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(El Correo, 18-11-2024) | Laboral

Díaz asegura que se implantará la jornada de 37,5 horas "antes de que termine el próximo año"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, ha confirmado que la jornada laboral de 37,5 horas semanales será una realidad "antes de que finalice el próximo año", a pesar de la oposición expresada por la patronal. En una entrevista publicada este domingo en El Correo, la líder de Sumar ha criticado a la CEOE, señalando que está motivada por "razones ajenas a la defensa de las empresas". Además, ha reprochado a su presidente, Antonio Garamendi, por adoptar una postura "más política y alineada con un partido concreto, que ni siquiera es el Partido Popular". Según Díaz, tiene constancia de que el PP es "receptivo" a esta propuesta. A pesar de estas discrepancias, Díaz ha destacado que mantiene una "excelente relación" tanto con Garamendi como con la CEOE en general, aunque ha subrayado que existen desacuerdos en ciertos temas. En este contexto, ha lamentado que las declaraciones recientes de Garamendi le parecen "poco propias de su figura". "Echo de menos al señor Garamendi que defendía a las empresas, a los trabajadores, que entendía las circunstancias, y que afirmaba que un 'rider' no es un emprendedor", ha señalado la vicepresidenta. Por otro lado, Díaz también se ha referido al salario mínimo para 2025, anunciando que la comisión de expertos encargada de analizar su actualización se formará antes de diciembre. Ha insistido en que España tiene "salarios muy contenidos" y que el aumento salarial es una herramienta clave para mejorar la "eficiencia económica". En cuanto al bloqueo del Partido Popular al nombramiento de Teresa Ribera como comisaria europea, Díaz ha criticado duramente a los populares. Según ha declarado, "cuando el PP debe elegir entre España y su partido, siempre elige su partido". Este comportamiento, en su opinión, representa "una grave ruptura con la institucionalidad europea".

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(El Periódico, 18-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Las expectativas de recortes del BCE se intensifican en un contexto marcado por la debilidad de la actividad económica europea

El euro ha registrado una caída del 3% desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos la semana pasada, situándose por debajo de los 1,05 dólares, un nivel no visto desde octubre de 2023. La moneda europea enfrenta presiones debido a la llegada del republicano a la Casa Blanca y a la previsión de medidas proteccionistas y arancelarias, lo que impactará negativamente en una economía europea ya debilitada, con un crecimiento que apenas logra evitar el estancamiento. Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, ha señalado que "la incertidumbre se ha disparado". En este contexto, el Banco Central Europeo (BCE) podría verse obligado a acelerar los recortes de tipos de interés, llevándolos hasta un nivel terminal del 1,5% para finales de 2025, algo que beneficiaría a los titulares de hipotecas. Según el experto, no será necesario que los aranceles entren en vigor para que el BCE adopte una postura más cautelosa, ya que "un aumento sostenido de la incertidumbre sobre la política comercial podría impactar rápidamente en los indicadores de confianza antes de que se implementen medidas concretas". Segura-Cayuela considera poco probable que el BCE recorte los tipos en 50 puntos básicos durante su reunión de diciembre, aunque esta medida podría llegar en el primer trimestre de 2025. Desde Banca March, los analistas han destacado que tanto las recientes declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, como las actas del BCE, indican que los bancos centrales esperarán a diciembre para ajustar sus políticas monetarias de cara a 2025. Según estos expertos, la llegada de Trump introduce nuevas variables en los escenarios económicos, como posibles aranceles estadounidenses, cambios en el comercio internacional y un mayor déficit fiscal en Estados Unidos. "Este margen de tiempo permitirá a los equipos económicos de ambas instituciones conocer más detalles sobre el programa del presidente electo", han explicado. En base a esto, Banca March ha revisado su previsión para los tipos de interés en Estados Unidos, eliminando una bajada prevista para el próximo año, lo que dejaría las tasas en un rango de entre el 3,75% y el 3,50% hacia finales de 2025. En Europa, sin embargo, mantienen su expectativa de cinco recortes antes de que termine el próximo año. Por último, los analistas de Renta 4 han señalado que las expectativas de recortes de tipos por parte del BCE han ganado fuerza en un entorno caracterizado por la fragilidad de la economía europea y la presión sobre el euro derivada de las políticas anunciadas por Trump.

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(Expansión, 15-11-2024) | Fiscal

Los impuestos a la banca "no deben afectar ni a la solvencia del sector ni a la concesión del crédito

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió este jueves que los impuestos dirigidos al sector bancario no deben comprometer la solvencia de las entidades ni limitar la concesión de crédito, enviando un mensaje claro al Gobierno español. Durante su participación en un encuentro financiero organizado por Deloitte y ABC, De Guindos fue consultado sobre el impuesto a la banca en España y señaló que no todos los gravámenes al sector son iguales, poniendo como ejemplo el caso de Italia. En el modelo italiano, explicó, los bancos pueden reducir la carga fiscal si destinan parte de sus beneficios a reforzar su solvencia, una medida que, según De Guindos, estaría en línea con los principios del BCE de no perjudicar la estabilidad financiera ni el acceso al crédito. Sin embargo, en el caso español, afirmó que desconoce el impacto que podría tener este impuesto, pero dejó claro que cualquier cambio será evaluado por el BCE con esos criterios en mente. Desde su anuncio, las entidades financieras en España han expresado preocupación por este tipo de impuesto, argumentando que es discriminatorio y podría reducir su capacidad para otorgar créditos al erosionar su capital. Sobre la situación económica en Europa, De Guindos reconoció que la recuperación no ha sido como esperaba el BCE, aunque destacó como positivo que la inflación haya disminuido sin que el continente haya caído en recesión. No obstante, subrayó que, pese a la mejora del poder adquisitivo por la combinación de menores precios y aumentos salariales, esto no se ha traducido en un incremento del consumo. Según el vicepresidente del BCE, esto podría deberse a que las familias anticipan posibles subidas de impuestos destinadas a reducir el déficit público, lo que las lleva a ser más cautelosas con sus gastos. De Guindos también enfatizó que la política monetaria tiene limitaciones y que el objetivo principal del BCE es controlar la inflación. El crecimiento económico, añadió, depende de factores como los mercados de bienes y servicios, el mercado laboral, las reformas estructurales y la competitividad de cada país. Asimismo, destacó las disparidades entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea en términos de crecimiento económico, mencionando factores como el gasto público o el aumento de población derivado de la inmigración, como ha ocurrido en España. Por otra parte, alertó sobre el riesgo de una "guerra comercial" tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, si este decide imponer nuevos aranceles. Advirtió que una respuesta similar de otros países podría agravar la situación. Sobre las diferencias en la valoración bursátil de los bancos europeos frente a los estadounidenses, De Guindos señaló que en Europa las valoraciones son más bajas debido al menor potencial de crecimiento económico, la falta de una unión bancaria y la incertidumbre en torno a los impuestos. Sin embargo, rechazó la tesis de algunos banqueros españoles que atribuyen esta diferencia a la regulación. "Es fácil culpar a la regulación, pero creo que la brecha en las cotizaciones responde a otros factores", afirmó. Finalmente, abogó por avanzar en la integración europea y destacó la importancia de fomentar fusiones transfronterizas en el sector financiero.

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(Expansión, 15-11-2024) | Fiscal

La Comunidad de Madrid aprueba ocho bajadas fiscales con ahorro de 150 millones de euros en vivienda

La Asamblea de Madrid aprobó este jueves dos nuevas leyes que incluyen ocho recortes fiscales, centrados especialmente en la compra y el alquiler de vivienda, además de incentivos para atraer inversión extranjera. Estas medidas contrastan con la política del Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, que desde 2018 ha implementado más de 80 subidas de impuestos y prepara 46 nuevos gravámenes. Por su parte, la Comunidad de Madrid ha convertido la reducción progresiva de impuestos en un pilar de su estrategia económica, basada en la idea de que bajar impuestos fomenta la inversión, impulsa la actividad económica y el empleo, y genera más ingresos gracias al aumento de las bases imponibles. Este modelo, vigente en la región desde hace más de dos décadas, se ha acelerado bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, con más de 20 bajadas de impuestos desde 2019, a las que ahora se suman casi una decena más. Con la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid, las nuevas leyes incluyen reducciones fiscales que supondrán un ahorro de 150 millones de euros solo en el ámbito de la vivienda. Además, se han introducido incentivos destinados a captar talento e inversión extranjera, en un contexto en el que la mayor presión fiscal a nivel nacional sobre sectores como la banca, las energéticas y grandes patrimonios ha dificultado la atracción de capital foráneo. En cuanto a vivienda, un tema prioritario para las Administraciones Públicas debido al creciente malestar social, se han aprobado cinco deducciones en el IRPF. Estas medidas van desde incentivos para promover el alquiler de viviendas vacías hasta bonificaciones para quienes trasladen su residencia habitual a municipios menos poblados de la región, pasando por ayudas para paliar el impacto del encarecimiento de las hipotecas. Entre las medidas destacadas se encuentra una deducción de 1.000 euros en el IRPF para pequeños propietarios que alquilen viviendas vacías durante al menos tres años, lo que beneficiará a unos 20.000 contribuyentes con un ahorro total de 20 millones de euros. Asimismo, para combatir la despoblación en municipios con menos de 2.500 habitantes, los menores de 35 años que establezcan su residencia habitual en estas localidades podrán deducirse 1.000 euros en el IRPF, ya sea que alquilen o compren vivienda. En caso de compra, podrán acceder a una deducción adicional del 10% del precio, con un límite de 1.546 euros anuales durante diez años, medida que se espera beneficie a unos 1.200 jóvenes con un ahorro total de 1,6 millones de euros. A estas deducciones se suma una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para la compra de viviendas de segunda mano, y en Actos Jurídicos Documentados para viviendas nuevas, lo que supondrá un costo fiscal de 7 millones de euros para la región. Otra medida aprobada amplía de 35 a 40 años la edad máxima para deducirse el alquiler de vivienda habitual en el IRPF, beneficiando a 45.000 nuevos contribuyentes y generando un ahorro anual de 50 millones de euros. Además, se ha introducido una bonificación de hasta 300 euros al año para quienes afronten el encarecimiento de las hipotecas variables, lo que supondrá un alivio fiscal de 90 millones para 450.000 hipotecados. Finalmente, se ha aprobado una deducción del 20% en el IRPF para extranjeros o españoles residentes en el extranjero que establezcan su residencia habitual e inviertan en la Comunidad de Madrid. Aunque esta medida excluye la inversión en inmuebles, incluye activos como bonos, acciones y participaciones en empresas, siempre que la residencia fiscal y la inversión se mantengan en la región durante al menos seis años.

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(El País, 15-11-2024) | Fiscal

El Gobierno aplaza de nuevo la votación de la reforma fiscal ante la falta de apoyos

Para evitar su fracaso definitivo. Ante la falta de apoyos suficientes para sacar adelante su propuesta tributaria, PSOE y Sumar decidieron suspender la votación por segunda vez en la misma semana, con el objetivo de ganar tiempo hasta el lunes para continuar negociando. Esta decisión deja en suspenso el futuro del paquete fiscal pactado por la coalición, que incluye nuevos impuestos a banca, vapeo y bienes de lujo, un aumento de la presión fiscal sobre el ahorro y las Socimis, así como la recuperación de subidas fiscales anuladas por los tribunales. Además, compromete los acuerdos de recaudación con la Unión Europea y la implementación del tipo mínimo global para multinacionales. En la construcción de esta reforma, el PSOE priorizó alcanzar un acuerdo con el PNV y Junts antes que con Sumar, su socio de coalición. Este pacto implicó renunciar al impuesto al sector energético, algo que ha generado el rechazo de Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG, aliados habituales del Gobierno, que ahora son el foco de las negociaciones. Al constatar que no lograba el consenso necesario en la Comisión de Hacienda del Congreso, prevista para este jueves tras el Pleno, el Ejecutivo volvió a posponer la reunión hasta el lunes. Esta comisión debe debatir las propuestas fiscales presentadas como enmiendas al proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global del 15% para multinacionales, entre las que se incluye el paquete de reforma fiscal del Gobierno. El acuerdo inicial del PSOE con Junts y PNV incluyó la eliminación del impuesto a las empresas energéticas tras las amenazas de deslocalización de Repsol. A cambio, se acordó prorrogar durante tres años el gravamen a la banca, con condiciones más suaves, y compensar la eliminación del impuesto energético igualando los tributos sobre el diésel y la gasolina, aunque excluyendo el gasóleo profesional. Posteriormente, Sumar exigió incluir sus propias propuestas en la reforma, como aumentar en dos puntos el tipo marginal del IRPF sobre las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros, hasta un 30%; reactivar alzas fiscales en el Impuesto de Sociedades previamente anuladas por el Tribunal Constitucional; implementar impuestos a bienes de lujo y vapeo; subir los gravámenes sobre tabaco; aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos; eliminar el régimen fiscal especial de las Socimis y las exenciones fiscales para seguros sanitarios. Sin embargo, estas propuestas de Sumar han llevado a Junts y PNV a reconsiderar sus apoyos, al tiempo que han generado nuevas demandas por parte de los aliados de izquierda, como Unidas Podemos, ERC, Bildu y BNG, quienes insisten en mantener el impuesto al sector energético. Ante este panorama, el Gobierno suspendió la votación por segunda vez, tras haber hecho lo mismo el lunes pasado. Incluso, durante las negociaciones, se consideró como una posibilidad que la Comisión aprobara únicamente el proyecto de ley para transponer el tipo mínimo global, dejando de lado la reforma fiscal para ser renegociada. El PP se ofreció a apoyar esta transposición si el Gobierno renunciaba a las medidas tributarias adicionales. A pesar de ello, el Ejecutivo decidió hacer un último intento para lograr un acuerdo contrarreloj. El Gobierno confía en que este retraso no impida aprobar la reforma antes de fin de año. Aunque la Comisión se ha pospuesto al lunes, la votación final en el Pleno del Congreso sigue prevista para el jueves siguiente. Incluso podría darse el caso de que las enmiendas no se cierren en la Comisión y sean debatidas y votadas directamente en el Pleno, lo que ampliaría el plazo de negociación hasta tres días más. Después de eso, el texto deberá pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría, y posiblemente volver al Congreso, lo que podría llevar las votaciones hasta las festividades navideñas.

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(El Economista, 15-11-2024) | Fiscal

El golpe a las socimis pone en riesgo el 61% de la inversión inmobiliaria en España

La propuesta del Gobierno para eliminar el régimen fiscal de las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria) en España pone en peligro una parte significativa de la inversión inmobiliaria en el país. Según alertan los principales actores del sector, un cambio de esta magnitud podría "espantar al capital internacional". Desde 2014, la inversión extranjera representa, en promedio, el 61% del volumen total de transacciones en el mercado inmobiliario español, según datos de la consultora Savills. En lo que va de año, aunque este porcentaje ha bajado, todavía un 40% de los cerca de 9.000 millones de euros invertidos en bienes inmuebles corresponde a capital extranjero, lo que equivale a 3.533 millones de euros provenientes de inversores internacionales. El anuncio de esta medida coincide con un momento de recuperación del sector inmobiliario a nivel global, que se había visto paralizado en 2023 por la subida de los tipos de interés. Savills estima que la inversión en los principales 16 mercados inmobiliarios del mundo alcanzará este año los 747.000 millones de dólares, un aumento del 7% respecto a 2023. Además, proyecta que la inversión global se acerque al billón de euros en 2025, con un crecimiento del 25%. El impacto de la medida no solo afectaría a la inversión futura, sino también a la ya realizada por las socimis, que cuentan con una capitalización conjunta de más de 24.000 millones de euros repartidos entre más de 124 sociedades. Las dos mayores socimis del país, Merlin Properties y Colonial, ambas cotizadas en el Ibex 35, ya han advertido que considerarían trasladar sus sedes fuera de España si esta reforma se aprueba. La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) advierte que esta reforma fiscal podría poner en riesgo hasta 15.000 millones de euros de inversión acumulada en el sector desde 2014. "El Gobierno debería replantearse este cambio en el sistema tributario para no comprometer el éxito alcanzado por las socimis en España. Esta decisión podría llevar a estas sociedades a buscar otros países donde cotizar y desarrollar nuevos proyectos", afirmó Ricardo Martí-Fluxá, presidente de la ACI. Merlin Properties, por su parte, compara el régimen de las socimis en España con los REITs (fondos de inversión inmobiliarios) internacionales y denuncia que las modificaciones propuestas suponen, en la práctica, la eliminación de este modelo fiscal. "El régimen de las socimis es un activo clave para el crecimiento económico de España", asegura la compañía dirigida por Ismael Clemente, que rechaza los argumentos que vinculan a las socimis con la problemática de la vivienda. En la misma línea, Juan José Brugera, presidente de Colonial, calificó la posible eliminación del régimen de las socimis como "muy grave" y advirtió que, de concretarse, España se convertiría en un "territorio prohibido" para la inversión internacional. "Este régimen es una adaptación al contexto español de estándares internacionales. Cambios de esta naturaleza hacen que el mercado español pierda atractivo para los inversores extranjeros", concluyó.

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(El País, 15-11-2024) | Laboral

El teletrabajo crece respecto al año pasado, pero poco: solo un 15% de los ocupados dice hacerlo

El teletrabajo sigue siendo una opción accesible para muchos empleados, aunque su auge durante la pandemia ha ido disminuyendo progresivamente. Según la última Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de trabajadores que realizan su labor a distancia ha crecido ligeramente en el último año, aumentando en 1,3 puntos porcentuales hasta alcanzar el 15,1% del total. De media, estos empleados trabajaron desde casa tres días a la semana, una cifra que se mantiene prácticamente igual que en años anteriores. El número de días que un empleado puede trabajar desde casa debe definirse mediante la negociación colectiva. Sin embargo, pese al interés generalizado de los trabajadores por este modelo, muchas empresas optaron por un retorno al trabajo presencial. A pesar de ello, quienes aún tienen la posibilidad de teletrabajar lo valoran positivamente, otorgándole una calificación de 8,7 sobre 10. En cuanto a las regiones donde el teletrabajo está más implantado, los datos reflejan que es más común en comunidades con un tejido empresarial más desarrollado. La Comunidad de Madrid lidera con un 26,7% de trabajadores teletrabajando, seguida de Cataluña (21,5%) y Andalucía (13,5%). El porcentaje de ocupados que pueden teletrabajar durante la semana reflejada en la encuesta -realizada entre el 1 de abril y el 28 de junio de este año- varía según el total de empleados, un dato que ha ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, el número de personas cuyos empleos principales no les permiten teletrabajar se ha mantenido relativamente estable. En 2021, cerca de 65.000 personas afirmaban no poder teletrabajar, mientras que en 2023 esta cifra apenas varió, situándose en 66.500. Los datos de la encuesta también analizan el uso que los hogares hacen de las herramientas digitales. Según el informe, el 79,7% de las personas de entre 16 y 74 años interactuó con administraciones o servicios públicos a través de Internet en los últimos 12 meses, principalmente para consultar información almacenada (61,5%) o para concertar citas y reservas (58,8%). Además, los dispositivos como ordenadores y teléfonos inteligentes fueron ampliamente utilizados para realizar compras en línea, una actividad muy popular entre los hogares españoles. El 55,5% de la población de esta franja de edad adquirió productos físicos en el último año, lo que representa un aumento de 0,9 puntos respecto a 2023. Asimismo, cuatro de cada diez personas descargaron productos o contrataron suscripciones en los últimos tres meses, lo que supone un incremento de 3,2 puntos respecto al año anterior. Por otro lado, un 23,9% contrató servicios de alojamiento (2 puntos menos que en 2023), mientras que un 22,7% utilizó servicios de transporte (2,1 puntos más). Los productos más demandados fueron ropa, calzado y accesorios (40,6% de los compradores), seguidos de entradas para eventos (26,4%) y pedidos de comida a domicilio, catering o restaurantes (24,9%).

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(El Economista, 15-11-2024) | Laboral

España no se toma en serio el edadismo: un lastre al empleo

En los últimos años, este concepto ha sido objeto de numerosos debates en el ámbito de los recursos humanos, lo cual no sorprende dada la creciente proporción de desempleados en este rango de edad y las dificultades que denuncian para reincorporarse al mercado laboral. Sin embargo, aunque estas voces han ganado visibilidad en los medios y en la sociedad, su impacto en el diseño de políticas económicas sigue siendo limitado, lo que evidencia estrategias insuficientes para abordar un problema que ya está afectando al mercado laboral, incluso en un contexto de crecimiento del empleo como el actual. En un país como España, que registra la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea (11,2% según las cifras más recientes), resulta comprensible que se ponga el foco en el paro juvenil, que alcanza un alarmante 26,9%, frente al 9,2% de los mayores de 45 años. Estas cifras han sustentado una "cultura del relevo" que asume que anticipar la jubilación de los trabajadores senior facilita la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Sin embargo, en la última década, esta perspectiva ha demostrado ser un error, no solo porque no ha logrado generar empleo de calidad para los jóvenes, sino también porque ha dejado al país enfrentándose a un desafío sin precedentes: la incapacidad para mantener y crear oportunidades laborales para los trabajadores más veteranos. En los últimos cinco años, el foco del debate social ha girado hacia estos últimos. De hecho, los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) muestran que el 57,2% de los desempleados registrados tiene más de 45 años. Sin embargo, numerosos analistas señalan que estas cifras están sesgadas, ya que los parados más jóvenes suelen tener menos incentivos para registrarse en las oficinas de empleo. A pesar de ello, el propio SEPE revela una paradoja inquietante: aunque los mayores de 45 años representan la mayoría de los desempleados registrados, solo consiguen un 35,7% de las colocaciones, lo que evidencia una brecha de más de 20 puntos en las oportunidades laborales para este grupo. ¿Son más fiables los datos del SEPE que los de la Encuesta de Población Activa (EPA), que reflejan tasas de desempleo mucho más desfavorables para los jóvenes? La respuesta radica en que ambas métricas son difíciles de comparar. Mientras que el SEPE calcula el porcentaje de desempleados por grupo de edad sobre el total de parados, la EPA lo hace sobre el total de población activa. Sin embargo, si se aplica la metodología del SEPE a los datos de la EPA, surge una discrepancia: según esta encuesta, los parados mayores de 45 años representan solo el 39,9% del total, una cifra significativamente inferior a la del SEPE, lo que lleva a algunos expertos a cuestionar si el impacto del edadismo está siendo sobrevalorado en España. La diferencia radica en el enfoque de ambas fuentes. El SEPE contabiliza únicamente a quienes están registrados como demandantes de empleo y cumplen ciertos requisitos (no trabajar, buscar activamente empleo y estar disponibles para aceptar una oferta). Por otro lado, la EPA realiza un sondeo que detecta a muchos desempleados, especialmente jóvenes, que no están inscritos en las oficinas de empleo. Esto genera una brecha entre ambas estadísticas que sigue alimentando el debate sobre el alcance real del problema del desempleo por franjas de edad.

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(El Economista, 15-11-2024) | Laboral

Sorpresa del SEPE a los fijos discontinuos: miles dejan de cobrar el paro por rechazar llamamientos

La entrada en vigor de la reforma de los subsidios trae consigo una novedad significativa para miles de trabajadores con contrato fijo discontinuo que reciben la prestación por desempleo o algún subsidio. Desde el 1 de noviembre, la normativa establece que rechazar un llamamiento de la empresa "sin causa justificada" llevará a la suspensión automática de la prestación. Este cambio legal otorga mayor capacidad a los servicios públicos de empleo para supervisar un problema que hasta ahora dejaba a muchas empresas con escaso margen de maniobra. Es importante aclarar que esta medida supone una suspensión y no una extinción de la prestación, lo que significa que el trabajador sancionado no pierde los derechos adquiridos. Sin embargo, no podrá reanudar el cobro hasta cumplir las condiciones necesarias, como atender un nuevo llamamiento y regresar a la inactividad, o ser despedido en ese u otro empleo. ¿Por qué este cambio si, en principio, un trabajador fijo discontinuo que rechaza su reincorporación no debería seguir recibiendo la prestación al incumplir el compromiso de actividad? Aunque las empresas informan de los llamamientos realizados y los servicios públicos de empleo pueden cruzar esos datos con los de la Seguridad Social, el sistema no era lo suficientemente efectivo porque la Ley General de la Seguridad Social no contemplaba explícitamente este supuesto como motivo de suspensión de la prestación. Esto generaba una situación problemática tanto para las empresas como para las finanzas públicas. Ahora, la situación se corrige mediante un nuevo apartado en el artículo 271, donde también se incluye la controvertida obligación de todos los desempleados de presentar la Declaración de la Renta. El Gobierno ya había intentado introducir esta medida en la primera versión del decreto de reforma de los subsidios aprobada a finales de 2023, con la intención de que entrara en vigor en junio de este año. Sin embargo, aquel texto fue rechazado por el Congreso, lo que retrasó su implementación hasta el 1 de noviembre. Desde entonces, muchos fijos discontinuos han recibido notificaciones del SEPE informándoles de la suspensión de sus prestaciones por rechazar un llamamiento. ¿Por qué este cambio llega ahora, cuando los fijos discontinuos llevan décadas operando bajo las mismas condiciones? La respuesta está en la reforma laboral. Hasta entonces, estos contratos se utilizaban mayoritariamente en actividades de temporada, como el turismo (con Baleares como ejemplo destacado). Debido a sus características, los rechazos de llamamientos no solían generar conflictos significativos para las empresas. Con la nueva legislación, el uso de estos contratos se amplió a actividades eventuales pero recurrentes, con el objetivo de sustituir los contratos temporales o servir de puente hacia contratos indefinidos en sectores como el agrario, donde estaban poco representados. No obstante, esta ampliación trajo consigo situaciones más complejas, como el uso de esta modalidad por parte de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs), que contratan bajo este esquema para asignar trabajadores a sus clientes. El aumento de trabajadores fijos discontinuos ha tenido un impacto significativo en las cifras de prestación por desempleo. En los primeros nueve meses del año, se registraron 242.613 altas iniciales de prestaciones por desempleo y 331.561 reanudaciones del cobro por trabajadores fijos discontinuos que pasaron a la inactividad. Esto evidencia la necesidad de un mayor control sobre esta modalidad de contratación y sus implicaciones en el sistema de prestaciones.

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(Cinco Días, 15-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Competencia avala prohibir la contratación de la luz por teléfono, salvo que sea una petición expresa del cliente

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta del Gobierno de prohibir que las comercializadoras eléctricas realicen contrataciones o publicidad a través de llamadas telefónicas, salvo que el consumidor lo solicite expresamente, con el fin de proteger a los usuarios frente a llamadas fraudulentas. Asimismo, el organismo propone reforzar los requisitos de capital y las obligaciones para las comercializadoras, evitando riesgos de quiebra en cadena. En su informe sobre el proyecto de Real Decreto que regula el suministro y contratación de energía eléctrica, la CNMC apoya la actualización de la normativa, adaptándola a las actuales condiciones del mercado y a la normativa europea. Entre las medidas propuestas, destaca la restricción de las ventas telefónicas, que también debería aplicarse a los agregadores, similar a las limitaciones impuestas a la contratación domiciliaria. Según el organismo presidido por Cani Fernández, las llamadas engañosas no solo dañan la confianza de los consumidores, sino que también dificultan la competencia real en el mercado. El informe subraya que estas llamadas se realizan sin el consentimiento previo de los usuarios y, en algunos casos, incluyen prácticas fraudulentas y suplantación de identidad, como demuestran las numerosas denuncias y expedientes abiertos al respecto. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por Teresa Ribera, propuso en agosto una normativa para acabar con estas prácticas. Según el proyecto de Real Decreto, actualmente en consulta pública, la contratación telefónica solo será válida si el cliente lo solicita explícitamente. Por otro lado, para prevenir las quiebras observadas durante la crisis energética, la CNMC apoya establecer mayores garantías económicas para las comercializadoras. Se sugiere, por ejemplo, un requisito inicial de 100.000 euros, como ocurre en Portugal, así como la necesidad de demostrar solvencia económica. Entre los requisitos propuestos se incluyen estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber solicitado concurso de acreedores, ni estar inhabilitado para actividades energéticas. Además, el organismo plantea recuperar el sistema de autorización administrativa para la creación de nuevas comercializadoras, asegurando que cumplan con criterios técnicos, como experiencia previa o contratos de asistencia técnica con entidades especializadas. También propone habilitar a la CNMC para definir los parámetros que acrediten dicha capacidad. En comparación con otros países, el informe de la CNMC señala que España cuenta con un número significativamente mayor de comercializadoras activas. Mientras que Reino Unido tiene 60, Países Bajos 58 y Francia 53, en España operan actualmente 243 comercializadoras en más de una comunidad autónoma, cifra que asciende a 413 si se incluyen aquellas con algún cliente en activo.

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