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(El País, 14-02-2025) | Fiscal

Sumar pide a Hacienda que convoque una reunión para solucionar la crisis del salario mínimo

Sumar considera urgente resolver la crisis para evitar que se agrave. Así lo ha manifestado su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, quien ha solicitado este jueves una reunión formal entre los socios del Gobierno con el fin de encontrar soluciones que brinden seguridad cuanto antes a los 2,5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI). La polémica surge a raíz de la decisión del Ministerio de Hacienda de no actualizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) tras la subida del SMI en 50 euros para este año, lo que obligará a tributar a ciertos beneficiarios. Mientras el PSOE defiende esta postura, Sumar insiste en que el SMI debe quedar exento de tributación. Esta división en la coalición ha dado margen al Partido Popular, que respalda la propuesta de Sumar. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que, si llega a gobernar, volverá a eximir al SMI del IRPF. Tanto el PP como Sumar y Podemos han registrado iniciativas en el Congreso con este objetivo, apoyadas también por formaciones como EH Bildu, ERC y BNG. Sin embargo, el Ejecutivo evita llevar este asunto a votación, pues supondría una derrota política para el PSOE y aumentaría la tensión dentro del Gobierno. Por ello, desde la formación liderada por Yolanda Díaz insisten en buscar una solución a través del diálogo. Consideran incomprensible que el PSOE no rectifique y advierten de que cuanto más se retrase la decisión, mayor será el daño político. "Pedimos que el Ministerio de Hacienda convoque una reunión formal con las partes implicadas, ya que Trabajo ya ha cumplido su papel al subir el SMI", ha declarado Barbero en el Congreso. Además, ha subrayado que Sumar desea alcanzar un acuerdo negociado, manteniendo un tono conciliador con sus socios de Gobierno. Pese a los intentos de mostrar unidad, las diferencias persisten. Desde París, donde se encuentra en viaje oficial, Yolanda Díaz ha negado las afirmaciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien había asegurado que Sumar estaba informado de la medida. "El lunes, Cuerpo dijo que la decisión no estaba tomada", ha explicado la vicepresidenta, afirmando que su partido se enteró por los medios de comunicación. No obstante, Díaz ha descartado una crisis en la coalición: "El Gobierno goza de buena salud". Aun así, el PSOE sigue firme en su postura de no modificar el IRPF. "El Gobierno ha subido el SMI y ha reducido impuestos. No tenemos intención de cambiar los tramos, ya se hizo", ha señalado Óscar López, ministro para la Transformación Digital. Según sus datos, solo dos de cada diez trabajadores que perciben el SMI deberán tributar, y quienes antes pagaban 800 euros ahora abonarán menos de 60. López ha evitado la confrontación directa con Sumar, pero ha reafirmado la posición del PSOE como partido mayoritario del Ejecutivo. En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busca capitalizar el debate presentándose como defensor de las rentas más bajas. Desde Lleida, ha criticado la política fiscal del Gobierno y se ha comprometido a revertir la tributación del SMI si llega al poder. "Este será el primer Gobierno que somete a tributación el SMI, y yo garantizaré que se elimine nuevamente", ha declarado en una comparecencia sin preguntas. Desde la izquierda, también presionan al Ejecutivo. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que existe un amplio consenso sobre la necesidad de eximir a los trabajadores con los salarios más bajos del IRPF. "Es una cuestión de puro sentido común que tiene mayoría en el Congreso y que se va a llevar a cabo", ha afirmado en una entrevista en TVE.

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(El Periódico, 14-02-2025) | Fiscal

Los expertos propusieron a Yolanda Díaz subir el SMI a 1.184 euros brutos sabiendo que iba a tener que pagar IRPF

Desde 2018, el salario mínimo interprofesional (SMI) ha experimentado un incremento del 61%, pasando de 735,9 euros mensuales a 1.184 euros en 2025. Este aumento responde al objetivo de que el SMI represente el 60% del salario medio del país, en línea con lo estipulado por la Carta Social Europea. Para garantizar el cumplimiento de esta meta, el Gobierno cuenta con un comité de expertos cuya función principal es asesorar sobre los ajustes anuales necesarios para mantener dicho porcentaje. En su último informe, entregado el 9 de enero a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los expertos subrayaron que el Comité Europeo de Derechos Sociales, encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Social, establece que el salario mínimo no debe ser inferior al 60% del salario medio, considerando ambos en términos netos, es decir, después de impuestos. Teniendo esto en cuenta, cuando el comité propuso un aumento del SMI de entre el 3,44% y el 4,44% para 2025, lo hizo considerando que el SMI comenzaría a tributar en el IRPF, según explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De esta manera, la recomendación fue elevar el SMI bruto dentro de esa horquilla para que, tras la aplicación del IRPF, el salario neto alcanzara el 60% del salario medio neto. Finalmente, el Gobierno optó por un aumento del 4,4%, situando el SMI en 16.576 euros anuales (1.184 euros mensuales en 14 pagas). Este incremento se ajusta a la previsión de que el SMI tribute en el IRPF. Sin embargo, los expertos advirtieron que, si el Gobierno decidiera modificar el IRPF para eximir al SMI de esta tributación -como propone Yolanda Díaz-, el crecimiento del salario bruto debería ser menor para mantener el mismo nivel de SMI neto. En otras palabras, si el SMI quedara exento de IRPF, el aumento debería ser inferior al rango del 3,44%-4,44% propuesto inicialmente. De no aplicarse la tributación del IRPF al nuevo SMI de 16.576 euros, su proporción respecto al salario medio neto se situaría en torno al 70%, superando ampliamente el umbral del 60% fijado como referencia por los asesores del Ejecutivo. El informe de los expertos, compuesto por 28 páginas, profundiza en la relación entre el SMI y los impuestos. Explica que, en España, tanto los trabajadores con salario medio como aquellos que perciben el SMI contribuyen a la Seguridad Social en el mismo porcentaje. No obstante, mientras los primeros sufren retenciones por IRPF, los segundos han estado exentos de dicho impuesto en los últimos años debido a decisiones del Consejo de Ministros, que mantuvieron el SMI en el límite de tributación del IRPF. El documento argumenta que, dado que el objetivo del SMI es garantizar un nivel de ingresos que cubra necesidades básicas, lo lógico es considerar el salario neto disponible para el trabajador, en lugar del bruto, ya que una parte de este último se destina a impuestos y cotizaciones. En España, las retenciones del IRPF pueden alcanzar aproximadamente el 17%, dependiendo de la situación personal y familiar, mientras que la contribución del trabajador a la Seguridad Social es del 6,47%. En sus estimaciones para 2022, 2023 y 2024, los expertos no tuvieron en cuenta la tributación del IRPF, ya que el SMI se mantenía por debajo del umbral de tributación. Sin embargo, para 2025, al prever que cualquier incremento del SMI lo haría tributar, se propuso un aumento del salario bruto de entre el 3,4% y el 4,4% con el fin de que el salario neto alcanzara el 60% del salario medio neto. El informe concluye que, si no se modifica el umbral de tributación del IRPF, este ajuste es necesario para mantener el equilibrio entre SMI neto y salario medio neto. En cambio, si se elevara dicho umbral -como propone Díaz-, habría que recalcular las retenciones, lo que implicaría una menor subida del SMI bruto para que el salario neto no supere el 60% del salario medio.

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(El Economista, 14-02-2025) | Laboral

Las empresas negocian los planes LGTBi "in extremis" para evitar multas de 7.500 euros

Las empresas están ultimando la negociación de los planes LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales) para evitar sanciones de hasta 7.500 euros. El Real Decreto que regula estos planes, obligando a las compañías con 50 o más empleados a implementar medidas para garantizar la igualdad y evitar la discriminación del colectivo LGTBI, entró en vigor el pasado 10 de octubre. Desde entonces, las empresas tenían un plazo de tres meses, hasta el 10 de enero, para conformar las comisiones negociadoras. A partir de esa fecha, aquellas compañías sujetas a un convenio colectivo o empresarial con representación de los trabajadores disponen de otros tres meses, hasta el 10 de abril, para negociar y poner en marcha los planes. De no hacerlo, se enfrentarán a multas de 7.500 euros, la misma cantidad que se aplica en caso de incumplimiento de los planes de igualdad. Cristina Grande, directora del departamento de Derecho Laboral y Protección de Datos de Ashurst, advierte que muchas comisiones negociadoras están teniendo dificultades para llegar a un acuerdo dentro del plazo estipulado. "Las empresas se preguntan qué pasará si el convenio colectivo no se publica o actualiza a tiempo. Nosotros transmitimos calma, ya que el legislador debe ser consciente de que muchas negociaciones no avanzan tan rápido como se espera", explica. Grande recuerda que la falta de un plan para garantizar la igualdad y prevenir la discriminación en el colectivo LGTBI implica una sanción de 7.500 euros. Además, si en la empresa se produce un caso de acoso o discriminación sin contar con este plan, podrían derivarse responsabilidades adicionales. Sin embargo, la abogada señala que el Real Decreto contempla una regulación específica con medidas supletorias que las empresas pueden aplicar hasta que finalicen las negociaciones. Para evitar sanciones, sugiere incorporar este protocolo temporalmente. Otra alternativa sería solicitar una notificación formal a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, indicando que el acuerdo está en proceso, aunque con retraso, para así cubrirse legalmente. Las compañías sin representación sindical interna, que deben acudir a los sindicatos más representativos del sector, tienen un plazo de seis meses desde octubre para iniciar las negociaciones. Si tras tres meses (hasta el 10 de julio) no logran un acuerdo, podrán aprobar las medidas de manera unilateral. Además, si los sindicatos no responden a la convocatoria en un plazo de 20 días hábiles, la empresa tendrá vía libre para aplicar el plan sin necesidad de acuerdo previo.

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(El Economista, 14-02-2025) | Laboral

CEOE baraja quitar los complementos salariales durante las bajas

La patronal estudia la posibilidad de eliminar o modificar los complementos salariales que las empresas añaden a las prestaciones de la Seguridad Social para cubrir el sueldo de los trabajadores durante sus bajas laborales. Así lo afirmó este jueves Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, en declaraciones recogidas por APM. Según su criterio, estos complementos pueden llegar a cubrir casi la totalidad del salario del empleado, lo que podría incentivar el absentismo. El informe sobre absentismo laboral de 2024, elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (Amat) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), revela que el año pasado se registraron más de 8,7 millones de bajas por enfermedad o accidente no laboral. Esto supuso un coste superior a los 28.987 millones de euros en prestaciones de la Seguridad Social y gastos directos para las empresas, lo que representa un aumento del 99% en los últimos seis años. Ante esta situación, la CEOE plantea abordar el cambio a través de la negociación colectiva, revisando los convenios que incluyen estos complementos salariales mientras el trabajador se encuentra de baja. Sin embargo, fuentes de la patronal han aclarado a este diario que no buscan impulsar una reforma legal al respecto, sino que el tema se debatirá en cada sector y siempre con el compromiso de proteger a los trabajadores. "Analizaremos cada caso y tomaremos medidas. Si aumenta el número de bajas por incapacidad temporal, tenemos un problema de salud que debe ser atendido", han señalado. Además, la patronal propone reducir mediante una reforma legal el porcentaje aplicado a la base reguladora para calcular la prestación económica por incapacidad temporal derivada de enfermedades comunes, ajustándolo en función de la gravedad de la dolencia. Otra de sus propuestas es eliminar la obligación de las empresas de pagar la prestación económica por contingencias comunes entre el cuarto y el decimoquinto día de baja, trasladando esa responsabilidad exclusivamente a la Seguridad Social en caso de que la baja se prolongue. Por otro lado, Santos adelantó que la gestión de los procesos de baja por enfermedades traumatológicas de origen común pasará a ser competencia de las mutuas en breve, ya que el acuerdo en esta materia está prácticamente cerrado. En esta línea, la CEOE defiende que las mutuas asuman una "gestión integral" de las bajas por contingencias comunes, especialmente en patologías traumatológicas y psicológicas, e incluso que tengan la facultad de conceder el alta médica. Asimismo, la patronal aboga por devolver a las mutuas la capacidad de intervenir en bajas por contingencias comunes de más de 365 días de duración y propone mejorar la financiación de la incapacidad temporal en estos organismos. Para ello, plantean aumentar al 8% el coeficiente general de la fracción de cuota que perciben y establecer un mecanismo adicional de financiación para las mutuas que lo requieran, con el objetivo de equilibrar sus cuentas en la gestión de las contingencias comunes.

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(El Economista, 14-02-2025) | Laboral

Seguridad Social recauda 180 millones de euros más con el nuevo sistema de cotización de autónomos

La Seguridad Social ha recaudado 180 millones de euros adicionales gracias al nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos basado en sus rendimientos netos, según informó esta mañana la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Este mecanismo de regularización entró en vigor en enero de este año, y ayer el Ministerio finalizó la primera fase del proceso. A partir de marzo, la Tesorería de la Seguridad Social comenzará a devolver los importes a aquellos autónomos que hayan cotizado por encima de la base correspondiente a sus ingresos reales. Como resultado, 900.000 autónomos verán reducida su carga contributiva, mientras que más de 880.000 deberán asumir una cotización adicional. De acuerdo con UPTA, la implantación de este sistema "está permitiendo restablecer la justicia contributiva, ajustando las cotizaciones a los ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia". Además, el ajuste ha generado un impacto positivo en la recaudación de la Seguridad Social, con un incremento de más de 180 millones de euros en los ingresos. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) critican la lentitud del proceso. "Han pasado ya dos años desde 2023", recuerdan, señalando que esta regularización afecta a cuotas de ejercicios pasados, lo que puede perjudicar a algunos autónomos que han cambiado su situación económica, ya sea por haber cesado su actividad o por haber aumentado sus ingresos. Según los datos publicados por la Seguridad Social y recogidos por elEconomista.es, un 50,7% de los autónomos tendrán que modificar su tramo de cotización. De este grupo, el 23,8% ha cotizado por debajo de lo que les correspondía y deberá abonar una media de 450 euros adicionales (aproximadamente 38 euros más al mes). Por otro lado, el 26,8% (unos 990.000 autónomos) ha cotizado por encima de su tramo y recibirá un reembolso medio de 600 euros. El resto de los autónomos que ya estaban dados de alta en 2023 no experimentará cambios en sus cotizaciones. Tras analizar las cotizaciones de 3.729.782 trabajadores por cuenta propia presentadas por la Agencia Tributaria, se ha determinado que el 49,3% no necesitará ajustar su tramo de cotización. De este porcentaje, el 21,9% no tiene periodos regularizables y el 28,11% ha cotizado dentro de su tramo correcto. Es relevante destacar que, dentro del 26,8% de autónomos que cotizaron por encima de lo que les correspondía, el 60% ha decidido mantener su base de cotización a pesar de tener derecho a una devolución, lo que les permitirá acceder a mejores prestaciones sociales en el futuro.

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(El País, 14-02-2025) | Laboral

796 personas murieron en el trabajo en España en 2024

El año pasado, cerca de 800 personas perdieron la vida en su entorno laboral, según los datos provisionales difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo. En total, se registraron 796 fallecimientos, lo que supone un aumento del 10,4% respecto al año anterior. Este incremento es "alarmante", según Mariano Sanz, especialista en salud laboral de CC OO, quien descarta la idea de que el alza de la siniestralidad esté ligada al crecimiento del empleo, ya que la ocupación solo aumentó un 2,4% en el mismo periodo, una diferencia de ocho puntos. "Demasiadas personas mueren en el lugar donde deberían ganarse la vida. Estos datos se asemejan más a un parte de guerra que a un informe de accidentes laborales", lamenta José de las Morenas, coordinador de la secretaría confederal de Salud Laboral de UGT. Del total de fallecimientos, 646 ocurrieron durante la jornada laboral, 65 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 11,2%. También aumentaron las muertes in itinere, es decir, aquellas que suceden en el trayecto de ida o vuelta al trabajo, con 150 casos, un 7,1% más. Este es el segundo peor registro de la serie histórica, solo superado por el de 2022, cuando se alcanzaron 826 muertes. Entre las principales causas de los accidentes mortales, destaca el aumento de fallecimientos por impacto con un objeto en movimiento, que se duplicaron en un año, pasando de 22 en 2023 a 46 en 2024. También se registraron más muertes por infartos, derrames cerebrales y otras causas naturales (266, un incremento de 21), por accidentes de tráfico durante la jornada laboral (96, cinco más) y por atrapamientos, aplastamientos o amputaciones (99, con 12 casos adicionales). Al ser consultada sobre este incremento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó: "La siniestralidad ha aumentado en España y a nivel mundial. Es un problema gravísimo en el que estamos trabajando junto a los agentes sociales, especialmente en la prevención de riesgos laborales". Además, hizo un llamado a empresarios y trabajadores para reforzar la prevención en el ámbito laboral. Por sectores, los servicios registraron el mayor número de accidentes mortales con 326 casos, 44 más que el año anterior. Le siguen la construcción (135, con un aumento de cuatro), la industria (116, con 20 más) y el sector agrario (69, con tres menos). No obstante, al analizar la incidencia -es decir, la proporción de accidentes en relación con el número de trabajadores- el mayor incremento se observó en la industria, donde pasó de 4,07 a 4,84 por cada 100.000 empleados. En los servicios, subió de 1,83 a 2,06; en la construcción, de 9,49 a 9,61; y en el sector agrario, aunque descendió de 10,33 a 9,73, sigue siendo la actividad con mayor tasa de siniestralidad. Una vez más, la mayoría de las víctimas fueron hombres, con 728 fallecimientos (91% del total), lo que supone un aumento de 70 respecto al año anterior. En el caso de las mujeres, se registraron 68 muertes, cinco más que en 2023. Este desequilibrio se debe en gran parte a que los hombres predominan en sectores con mayor índice de accidentes, como la construcción y la agricultura. A pesar del aumento en la mortalidad laboral, el número de accidentes con baja apenas varió, pasando de 624.911 en 2023 a 628.300 en 2024, un leve incremento del 0,5%. Para Mariano Sanz, esta diferencia es una "anomalía" y señala tres factores que explican el aumento de los fallecimientos: la falta de recursos en la Inspección de Trabajo, la escasa formación en prevención entre empresarios y gerentes, y la desregulación en materia de seguridad laboral. "Las reformas impulsadas por el Partido Popular han convertido la prevención en un negocio donde prima el costo sobre la calidad", sostiene. Por otro lado, algunos expertos apuntan al envejecimiento de la población trabajadora como un factor determinante en el aumento de la siniestralidad. "La edad, al igual que el género, es un aspecto clave en la seguridad laboral. No es la persona quien debe adaptarse al trabajo, sino el trabajo a la persona. Las condiciones laborales afectan de manera muy distinta a un joven de 18 años que a un trabajador de 60", explica De las Morenas. Además, subraya que el estrés y la sobrecarga laboral están detrás del incremento de infartos y derrames cerebrales, problemas agravados por la conectividad permanente y los entornos laborales con altos niveles de presión. "Los riesgos psicosociales siguen siendo de los menos evaluados", concluye.

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(Expansión, 14-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump reclama a Zelenski acceso a las tierras raras de Ucrania

Donald Trump busca acceder a la explotación de las tierras raras en Ucrania, un negocio cuyo valor se estima en alrededor de 500.000 millones de dólares. Además de estos minerales estratégicos, el subsuelo ucraniano alberga importantes reservas de uranio y aluminio. El próximo 24 de febrero se cumplirán tres años desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Durante este tiempo, Estados Unidos ha brindado apoyo militar y financiero al gobierno de Volodímir Zelenski, con una inversión de 65.900 millones de dólares, según datos del Departamento de Estado estadounidense. Sin embargo, la llegada de Trump a la presidencia el pasado 20 de enero supuso el fin del programa de ayuda económica y militar de Washington a Kiev. Ahora, el expresidente ha puesto condiciones para cualquier respaldo futuro: ha solicitado que Estados Unidos tenga acceso a la explotación de los recursos naturales del país. Zelenski ha expresado su disposición a negociar, siempre que EE.UU. continúe proporcionando asistencia. Según cálculos de la Casa Blanca, la explotación de estos minerales, esenciales para la industria tecnológica, la movilidad eléctrica y la defensa, podría generar beneficios de hasta 500.000 millones de dólares para Estados Unidos. El interés de Trump por los recursos naturales no se limita a Ucrania. Groenlandia, cuyo subsuelo también es rico en tierras raras, ha llamado su atención debido a que el deshielo provocado por el cambio climático facilita su extracción. Por esta razón, el expresidente ya ha expresado su intención de comprar la isla a Dinamarca, o incluso tomarla por la fuerza. Actualmente, China domina el mercado mundial de tierras raras. De acuerdo con el East Asia Forum, el gigante asiático controla entre el 50 % y el 60 % de la minería de estos elementos y cerca del 80 % de su procesamiento. Estados Unidos, por su parte, importa aproximadamente el 78 % de estos minerales desde China. Ucrania, aunque se encuentra entre los diez países con mayor potencial de extracción, enfrenta importantes desafíos en este sector. La falta de infraestructura adecuada y la ubicación de muchas reservas en zonas de conflicto dificultan su desarrollo. A pesar de la ausencia de información oficial detallada, el Instituto de Geología de Ucrania ha identificado la presencia de elementos como lantano, neodimio, erbio, lutecio e itrio en áreas bajo ocupación rusa. Un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Ucrania menciona también la existencia de escandio, un mineral clave para la industria aeroespacial. Otro estudio de 2022, financiado por la Unión Europea, resalta que Ucrania posee algunas de las mayores reservas de escandio a nivel mundial, además de itrio, utilizado en dispositivos como filtros de microondas y radares. Según la Asociación Nacional de la Industria Extractiva de Ucrania (ANIEU), el valor de estos minerales oscila entre los 50 y los 200 dólares por kilogramo, dependiendo del elemento. George Popov, analista de la patronal de la industria extractiva ucraniana, ha señalado que, si se exploraran todas las reservas potenciales del país, su valor podría alcanzar miles de millones de dólares. Sin embargo, la falta de estudios geológicos precisos y la opacidad en la información oficial, debido a razones de seguridad, dificultan las estimaciones exactas. Además, la burocracia excesiva y contradictoria representa otro obstáculo para atraer inversión extranjera y consolidar la explotación de estos recursos. A esto se suma el impacto de la guerra en la infraestructura ucraniana. Muchas de las reservas minerales del país se encuentran en la región de Dnipropetrovsk, una zona central limítrofe con las parcialmente ocupadas Zaporiyia y Donetsk. Si Rusia continúa avanzando en el frente de batalla, podría apoderarse de esta estratégica área, que también es rica en minerales de hierro. Aunque Trump ha centrado su discurso en las tierras raras, el interés inmediato de Estados Unidos en Ucrania podría dirigirse hacia otros recursos ya explotados en el país, como el aluminio y el uranio. Zelenski ha mencionado estos metales como posibles activos en una negociación para asegurar la continuidad del apoyo de Washington. Según el mandatario ucraniano, las mayores reservas de aluminio y uranio de Europa se encuentran en Ucrania central, lo que convierte a la nación en un actor clave en el sector minero del continente.

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(El País, 14-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España registró en 2024 el nivel más bajo de población en riesgo de pobreza desde el estallido de la crisis financiera de 2008

La Encuesta de Condiciones de Vida, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja una mejora en la situación económica de la población. La tasa de personas en riesgo de pobreza ha descendido al 19,7%, marcando una reducción respecto al 20,2% registrado en 2023 y situándose muy por debajo del máximo alcanzado en 2016, tras la crisis económica. A pesar de este avance, la carencia material y social severa afectó al 8,3% de los españoles en 2023, manteniéndose en niveles similares a los de 2021. La disminución de la tasa de pobreza representa un alivio después de años de incertidumbre derivados de la pandemia y la posterior crisis inflacionaria, que incrementaron la precariedad en el país. Durante la crisis sanitaria, las restricciones económicas y la contracción del mercado laboral elevaron este índice al 21,7% en 2021. Posteriormente, la inflación de 2023 dificultó aún más la situación, haciendo que los niveles de pobreza superaran los registrados antes de la pandemia. Sin embargo, en el último año se ha producido una notable mejoría. El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2024 ha superado las expectativas, impulsado por la recuperación del turismo, el dinamismo del sector servicios y una mayor estabilidad en el empleo. La tasa de desempleo ha continuado su tendencia a la baja, situándose por debajo del 11% por primera vez en 16 años. Además, el número de hogares en los que todos sus miembros están desempleados ha disminuido, mientras que aquellos en los que todos los integrantes trabajan han aumentado, favoreciendo la estabilidad económica de muchas familias vulnerables. Las políticas gubernamentales han sido clave en esta evolución positiva. El incremento progresivo del salario mínimo interprofesional ha mejorado la situación de los trabajadores con ingresos más bajos. Al mismo tiempo, el refuerzo del sistema de protección social, con medidas como el Ingreso Mínimo Vital y el aumento de las ayudas a familias con hijos, ha servido para paliar los efectos de la inflación. A pesar de estos avances, un cuarto de la población sigue enfrentando serias dificultades económicas. La tasa de pobreza y exclusión social, medida a través del indicador AROPE, se sitúa en el 25,8%, reflejando la persistencia de desigualdades, aunque es la mejor cifra de la última década. Este índice incluye a quienes se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: riesgo de pobreza, carencia material y social severa o baja intensidad en el empleo (personas que trabajaron menos del 20% de su potencial laboral en el último año). Según estos criterios, un 8% de la población sigue registrando una baja intensidad laboral, aunque es el nivel más bajo desde que se comenzaron a recopilar estos datos en 2014. Además, el 19,7% está en riesgo de pobreza, lo que significa que sus ingresos anuales son inferiores a la media de hogares similares. Por otro lado, el 8,3% de la población enfrenta una grave carencia material y social. Aunque este último porcentaje ha disminuido siete décimas con respecto a 2023, todavía no se ha alcanzado el mínimo histórico. Las personas en esta última categoría sufren al menos siete de las 13 dificultades contempladas en la encuesta. Entre ellas se incluyen la imposibilidad de irse de vacaciones una vez al año, consumir carne, pollo o pescado cada dos días, mantener la vivienda con una temperatura adecuada o disponer de conexión a internet. También enfrentan problemas para afrontar gastos imprevistos, pagar el alquiler o la hipoteca, renovar muebles y ropa dañada, o reunirse con amigos al menos una vez al mes. En 2024, el 35,8% de los hogares no pudo afrontar gastos imprevistos, una leve mejoría respecto al 37,1% del año anterior, mientras que el 33,4% no pudo permitirse vacaciones, lo que supone un incremento de tres décimas respecto a 2023. Por grupos de población, los menores de 16 años son el colectivo más afectado por el riesgo de pobreza y exclusión social, con una tasa del 34,7%, la más alta desde que se tienen registros. En contraste, la situación ha mejorado para los mayores de 65 años, cuya tasa ha descendido en casi un punto y medio hasta el 19,5%. Las diferencias regionales también son significativas. Las zonas rurales presentan los niveles más elevados de pobreza, mientras que las áreas industriales y aquellas con una alta presencia de población extranjera muestran mejores cifras. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia registraron tasas AROPE superiores al 30%. En el extremo opuesto, el País Vasco reportó una tasa inferior al 15%, mientras que Baleares y Navarra se situaron en el 16% y 18%, respectivamente.

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(El Periódico, 14-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

España supera los 49 millones de habitantes gracias al aumento de la población extranjera

La población residente en España volvió a aumentar durante el cuarto trimestre de 2024, sumando 115.612 personas y alcanzando un nuevo máximo histórico. A 1 de enero de 2025, el número de habitantes en el país ascendía a 49.077.984, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En términos anuales, el incremento poblacional fue de 458.289 personas. Como ha ocurrido en los últimos años, este crecimiento se debe principalmente a la llegada de inmigrantes, ya que la población nacida en España continúa en descenso debido a la baja natalidad. De hecho, el informe refleja que, en comparación con el tercer trimestre de 2024, había 20.505 españoles menos nacidos en el país. Por el contrario, el número de extranjeros residentes en España aumentó en 100.793 personas entre octubre y diciembre de 2024, acercándose a los 7 millones de habitantes de nacionalidad extranjera (concretamente, 6.852.348). El resto de la población, unos 42 millones de personas, tiene nacionalidad española, aunque no todos nacieron en el país, ya que muchos adquirieron la ciudadanía posteriormente. Si se analiza el lugar de nacimiento, alrededor de 39 millones de residentes en España han nacido en el país, mientras que más de 9 millones son originarios del extranjero. Durante el último trimestre de 2024, las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados fueron la colombiana (43.400 personas), la venezolana (30.500) y la marroquí (27.700). Sin embargo, la migración no solo implica llegadas, sino también salidas. En el mismo periodo, muchos extranjeros decidieron abandonar España, ya sea para regresar a su país de origen o trasladarse a otros destinos. Entre los emigrantes, las nacionalidades con mayor número de salidas fueron la marroquí (12.300 personas), la colombiana (11.900) y la rumana (9.900). El crecimiento poblacional se reflejó en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Los mayores aumentos se registraron en la Comunitat Valenciana (0,47%), la Comunidad de Madrid (0,44%) y Cataluña (0,34%). Por último, el informe del INE señala que el número de hogares en España alcanzó los 19.425.559 a comienzos de 2025, lo que supone un incremento de 33.401 en el último trimestre del año anterior.

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(La Vanguardia, 14-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña convoca una convocatoria de suelo público para construir viviendas

El Govern de la Generalitat de Cataluña ha anunciado una nueva medida dentro de su plan para construir 50.000 viviendas protegidas antes de 2030. El president, Salvador Illa, informó ayer que el Consell Executiu aprobará el próximo martes la puesta en marcha de la primera convocatoria para reservar solares destinados a la construcción de viviendas asequibles. Durante un acto en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), junto al presidente Pedro Sánchez, Illa explicó que todos los terrenos disponibles de la Generalitat se integrarán en la Reserva Pública de Suelo de Catalunya. Además, el objetivo es sumar también terrenos de los ayuntamientos y del Estado. Los solares cedidos se ofrecerán en distintos lotes a promotores, quienes podrán presentar propuestas para construir viviendas sociales destinadas al alquiler asequible. El Govern tiene previsto lanzar una segunda convocatoria antes de que termine el año. "Cuando se trabaja en colaboración, los beneficios se multiplican", destacó Illa, reafirmando el compromiso de su gobierno para acelerar la construcción de viviendas de forma más eficiente y rápida. En esta línea, el president adelantó que el próximo martes también se aprobará un conjunto de medidas destinadas a agilizar los trámites administrativos para la edificación de viviendas. Entre ellas, se plantea una reforma de la ley de urbanismo con el propósito de aumentar la capacidad de construcción en menos tiempo, lo que requerirá el respaldo del Parlament. Asimismo, se prevé la creación de una nueva licencia "básica" que facilitará el inicio de los trámites previos. Como parte de su estrategia para ampliar el parque de vivienda social, el Govern del PSC ha concretado la compra de 1.200 pisos a las inmobiliarias InmoCaixa y Divarian, con el objetivo de destinarlos al alquiler asequible.

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