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(Expansión, 15-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Powell defiende la independencia de la Fed y afirma que no hay prisa para bajar los tipos

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó este jueves que las decisiones del organismo no están influenciadas por intereses partidistas y subrayó que la economía del país no justifica una rápida reducción de los tipos de interés. "La economía de Estados Unidos no está enviando señales que nos indiquen que debamos apresurarnos a bajar las tasas. La solidez actual nos permite abordar nuestras decisiones con cautela", señaló durante un foro en la Cámara Regional de Dallas, Texas. Aunque las dos reducciones de tipos de interés realizadas este año apuntan hacia una política monetaria más "normalizada", Powell destacó que el proceso no está previamente definido. Cualquier futura reducción, explicó, dependerá de un análisis exhaustivo de los datos económicos, las perspectivas de la economía y los riesgos asociados. En cuanto a la inflación, indicó que ha disminuido significativamente desde su máximo y que la Fed considera que está avanzando de manera sostenible hacia el objetivo del 2 %. Esta semana se informó que la inflación anual en octubre subió dos décimas, alcanzando el 2,6 %, lo que rompió una tendencia de seis meses consecutivos de descensos. En un evento posterior, Powell abordó cuestiones sobre la independencia de la Fed, especialmente ante posibles cambios tras la victoria electoral del republicano Donald Trump. "Cuando tomamos decisiones, no lo hacemos pensando en ningún partido político, sino en la macroeconomía y en lo que creemos que es mejor", reiteró. Powell insistió en que las decisiones de la Fed sobre política monetaria y tasas de interés son independientes y no pueden ser revocadas por ninguna otra institución del gobierno, salvo por el Congreso, que tiene la facultad de modificar su estatuto. Recordó que, en la rueda de prensa del pasado 7 de noviembre, tras anunciar una bajada de tipos, aseguró que no renunciaría incluso si Trump se lo pidiera. Según Powell, la ley no le obliga a dimitir en ese escenario. La Fed mantiene independencia de la Casa Blanca para gestionar los tipos de interés. Aunque Trump ha manifestado que no despediría a Powell durante un eventual segundo mandato, podría nombrar a un nuevo presidente de la Fed cuando finalice el mandato actual de Powell en mayo de 2026. Actualmente, la tasa de referencia de los tipos de interés se encuentra en un rango de entre el 4,5 % y el 4,75 %. El Comité de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC) tiene programada una nueva reunión sobre los tipos los días 17 y 18 de diciembre. Desde marzo de 2022, la Fed implementó 11 incrementos de tasas para controlar la inflación, alcanzando en julio de 2023 un rango del 5,25 % al 5,5 %, el nivel más alto desde enero de 2001. Sin embargo, en septiembre el banco central comenzó a reducir los tipos, respaldado por la disminución sostenida de la inflación en los últimos meses.

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(El Periódico, 15-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El precio de los alimentos repunta un 1,9% en octubre a causa de la recuperación del IVA

Los hogares han vuelto a experimentar un encarecimiento en la cesta de la compra durante octubre, con un aumento de los alimentos del 1,9%, una décima más que en septiembre. Este incremento se debe, en parte, a la reimplantación parcial del IVA en productos básicos, tras casi dos años de bonificación al 0%. Desde el 1 de octubre, el Gobierno ha comenzado a normalizar este impuesto, lo que ha repercutido directamente en el precio de productos esenciales como la harina, los huevos o el arroz, que habían mostrado estabilidad en los últimos meses. También se observó un aumento en las legumbres y hortalizas frescas, cuyo precio, tras una caída interanual del 3,8% en septiembre, subió un 1,6% en octubre. La leche entera pasó de una ligera reducción del 0,5% a un alza del 0,7%, mientras que los huevos, el queso y el arroz incrementaron su precio en torno al 2%. Este encarecimiento de los alimentos ha influido en el Índice de Precios de Consumo (IPC), que alcanzó el 1,8% en octubre, tres décimas más que en septiembre, según los datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además de los alimentos, este aumento se atribuye al encarecimiento de los carburantes y al alza de los precios de la electricidad y el gas, en contraste con las caídas registradas en octubre de 2023. La electricidad subió un 8% en términos interanuales, mientras que el gas natural se incrementó un 8,5%. El encarecimiento de la energía provocó que el coste de la vivienda subiera un 4,2%, un incremento de más de un punto respecto al año anterior. Por su parte, los precios del transporte también aumentaron debido al encarecimiento de carburantes y lubricantes, con una tasa anual que creció nueve décimas, aunque sigue en terreno negativo (-3,0%). La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, subió una décima en octubre, alcanzando el 2,5%, situándose siete décimas por encima de la inflación general. Los servicios continúan limitando una mayor moderación en la tasa. Por ejemplo, los precios de los hoteles han subido un 24,6% en lo que va de año, mientras que el transporte marítimo de pasajeros, como los cruceros, se ha encarecido más de un 14%. Con este aumento interanual, la inflación retoma una tendencia al alza tras cuatro meses consecutivos de descensos. A pesar de ello, el Ministerio de Economía destaca que la inflación general sigue por debajo del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). En términos mensuales, el IPC creció un 0,6% en octubre respecto a septiembre, marcando su mayor subida mensual desde abril, cuando aumentó un 0,7%. Este incremento se explica principalmente por el alza en los precios del grupo de vestido y calzado, que subió un 8,5% debido al inicio de la temporada de otoño-invierno, así como por el encarecimiento de los alimentos, que aumentaron un 1,4% impulsados por las frutas, legumbres y hortalizas. Por último, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) también subió una décima, alcanzando el 1,8%, con un aumento mensual del 0,4%.

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(Cinco Días, 14-11-2024) | Fiscal

La CNMV pide “extremar la cautela” ante el cambio en el régimen fiscal de las socimis

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), organismo encargado de supervisar la Bolsa y las empresas cotizadas, ha instado a actuar con prudencia al abordar posibles cambios en el régimen fiscal de las socimis, las sociedades de inversión inmobiliaria que cotizan en los mercados. Esta semana, los partidos de la coalición de gobierno, PSOE y Sumar, han anunciado su intención de eliminar las ventajas fiscales de estas entidades, aunque no han especificado los detalles. Actualmente, las socimis disfrutan de un tipo del 0% en el impuesto de sociedades siempre que coticen en Bolsa y distribuyan el 80% de sus ingresos en forma de dividendos, un beneficio que se propone suprimir en los presupuestos de 2025, si estos son aprobados. En este contexto, la CNMV ha subrayado la importancia de valorar las posibles repercusiones de estas medidas. "Aunque desconocemos el detalle del debate, pedimos que se extremen las precauciones antes de modificar el régimen fiscal de las socimis", indican fuentes del organismo. También han recordado que este tipo de vehículo de inversión no es exclusivo de España, ya que existe en otros países europeos con características similares, concretamente en 14 jurisdicciones de la Unión Europea. La CNMV ha señalado el riesgo de deslocalización, un aspecto que han planteado también las principales socimis del país, Merlin y Colonial. "Un cambio en las condiciones fiscales podría tener un impacto considerable en el negocio e incentivar la salida de estas empresas a otros países", advierten desde el organismo. Este planteamiento coincide con el de las propias compañías, que han manifestado estar evaluando la posibilidad de trasladar sus sedes sociales si se concretan los cambios fiscales. En España, unas 120 empresas cotizan bajo el régimen de socimis, la mayoría en el mercado alternativo BME Growth, aunque solo Colonial y Merlin forman parte del Ibex 35. Estas dos compañías sufrieron importantes caídas en Bolsa el pasado martes y, aunque han recuperado algo de terreno, los analistas alertan de las consecuencias que estos cambios podrían tener en sus resultados financieros. La situación recuerda a lo ocurrido con las Sicavs, vehículos de inversión para grandes patrimonios que se beneficiaban de una tributación reducida del 1% en las plusvalías. En aquel caso, la CNMV también abogó por mantener su régimen fiscal para evitar la deslocalización, pero finalmente, en 2022, el Tribunal Supremo estableció que era la Agencia Tributaria, y no el supervisor, la encargada de determinar qué empresas podían acogerse a este régimen. Esto, sumado a nuevos requisitos como que los socios invirtieran al menos 2.500 euros, provocó que el 86% de las Sicavs optaran por disolverse o cambiar al régimen tributario general. Desde el sector financiero, se advierte que cualquier decisión sobre las socimis podría tener repercusiones importantes en el mercado de la vivienda, ya que estas no son simples vehículos de inversión, sino actores clave en el desarrollo inmobiliario. Por su parte, la CNMV se alinea con la estrategia de supervisores y reguladores europeos que buscan fortalecer los mercados de capitales para afrontar las crecientes necesidades de financiación planteadas en iniciativas como el plan Draghi.

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(Cinco Días, 14-11-2024) | Fiscal

Las dos grandes socimis del país preparan planes legales ante la reforma fiscal y apuntan a salir de España

El sector inmobiliario enfrenta una fuerte sacudida tras la propuesta del PSOE y Sumar de eliminar el régimen fiscal de las socimis (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). Dos de las principales compañías de este tipo en España, Merlin Properties y Colonial, están a la expectativa de si el Gobierno conseguirá los apoyos necesarios para implementar esta medida y, como consecuencia, consideran trasladar sus sedes fuera del país. Merlin Properties, la mayor socimi del Ibex 35, informó en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que está evaluando "todas las medidas legales a medio y largo plazo para proteger los intereses de sus accionistas, clientes y empleados". Según fuentes cercanas a la empresa, una de las opciones contempladas es trasladar su sede a otro país europeo, similar a lo que hizo Ferrovial al mudarse a los Países Bajos. Colonial, también presente en el Ibex 35, ha expresado su rechazo a la propuesta y estudia modificaciones en su estrategia, incluyendo un posible cambio de sede. Su presidente, Juan José Brugera, afirmó que si se aprueba la reforma del régimen fiscal de las socimis, la compañía analizará su estrategia de inversión, así como la ubicación de sus operaciones y estructura jurídica, para minimizar cualquier impacto negativo en la sociedad. Brugera ya lideró en su momento el traslado de la sede de Colonial de Barcelona a Madrid tras la crisis independentista de 2017. La incertidumbre generada por esta propuesta tuvo un impacto inmediato en la Bolsa: el martes, Merlin perdió un 7,3% de su valor y Colonial un 5,03%, aunque ambas experimentaron ligeras subidas del 0,5% al día siguiente. Merlin destacó en su comunicado que, a corto plazo, está evaluando el impacto en su flujo de caja, que considera limitado debido a otras normas fiscales. Sin embargo, a medio y largo plazo no descarta ninguna opción legal para salvaguardar sus intereses. La compañía, dirigida por Ismael Clemente, defendió el modelo de las socimis como una adaptación del régimen REIT internacional. Este sistema, señala Merlin, fomenta la creación de empresas activas con personal y recursos para desarrollar infraestructuras modernas y sostenibles en sectores clave como oficinas, centros comerciales, logística, hoteles y tecnología. Además, asegura que elimina la doble imposición fiscal, garantiza un nivel equilibrado de tributación efectiva y promueve la distribución de beneficios, contribuyendo al ahorro y a la inversión de fondos de pensiones, aseguradoras y particulares. Por su parte, Brugera calificó de "muy grave" la propuesta, argumentando que convertiría a España en un destino poco atractivo para la inversión internacional. Destacó que el régimen actual no solo atrae capital extranjero, sino que también es compatible con objetivos sociales importantes. No obstante, reconoció que la propuesta aún no tiene garantías de ser aprobada y subrayó que su viabilidad depende del respaldo de socios parlamentarios como ERC, PNV y Junts. Colonial, que opera gran parte de su negocio en París a través de su filial SFL, podría ver facilitado un eventual traslado de sus operaciones principales a Francia si se aprueba la reforma. Este vínculo con el mercado parisino de oficinas refuerza su capacidad para desvincularse del entorno español en caso necesario.

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(Expansión, 14-11-2024) | Fiscal

Trump quiere aprobar una rebaja fiscal histórica en sus primeros 100 días

El futuro presidente de Estados Unidos ha movilizado a los legisladores republicanos para acelerar la implementación de una de sus principales promesas de campaña: una reforma fiscal con un impacto total estimado en 9 billones de dólares y un ahorro de 200.000 millones para las empresas. Esta ambiciosa medida, valorada en más de 9 billones de dólares (equivalentes a 8,5 billones de euros), busca consolidar su retorno al poder con un golpe de efecto en los primeros 100 días de su mandato. Dado lo complicado de cumplir con otras promesas, como la deportación masiva de inmigrantes en tan poco tiempo, Trump apuesta por materializar la mayor rebaja fiscal en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, este plan podría llevar el déficit público a niveles sin precedentes. Tras asegurar el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso, Trump ha dado instrucciones a Mike Johnson, portavoz de la Cámara de Representantes, para garantizar la unidad entre los congresistas republicanos y aprobar la reforma fiscal en un plazo de tres meses desde su toma de posesión. Incluso se especula que el anuncio de esta reforma podría realizarse el mismo día de su investidura, el 20 de enero de 2025. El Congreso, controlado ahora por los republicanos, entrará en funciones el 6 de enero. Esto brinda tiempo suficiente para unificar a las filas republicanas, que han estado divididas en los últimos años. Con el regreso de Trump al poder, se espera que estas disputas internas lleguen a su fin. En términos prácticos, gran parte del trabajo ya está avanzado. Trump planea extender la reforma fiscal que implementó en 2017 y que expira en 2025, considerada uno de los principales logros de su mandato anterior. Antes de las elecciones, los demócratas aspiraban a negociar ajustes en la reforma para aumentar los impuestos a las grandes fortunas y las multinacionales. Sin embargo, tras la victoria republicana, estas propuestas han quedado fuera de discusión. Aunque la reforma contempla una reducción general de impuestos, para la mayoría de los ciudadanos sería simplemente una extensión de los beneficios actuales, evitando que sus impuestos regresen a los niveles previos a Trump. Para las empresas, en cambio, se abre un panorama más favorable, incluso mitigando el impacto de aranceles y guerras comerciales. El núcleo de la propuesta es la reducción del Impuesto de Sociedades, que pasaría del 21% al 15%, lo que supondría un ahorro de 200.000 millones de dólares para las empresas. En contraste, los demócratas habían planteado subir este impuesto al 28%. Cabe recordar que en 2017 Trump ya lo redujo del 35% al 21%, posicionando a Estados Unidos como uno de los países con impuestos corporativos más bajos. A pesar de contar con una mayoría republicana en el Congreso, Trump aún necesita el respaldo de todos los legisladores de su partido para aprobar el plan. Sin embargo, la facción más conservadora podría oponerse si no se presentan medidas claras para contrarrestar el aumento del déficit público, que se estima en más de 5 billones de dólares solo por la extensión de las medidas actuales. A esto se suman otros 4 billones derivados de nuevas promesas. Entre estas nuevas medidas destacan la eliminación de impuestos sobre las horas extra, lo que añadiría 2 billones de dólares al déficit en una década, y la ampliación de créditos fiscales por hijos. Además, se propone eximir de impuestos las pensiones, las ayudas de la Seguridad Social y las propinas de sectores como la hostelería y el transporte, lo que implicaría un coste adicional de 1,6 billones de dólares. El plan no está exento de críticas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha alertado sobre los riesgos de aumentar el gasto público de forma descontrolada. Aunque evita comentar directamente sobre políticas específicas, Powell advirtió que el déficit actual sigue una trayectoria insostenible, lo que podría amenazar el crecimiento económico. Sin embargo, Trump parece estar dispuesto a ignorar estas advertencias, tal como hizo en 2017, cuando fue acusado de favorecer a las grandes fortunas con su reforma fiscal. Aunque las rentas más altas se beneficiaron significativamente, también lo hicieron los hogares con ingresos más bajos, que experimentaron reducciones fiscales en seis de cada diez casos. Queda por determinar dónde se aplicarán los recortes en el gasto público para compensar la caída de ingresos. Este desafío recaerá en Elon Musk, a quien Trump ha asignado la tarea de supervisar la reducción del gasto gubernamental. Áreas como educación y sanidad podrían enfrentar importantes ajustes presupuestarios.

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(El Economista, 14-11-2024) | Fiscal

Hacienda intensifica el control sobre los autónomos: pedirá a la banca los cobros que reciben cada mes

La Agencia Tributaria intensifica su vigilancia sobre autónomos y empresarios en su lucha contra la economía sumergida. Hacienda está preparando una reforma en las obligaciones de los bancos para informar sobre las cuentas y movimientos de sus clientes. Con este cambio, las entidades financieras deberán enviar información sobre los ingresos de los profesionales de manera mensual, en lugar de anual, incluyendo datos relacionados con pagos realizados mediante tarjetas, Terminales de Punto de Venta (TPV), datáfonos o aplicaciones como Bizum. El Ministerio de Hacienda argumenta que disponer de esta información con mayor frecuencia, como mensualmente, permitirá una evaluación más eficaz del riesgo recaudatorio, una investigación más ágil y la adopción más eficiente de medidas como embargos o cautelares. Según la propuesta, esta periodicidad será clave para detectar a tiempo actividades fraudulentas o ingresos ocultos por parte de empresarios y autónomos. La modificación estará en consulta pública hasta el 28 de noviembre. Además de aumentar la frecuencia de los reportes, Hacienda busca ampliar estas obligaciones a entidades no tradicionales que operan en España gracias a internet. Esto incluye entidades de pago, empresas de dinero electrónico y bancos extranjeros que ofrezcan sus servicios en el país. Estas entidades deberán informar sobre la titularidad de las cuentas de clientes españoles, los pagos realizados con tarjetas o aplicaciones como Bizum, los movimientos de efectivo y los cobros recibidos por profesionales y autónomos. Aunque este reporte sigue siendo anual para la mayoría de transacciones, los pagos a profesionales pasarán a ser mensuales según la propuesta. Hacienda también quiere supervisar los movimientos asociados a tarjetas menos tradicionales, como las de prepago o virtuales usadas para compras en línea. Las entidades tendrán que identificar a los titulares de estas tarjetas y reportar pagos o compras realizadas con ellas, especialmente si son de alto valor. Sin embargo, el borrador no especifica a partir de qué importe será obligatoria esta comunicación. El Ministerio liderado por María Jesús Montero señala que estas medidas buscan solucionar la falta de información de entidades financieras extranjeras que operan en España y combatir la evasión fiscal derivada del uso de entidades no obligadas hasta ahora a reportar datos. Con esta reforma, Hacienda pretende cerrar brechas en el control financiero y garantizar una mayor transparencia en las operaciones económicas realizadas en el país.

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(El Economista, 14-11-2024) | Fiscal

Hacienda extiende a 2025 la reducción del 5% en el IRPF para los autónomos que tributan por módulos

La Agencia Tributaria mantendrá en 2025 la reducción del 5% en el IRPF para los autónomos que tributan bajo el sistema de estimación objetiva, conocido como régimen de módulos. El Ministerio de Hacienda ya está elaborando la nueva Orden que regulará esta reducción para el próximo año, la cual, según reconoce la propia Administración, es prácticamente idéntica a la aplicada este año, sin cambios significativos. El Gobierno había reducido previamente esta bonificación del 10% al 5%, tras considerar superada la situación extraordinaria de la pandemia, retornando así a los niveles previos. Según las previsiones, esta medida permitirá a los autónomos beneficiarse de un ahorro total de 85,3 millones de euros en el IRPF durante el próximo ejercicio. La única novedad introducida en esta nueva normativa es la aplicación de una reducción de hasta el 25% en el IRPF para los autónomos que tributen por módulos y se hayan visto afectados por la DANA. Esta medida, anunciada recientemente por Hacienda, forma parte del paquete de acciones fiscales destinadas a paliar los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico. Actualmente, alrededor de 430.000 autónomos utilizan el régimen de módulos, diseñado para negocios que manejan un alto volumen de efectivo, como tiendas o bares. Debido a la dificultad para la Agencia Tributaria de determinar con precisión sus ingresos reales, este sistema permite calcular los impuestos a través de parámetros objetivos, como el número de empleados, los metros cuadrados del local o la ubicación del negocio. A esta base estimada de ingresos se aplica directamente la reducción del 5%. Cabe destacar que el régimen de módulos solo está disponible para autónomos cuyos ingresos anuales no superen los 250.000 euros o que emitan facturas a otros profesionales o empresas por un importe inferior a 125.000 euros al año.

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(El Confidencial, 14-11-2024) | Fiscal

La reforma fiscal incluye una limitación al uso de deducciones por los dividendos repatriados que no podrá superar el 50% del impuesto

El Ministerio de Hacienda y Sumar han alcanzado un acuerdo para restringir los vacíos fiscales que existen en el impuesto sobre sociedades aplicado a las grandes empresas. El objetivo principal es reducir las actuales fugas de ingresos en este tributo, que sigue siendo el único cuya recaudación no ha recuperado los niveles de hace quince años. Según fuentes parlamentarias, no se busca eliminar las deducciones, sino establecer límites a la cantidad que las empresas pueden aplicar anualmente para reducir su base imponible. Aunque Hacienda aún no ha presentado un análisis detallado de estas medidas a los diputados, se prevé que su impacto sea notable. La medida central consiste en reintroducir los límites que el Gobierno de Mariano Rajoy implementó en 2016, pero que fueron posteriormente anulados por el Tribunal Constitucional. Este fallo no cuestionó la esencia de las normas, sino la forma en que se aprobaron, mediante un real decreto-ley, un instrumento que no puede utilizarse para modificar sustancialmente los impuestos. Para sortear este obstáculo, el actual Ejecutivo incluye las reformas dentro de la tramitación de la directiva europea sobre el tipo mínimo del 15%, dándoles así rango de ley. Entre las medidas retomadas se encuentra la limitación al uso de bases imponibles negativas acumuladas de años anteriores y las deducciones por dividendos repatriados desde el extranjero, dirigidas exclusivamente a las grandes empresas. Estas medidas, introducidas inicialmente por el exministro Cristóbal Montoro, buscaban adelantar el pago del impuesto sin alterar la cantidad total adeudada. En cuanto a las bases imponibles negativas, las nuevas reglas establecen que las empresas con una facturación de entre 20 y 60 millones de euros podrán compensar hasta un 50%, mientras que aquellas que superen los 60 millones tendrán un límite del 25%. Por otro lado, para las multinacionales, se ha acordado que la reducción de la base imponible derivada de deducciones no podrá exceder el 50% de la cuota íntegra. Esto implica que las deducciones por dividendos provenientes del extranjero estarán limitadas al 50% del impuesto total que corresponda a cada empresa. Esta restricción aplicará únicamente a empresas con ingresos superiores a 20 millones de euros. Aunque no se eliminan estas deducciones, el límite reducirá significativamente los beneficios fiscales para las grandes multinacionales españolas. En 2022, último ejercicio con datos disponibles, las deducciones por doble imposición alcanzaron los 1.400 millones de euros, de los cuales 1.200 millones correspondieron a grupos consolidados, lo que equivale a un ahorro del 13% en el impuesto sobre sociedades. En años previos, este ahorro llegó a representar hasta un 40% del tributo. Sin embargo, con la reforma fiscal pactada, esta cifra disminuirá sustancialmente. Otra medida destacada es la restricción en el uso de bases imponibles negativas dentro de los grupos empresariales. Actualmente, las empresas pueden emplear las pérdidas de sus filiales para reducir el impuesto de la matriz. Según la nueva normativa, esta práctica se limitará al 50% durante los ejercicios 2024 y 2025, ampliando el sistema implantado en 2023. No obstante, se ha decidido excluir a las fundaciones que formen parte de grupos empresariales, para garantizar que estas puedan seguir financiando sus proyectos sociales.

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(El Periódico, 14-11-2024) | Fiscal

Foment del Treball se ha sumado a la oleada de críticas a la política tributaria del Gobierno

La patronal liderada por Josep Sánchez Llibre ha reiterado sus duras críticas al "infierno fiscal" que, según su opinión, el Gobierno del PSOE y Sumar ha instaurado y que estaría perjudicando a la economía española. Esta organización ya había mostrado una postura muy crítica con el anterior Govern de la Generalitat por su política tributaria. El motivo de la nueva alarma es la reciente propuesta presentada en el Congreso de los Diputados que incluye medidas como "la eliminación de la exención fiscal de los seguros sanitarios, el incremento de la carga fiscal sobre las socimis, la imposición de un IVA del 21% a los pisos turísticos y la subida de la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, llevándolas al 30%". Esta situación ha llevado a grandes socimis, como Merlin y Colonial, a amenazar con trasladar su sede fuera de España como respuesta a los cambios fiscales. Estas medidas se incorporarán al proyecto de ley que busca establecer una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales, recuerda Foment. Ante este escenario, la patronal catalana insta a las fuerzas políticas a apoyar "propuestas que favorezcan la economía productiva", como las promovidas por Junts o el PNV, y les pide que no respalden las iniciativas del Ejecutivo en la próxima votación en el Congreso. Por su parte, el PNV ya expresó este martes que ve "muy complicado e incluso imposible" que la norma prospere, al mantener un gravamen para la banca, pero no para las energéticas, lo que genera tensiones entre los distintos partidos. Los acuerdos entre el PSOE y Sumar chocan con las demandas de otras formaciones como ERC y EH Bildu, lo que complica la aprobación de estas medidas. En este contexto, se están llevando a cabo negociaciones entre varias partes. Una de ellas incluye al PSOE y Junts, que discuten una enmienda para suavizar el impuesto aplicado a la banca, especialmente en lo que respecta a CaixaBank y sus aportaciones a su fundación principal accionista. Foment ya advirtió hace días que este gravamen podría poner en riesgo la Obra Social de La Caixa, mientras que Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, calificó el impuesto como la "tasa CaixaBank".

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(El País, 14-11-2024) | Laboral

Los sindicatos esperan que la jornada laboral de 37,5 horas semanales se apruebe en primavera

Las graves inundaciones provocadas por la DANA han obligado al Gobierno a priorizar las tareas de mitigación de sus efectos en Valencia, dejando en pausa varios temas relevantes, entre ellos, las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales. Este aplazamiento se produjo justo antes de que la patronal comunicara oficialmente su decisión de no participar en un acuerdo para dicho recorte. Ante esta situación, el Ejecutivo retomará las conversaciones únicamente con los sindicatos CC OO y UGT para elaborar un texto que luego será llevado al Congreso. Según fuentes sindicales, aunque el trámite avance con rapidez, la ley no sería aprobada antes de la primavera. La reunión tripartita prevista para el lunes 11 de noviembre, donde los empresarios iban a desvincularse formalmente de este pacto, fue cancelada por el Ministerio de Trabajo a causa de la DANA, y aún no hay fecha para retomarla. Una vez que se celebre, el Gobierno continuará adelante con el proyecto, negociando simultáneamente con los sindicatos y los grupos parlamentarios, ya que la ley requerirá una mayoría en el Congreso para su aprobación. Las conversaciones con CC OO y UGT no presentan grandes dificultades, aunque los sindicatos insisten en que la norma debe entrar en vigor lo antes posible. "Si la patronal hubiera participado, habríamos contemplado una implementación más gradual, pero al estar fuera, esa opción desaparece", señalan fuentes sindicales, que, no obstante, aseguran que se evitarán complicaciones graves para las empresas. Aunque podría permitirse una ligera demora en su aplicación, no se aceptará que se espere a la finalización de los convenios colectivos actuales, como pedía la patronal. En caso de aprobarse bien avanzado 2025, la entrada en vigor sería inmediata o poco después, descartando una aplicación retroactiva desde enero. Además de la reducción de la jornada laboral, los sindicatos buscan un cambio significativo en el sistema de registro horario. Aprovechando la ausencia de oposición empresarial, pretenden implantar un registro digital inviolable, accesible tanto para la Inspección de Trabajo como para los empleados. Proponen un sistema gratuito centralizado en el Ministerio de Trabajo, conectado con la Inspección y con requisitos técnicos uniformes para todas las empresas. "No se permitirá que las empresas ajusten manualmente los horarios de los empleados. Todo deberá estar predefinido y reglamentado", explican desde CC OO, destacando que los resultados deben ser fácilmente analizables, como ocurre con la factura electrónica conectada a Hacienda. Otro punto clave es el endurecimiento de las sanciones por incumplimientos relacionados con el registro horario. Los sindicatos abogan por elevar las multas, que actualmente pueden llegar hasta los 7.500 euros, pero que en la práctica a menudo no superan los 750 euros. También plantean que las sanciones se apliquen de forma individual por cada trabajador afectado, en lugar de por empresa, especialmente en casos graves como la manipulación del registro o su inexistencia. La cuestión pendiente es si se mantendrán las ayudas a las empresas para implementar la jornada reducida y los nuevos sistemas de registro. Durante las negociaciones tripartitas iniciadas en enero, el Ministerio de Trabajo propuso un paquete de bonificaciones para atraer a la patronal. Sin embargo, con su retirada, el Gobierno podría eliminar estas ayudas, aunque también podría reincorporarlas para asegurar apoyos parlamentarios, especialmente de partidos como Junts, que se muestra reticente a respaldar la medida. Desde los sindicatos confirman que no abordarán este tema en sus negociaciones con los grupos políticos, dejando la decisión en manos del Gobierno.

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