándolo más eficazmente con otras ayudas públicas. De hecho, una tercera parte de quienes reciben el bono no pertenecen a hogares de bajos ingresos, y más del 60% de las familias numerosas con ingresos medios-altos lo perciben, frente al 40% de aquellas con menores ingresos. El estudio revela que ser familia numerosa aumenta un 27% las probabilidades de obtener el bono, mientras que pertenecer a un hogar de bajos ingresos solo incrementa la posibilidad en un 4%. Por otro lado, las familias con al menos un miembro nacido fuera de España tienen un 12% menos de opciones de recibirlo, y los hogares monoparentales también presentan una menor tasa de cobertura, a pesar de que son reconocidos como más vulnerables. El tipo de vivienda y el lugar de residencia también influyen en la posibilidad de recibir el bono. Aunque existe una correlación significativa entre la propiedad de la vivienda y los ingresos -cuanto mayores son los ingresos, más probable es que se viva en propiedad-, quienes residen en alquiler tienen una tasa de cobertura nueve puntos menor (17,4% frente a 26%). Desde 2017, el bono social está diseñado para hogares con una renta máxima de 8.106 euros, familias numerosas o jubilados con pensión mínima, con un consumo eléctrico inferior a 10 kW y estando en el mercado regulado. El descuento puede oscilar entre el 25% y el 40%, o incluso alcanzar el 100% para familias en riesgo de exclusión social. En abril de 2022, 1,45 millones de hogares recibían esta ayuda. En 2023, según Eurostat, casi el 20% de los hogares españoles no pudo mantener una temperatura adecuada, lo que coloca a España, junto con Portugal, entre los países de la UE con mayor aumento de pobreza energética. Además, el estudio señala que una de cada diez familias tuvo retrasos en el pago de facturas, y que el número de viviendas con consumo energético insuficiente -debido a la falta de recursos- se duplicó entre 2020 y 2022. El informe sugiere tres medidas inmediatas para mejorar el bono social: que la Administración colabore con las eléctricas para identificar a los beneficiarios mediante los datos de Hacienda y la Seguridad Social, que se agilice la concesión del bono a quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y que se establezca un límite de ingresos para las familias numerosas que lo soliciten, excluyendo a aquellas que claramente no necesitan ayuda. Aunque el Gobierno, a través de la ministra Teresa Ribera, anunció en marzo de 2022 la introducción de criterios de renta para las familias numerosas, esta medida aún no se ha implementado. En un enfoque más amplio, el informe de Esade y Oxfam Intermón aboga por políticas fiscales más eficaces, como impuestos negativos sobre la renta, que permitan abordar la pobreza de manera integral y con menos burocracia. Asimismo, insta a las Administraciones a identificar activamente a los hogares vulnerables que podrían beneficiarse de ayudas para mejorar la eficiencia energética, lo que además contribuiría a los objetivos de descarbonización.

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(El Economista, 12-09-2024) | Laboral

La solución al "error" de la Ley de Paridad no aclara si alcanza a los que ya han sido despedidos

El Gobierno y el Ministerio de Igualdad consideran que han solucionado el error en la Ley de Paridad que permitía despedir a quienes solicitasen una adaptación de su jornada laboral para conciliar o el permiso de cinco días para cuidar a un familiar enfermo. Sin embargo, las dudas sobre el alcance de esta corrección aún no están resueltas. Fuentes parlamentarias indican que la enmienda ya ha sido introducida en una ley que se tramita en el Congreso, pero no se espera su publicación en el BOE hasta dentro de dos meses, o incluso hasta 2025, lo que genera incertidumbre sobre si tendrá carácter retroactivo desde el 22 de agosto, fecha en que el error entró en vigor. La situación afecta a todas las personas despedidas desde esa fecha que hubieran solicitado o ya tuvieran una modificación de su jornada laboral (incluido el teletrabajo) o el permiso por enfermedad de un familiar. Aunque el Ejecutivo no ha mencionado que la corrección sea retroactiva, argumenta que los despedidos estarían protegidos por una interpretación favorable de la jurisprudencia laboral. Sin embargo, expertos legales advierten que esto no siempre es así, y señalan que el problema quedó patente cuando el Ministerio de Trabajo tuvo que regular específicamente la nulidad de estos despidos en el Estatuto de los Trabajadores en junio de 2023. Dicha norma fue derogada un año después por el error en la Ley de Paridad, dejando a los trabajadores despedidos desde el 22 de agosto en un limbo legal. Los laboralistas insisten en que la falta de claridad prolongada aumentará la incertidumbre tanto para los trabajadores como para los abogados y jueces. Además, recuerdan que la introducción del "blindaje" frente al despido por solicitar un cambio de jornada ya generó controversia en el ámbito laboral, y su derogación ha causado aún más confusión. Una de las principales preguntas es qué ocurrirá con las denuncias ya presentadas o en proceso, ya que los casos siguen produciéndose y la protección varía dependiendo de la situación legal. Un cambio con carácter retroactivo obligaría a revisar numerosos casos abiertos. El martes, se incorporó una enmienda a la Ley de Eficiencia del Sistema de Justicia con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que rectifica los errores de la Ley de Paridad, recuperando también la protección frente al despido para víctimas de violencia sexual que la Ley Trans había derogado accidentalmente en 2023. No obstante, el texto no menciona la retroactividad, ya que esta suele añadirse en una disposición final que requeriría otra enmienda. Durante los debates parlamentarios, esta modificación no fue abordada. Tampoco se discutió en la Comisión posterior, donde se trataron las enmiendas no consensuadas previamente. Dado que la norma tiene carácter de ley orgánica, los plazos de aprobación son más complejos, especialmente en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría. Algunos parlamentarios estiman que el trámite podría tardar "cinco o seis meses", mientras que otros recuerdan el precedente de la propia Ley de Paridad, que fue aprobada en mes y medio tras su paso por el Senado. En cualquier caso, los laboralistas y los trabajadores afectados consideran que este plazo es demasiado largo, ya que llevan esperando desde agosto una solución a la incertidumbre generada por el error en la Ley de Igualdad.

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(El Economista, 12-09-2024) | Laboral

Los sindicatos "calientan" la reducción de la jornada: protestarán ante sedes de la patronal el día 26

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado concentraciones frente a las sedes de la patronal en todas las capitales de provincia de España para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a partir de 2025. Las movilizaciones están programadas para el 26 de septiembre, aunque previamente se celebrarán asambleas en todas las comunidades autónomas. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha denunciado en un video dirigido a los medios que la negociación para reducir la jornada laboral "está estancada" y ha entrado en un "bucle" del que los sindicatos buscan salir mediante protestas en la calle. Sordo ha enfatizado que están distribuyendo información y materiales en los lugares de trabajo, especialmente en aquellos donde los empleados se verían más beneficiados por la reducción de la jornada. Ha subrayado que no cesarán en su esfuerzo por llevar esta reducción al Boletín Oficial del Estado y al Estatuto de los Trabajadores. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confía en que la CEOE podría sumarse al acuerdo, aunque les ha instado a posicionarse pronto. "Estamos en la recta final; es crucial que este compromiso llegue al Parlamento lo antes posible. Estoy convencido de que conseguiremos el acuerdo de los empresarios", ha afirmado. Pérez Rey ha destacado que el Ministerio está "dedicado al acuerdo", dado que la reducción de jornada no se ha implementado en España en 40 años. Esta medida afectará "a toda una generación" y se considera una política para "lo que queda del siglo". El Ministerio enviará pronto un borrador para que los interlocutores sociales puedan revisarlo y proponer modificaciones. Sordo ha añadido que reducir la jornada laboral es necesario para generar más empleo, distribuir los beneficios empresariales acumulados en los últimos años, y que ahora también se necesita hacer presión en la calle. "El 26 de septiembre nos veremos frente a las organizaciones empresariales", ha concluido. Desde UGT se ha destacado que casi 13 millones de trabajadores del sector privado se beneficiarán al reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha afirmado en un video que los partidos políticos deben saber que la mayoría de los ciudadanos desea una mejor calidad de vida mediante la reducción del tiempo de trabajo, lo que también mejorará la eficacia económica y la creación de empleo. "Por eso, el 26 de septiembre estáis todos convocados a participar en las movilizaciones que vamos a organizar", ha añadido Álvarez. Los sindicatos sostienen que es el momento de legislar la reducción de la jornada laboral en España, ya que han pasado más de 40 años desde la instauración de las 40 horas semanales. UGT considera que esta medida es de "justicia social" y contribuirá a una distribución más equitativa de la riqueza. Además, argumentan que trabajar menos horas tiene beneficios para la salud física y mental, y que las empresas también se beneficiarán en términos de costes y productividad. La reducción de la jornada laboral también tendría un impacto positivo en la economía del país, el medio ambiente y la igualdad de género, concluye UGT.

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(Cinco Días, 12-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE bajará sus tipos hasta el 4%, el nivel más bajo desde junio de 2023

Con la inflación cercana al objetivo del 2% y la economía de la zona euro prácticamente estancada, el Banco Central Europeo (BCE) tiene previsto reducir los tipos de interés en un cuarto de punto, llevándolos al 4% en su reunión de este jueves. Este sería el segundo recorte del año, después de que en junio se decidiera bajar los tipos por primera vez en ocho años. El Consejo de Gobierno del BCE se reúne en Frankfurt, con la participación de José Luis Escrivá, nuevo gobernador del Banco de España, en su primer encuentro tras el parón veraniego. En la reunión de julio, el BCE decidió mantener los tipos en el 4,25%, debido a las aún elevadas expectativas de inflación a medio plazo. No obstante, las previsiones actuales sobre la evolución de los precios son más optimistas, lo que ha generado confianza en los mercados sobre una nueva bajada de tipos, que podría ser la última del año. A su vez, los inversores también esperan que la Reserva Federal de EE.UU. comience este mes su propio ciclo de flexibilización monetaria, con un primer recorte de tipos que los dejaría en torno al 5-5,25%. Según los datos más recientes de Eurostat, la inflación en agosto fue del 2,2%, cuatro décimas menos que en julio (2,6%) y el nivel más bajo en tres años. Para encontrar una tasa menor, habría que remontarse a junio de 2021. Además, esta cifra está muy por debajo del máximo del 10,6% registrado en noviembre de 2022. A esto se suma la desaceleración en el crecimiento de los salarios, que se moderaron al 3,6% en el segundo trimestre frente al 4,7% del primero, y el débil crecimiento de la economía de la eurozona y de la UE. El PIB creció un 0,2% en el segundo trimestre, una décima menos que en los tres primeros meses del año. Entre las principales economías de la UE, Alemania sufrió una contracción del 0,1% entre abril y junio, mientras que Francia e Italia crecieron un 0,2%. España destacó con un crecimiento del 0,8%, el cuarto mayor en el bloque. Por otro lado, el precio del barril de Brent, referencia en Europa, cayó un 3,69% este martes, situándose en 69,19 dólares, su nivel más bajo desde diciembre de 2021. Este endurecimiento de la política monetaria ha logrado reducir la inflación a niveles cercanos al 2%, pero ha afectado negativamente al mercado de la vivienda. El euríbor, indicador clave para las hipotecas en España, superó el 4% con la subida de tipos, lo que ha ralentizado la compraventa de viviendas en los últimos meses. Sin embargo, desde marzo, cuando alcanzó el 3,718%, el euríbor ha comenzado a descender, impulsado por las expectativas de recortes en los tipos de interés. Es importante recordar que el reciente incremento de los tipos de interés ha sido el más rápido e intenso en la historia de la política monetaria común. En poco más de un año, el precio del dinero pasó del 0% en junio de 2022 al 4,5% en septiembre de 2023, acercándose al máximo histórico de octubre del año 2000.

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