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(Expansión, 19-11-2024) | Fiscal

La competitividad fiscal de la economía española se desploma en cinco años

La reforma fiscal que impulsa el Gobierno de coalición no solo ha generado tensiones políticas significativas entre Sánchez y sus aliados parlamentarios, sino que también ha suscitado preocupación entre los actores económicos y las organizaciones empresariales. Estas alertan que la presión fiscal en España ya es "excesivamente elevada" y que "no existe margen para aumentarla más" sin el riesgo de agravar la fuga de inversiones, que aún se encuentran por debajo de los niveles de hace cuatro años, y de fomentar la deslocalización empresarial. Así lo señaló este lunes Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), durante la presentación del informe Competitividad fiscal 2024. En este documento se destaca que las continuas subidas de impuestos impulsadas en los últimos años por el Gobierno de Sánchez constituyen un "lastre para el crecimiento económico". Según Fernández de Mesa, "una presión fiscal empresarial mayor a la de los países vecinos genera deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y pérdida de competitividad para los residentes". España es uno de los países desarrollados que más ha incrementado los impuestos en los últimos años, con un aumento de la recaudación de 1,8 puntos del PIB entre 2018 y 2023, frente a una reducción de 1,1 puntos en el promedio de la UE. Esto sitúa a España como el tercer país de la UE con mayor incremento de la carga fiscal en dicho periodo, solo superado por Chipre y Lituania. Además, la presión fiscal normativa (la carga tributaria potencial sobre la economía, independientemente de la recaudación real) es un 17% superior a la media de la UE. Por otro lado, el esfuerzo fiscal ajustado por renta per cápita de los españoles supera en un 13,7% el promedio del bloque europeo, cifra ya elevada dentro del contexto internacional y por encima de otros países de la OCDE, según el informe elaborado por el servicio de estudios de CEOE. Otro factor preocupante es el aumento de la carga fiscal sobre las empresas. En España, estas aportan más del 32% de la recaudación pública total, frente al 25,8% de media en la UE, lo que agrava aún más su competitividad. Como resultado, el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de la Tax Foundation sitúa a España en el puesto 33 de 38 economías desarrolladas en 2024, después de caer diez posiciones desde 2019, cuando ocupaba el puesto 23. Solo Islandia, Portugal, Francia, Italia y Colombia están por debajo. Íñigo Fernández de Mesa también criticó que "los impuestos a menudo se utilizan como una herramienta política en lugar de un instrumento para recaudar de manera justa y eficiente". Según el IEE, el problema fiscal en España no radica en una falta de ingresos tributarios, sino en el continuo incremento del gasto público, que supera el crecimiento de la recaudación. A pesar de que esta última alcanzará los 295.000 millones de euros en 2024, según la Airef, marcando un récord histórico con 95.000 millones más que en 2019, el déficit público no ha logrado bajar del 3% exigido por las reglas fiscales de la UE, y la deuda pública sigue creciendo en términos absolutos, alcanzando 1,63 billones de euros en septiembre, según el Banco de España. El IEE subraya que la reforma fiscal demandada por la Unión Europea no implica necesariamente subidas de impuestos. "Lo que la UE busca es potenciar el crecimiento económico, algo que se logra más eficazmente reduciendo impuestos que incrementándolos". El think tank de la CEOE insiste en que cualquier aumento en la recaudación debería basarse en ampliar las bases imponibles y combatir el fraude fiscal, en lugar de incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga elevada en comparación con otros países. Además, advierte sobre los efectos negativos de los impuestos selectivos, como los aplicados a bancos y energéticas, al enviar un mensaje disuasorio a la inversión internacional. Según Gregorio Izquierdo, director general del IEE, "los impuestos discriminatorios con nombre y apellido son los más perjudiciales, ya que aumentan significativamente el riesgo de deslocalización empresarial".

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(El País, 19-11-2024) | Fiscal

Los españoles pagaron 22.880 millones en impuestos ambientales en 2023

Los españoles pagaron 22.880 millones de euros en impuestos ambientales durante 2023, lo que supone un incremento del 10,7% respecto al año anterior, según el informe preliminar de Cuentas Medioambientales publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los hogares asumieron casi la mitad de esta cifra, concretamente el 42,8%, aunque esta proporción es 5,8 puntos inferior a la registrada en 2022. Además, destaca el notable aumento del 87,7% en los tributos relacionados con la contaminación, impulsado principalmente por la entrada en vigor del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Siguiendo la clasificación del sistema de cuentas nacionales, los impuestos sobre los productos -excluyendo el IVA y los tributos sobre las importaciones- alcanzaron los 16.064 millones de euros en 2023, lo que representa un crecimiento del 6,6% en comparación con 2022. Los impuestos relacionados con la producción ascendieron a 5.000 millones, un aumento del 32,8%, mientras que otros impuestos ambientales corrientes sumaron 1.816 millones, con un descenso del 1%. La fiscalidad ambiental en España se divide en tres grandes categorías: impuestos sobre la energía, que representaron el 77,5% del total en 2023; sobre el transporte; y sobre la contaminación y los recursos (13,7% y 8,8%, respectivamente). Los impuestos vinculados a la contaminación y los recursos experimentaron un incremento significativo del 87,7% respecto al año anterior, un crecimiento atribuido por el INE al impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, que generó 596 millones de euros en ingresos durante el ejercicio. En contraste, los aumentos en los impuestos ambientales sobre la energía y el transporte fueron más moderados, con incrementos del 7% y el 3,5%, respectivamente. Según el informe, los hogares asumieron el 42,8% del total de impuestos ambientales en 2023. En términos desglosados, los hogares pagaron el 72,7% de los impuestos relacionados con el transporte y el 42% de los tributos sobre la energía. Por su parte, las actividades económicas cubrieron el porcentaje restante, abonando el 96% de los impuestos sobre la contaminación y los recursos, así como el 58% de las tasas relacionadas con la energía. En cuanto a los sectores económicos, las actividades que más contribuyeron al pago de impuestos ambientales en 2023 fueron la industria manufacturera, con un 20,4% del total, y el sector de transporte y almacenamiento, que aportó un 14,6%. En el extremo opuesto, las industrias extractivas y el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero fueron los que menos aportaron, con un 0,5% y un 1,0% del total, respectivamente.

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(El Economista, 19-11-2024) | Fiscal

Hacienda endurece la deducción del IVA de los coches de empresa

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha endurecido los requisitos para la deducción del IVA en la compra o alquiler de vehículos de empresa, exigiendo a las compañías pruebas claras sobre su uso. El TEAC ha establecido que las empresas deberán demostrar de forma "fehaciente" ante la Agencia Tributaria que los vehículos adquiridos o arrendados (a través de renting o leasing) para directivos o empleados son utilizados con fines empresariales o profesionales. En caso contrario, no se permitirá la deducción del 50% del IVA asociado a estas operaciones. En tres resoluciones recientes, dos del 27 de septiembre y una del 18 de octubre, el TEAC determinó que las empresas están en mejor posición para probar el uso profesional de los vehículos, ya que pueden justificar para qué se utilizan. Por su parte, la Administración, ante la falta de pruebas por parte de las compañías, debe recurrir a indicios que respalden la conclusión de que los vehículos no se destinan a actividades empresariales. El TEAC subraya que es responsabilidad del contribuyente demostrar que el vehículo está afecto a la actividad económica para poder deducir el IVA soportado. Además, aclara que si se prueba que los vehículos cedidos a socios, administradores, directivos o empleados tienen un uso empresarial, aunque sea mínimo, se podrá deducir el 50% del IVA. Esta postura sigue la doctrina del Tribunal Supremo, que en una sentencia del 10 de julio de 2018 reconoció el derecho a deducir el IVA incluso cuando el uso empresarial del bien no sea exclusivo ni predominantemente significativo. En una resolución específica del 18 de octubre, el TEAC se pronunció sobre un conflicto entre una empresa y Hacienda, en el que esta última había denegado la deducción del 50% del IVA de un coche cedido a un socio. Hacienda argumentó que los usuarios del vehículo eran dos socios indirectos y un administrador que no percibían retribuciones de la empresa, por lo que consideraba que el uso del coche estaba relacionado con fines personales y no profesionales. La compañía alegó, en su defensa, que los socios disponían de sus propios vehículos, que realizaban labores de dirección o gerencia a través de empresas vinculadas que les retribuían, y que los coches también eran utilizados por empleados. No obstante, el TEAC desestimó estos argumentos al considerar que la empresa no aportó pruebas suficientes que demostraran la relación de los vehículos con la actividad profesional, basándose únicamente en declaraciones sin sustento documental. Por ello, respaldó los indicios recabados por Hacienda que concluían que los vehículos no estaban destinados a uso empresarial y ratificó la denegación de la deducción.

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(La Vanguardia, 19-11-2024) | Fiscal

Las Comunidades del PP pierden 2.200 millones en ingresos por rebajar el IRPF

Las rebajas del IRPF implementadas por las comunidades autónomas gobernadas por el PP, una de las principales estrategias fiscales del partido que lidera los ejecutivos en 13 regiones, generarán una pérdida de recaudación cercana a los 2.200 millones de euros entre 2023 y 2029. Así lo detalla el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que analiza las políticas económicas de las administraciones autonómicas. La Comunidad de Madrid encabeza la lista, con una reducción en el tramo autonómico del IRPF que supera los 1.000 millones de euros. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 282 millones menos, y Andalucía, que dejará de ingresar 255 millones. Estas medidas de rebaja del IRPF han sido adoptadas por todas las comunidades autónomas, incluidas aquellas gobernadas por el PSOE, coincidiendo con los últimos ciclos electorales. Por ejemplo, Navarra perderá 163 millones de euros, mientras que Asturias y Castilla-La Mancha verán mermados sus ingresos en 45 y 41 millones, respectivamente, durante el periodo analizado. En conjunto, las comunidades autónomas dejarán de recaudar 2.340 millones de euros hasta 2029. En Cataluña, sin embargo, el impacto es mínimo, con una pérdida estimada de 13 millones. Las comunidades justifican estas reducciones, particularmente las lideradas por el PP, como una estrategia para atraer empresas y trabajadores. Sin embargo, un informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF) advierte que estas políticas no logran compensar la pérdida de ingresos mediante migraciones fiscales ni con un aumento en la actividad laboral, lo que afecta negativamente a la recaudación total. El informe de la AIReF señala que, si se consideran las rebajas en todos los impuestos de competencia autonómica (como sucesiones y donaciones, patrimonio o actos jurídicos documentados), la pérdida de recaudación alcanza los 2.175 millones de euros hasta 2029. Este monto es menor que el del IRPF debido a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio en Madrid, diseñada para evitar que el Ministerio de Hacienda recaude el nuevo impuesto a las grandes fortunas. La eliminación de la bonificación de patrimonio en la Comunidad de Madrid ha generado ingresos adicionales de 555 millones de euros, una medida que contrarresta parcialmente las pérdidas en otros tributos. En cuanto al gasto, las comunidades autónomas han incrementado notablemente sus partidas presupuestarias desde 2023, especialmente en retribuciones al personal, con un aumento total de 3.000 millones de euros. Cataluña lidera este incremento, con un aumento de 1.219 millones en los próximos años, mientras que en Madrid el incremento será de apenas 48 millones. Otra conclusión destacada del informe es que la no deflactación del IRPF para ajustarlo a la inflación ha supuesto ingresos adicionales para la Agencia Tributaria equivalentes al 1,5% del PIB. En 2024, este efecto generará una recaudación extra de 3.400 millones de euros debido a la denominada "progresividad en frío". El Gobierno central ha rechazado aplicar esta medida, una de las principales demandas del PP desde el inicio de la guerra en Ucrania. Según la AIReF, entre 2019 y 2029, esta progresividad en frío aportará 1,5 puntos adicionales del PIB, habiendo generado cinco décimas del PIB solo entre 2019 y 2023.

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(El Periódico, 19-11-2024) | Fiscal

Buenas noticias para estos autónomos: adiós al IVA trimestral en 2025

En 2025, los autónomos deberán estar atentos a algunos cambios relevantes. Una nueva directiva europea, que entrará en vigor el próximo año, podría llevar a una modificación en la forma en que determinados trabajadores por cuenta propia emitirán sus facturas a partir del 1 de enero. Hacienda y las asociaciones de autónomos están analizando la posibilidad de implementar este cambio fiscal en España. La decisión final dependerá de cada Estado miembro de la UE, ya que se trata de un régimen opcional conocido como el IVA franquiciado. Más de un millón de autónomos podrían acogerse a este nuevo sistema, que está dirigido a aquellos cuya facturación anual no supere los 85.000 euros (o 100.000 euros en caso de incluir operaciones intracomunitarias). Sin embargo, no todos los autónomos en esta situación se verían beneficiados por esta medida. El régimen de IVA franquiciado eximiría a los autónomos de incluir el IVA en las facturas que emitan, así como de presentar las declaraciones trimestrales del impuesto. No obstante, tendrían que presentar una declaración anual informativa detallando todas sus operaciones. Otro cambio significativo será la regularización automática de las cuotas de la Seguridad Social. A través del cruce de datos entre las cotizaciones y los ingresos declarados en la campaña de la renta, la Tesorería podrá ajustar automáticamente el tramo de ingresos del autónomo. Asimismo, deberán considerar el impacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha ido incrementándose progresivamente, pasando del 0,6% en 2023 al 0,8% en 2025. Esto implicará un aumento notable en las cuotas a pagar.

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(Cinco Días, 19-11-2024) | Laboral

Sanidad considera que atender en la sanidad pública a todos los funcionarios de Muface es “viable y razonable”

El Ministerio de Sanidad está analizando la posibilidad de que todos los funcionarios adscritos a la mutualidad Muface sean atendidos exclusivamente por el sistema de salud pública. En un informe publicado este lunes, el departamento dirigido por Mónica García (Sumar) sostiene que, "por primera vez en años, la incorporación de los mutualistas a la sanidad pública se presenta como una opción viable y razonable". No obstante, la renovación del convenio entre Muface y las aseguradoras no depende de Sanidad, sino del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por el socialista Óscar López. Sanidad también minimiza el impacto que tendría la incorporación de los mutualistas al sistema público, indicando que el aumento promedio de pacientes sería del 2,12% en términos relativos. Además, señala que actualmente la sanidad pública ya atiende muchos de los casos más complejos que las aseguradoras privadas derivan, un fenómeno conocido como "selección de riesgos". El informe contempla que los recursos económicos destinados a pagar las primas de los seguros privados, que ascienden a más de 1.300 millones de euros anuales, podrían ser redirigidos a la sanidad pública. Esta cantidad corresponde a la licitación recientemente declarada desierta, ya que las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) no presentaron ofertas. La crisis actual de Muface, la mayor en sus 50 años de historia, afecta a un colectivo de 1,52 millones de personas, de las cuales 1,06 millones optan por la sanidad privada. Los funcionarios tienen la posibilidad de cambiar cada año entre sanidad pública y privada, una decisión que también puede revertirse. Sin embargo, las negociaciones para renovar el convenio que financiaría la cobertura sanitaria en 2025 y 2026 no prosperaron, a pesar de que la oferta incluía un aumento del 17,12% en las primas. Ante este escenario, el informe plantea dos alternativas: mejorar las condiciones para atraer a las aseguradoras o prorrogar el convenio actual por nueve meses, según lo permite la Ley de Contratos del Sector Público, mientras se planifica el traslado de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS). El análisis destaca que la integración total de los mutualistas en la sanidad pública supondría un aumento moderado del 2,12% en el número de pacientes atendidos. Las comunidades autónomas más afectadas serían Ceuta y Melilla, con un aumento superior al 5%, seguidas de Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%) y Andalucía (3,02%). Por otro lado, el impacto sería menor en País Vasco (0,65%), Navarra (1,00%) y Cataluña y Baleares (1,20%). El informe clasifica las comunidades en tres grupos según el impacto relativo. El primer grupo, que incluye País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares, afrontaría incrementos similares a los habituales por crecimiento poblacional. El segundo grupo, de impacto intermedio, incluye Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja, destacando el caso de Madrid, donde la mayoría de los mutualistas mayores de 65 años superan la media nacional. El tercer grupo comprende las regiones más afectadas: Andalucía, Castilla y León, Extremadura, además de Ceuta y Melilla. Por último, el informe subraya que las aseguradoras privadas tienden a derivar a los pacientes con condiciones más graves y costosas a la sanidad pública, lo que refuerza la hipótesis de una selección de riesgos que ya beneficia al SNS.

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(El País, 19-11-2024) | Laboral

El Consejo de Ministros aprobará la normativa que flexibiliza la residencia y el permiso de trabajo a decenas de miles de extranjeros

El Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo reglamento de extranjería que busca simplificar y agilizar la regularización de personas inmigrantes. Inicialmente programada para la semana anterior, su aprobación se retrasó debido a las emergencias ocasionadas por la DANA en Valencia. Esta normativa, enfocada en atraer y retener talento extranjero y reducir la economía sumergida, entrará en vigor seis meses después de ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Es la tercera reforma que el Ministerio de Migraciones realiza a esta norma en tres años, lo que refleja su adaptación a las necesidades laborales y demográficas de España, aunque también ha generado críticas por no permitir un análisis completo de los efectos de los cambios previos. El último borrador ha sido revisado por el Consejo de Estado y otros ministerios, realizando ajustes principalmente de forma y no de fondo, según fuentes involucradas en el proceso. Entre las modificaciones destaca la eliminación de la interpretación del silencio administrativo como aprobación automática, sustituyéndolo por una desestimación en caso de ausencia de respuesta, lo que podría perjudicar a quienes dependen de oficinas de extranjería con retrasos en los plazos legales. Entre las novedades, los extranjeros que hayan completado sus estudios en España podrán pasar más fácilmente de una autorización de estancia por estudios a un permiso de residencia y trabajo, siempre que consigan un contrato en un sector relacionado con su formación. Además, los visados para la búsqueda de empleo, dirigidos a descendientes de españoles o a determinados sectores y regiones, tendrán una vigencia de un año, en lugar de los tres meses actuales. El reglamento también introduce una nueva vía de regularización para solicitantes de asilo cuya protección haya sido denegada. Estas personas, que estén en situación irregular durante al menos seis meses al momento de la entrada en vigor del reglamento, podrán optar a un permiso de residencia por arraigo. Esta medida beneficiará a un amplio colectivo, ya que en 2024 se han registrado más de 140.000 solicitudes de asilo, la mayoría rechazadas. El Consejo de Estado ha señalado la falta de tiempo para evaluar adecuadamente el texto debido al uso del procedimiento de urgencia, algo que ya ha criticado anteriormente en otras normativas del Gobierno. También algunos ministerios, como el de Trabajo, propusieron modificaciones para facilitar el acceso a la documentación, como reducir el tiempo de estancia requerido de 24 a 18 meses o evitar el veto a los solicitantes de asilo para obtener un permiso por arraigo, aunque estas propuestas no fueron aceptadas. Entre las principales innovaciones, el reglamento reduce de tres a dos años el tiempo necesario para que una persona extranjera pueda solicitar un permiso de residencia y trabajo. Además, se crea la figura del "arraigo de segunda oportunidad", destinada a quienes perdieron un permiso de residencia y no pudieron renovarlo. También se agilizan los plazos, se eliminan ciertos requisitos y se amplían las renovaciones, facilitando la incorporación al mercado laboral. Otra novedad destacada es que quienes obtengan un permiso mediante el "arraigo para la formación" podrán trabajar hasta 30 horas semanales. Esta modalidad, que pasará a llamarse "arraigo socioformativo", fue creada en 2022 para regularizar a quienes llevan más de dos años en España y se matriculan en un curso de formación. Ahora, no será necesario un contrato para obtener un permiso de trabajo, ya que se otorgará automáticamente.

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(El Economista, 19-11-2024) | Laboral

El Supremo prohíbe el despido disciplinario si el empleado no ha podido defenderse

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido este lunes que, antes de proceder a un despido disciplinario, el empleador debe ofrecer al trabajador la oportunidad de defenderse frente a las acusaciones formuladas en su contra. Esta decisión refuerza la obligatoriedad del trámite de "audiencia previa" en este tipo de ceses, aunque la medida no tendrá efectos retroactivos. Según informó el Tribunal Supremo en un comunicado, la resolución, adoptada por unanimidad del Pleno de la Sala Cuarta, se fundamenta en la aplicación directa del artículo 7 del Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente en España desde 1986. Con esta sentencia, el Supremo modifica su doctrina previa, vigente desde los años ochenta, justificando el cambio en las transformaciones del marco normativo durante este periodo. Entre estas modificaciones se destacan la Ley de Tratados Internacionales, la evolución de la doctrina constitucional, los criterios sobre la calificación de los despidos y la inaplicabilidad de la norma más favorable de forma global. El Convenio de la OIT estipula que el empleador debe ofrecer una audiencia previa antes del despido, salvo en circunstancias excepcionales en las que no sea razonable exigirlo. En el caso en cuestión, esto se aplica a un profesor de la Fundació Escola Superior d'Art Dramàtic de Baleares, acusado por estudiantes de conducta inapropiada hacia alumnas. Según detalla Europa Press, el docente impugnó su despido, aunque inicialmente los tribunales desestimaron su recurso. Más tarde, el profesor apeló ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en febrero de 2023 declaró improcedente el despido y condenó a la Fundación a readmitir al trabajador en su puesto, abonándole los salarios dejados de percibir durante el proceso o, en su defecto, una indemnización de 64.178,28 euros. La Fundación, por su parte, presentó un recurso de casación ante el Supremo para unificar doctrina. El Tribunal Supremo ha reconocido que, en este caso, la empresa actuó conforme a un criterio jurisprudencial vigente hasta el momento, que no exigía el trámite de audiencia previa. Sin embargo, aclara que este requisito será aplicable únicamente a los despidos que se produzcan tras la publicación de esta sentencia, dejando a salvo las actuaciones anteriores.

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(Expansión, 19-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La deuda se modera al 104,4% del PIB en septiembre

La deuda total de las administraciones públicas alcanzó en septiembre un nuevo récord histórico de 1,637 billones de euros, lo que representa un incremento del 0,8% en comparación con el mes anterior. Sin embargo, la proporción de la deuda respecto al PIB se redujo al 104,4%, según los datos publicados este lunes por el Banco de España. En términos interanuales, la deuda aumentó un 3,7% respecto a septiembre del año pasado, lo que equivale a 57.769 millones de euros más. Este incremento se explica por los menores ingresos y el aumento de los gastos asociados a la pandemia, la guerra en Ucrania y el alza de los precios en los últimos años. Tomando como referencia el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres, la ratio deuda/PIB se situó en el 104,4% al cierre del tercer trimestre de 2024, lo que supone una disminución de nueve décimas respecto al 105,3% registrado en el segundo trimestre. El Gobierno prevé una reducción progresiva de la deuda pública en los próximos años, según el plan fiscal estructural enviado recientemente a Bruselas. Este plan proyecta que la deuda en relación al PIB disminuirá del 102,5% en 2024 al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Sin embargo, las proyecciones no especifican cuándo se alcanzará el nivel "prudente" del 60% establecido por Bruselas. En detalle, el Estado acumuló en septiembre una deuda de 1,490 billones de euros, lo que supone un aumento del 5,4% en comparación con el mismo mes del año pasado y un incremento del 1% respecto a agosto. Por otro lado, las comunidades autónomas redujeron su endeudamiento a 333.548 millones de euros en septiembre, un 0,1% menos que en agosto, aunque registraron un alza interanual del 2,5%. Los ayuntamientos, en cambio, aumentaron su deuda en septiembre hasta 23.207 millones de euros, un 0,8% más que el mes anterior, aunque en términos interanuales experimentaron una ligera reducción del 0,2%. Por su parte, la deuda de la Seguridad Social permaneció estable en septiembre, situándose en 116.171 millones de euros, un 9,4% más que en el mismo mes del año pasado. Según el Banco de España, este aumento interanual responde a los préstamos otorgados por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para cubrir su desequilibrio presupuestario.

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(El País, 19-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La compraventa de viviendas se dispara un 41,5% en septiembre

El mercado inmobiliario español muestra un notable repunte. En septiembre, la compraventa de viviendas creció un 41,5% en comparación con el mismo mes de 2023, alcanzando un total de 61.887 operaciones. Este nivel de actividad no se veía desde los tiempos de la burbuja inmobiliaria a principios de siglo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del mejor dato desde julio de 2007, cuando se registraron más de 63.000 transacciones. Los expertos atribuyen este crecimiento al abaratamiento de las hipotecas, derivado de la disminución de los tipos de interés. El aumento registrado en septiembre es el más alto desde agosto de 2021 y marca tres meses consecutivos de incrementos interanuales, tras las subidas del 19% en julio y del 0,9% en agosto. Esto supone un cambio significativo en la tendencia descendente que predominó desde principios de 2023, producto de la ralentización tras el auge postpandemia. El reciente repunte incluye un incremento tanto en la compraventa de viviendas nuevas, que creció un 54,9% interanual hasta las 12.531 operaciones (la cifra más alta en 11 años), como en las viviendas usadas, que subieron un 38,4%, alcanzando 49.356 operaciones, su nivel más alto desde mayo de 2022. Francisco Iñarreta, portavoz de Idealista, señala que "el elevado número de operaciones refleja niveles similares a los de 2007". Según él, esta reactivación puede deberse a la combinación de una reducción en los costes de financiación y la expectativa de un aumento en los precios de la vivienda, lo que ha motivado a muchas familias a adelantar sus decisiones de compra. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, añade que "el cambio de ciclo hipotecario, con tipos de interés en descenso, ha impulsado un periodo de mayor dinamismo en la adquisición de viviendas". Además, destaca que factores como el optimismo de los compradores, el aumento en el ahorro familiar y unas condiciones hipotecarias más favorables contribuirán al crecimiento del mercado en 2024 y 2025. Según los datos del INE, el 92,4% de las viviendas vendidas en septiembre eran libres, mientras que el 7,6% eran protegidas. Las operaciones sobre viviendas libres aumentaron un 41,3% interanual, alcanzando 57.179, y las de viviendas protegidas crecieron un 43,6%, hasta 4.708. En comparación con el mes anterior, septiembre registró un incremento del 25,1% en las compraventas, y el acumulado del año muestra un alza del 3,1%, con un avance del 12,2% en viviendas nuevas y del 1% en usadas. Sin embargo, estas cifras aún están por debajo de las de 2022, cuando el mercado alcanzó casi medio millón de operaciones en los primeros nueve meses del año. A pesar de ello, portales como Idealista anticipan que, gracias al buen desempeño de septiembre, es probable que 2024 cierre con más de 600.000 operaciones, un umbral alcanzado en 2022 pero no en 2023. Fotocasa coincide en este pronóstico y apunta que los últimos tres meses del año podrían ver una mayor actividad impulsada por la mejora en las condiciones hipotecarias y los avales para la compra de viviendas proporcionados por la Administración. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Ferran Font, director de estudios de Pisos.com, advierte que la recuperación del mercado, junto con una oferta limitada, continuará elevando los precios, dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con menor capacidad económica. Por regiones, Andalucía lideró el número de operaciones en septiembre, con 11.344 compraventas, seguida por Comunidad Valenciana (10.801), Cataluña (8.987) y Madrid (8.105). En todas las comunidades autónomas se registraron aumentos respecto a septiembre de 2023. Los mayores incrementos porcentuales se observaron en Extremadura (+79,3%), País Vasco (+67,4%), Asturias (+57,3%) y Aragón (+56%), mientras que Navarra (+18%), Baleares (+18,5%) y Murcia (+32,2%) tuvieron subidas más moderadas.

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