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(Expansión, 17-02-2025) | Laboral

El salario mínimo supera el 70% del sueldo medio en casi la mitad de las provincias

El nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ya supera el 60% del salario medio neto en el 92% de las provincias españolas. Cepyme alerta sobre el impacto negativo que esto puede tener en los márgenes y la rentabilidad de las pequeñas empresas. La reciente subida del SMI a 1.184 euros mensuales para 2025 se suma a un incremento acumulado del 61% en los últimos seis años, lo que no solo afecta a las empresas, sino también a los trabajadores que, por primera vez, deberán tributar el IRPF. El coste adicional para el tejido productivo, debido al aumento de la base mínima de cotización, se estima en unos 2.200 millones de euros, sin contar las gestiones administrativas que los empleadores deberán asumir en términos de retenciones, ingresos y declaraciones para los aproximadamente 2,4 millones de trabajadores afectados. Este contexto impacta especialmente a pequeñas y medianas empresas, así como a autónomos con empleados a su cargo, quienes ya enfrentan un aumento de los costes laborales debido a distintas medidas destinadas a reforzar los ingresos y la recaudación del Estado. En total, entre el incremento del SMI, la subida de la base máxima, el mecanismo de equidad intergeneracional y la nueva cuota de solidaridad, el coste adicional para las empresas en 2025 rondará los 8.000 millones de euros. Cepyme, la principal organización empresarial de pymes en España, advierte de las repercusiones económicas de esta fuerte revalorización del salario mínimo. No solo encarece los costes laborales, sino que también genera un efecto en cadena en las tablas salariales de muchas empresas, especialmente en los niveles más cercanos al SMI, dificultando la negociación de convenios colectivos. Además, afecta la rentabilidad de los negocios, en especial los más pequeños. Según el informe "Salarios. Repercusión de la subida del SMI en la pyme española" de Cepyme, el impacto es aún más perjudicial cuando el incremento salarial no está vinculado a la productividad, un factor que la organización ha intentado incluir en el debate sin éxito. De hecho, datos de Eurostat, la OCDE y el INE reflejan que, entre 2018 y 2024, España ha registrado la segunda peor evolución de la productividad entre los 34 países más avanzados, con una caída del 2,7%, mientras que la media de estos países ha aumentado un 4,7%. El estudio de Cepyme subraya que desvincular el crecimiento salarial de la productividad puede ser contraproducente, ya que eleva el coste laboral por unidad producida, fomenta el alza de precios, reduce la competitividad frente a mercados exteriores, incentiva la sustitución de trabajadores por tecnología y desincentiva la inversión y la contratación. El debate sobre la vinculación del salario mínimo al 60% del sueldo medio en España, en línea con la recomendación de la Carta Social Europea, ha sido la base para la revalorización del SMI en los últimos seis años. Actualmente, según Cepyme y datos del INE, el salario mínimo neto ya representa el 61,8% del sueldo medio neto en España. Sin embargo, esta proporción es aún mayor en el ámbito provincial, superando el 60% en el 92% de las provincias, salvo en Castellón (59,4%), Guipúzcoa (58,1%), Madrid (56,2%) y Álava (51,2%). En casi la mitad de las provincias, el SMI ya supone más del 70% del salario medio. Las cinco provincias con mayor impacto son Ávila (82,9%), Zamora (81,1%), Toledo (78,2%), Alicante (78%) y Salamanca (79,9%). Si se considera el salario medio de empresas con hasta 50 trabajadores dentro de cada provincia, el peso del SMI es aún más significativo, llegando a igualarse en algunos casos. En 35 provincias, supera el 75% del salario medio neto. En Ávila, por ejemplo, alcanza el 95,1%, en Zamora el 93,1% y en otras provincias como Toledo (89,7%), Alicante (89,4%), Salamanca (89,2%) y Badajoz (89,1%) roza el 90%.

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(El País, 17-02-2025) | Laboral

La mejora del 41% en las primas de Muface despierta el interés del sector

La licitación del nuevo concierto sanitario de Muface está en plena ebullición. El contrato con el que el Gobierno busca aseguradoras privadas para prestar atención médica a 1,53 millones de funcionarios y sus familiares pasó de quedar desierto el pasado 5 de noviembre a despertar el interés de compañías como Sanitas, Mapfre y Axa, que están analizando las condiciones del acuerdo tras años de ausencia en este modelo de colaboración público-privada. Estas empresas se suman a Adeslas, Asisa y DKV, que ya forman parte del concierto 2021-2024 (prorrogado hasta abril) y han confirmado que también están evaluando la nueva propuesta. El pliego actual contempla una mejora del 41,2% en la remuneración que recibirán las aseguradoras por atender a los empleados públicos, un incremento significativo que responde a la presión del sector para aumentar las aportaciones a un sistema que llevaba tiempo infrafinanciado y generando pérdidas. En un primer intento, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública propuso un alza del 17% en la prima media, pero no obtuvo ninguna oferta. Luego, en un segundo intento, elevó la propuesta hasta el 33,5%, con la única respuesta positiva de Asisa. Esto llevó al Gobierno a mejorar aún más la oferta actual, que también incluye la posibilidad de compensaciones en caso de pérdidas. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reconoció durante la presentación de resultados de la compañía que, hasta la última propuesta del ministerio, la aseguradora tenía claro que no participaría en el concierto de Muface. Sin embargo, ahora, con las nuevas condiciones, analizarán detenidamente el contrato antes de tomar una decisión definitiva. Aun así, Huertas subrayó que Mapfre se encuentra en una posición cómoda en el sector de seguros de salud y no siente presión para regresar a este modelo, del que salió en 2009. Otras compañías que en su momento formaron parte del concierto y luego optaron por retirarse también están revisando con detalle el nuevo marco contractual. Sanitas, la segunda mayor aseguradora de salud en España, dejó de participar en Muface en 2013 y, aunque ahora está estudiando el pliego, fuentes cercanas a la empresa señalan que es poco probable que cambie su postura, debido a las dificultades que históricamente ha supuesto este convenio. Axa es otra de las aseguradoras que está analizando las condiciones. Aunque nunca formó parte directamente del concierto, su filial Igualatorio de Cantabria sí estuvo presente hasta que la aseguradora francesa la adquirió hace cinco años y decidió abandonar el acuerdo. Con la reciente mejora del 41,2%, Axa ha optado por volver a evaluar la posibilidad de presentarse. Las compañías interesadas en participar tienen hasta el 4 de marzo para formalizar su candidatura. A diferencia de otras contrataciones públicas, este proceso no se basa en una licitación competitiva, sino en un contrato marco al que pueden sumarse todas las aseguradoras que cumplan con los requisitos establecidos. A pesar del renovado interés en el sector, persisten dudas sobre si alguna de las empresas que estaban fuera del concierto se atreverá a dar el paso. "Es una decisión compleja, porque entrar en Muface puede desviar el foco de otros negocios estratégicos. Hay que estudiarlo con mucha cautela", señala el consejero delegado de una de las compañías implicadas. Tanto Asisa como SegurCaixa Adeslas -participada en un 50% por Mutua Madrileña y CaixaBank- han declarado que la mejora de la prima propuesta por el Ejecutivo ahora sí responde a sus demandas. Por su parte, DKV también está revisando el contrato, aunque su interés por volver a participar parece menor. Las mutualidades de funcionarios tienen su origen en el franquismo, cuando se crearon para ofrecer asistencia médica a los empleados públicos antes de la instauración de la sanidad universal. Con la llegada de la democracia, el sistema se reorganizó y quedó reducido a tres grandes mutualidades: Muface, la más grande, que cubre a profesores, policías nacionales, funcionarios de prisiones e inspectores de Hacienda; Isfas, que atiende a militares y guardias civiles; y Mugeju, destinada a jueces, fiscales y personal de la administración de justicia. En total, estas mutualidades agrupan a 1,5 millones de funcionarios, y si se suman sus familiares directos, el número de beneficiarios supera los dos millones de personas. Sin embargo, solo un tercio de los empleados públicos en España está bajo el modelo Muface, ya que la mayoría de trabajadores municipales y autonómicos -excepto los docentes- no tienen acceso a este sistema. Con el actual modelo de mutualismo, los funcionarios pueden elegir cada año entre la sanidad pública o privada, aunque la tendencia ha ido cambiando con el tiempo: actualmente, el 75% sigue optando por la sanidad privada, aunque esta proporción ha ido disminuyendo en los últimos años.

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(El Economista, 17-02-2025) | Laboral

Sumar lleva al Congreso la extensión de la baja de paternidad hasta las 20 semanas

Sumar mantiene su estrategia de presión sobre el PSOE y ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a ampliar los permisos por nacimiento y cuidado de hijos e hijas hasta las veinte semanas para ambos progenitores, en lugar de las dieciséis actuales. Esta medida forma parte del acuerdo de coalición firmado antes de la investidura de Pedro Sánchez, en el que también se incluyó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 y la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio. No obstante, la ampliación de este permiso podría entrar en conflicto con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la productividad. Hace un año, el FMI advirtió en un informe que las bajas parentales podrían generar una brecha entre las horas trabajadas realmente y las habituales, lo que resultaría en una reducción efectiva del tiempo de trabajo sin modificar el horario oficial. En este sentido, el organismo considera que la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, que en España es igualitario para ambos progenitores -a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos-, es uno de los factores que explican el lento crecimiento de la productividad en el país, que lo sitúa como el quinto socio de la UE con menor avance en este ámbito. A pesar de estos obstáculos, Sumar insiste en cumplir con el pacto de Gobierno y presiona al PSOE para que lo lleve a cabo. "Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de sus hijos que los hombres. Mientras ellas invierten 6,7 horas diarias en esta tarea, los hombres destinan 3,7 horas", señala la formación de Yolanda Díaz en su iniciativa. Además, reclaman la remuneración del permiso parental de ocho semanas, en cumplimiento con la normativa europea de junio de 2019. Esta exigencia ya provocó fricciones con el PSOE el pasado septiembre, cuando Sumar acusó al Ministerio de Hacienda de bloquear la medida, que aún no ha sido implementada. La incertidumbre sobre la capacidad de María Jesús Montero para sacar adelante unos Presupuestos viables en el Parlamento ha llevado a Sumar a intensificar su ofensiva legislativa, con el objetivo de presionar al PSOE para que apruebe el conjunto de medidas sociales pendientes desde noviembre de 2023. A esta disputa se suma el desacuerdo entre Sumar y Hacienda sobre la exención del IRPF tras la última subida del salario mínimo, una medida que el Ministerio se resiste a aplicar. Para contrarrestarlo, la formación ha presentado una proposición de ley en el Congreso para forzar una rectificación, aunque Díaz sigue explorando una posible solución negociada con el Ejecutivo. Paralelamente, Sumar insiste en que Montero acelere la implementación de la ayuda universal de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de seis años e integre esta prestación en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, una cuestión que aún está en negociación con diversas fuerzas parlamentarias. Sin embargo, la ofensiva social de Sumar no se detiene ahí. Entre las iniciativas registradas recientemente en el Congreso, destaca otra PNL que exige a Sánchez una reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La propuesta busca reducir el tiempo entre la concesión de la prestación y su revisión, simplificar los trámites administrativos y permitir que los solicitantes solo necesiten presentar una declaración responsable en casos de emergencia, como ocurrió con la DANA en octubre. "Según la AIReF, solo un 36% de los hogares que podrían beneficiarse de esta ayuda la reciben, en gran parte debido a la complejidad burocrática. Es necesario solucionar esto", sostienen fuentes de Sumar. "La política social no recibe la atención que debería en el debate público, a pesar de que afecta directamente la vida de millones de personas", expresó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una entrevista con Onda Cero el viernes. Mientras tanto, Hacienda mantiene en secreto las negociaciones sobre los Presupuestos.

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(El Economista, 17-02-2025) | Laboral

El Gobierno estudia amonestar a las firmas sin canal de denuncias antes de multarlas

El Gobierno está evaluando la posibilidad de advertir a las empresas que aún no cuentan con un canal de denuncias interno antes de proceder a imponer sanciones. Es importante recordar que las multas por incumplimiento de esta obligación pueden oscilar entre 600.001 euros y un millón de euros en el caso de las empresas, y entre 30.001 y 300.000 euros para los autónomos que tengan más de 50 trabajadores a su cargo. Esta normativa entró en vigor el 13 de junio de 2023 para las empresas con 250 o más empleados, mientras que aquellas que cuentan con entre 50 y 249 trabajadores están obligadas a cumplirla desde el 1 de diciembre de 2023. A pesar de que ha pasado más de un año desde que las compañías deben disponer de estos canales, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes aún no ha aprobado la Orden Ministerial necesaria para que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, responsable de la aplicación de sanciones, pueda comenzar a multar. Aunque este organismo se creó a finales de 2024, todavía no ha comenzado a operar. Según fuentes jurídicas cercanas a la comisión legislativa, el Ejecutivo está considerando emitir advertencias públicas como medida previa a la imposición de sanciones, con el objetivo de evitar una reacción alarmista por parte de las empresas ante el elevado importe de las multas. Sin embargo, señalan que, a partir de una fecha determinada por el legislador, se procederá a aplicar las sanciones. La obligación de establecer estos canales de denuncia se estableció en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones y lucha contra la corrupción. Esta normativa no solo impone esta obligación a las empresas, sino también a organismos públicos, universidades, partidos políticos, sindicatos y fundaciones que reciban fondos públicos. Además de las sanciones económicas, las entidades que incumplan la normativa podrían enfrentarse a otras consecuencias, como la pérdida de subvenciones y beneficios fiscales durante cuatro años o la prohibición de acceder a contratos públicos por un período de tres años. El canal de denuncias debe garantizar el anonimato de los empleados que informen sobre infracciones, malas prácticas laborales, abusos o corrupción dentro de sus organizaciones.

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(El Economista, 17-02-2025) | Laboral

El Supremo rechaza que el plus contra el absentismo cuente las faltas por conciliación

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que las empresas no pueden aplicar incentivos para reducir el absentismo laboral cuando estos contemplen como faltas, y por tanto afecten al cobro de un plus, las ausencias relacionadas con enfermedades o medidas de conciliación. En una sentencia del 20 de enero, con ponencia del magistrado Juan Molins García-Atance, el alto tribunal recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su fallo del 18 de enero de 2018, ya estableció que las empresas pueden tomar medidas para combatir el absentismo, siempre que estas no vulneren la Constitución, la Ley de igualdad de trato y no discriminación, ni la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Según el Supremo, si estos incentivos reducen o eliminan el pago del plus a quienes han estado de baja por enfermedad, se estaría incurriendo en una discriminación, ya que la normativa vigente prohíbe que la enfermedad sea motivo de desigualdad en el ámbito laboral. Asimismo, considerar como absentismo el cuidado de los hijos o la lactancia supondría una discriminación indirecta por razón de género, dado que son mayoritariamente las mujeres quienes solicitan estos permisos. Además, si se penalizan ausencias por hospitalización de familiares o por llevar a los hijos al médico, se generaría una discriminación por asociación. La sentencia aclara que las ausencias que pueden contabilizarse para estos incentivos no deben estar relacionadas con enfermedad ni con medidas de conciliación, ni pueden causar discriminación por asociación. No obstante, sí pueden considerarse faltas aquellas ausencias injustificadas o permisos que no supongan discriminación. Por ejemplo, podrían computarse las ausencias por cambio de domicilio habitual o por asistencia a exámenes, siempre que no impliquen un trato desigual. En este caso, el Supremo se ha pronunciado sobre el recurso de una empresa que había establecido en su convenio colectivo un plus para reducir el absentismo, excluyendo del cómputo las ausencias por fallecimiento de familiares. Los sindicatos impugnaron el convenio ante la Audiencia Nacional, argumentando que, al no mencionar otras causas de conciliación, implícitamente las consideraba absentismo. La Audiencia les dio la razón y anuló la parte del convenio que regulaba el cobro del plus en función de las ausencias. La empresa recurrió al Supremo alegando que la eliminación de cualquier referencia al absentismo desvirtuaba el incentivo, ya que se otorgaría el plus a todos los trabajadores sin distinción. El alto tribunal ha fallado a favor de la compañía, señalando que es legítimo establecer un complemento salarial para combatir el absentismo siempre que este tenga en cuenta únicamente las ausencias injustificadas o aquellas que no impliquen discriminación. Además, precisa que, si en la práctica se detecta una conducta ilegal por parte de la empresa, los afectados pueden presentar una demanda, pero no se puede anular el convenio en su conjunto, ya que ello eliminaría el propósito del incentivo.

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(Cinco Días, 17-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La inflación se situó en el 2,9% en enero, una décima menos de lo avanzado, por la bajada del precio del aceite de oliva

El aumento de la inflación en enero fue ligeramente menor de lo inicialmente estimado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Finalmente, el Índice de Precios de Consumo (IPC) registró un incremento del 2,9% interanual, una décima menos que el 3% previsto en un primer momento. Este ajuste se debe, en gran parte, a la notable caída del precio del aceite de oliva, que descendió un 21,9% en el último año. Según el INE, el repunte del IPC hasta el 2,9%, el nivel más alto desde junio del año pasado, cuando alcanzó el 3,4%, se debe principalmente al encarecimiento de los carburantes y de la electricidad, cuyos precios aumentaron más en enero de este año en comparación con el mismo mes de 2024. En detalle, el sector del transporte experimentó un incremento de siete décimas en su tasa interanual, situándose en el 1,3%, debido al alza en los precios de carburantes y lubricantes para vehículos particulares, en contraste con la caída que estos sufrieron en enero del año pasado. Por su parte, el grupo de vivienda elevó su tasa en cinco décimas, alcanzando el 7,9%, como consecuencia del encarecimiento de la electricidad. Cabe recordar que, desde el 1 de enero de 2025, el IVA de la electricidad volvió a su tasa original del 21%, después de haber estado reducido al 10% hasta el 31 de diciembre de 2024. En contraste, el sector de ocio y cultura redujo su tasa interanual en 1,3 puntos, quedando en un 1,9%, debido a que los precios de los paquetes turísticos bajaron más en comparación con el mismo mes del año pasado. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacó en un comunicado que la subida de una décima en la inflación de enero se debe al aumento de los precios de los carburantes y de la electricidad. Sin embargo, resaltó que la inflación en los alimentos se mantuvo en el 1,8%, más de un punto por debajo de la inflación general. "Este comportamiento positivo se debe en gran medida a la significativa reducción del precio del aceite de oliva, que ha caído un 21,9% en el último año", subrayó el departamento liderado por Carlos Cuerpo. Con este incremento del IPC interanual en enero de 2025, la inflación acumula cuatro meses consecutivos de subidas. En cuanto a la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, se redujo en dos décimas hasta el 2,4% interanual, situándose seis décimas por debajo del índice general. Este dato coincide con la estimación preliminar publicada por el INE hace dos semanas. Asimismo, la variación mensual del IPC se incrementó un 0,2% respecto a diciembre, impulsada por el encarecimiento de las gasolinas y la electricidad. Se trata del mayor aumento en un mes de enero desde el año 2000. Este repunte mensual responde, en particular, al alza de los precios en el sector de la vivienda, que subió un 3,8% debido al incremento de la electricidad, y al aumento del 0,8% en el sector del transporte, motivado por el encarecimiento de los carburantes. Por el contrario, los precios del vestido y el calzado se desplomaron un 11,2% en enero, como consecuencia de las rebajas de invierno, mientras que el sector de ocio y cultura redujo su tasa mensual un 3,3% debido a la bajada de los precios de los paquetes turísticos. Finalmente, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) aumentó una décima en enero, alcanzando el 2,9%, mientras que en términos mensuales registró una caída del 0,1%.

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(Expansión, 17-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Bruselas abrirá la mano con el gasto en Defensa en un clima de creciente tensión con EEUU

Aumentar el gasto militar del 2% al 3% del PIB "implicará cientos de miles de millones de dólares adicionales en inversión cada año", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En un contexto de reactivación de las reglas fiscales, que estuvieron suspendidas entre 2020 y 2023 debido al impacto económico del Covid y la crisis energética, Von der Leyen propuso este viernes volver a congelarlas para reforzar significativamente el gasto en defensa y enfrentar la seria amenaza que representa Rusia para la seguridad europea. "Ucrania necesita la paz a través de la fuerza; Europa quiere la paz a través de la fuerza", afirmó la presidenta de la Comisión durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra hasta el domingo en Alemania. Su discurso tuvo lugar dos días después de que Donald Trump y Vladímir Putin llegaran a un acuerdo bilateral para negociar el fin de la guerra en Ucrania, sin contar con la participación de la Unión Europea y, en un primer momento, ni siquiera con el propio Gobierno ucraniano. Von der Leyen también lanzó una advertencia a Estados Unidos: "Si Ucrania fracasa, Europa se debilitará, pero también lo hará Estados Unidos; esto intensificará los desafíos en el Indopacífico y pondrá en riesgo nuestros intereses comunes". Ante la posibilidad de que la Administración Trump abandone a Europa frente a Putin, subrayó la urgencia de incrementar el gasto en defensa. Actualmente, la UE destina alrededor del 2% de su PIB a este sector, lo que en 2024 representó 320.000 millones de euros, una cifra que considera insuficiente. "Tendremos que aumentar esa cantidad de manera significativa, ya que pasar de poco menos del 2% a más del 3% supondrá una inversión de cientos de miles de millones de dólares adicionales cada año", explicó. Para Von der Leyen, la amenaza rusa y la forma en que Estados Unidos pretende negociar el fin de la guerra en Ucrania, cediendo ante Putin, justifican la reactivación de la cláusula de escape de las reglas fiscales, lo que permitiría a los Estados miembros incrementar sustancialmente su gasto en defensa. Estas declaraciones se produjeron en un contexto de crecientes tensiones entre Bruselas y la Administración Trump, evidenciadas por las duras críticas del vicepresidente estadounidense, JD Vance, contra la UE. "La mayor amenaza para Europa no es Rusia ni China (...), lo que más me preocupa es la erosión interna de algunos de los valores fundamentales que compartimos con Estados Unidos", expresó. Previamente, Vance había insinuado posibles medidas de presión contra Rusia, sugiriendo que EE.UU. dispone de "herramientas económicas y militares" para obligar al régimen de Putin a negociar la paz. En este tenso escenario, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que solo aceptará reunirse con Putin cuando exista un plan común y coordinado entre Ucrania, Estados Unidos y Europa para avanzar hacia un acuerdo de paz. Mientras tanto, la Administración Trump ha enfriado, e incluso paralizado, la posibilidad de que Ucrania ingrese en la OTAN. Ante esta situación, Von der Leyen instó a la UE a acelerar el proceso de adhesión de Ucrania al bloque comunitario.

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(El Periódico, 17-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El BOE publica la orden que prohíbe las llamadas "spam" desde un móvil

El conjunto de medidas anunciadas por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para frenar las estafas telefónicas, comienza a ponerse en marcha. Este sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden que las hace efectivas, tras la reciente firma de la orden ministerial correspondiente. La normativa entrará en vigor dentro de 20 días, es decir, durante la primera semana de marzo, aunque las empresas que necesiten adaptar sus procesos dispondrán de un plazo de aproximadamente tres meses para hacerlo. La medida más destacada es la prohibición de realizar llamadas comerciales desde números de móvil. El objetivo de esta restricción es que los ciudadanos puedan identificar fácilmente una llamada fraudulenta cuando provenga de un número de este tipo. Con esta iniciativa, se busca evitar situaciones en las que los usuarios contesten al creer que es una llamada personal o laboral y se encuentren, en realidad, con publicidad no deseada. Asimismo, se permitirá a las empresas que cuenten con números 800 y 900 utilizarlos para realizar llamadas comerciales. Hasta ahora, estos números solo podían recibir llamadas, pero con la nueva normativa, podrán efectuarlas sin coste para el usuario. Así, si una empresa tiene asignado un número de atención al cliente y un usuario lo tiene guardado en su agenda, aparecerá identificado al recibir la llamada, facilitando su reconocimiento. El plan también introduce otras disposiciones, como la obligación de las operadoras de telecomunicaciones de bloquear llamadas y mensajes de texto procedentes de números que no estén registrados a nombre de ningún cliente o que aparenten ser nacionales cuando, en realidad, provienen del extranjero. Según el ministerio, este es uno de los métodos de fraude más comunes. Para ello, los operadores deberán implementar mecanismos que les permitan detectar si se trata de un caso de itinerancia internacional, según lo especificado en la nueva normativa. Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de definir los procedimientos para los operadores que trabajan con revendedores, evitando así posibles confusiones entre llamadas comerciales y otras legítimas. El Gobierno ha establecido un calendario para la aplicación de estas medidas. El bloqueo de llamadas y mensajes fraudulentos de origen internacional que simulen ser nacionales deberá estar en funcionamiento antes del 15 de mayo, al igual que la prohibición de llamadas comerciales desde números móviles, cuya infracción será sancionable a partir de esa fecha. Las multas por incumplimiento de esta normativa, considerada una infracción grave, podrán alcanzar los 2 millones de euros. Por otro lado, los operadores dispondrán de un plazo de 15 meses para desarrollar sistemas que permitan diferenciar entre una posible estafa y una llamada legítima de un usuario en el extranjero. "Hoy damos un paso muy importante y nos situamos a la vanguardia en Europa", declaró el ministro Óscar López, según la agencia Efe. Además, destacó que estas medidas son similares a las implementadas en países como Finlandia, donde han logrado reducir hasta en un 90 % las estafas telefónicas.

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(Expansión, 14-02-2025) | Fiscal

Trump declara la guerra comercial a la UE por el IVA

El presidente de Estados Unidos ha señalado el IVA de la Unión Europea como una práctica comercial injusta que, según él, ha favorecido a Alemania en detrimento de su país. En respuesta, su gobierno busca medidas para contrarrestar este impacto. Asimismo, ha criticado el impuesto a los servicios digitales, conocido como "Tasa Google". Donald Trump ha anunciado la aplicación de "aranceles recíprocos" a varios socios comerciales, aunque no ha especificado ni la fecha exacta de su implementación ni el monto de estos tributos. Esta estrategia refuerza la percepción de que los aranceles serán utilizados como una herramienta de negociación para reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Entre los países más afectados se encuentra la Unión Europea, a la que Trump ha calificado como "brutal" en materia comercial. Las nuevas tarifas se adaptarán a cada nación con el objetivo de compensar no solo los impuestos que aplican a los productos estadounidenses, sino también las barreras comerciales no arancelarias, como subsidios e impuestos locales. En este contexto, Trump ha argumentado que el IVA europeo actúa como un "arancel encubierto" que ha favorecido a la industria automovilística alemana, mientras que ha perjudicado a la estadounidense. "Alemania vende más coches en Estados Unidos que nosotros en su país, y no es solo por calidad o diseño, sino por prácticas comerciales desleales. Es un arancel oculto", afirmó el mandatario en una conferencia de prensa desde el Despacho Oval. Además, un informe de la Casa Blanca advierte que los países que han implementado la "Tasa Google" también podrían verse afectados por las nuevas tarifas. En este sentido, Canadá y Francia han sido los principales señalados, ya que, según el documento, recaudan más de 500 millones de dólares al año de empresas estadounidenses. España y otras naciones europeas también aplican este tipo de gravamen. Por otro lado, un alto funcionario del gobierno estadounidense mencionó a Japón y Corea del Sur como países que, según la administración de Trump, han aprovechado su relación comercial con Estados Unidos. Sin embargo, los nuevos aranceles no entrarán en vigor de inmediato, ya que todavía no han sido formalizados mediante una orden ejecutiva. En su lugar, Trump ha firmado un memorando que establece los lineamientos de su política comercial en este ámbito, lo que deja espacio para negociaciones, como ocurrió previamente con México y Canadá. Las tarifas podrían implementarse a partir de abril, según indicó Howard Lutnick, nominado a la Secretaría de Comercio, quien aseguró que el estudio de las medidas debería estar listo para el 1 de ese mes. Posteriormente, Trump tomará una decisión definitiva al respecto. "Voy a imponer aranceles recíprocos para garantizar la equidad: si un país impone un impuesto a Estados Unidos, nosotros aplicaremos el mismo gravamen, ni más ni menos", declaró Trump. "Durante mucho tiempo, el mundo ha sacado ventaja de nuestro país y hemos asumido un gran costo. Es hora de que nos traten de manera justa", añadió. De acuerdo con la normativa de la UE, el IVA se aplica a la importación de bienes y se cobra en el proceso de despacho aduanero. No obstante, cuando los productos son destinados a otro país dentro de la UE, pueden acogerse a un régimen suspensivo del IVA, lo que significa que este impuesto se pagará en el país de destino y no en el de entrada. En cuanto a los tipos impositivos, la UE establece un mínimo del 15%, aunque los países miembros pueden aplicar tarifas reducidas, siempre que no sean inferiores al 5%, en bienes específicos como alimentos, agua, medicamentos o transporte público. En algunos casos excepcionales, se permiten tipos aún más bajos para ciertos productos en determinados países. Trump ha expresado su descontento con la diferencia en los aranceles aplicados a los automóviles: mientras que Estados Unidos paga un 10% al exportar vehículos a Europa, los coches europeos solo pagan un 2,5% al ingresar al mercado estadounidense. Para él, esta disparidad es una muestra más de las prácticas comerciales desiguales que su gobierno busca corregir.

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(El Economista, 14-02-2025) | Fiscal

La vicepresidenta Díaz presiona a Montero para incluir la ayuda de 200 euros por hijo en los Presupuestos

Sumar urge al PSOE a incluir en la ley de acompañamiento del proyecto de Presupuestos de 2025 la prestación universal por hijo de 200 euros mensuales. Mientras ambos socios de Gobierno continúan negociando contrarreloj, la formación liderada por Yolanda Díaz se ha visto obligada a reducir el alcance de su propuesta inicial. En un principio, la medida estaba dirigida a más de 7,7 millones de menores de 18 años, pero su elevado coste, estimado en 1.547 millones de euros al mes, llevó a Sumar a limitarla a los menores de seis años. Con este ajuste, los beneficiarios se reducirían a 2,68 millones y el gasto mensual se situaría en 536 millones de euros. "No es aceptable que España, siendo la cuarta mayor economía de la UE, mantenga niveles tan elevados de pobreza infantil", declaró la semana pasada Carlos Martín, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar en el Congreso. La propuesta busca fusionar en una única prestación los actuales subsidios por hijo a cargo de la Seguridad Social, el complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la deducción fiscal por madre trabajadora. Sumar plantea que el pago de los 200 euros mensuales se haga a través de un ingreso directo a las familias o mediante una deducción en el IRPF, esta última opción considerada más viable al no computarse como gasto público, sino como una reducción en los ingresos fiscales. Este punto es clave, ya que la Comisión Europea vigilará de cerca la evolución del gasto en España si finalmente se decide no suspender el retorno de las reglas fiscales europeas. Díaz aspira a que la prestación se ponga en marcha este mismo año, siempre que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consiga cerrar los Presupuestos y asegurar el respaldo parlamentario necesario para su aprobación. "Es una medida que permitirá a las familias mejorar su situación y garantizar un mejor futuro para los niños y niñas de nuestro país", subrayó recientemente la vicepresidenta segunda. Esta iniciativa complementa otra de las propuestas de Sumar: la "herencia universal", que consistía en un pago único de 20.000 euros a los jóvenes al cumplir 23 años. Para financiar esta ayuda, la formación planteaba un impuesto del 4% a las grandes fortunas, pero el Gobierno descartó la medida por la dificultad de su aplicación. Además de esta prestación, Sumar insiste en incrementar el gasto en protección social para familias e infancia, con el objetivo de acercar la inversión de España a la media europea. "Nuestro país solo destina el 1,6% de su PIB a esta área, muy por debajo del 2,4% que invierten de media los países de la UE", denuncia la formación, que calcula que para cerrar esa brecha sería necesario aumentar el gasto anual en 12.600 millones de euros. Sin embargo, las demandas de Sumar chocan con las limitaciones presupuestarias. El techo de gasto aprobado, de 195.353 millones de euros, deja a Montero un margen de 6.100 millones adicionales para negociar con los distintos grupos. Estas conversaciones, que llevan meses en marcha, serán clave para la aprobación de unas cuentas que aún acumulan retraso. Por otro lado, Sumar continúa su ofensiva en materia de vivienda, exigiendo que las ayudas del Estado a las comunidades autónomas estén condicionadas a la aplicación de la Ley de Vivienda, especialmente en lo referente a la regulación de precios en zonas tensionadas. Esta es una cuestión en la que el ala socialista del Gobierno ha mostrado reticencias. "La ciudadanía tiene claro que los poderes públicos deben intervenir en el mercado de la vivienda, y aquellos partidos que no lo entiendan están dando la espalda a la sociedad", afirmó el martes Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar. Asimismo, la formación de Yolanda Díaz quiere que los Presupuestos incluyan medidas fiscales que penalicen las viviendas de uso turístico. Entre ellas, propone elevar el IVA del sector al 21%, lo que, según sus cálculos, generaría unos ingresos adicionales de 300 millones de euros anuales para la Agencia Tributaria.

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