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(Expansión, 18-11-2024) | Fiscal

El coste del impuesto a fortunas en Madrid: 1.500 millones en inversión y 65.000 empleos

La Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF), una organización de carácter familiar en Madrid, ha advertido sobre el significativo impacto económico que podría generar en la región el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas (ITSGF). Según un informe elaborado por la AMEF, esta medida, que obligó a la Comunidad de Madrid a reactivar el Impuesto sobre el Patrimonio para retener la recaudación dentro de la región, ha provocado hasta ahora una pérdida estimada de 1.500 millones de euros en inversión extranjera. El informe también señala que esta situación habría afectado al empleo, con una pérdida aproximada de 65.000 puestos de trabajo, lo que se traduciría en una disminución de la actividad económica regional de unos 8.000 millones de euros. En cuanto al número de contribuyentes del Impuesto sobre el Patrimonio, el documento destaca que en la Comunidad de Madrid creció un 24% entre 2013 y 2021, en comparación con el 29,6% registrado a nivel nacional. Durante el mismo período, el patrimonio declarado en la región aumentó un 36,1%, frente al incremento del 21,7% observado en el conjunto de España. Este crecimiento también derivó en un aumento de la base liquidable y de la cuota minorada, que subió un 98,1% en Madrid, en contraste con el 77,3% registrado a nivel nacional. De acuerdo con el informe, si en 2013 se hubiese aplicado el Impuesto sobre el Patrimonio sin bonificaciones, se habrían recaudado en Madrid 612 millones de euros, cifra que habría aumentado a 1.212 millones en 2021. Tras el respaldo del Tribunal Constitucional al ITSGF, el Gobierno regional decidió reintroducir el Impuesto sobre el Patrimonio, que se recaudará nuevamente en Madrid por primera vez desde 2008. Los residentes con patrimonios superiores a 3 millones de euros, después de aplicar las exenciones correspondientes, estarán obligados a presentar la liquidación. En 2022, un total de 10.302 contribuyentes madrileños ya declararon este tributo temporal, aportando más de 555 millones de euros, lo que representó el 90% de la recaudación total nacional, que ascendió a 623 millones de euros. El informe también subraya que, ante la reintroducción o incremento del Impuesto sobre el Patrimonio, los contribuyentes no suelen trasladarse a territorios con una fiscalidad más favorable, sino que adoptan estrategias de elusión fiscal. Entre estas estrategias destacan la reducción de la base imponible del IRPF, la adquisición de activos exentos, como acciones cotizadas, o la distribución del patrimonio entre familiares. Por último, Antonio Barderas, director de la AMEF, advirtió que si los contribuyentes afectados optaran por cambiar su domicilio fiscal, la Comunidad de Madrid perdería aproximadamente 555 millones de euros por la recaudación directa del impuesto. Además, criticó que no se evalúe el impacto económico indirecto de este impuesto en términos de generación de empleo, gasto o uso alternativo del dinero recaudado. La AMEF, no obstante, reconoció que carece de datos sobre la magnitud de la salida de capitales, ya que esta información no está incluida en las estadísticas oficiales de la Agencia Tributaria.

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(El País, 18-11-2024) | Fiscal

Bruselas mejora nueve décimas su previsión de crecimiento para España en 2024 y lo eleva hasta el 3%

La Comisión Europea se une al conjunto de organismos nacionales e internacionales, incluido el Gobierno, que se muestran gratamente sorprendidos por la evolución de la economía española. La institución ha revisado al alza su previsión de crecimiento para este año, situándola en un 3%, casi un punto más de lo estimado previamente, y ha mejorado también en cuatro décimas la proyección para el próximo año, alcanzando el 2,3%. De confirmarse estas cifras, España se convertiría en la economía con mejor desempeño entre las grandes naciones de Europa, en una zona euro que, aunque crece mejor de lo esperado, sigue sin despegar del todo. Para 2024, se espera un crecimiento del 0,8% en la región, que aumentará al 1,3% en 2025. El alcance de esta "sorpresa positiva", como lo describe el propio informe de la Comisión, se percibe al compararlo con otras revisiones recientes, como la del FMI y el Banco de España, que ajustaron sus estimaciones al alza en medio punto. Aunque la Comisión ha pasado de ser menos optimista que estos organismos a mostrar un mayor optimismo ahora, todos coinciden en un crecimiento cercano al 3%. Este rendimiento sobresaliente se debe al dinamismo del consumo, respaldado por un mercado laboral resistente, la fortaleza del turismo y el impulso de la inversión prevista para 2025 y 2026. Sin embargo, este panorama alentador no está exento de riesgos. Uno de ellos, identificado en el informe, es el turismo, uno de los principales motores económicos del país. Una posible ralentización debido a la debilidad de economías emisoras como la alemana podría revertir esta sorpresa positiva. Otro riesgo señalado es el impacto de fenómenos meteorológicos extremos, como las recientes inundaciones en Valencia, cuyo costo en términos de reconstrucción aún no está claro y podría afectar las cuentas públicas. Además, la Comisión advierte sobre el aumento de eventos climáticos adversos en Europa, citando inundaciones en países como Grecia, Polonia, Eslovenia y Bosnia. Mientras tanto, la economía europea sigue avanzando a un ritmo lento. Según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, "la recuperación es gradual". Gentiloni confía en que la disminución de la inflación y el aumento del consumo y la inversión, junto con tasas de desempleo históricamente bajas, impulsarán un crecimiento más sólido en los próximos años. Por su parte, Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión, destacó la necesidad de abordar retos estructurales como la productividad y la competitividad para mantener el dinamismo económico. A pesar de los esfuerzos, ni la Unión Europea en su conjunto ni la zona euro lograrán crecer por encima del 2% en los próximos dos años. El débil desempeño de Alemania, el estancamiento de Italia y Países Bajos, y el consumo privado reducido han limitado la recuperación. Aunque España y, en menor medida, Francia han ofrecido resultados mejores de lo esperado, el consumo en Europa sigue siendo frágil, con una tasa de ahorro del 15%, superior a la media histórica. La relajación de la política monetaria por parte del BCE, tras reducir los tipos de interés en varias ocasiones desde junio, podría favorecer una ligera aceleración económica. Con la inflación controlada y proyectada en un promedio del 2,6% este año y del 2% en 2026, se espera que el crédito bancario también muestre signos de recuperación, aunque todavía presenta debilidad en términos nominales. El mercado laboral continúa siendo un pilar de estabilidad, con una tasa de desempleo del 6% en la zona euro. Sin embargo, España sigue destacando como un caso particular, ya que su tasa de paro no bajará del 10% durante los próximos tres años, según las previsiones, a diferencia de Alemania, que mantiene un escenario cercano al pleno empleo con solo un 3% de desempleo.

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(El Economista, 18-11-2024) | Fiscal

Cataluña quiere fichar inspectores del Estado para su Agencia Tributaria

El Govern de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, sigue avanzando en la implementación del concierto económico pactado con ERC. Tras crear un grupo asesor encargado de definir los detalles del denominado modelo de financiación singular y designar al nuevo director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), el Ejecutivo autonómico estudia diversas estrategias para fortalecer esta última institución. La principal opción sería incorporar a los altos funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que operan en Cataluña. Actualmente, la "Hacienda propia" de Cataluña cuenta con 852 empleados, de los cuales solo el 34,2% pertenece a cuerpos especializados en la gestión e inspección tributaria. En detalle, el organismo dispone de apenas 23 inspectores y 269 gestores, cifras que palidecen frente a los casi 5.000 empleados que la AEAT tiene asignados en la región, incluyendo 1.612 técnicos y 498 inspectores. La ATC, de momento, tiene competencias limitadas a la gestión de tributos propios (como el impuesto sobre bebidas azucaradas o el canon del agua) y cedidos (como Sucesiones y Patrimonio), además de la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación ejecutiva de deudas tributarias y otros ingresos públicos de la Generalitat y administraciones catalanas. Illa y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, han planteado objetivos ambiciosos para expandir la ATC. Inicialmente, el president habló de cuadruplicar su tamaño, mientras que Romero sugirió un incremento hasta alcanzar entre 4.000 y 5.000 efectivos. Sin embargo, expertos consultados por elEconomista.es consideran poco probable que este crecimiento se logre exclusivamente mediante nuevas convocatorias de empleo público, dada la lentitud del proceso. De hecho, Romero ya ha mencionado que están explorando "incentivos" y una "fórmula jurídica" para atraer a los funcionarios de alto rango de la AEAT, aunque esta opción enfrenta obstáculos legales. En 2015, el Tribunal Supremo bloqueó el traspaso de inspectores de la AEAT a la ATC, lo que dificulta la implementación de esta estrategia. Además, si la Generalitat pretende asumir la gestión completa del IRPF en 2026, como establece el pacto entre PSC y ERC, necesitará reforzar significativamente su plantilla en un plazo corto, algo que parece inviable con los métodos tradicionales. A estas complicaciones se suma el retraso en los presupuestos autonómicos debido a la situación interna de ERC, lo que dificulta la planificación de nuevas convocatorias de empleo. Según datos recientes, la ATC ha realizado solo tres procesos selectivos en los últimos seis años. En 2022, por ejemplo, se convocaron 120 plazas de gestores tributarios, la mayor oferta en su historia, pero esta convocatoria se retrasó cuatro años y no se resolvió hasta 2023. En 2024, se han sumado 20 inspectores y 85 gestores estabilizados, cifras insuficientes para alcanzar los objetivos planteados. Ante este panorama, la opción más viable para aumentar rápidamente la plantilla sería captar empleados de la AEAT, una medida que ha generado controversia. Gestha ha calificado este objetivo como "irrealizable", argumentando que la mayoría de los funcionarios estatales no estarían interesados en integrarse en la ATC debido a la falta de incentivos suficientes y a las ya elevadas demandas de movilidad en Cataluña. Por su parte, IHE ha rechazado frontalmente cualquier intento de integración forzosa. En un comunicado, la asociación advirtió que tomará medidas legales para impedirlo, señalando que la ATC no puede considerarse una "agencia tributaria nacional catalana" dentro del actual marco jurídico español. Además, criticó al Govern por "engañar a la ciudadanía" con propuestas que consideran inviables.

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(El Confidencial, 18-11-2024) | Fiscal

El bloqueo de la reforma fiscal prorrogará nuevamente los Presupuestos

El año 2025 comenzará nuevamente con los presupuestos de 2023 prorrogados. La falta de respaldo político ha llevado al Gobierno a desistir de intentar siquiera la tramitación de unas nuevas cuentas, a pesar de sus reiteradas declaraciones sobre cumplir con su responsabilidad constitucional. Desde el Ministerio de Hacienda ya han asumido que no será posible aprobar los presupuestos antes de fin de año. "Ya no hay tiempo", confirman fuentes ministeriales. Aunque la tramitación presupuestaria tiene carácter prioritario en las Cortes, el proceso requiere más de dos meses en el mejor de los casos, un plazo que ya no está disponible. El procedimiento incluye una serie de etapas, como las comparecencias de altos cargos, debates a la totalidad, discusión de enmiendas y, en caso de veto en el Senado, la devolución al Congreso para su aprobación definitiva. Incluso si el Gobierno contara con el apoyo necesario, los plazos hacen inviable completar el trámite. Sin embargo, el problema no es solo de tiempo, sino también de falta de apoyos. El Gobierno se ha visto obligado a posponer nuevamente la Comisión de Hacienda en el Congreso para ganar margen en la negociación de la reforma fiscal. Actualmente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha logrado reconstruir la mayoría parlamentaria que permitió la investidura de Pedro Sánchez. Si se materializa una derrota en la votación de la reforma fiscal, prevista para la próxima semana, sería el tercer revés para la vicepresidenta en el camino hacia la aprobación de los presupuestos. Previamente, ya perdió la votación de la senda de déficit y tuvo que abandonar un segundo intento ante el rechazo de los partidos que respaldaron la investidura. Sin nuevos presupuestos, el Ejecutivo deberá buscar alternativas normativas para implementar las políticas de gasto previstas en los PGE. Algunas medidas, como la actualización de las pensiones, podrán aprobarse mediante real decreto sin necesidad de pasar por el Congreso, como se ha hecho en años anteriores. Sin embargo, el incremento salarial de los funcionarios y la actualización del IPREM, índice vinculado a múltiples prestaciones públicas, sí requieren aprobación parlamentaria. En cambio, el Ingreso Mínimo Vital subirá automáticamente gracias a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 2/2023. El retraso en la votación de la reforma fiscal en la Comisión de Hacienda refleja la urgencia del Gobierno por encontrar nuevos recursos. El ritmo actual del gasto público complica el cumplimiento del objetivo de déficit para este año y el próximo. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el déficit público alcanzará el 2,7% en 2024, dos décimas por encima del objetivo gubernamental. Además, esta previsión no incluye los gastos derivados de la DANA, que serán excluidos del cálculo del déficit. Respecto al límite de gasto, la AIReF estima que, manteniendo las políticas actuales, el gasto primario neto crecerá un 3,7%, alcanzando el tope permitido por la Comisión Europea. Esto implica que, sin nuevos ingresos fiscales, no habrá margen para aumentar el gasto público. Aunque el Gobierno aún tiene tiempo para prolongar las negociaciones de la reforma fiscal, los trámites pendientes (votaciones en la Comisión y el Pleno del Congreso, paso por el Senado y posible retorno al Congreso en caso de veto) tomarían al menos un mes. Incluso podría posponer una semana más la remisión al Pleno, pero el margen es cada vez más limitado. En cuanto a la senda de estabilidad, el plazo también está agotándose. En el mejor escenario, la propuesta llegaría al Congreso a finales de mes, y el Senado podría retrasar su aprobación un mes adicional. Esto obligaría a una vuelta al Congreso con un calendario muy ajustado. Sin embargo, la senda de estabilidad ha pasado a un segundo plano en las prioridades del Gobierno. Para desbloquear los presupuestos en el primer trimestre de 2024, el Ejecutivo necesita reconstruir sus alianzas parlamentarias. No obstante, los plazos siguen extendiéndose semana tras semana. Lo que ya es un hecho es que 2025 comenzará con las cuentas prorrogadas de 2023, una situación que en otros tiempos habría llevado a un Gobierno a dimitir, pero que ahora se asume con relativa normalidad. Mientras tanto, los socios de investidura siguen inmersos en una interminable negociación fiscal que abarca temas como la financiación autonómica, los objetivos de déficit, el aumento de impuestos y las quitas de deuda, sin concretar acuerdos en ningún ámbito.

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(Cinco Días, 18-11-2024) | Laboral

El Gobierno estudia que los funcionarios elijan “de una vez y para siempre” si quieren cobertura sanitaria pública o privada

El Gobierno central está evaluando la posibilidad de llevar a cabo una reforma de gran calado en Muface, la mutualidad que provee asistencia sanitaria a 1,52 millones de funcionarios y sus familias, con el objetivo de solucionar la crisis que atraviesa este sistema con casi 50 años de existencia, según han informado a EL PAÍS fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Uno de los cambios más significativos que se plantean afectaría a un elemento fundamental del modelo actual: la posibilidad de que los beneficiarios elijan anualmente entre recibir atención en la sanidad pública o en la privada. Actualmente, esta decisión puede revertirse en años posteriores, permitiendo a los usuarios cambiar entre ambas opciones. Según estas fuentes, el plan en estudio implicaría que los empleados públicos cubiertos por el sistema mutualista realicen una elección única y permanente entre el régimen general de sanidad pública o el régimen especial de Muface, que incluye atención en la sanidad privada. Este enfoque busca garantizar una mejor planificación y sostenibilidad del modelo. La decisión de avanzar hacia esta reforma se ha visto acelerada por el rechazo de las principales aseguradoras médicas privadas (Adeslas, Asisa y DKV), que prestan servicio a 1,06 millones de usuarios, a participar en el nuevo convenio para 2025 y 2026. Este hecho ha llevado a los responsables del sistema a concluir que es necesario actualizar un modelo que no tiene equivalentes en otros países europeos. Desde el Ministerio de Función Pública destacan dos puntos esenciales. Primero, aseguran que los mutualistas pueden estar tranquilos, ya que el actual convenio sigue vigente hasta el 31 de enero, y la normativa permite mecanismos para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria en las mismas condiciones hasta que se firme un nuevo acuerdo. Segundo, insisten en que la falta de acuerdo en la licitación, incluso tras el mayor aumento de primas de la historia (17,12%), demuestra la necesidad de reformular el sistema para eliminar incertidumbres, asegurar su viabilidad y planificar adecuadamente su financiación. Esta reformulación también busca solucionar un problema recurrente: la elección anual entre sanidad pública y privada complica la previsión de ingresos. Con una elección definitiva por parte de los beneficiarios, será más sencillo conocer cuántos optan por el régimen especial y, en consecuencia, tomar decisiones más precisas sobre la financiación. La reforma toma en cuenta, además, la diversidad dentro del colectivo cubierto por Muface, que incluye funcionarios de la Administración General del Estado, profesores y policías, pero excluye a otros colectivos como investigadores científicos, técnicos de tráfico y personal de universidades. Asimismo, se subraya que la incorporación anual de nuevos mutualistas es relativamente baja: en 2023 fueron 62.500 personas, apenas un 4,1% del total. Además de la planificación de ingresos, el Ministerio está poniendo atención en los gastos. Esperan un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la gestión de Muface, previsto para finales de año, que analizará aspectos como la eficiencia. Algunas medidas en consideración incluyen la ampliación del uso de recetas electrónicas, la centralización de la compra de medicamentos y un control más estricto sobre el consumo excesivo de ciertos fármacos, como psicotrópicos. El gasto en recetas en 2023 ascendió a 340,8 millones de euros, un aumento del 5,32% respecto al año anterior. Este incremento supera al registrado en la sanidad pública, según datos del Ministerio de Hacienda, y refleja la necesidad de optimizar recursos. La segunda licitación del convenio también incluirá medidas para mejorar la transparencia. Las aseguradoras han solicitado un aumento de hasta el 40% en las primas, argumentando que el sistema está infrafinanciado. Sin embargo, los datos muestran que factores como el envejecimiento de los mutualistas y la tendencia de los nuevos funcionarios jóvenes hacia la sanidad privada, que genera menos costes, son los principales responsables de la crisis actual. Por último, poner fin a la elección anual entre sanidad pública y privada busca solucionar una de las críticas al modelo. Diversos estudios indican que las aseguradoras privadas tienden a derivar a la sanidad pública a los pacientes con problemas de salud más graves y costosos, mientras que se quedan con aquellos más saludables, generando desigualdades en el sistema.

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(Expansión, 18-11-2024) | Laboral

Las aseguradoras piden a Muface hasta 700 millones más para los funcionarios

El convenio de la Administración para la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas, que quedó sin adjudicar, contemplaba un incremento de 300 millones de euros en su presupuesto. Sin embargo, para cumplir con las exigencias más altas de las aseguradoras que prestan actualmente este servicio, Muface debería aumentar la prima del seguro de asistencia sanitaria entre 600 y 700 millones de euros. SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV decidieron no participar en la licitación, cuyo plazo cerró el pasado 5 de noviembre, al considerar insuficiente el incremento del 17,12% establecido por la Administración para los próximos dos años. Según las aseguradoras, esta subida no sería suficiente para cubrir las pérdidas acumuladas. DKV solicitó un aumento del 40% en el convenio bianual que comenzaría el 1 de enero, mientras que SegurCaixa Adeslas planteó una subida del 34%. Asisa, por su parte, no especificó el porcentaje que considera necesario. La propuesta más alta obligaría a Muface a destinar unos 700 millones de euros adicionales en comparación con el convenio actual. Esto elevaría la prima media por mutualista de los actuales 1.032 euros a unos 1.400 euros, implicando un incremento de más de 400 euros por persona. Con el aumento del 17,12% contemplado en el convenio fallido, la prima media habría subido a 1.209 euros, mientras que con la propuesta de Adeslas, rondaría los 1.400 euros. Por su parte, Muface sugirió un incremento del 25%, lo que situaría la prima media cerca de 1.300 euros. Aunque las aseguradoras argumentan que hay otros aspectos a revisar en el convenio, el precio sigue siendo el punto central de la disputa. Ante la falta de adjudicación, la Administración ha anunciado que lanzará un nuevo convenio en el menor tiempo posible, con condiciones más atractivas para las aseguradoras. La retirada de Adeslas, Asisa y DKV ha generado malestar entre distintas organizaciones de funcionarios, que exigen a la Administración garantizar esta cobertura. El lunes pasado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se manifestó frente al Ministerio de Hacienda para defender la continuidad de Muface. Se espera que esta semana la Administración comunique a las aseguradoras el nuevo precio del convenio, que podría ser llevado al Consejo de Ministros el 26 de noviembre. Una vez anunciado, las compañías tendrán un periodo para evaluar las condiciones y tomar una decisión. En la licitación anterior, las aseguradoras dispusieron de tres semanas para analizar la propuesta, que incluía un aumento del 17,12%. Si el plazo fuera similar en esta nueva convocatoria, la resolución final podría conocerse cerca de las fiestas navideñas. El convenio actual finaliza el 31 de diciembre, dejando dos posibles escenarios para el futuro de este servicio.

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(Expansión, 18-11-2024) | Laboral

Álvarez (UGT) aboga por una subida del SMI del 6% para superar los 1.200 euros en 2025

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha instado al Gobierno a agilizar la reforma del registro horario en las empresas para mejorar su funcionamiento, destacando que esta medida podría implementarse antes que la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, aunque ambas iniciativas se hayan debatido conjuntamente en la mesa de negociación entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Álvarez también propondrá un aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 5% o 6% para 2025, lo que lo situaría cerca de los 1.200 euros brutos anuales en catorce pagas. En una entrevista con la agencia Efe, a pocos días del 44 Congreso Confederal donde se espera su reelección para un tercer mandato, Álvarez se muestra satisfecho con los avances logrados en los últimos cuatro años y decidido a seguir luchando por mejorar los derechos laborales. El líder sindical subraya la importancia de que el SMI no se aleje del 60% del salario medio en España, que según datos de Eurostat, UGT calcula en 1.296 euros para 2022. Por otro lado, Álvarez reafirma su compromiso con la reducción de la jornada laboral, considerando que, ante la falta de acuerdo con la patronal, es momento de avanzar con una normativa que inicie su tramitación parlamentaria, un proceso que estima podría extenderse hasta el próximo verano. Aunque la CEOE ha rechazado de momento la medida, Álvarez mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante el trámite parlamentario. "No cerramos el debate ni el diálogo con la CEOE. Creo que el proceso en el Parlamento puede brindar una nueva oportunidad para el consenso, y algunos grupos políticos que prefieren votar un acuerdo tendrán ocasión de presionar a la patronal para que negocie", reflexiona. Sobre este tema, asegura con optimismo: "Haremos todo lo posible para que se apruebe, y estoy convencido de que lo lograremos". Junto a CCOO, UGT ya ha iniciado conversaciones con diferentes grupos parlamentarios para recabar apoyos. Respecto a la adecuación de las indemnizaciones por despido, un asunto en el que UGT ha logrado una victoria legal en Europa, Álvarez celebra que los tribunales ya estén aplicando sentencias que reconocen indemnizaciones más altas en casos de despidos improcedentes, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los trabajadores. Aunque considera que no hay urgencia para que esta cuestión se regule en la normativa española, confía en que su aplicación judicial anime a Gobierno y patronal a negociar un marco legal que cumpla con los estándares europeos. Por otro lado, ha rechazado de manera tajante la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el "alta gradual", que permitiría a personas de baja reincorporarse parcialmente al trabajo. Álvarez considera esta medida "inoportuna" y basada en razones económicas, más que médicas. "Plantear esto desde una perspectiva económica me parece inaceptable. La visión de la CEOE, centrada en el absentismo, es deshumanizadora y, en algunos casos, indecente", ha afirmado. Con numerosos retos aún por abordar, Álvarez encara con ilusión lo que parece ser un nuevo mandato al frente de UGT, comprometido con avanzar en derechos laborales y sociales.

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(El Economista, 18-11-2024) | Laboral

Los convenios colectivos "premian" la jubilación antes de los 65 años a 701.000 trabajadores

Los convenios colectivos y las cláusulas de jubilación están tomando un rumbo opuesto a la normativa de la Seguridad Social, con un notable aumento en los incentivos para jubilarse antes de los 65 años. Estas cláusulas, utilizadas como herramientas para la reestructuración y renovación de plantillas a través de bonificaciones económicas o premios, ahora afectan a más de 700.000 trabajadores, lo que equivale a uno de cada cinco convenios colectivos vigentes, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Esta cifra supone un incremento del 85% respecto a los niveles registrados durante la pandemia, cuando 378.000 empleados estaban cubiertos por estas disposiciones. Este crecimiento refleja una tendencia vinculada al envejecimiento progresivo de la población activa. Según Alberto Novoa, miembro de la Junta Directiva de ASNALA, "los incentivos de jubilación en España muestran un aumento constante, tanto a nivel estatal como en los convenios colectivos", según declaró a elEconomista.es. Mientras el Gobierno ha endurecido las condiciones para las jubilaciones anticipadas mediante reformas del sistema público de pensiones, los acuerdos colectivos han optado por otra vía: la de compensaciones económicas. Estas pueden incluir indemnizaciones, pagos únicos o periódicos, que buscan mitigar los recortes en las pensiones, los cuales pueden superar el 20% para quienes adelantan significativamente su retiro. La negociación colectiva, que implica a sindicatos representativos y patronales, aborda aspectos esenciales como mejoras salariales, duración de jornadas laborales, formación y seguridad, entre otros. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023 se firmaron 1.773 convenios colectivos que cubrieron a más de 4,4 millones de trabajadores. Entre estos acuerdos, destacan las cláusulas relativas a la jubilación, especialmente aquellas que promueven la salida del mercado laboral antes de la edad habitual de 65 años, o de 66 años y 6 meses si no se cumplen los requisitos de cotización en 2024. Estas cláusulas son vistas como un mecanismo para renovar plantillas o reducir costes, además de señalar el final de la vida laboral. Actualmente, las que incentivan la jubilación anticipada abarcan algo más del 15% de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos, un porcentaje similar al de hace diez años, cuando se superaban los 811.000 empleados con estos incentivos. Aunque estas disposiciones chocan con las reformas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Social, que han endurecido las penalizaciones para jubilaciones anticipadas voluntarias, siguen siendo una práctica frecuente en sectores específicos. Según Novoa, estas medidas pueden tener un impacto negativo en el sistema de pensiones, al reducir las cotizaciones sociales que percibe la Administración, y también implican una pérdida de experiencia en las plantillas. A pesar de su alcance, la aplicación de estas cláusulas no es uniforme, y varía según el sector o la empresa. "En España, la diversidad en la aplicación de estos incentivos refleja la necesidad de adaptarse a las particularidades de cada caso", explica Novoa. Otros países también implementan estrategias similares, con modelos distintos para gestionar la transición a la jubilación. Novoa destaca que la jubilación anticipada y parcial sigue siendo una opción popular, y que los planes de pensiones complementarios están ganando terreno. Un ejemplo destacado en España es el reciente plan del sector de la construcción, creado en 2023 mediante convenio colectivo, que en menos de un año se ha convertido en el mayor del país.

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(El Periódico, 18-11-2024) | Laboral

Trabajo ya ha abierto 80 inspecciones a empresas por haber exigido la presencia de sus trabajadores en situación de alerta roja o naranja

El Ministerio de Trabajo, a través de sus servicios de Inspección, ha iniciado 80 expedientes sancionadores contra empresas que obligaron a sus empleados a presentarse en el centro laboral durante las alertas rojas o naranjas decretadas en los municipios afectados por la DANA. Estas actuaciones no se limitan a los días más críticos del temporal, sino que también abarcarán alertas más recientes, según ha informado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Durante una rueda de prensa en La Moncloa, Pérez Rey explicó los resultados de la reunión del Comité de Crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su intervención, el secretario de Estado criticó los salvoconductos emitidos por la Generalitat Valenciana, liderada por Carlos Mazón, que permiten a las empresas exigir la asistencia de sus empleados incluso en situaciones de alerta climática de alta gravedad. "La salud laboral de los trabajadores está por encima de cualquier salvoconducto. Las empresas que recurran a ellos serán investigadas", advirtió. Pérez Rey recordó que, hace dos años, el Ministerio de Trabajo introdujo una reforma en materia de salud laboral para establecer protocolos claros de actuación en caso de alertas rojas y naranjas. Esta normativa es la base legal que utiliza la Inspección para actuar contra las empresas que exigieron la presencia de sus empleados en los momentos previos al impacto más severo de la DANA. Asimismo, subrayó que la normativa estatal prevalece sobre cualquier disposición autonómica, como los salvoconductos de la Generalitat Valenciana. "Las directrices de nuestra norma preventiva no pueden ser vulneradas por ningún salvoconducto", afirmó Pérez Rey, recordando que la protección de la salud laboral es una competencia exclusiva del Estado y que ninguna administración, incluida la Generalitat Valenciana, puede contradecir con normas de menor rango.

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(El Periódico, 18-11-2024) | Laboral

Multa a los trabajadores de hasta 7.500 euros por incumplir con el registro horario

La próxima implementación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin disminución salarial, promovida por el Ministerio de Trabajo, llega con una propuesta polémica: imponer multas de hasta 7.500 euros a los trabajadores que incumplan el registro horario. Esta iniciativa, aún en negociación en la mesa de diálogo social, pretende garantizar el cumplimiento de la medida, especialmente ante la oposición de las patronales CEOE y Cepyme, que han rechazado la propuesta y se han retirado de las conversaciones. La reducción de jornada ha sido uno de los temas más discutidos entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal. Mientras que los sindicatos, como UGT, exigen su aplicación sin modificaciones, las organizaciones empresariales han mostrado un firme rechazo. En este contexto, el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, plantea la posibilidad de extender la responsabilidad del registro horario a los trabajadores, de modo que ellos también puedan ser sancionados por incumplimientos, como un mecanismo para garantizar la efectividad de la reducción de horas. Actualmente, la normativa vigente en España, establecida por el Real Decreto-ley 8/2019, obliga a todas las empresas a llevar un registro horario. El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones, dependiendo de la gravedad de la infracción: Infracciones leves: multas de 60 a 625 euros (por ejemplo, por registros incompletos o falta de información). Infracciones graves: sanciones de 626 a 6.250 euros (como errores en el cómputo de horas extras o la falta de comunicación a los representantes de los trabajadores). Infracciones muy graves: de 6.251 a 187.515 euros (por impagos de salarios o el uso indebido de menores en horas extraordinarias). La novedad radica en que, bajo la nueva propuesta, los empleados también podrían ser responsables directos del cumplimiento del registro horario, lo que ha generado un intenso debate. Algunos ven esta medida como necesaria para garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada, mientras que otros la consideran desproporcionada y potencialmente perjudicial para los trabajadores. Cabe señalar que la obligación de registrar la jornada también incluye a quienes trabajan en modalidad de teletrabajo. Todos los empleados, sin importar el formato laboral, deben registrar su horario de entrada, salida, descansos y horas extras para asegurar el cumplimiento de la normativa. Esta propuesta de sancionar a los trabajadores se enmarca en un esfuerzo por proteger los derechos laborales y promover la conciliación entre la vida profesional y personal. Aunque la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas busca mejorar la calidad de vida de los empleados, su éxito dependerá de un control efectivo de las horas trabajadas. Sin embargo, esta medida ha suscitado interrogantes sobre su aplicación práctica. ¿Cómo se verificará el registro horario de los autónomos o de quienes trabajan en remoto? ¿Qué garantías habrá para evitar abusos y asegurar una implementación justa? Estas cuestiones deberán ser resueltas en las negociaciones antes de que la medida entre en vigor. El debate sobre la reducción de jornada y las sanciones vinculadas al registro horario refleja los desafíos actuales en el ámbito laboral. Encontrar un equilibrio entre productividad, competitividad empresarial y bienestar de los trabajadores exige diálogo y medidas que respeten los derechos de todas las partes. Aunque la posibilidad de multar a los empleados es controvertida, busca garantizar que se cumplan los objetivos de esta reforma laboral y avanzar hacia un modelo más equitativo.

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