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(El Periódico, 09-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Gobierno aprueba 2.084 millones extra de gasto militar para defenderse de misiles y drones

En lo que los mandos militares denominan un "escenario de alta intensidad", imaginemos un mar alejado de las costas españolas, tras varios días de navegación. Desde tierra, una milicia lanza un misil Qader -una versión iraní inspirada en tecnología china- dirigido contra uno de los buques más emblemáticos de la Armada española, como el portaeronaves Juan Carlos I o el buque de asalto Galicia. Este proyectil, dotado de guía inteligente y gran velocidad, resulta extremadamente difícil de interceptar con las ametralladoras de 12,7 mm que estos barcos llevan a bordo. Tras recorrer 250 kilómetros, el misil impacta... El resultado de un ataque de estas características -con víctimas y daños graves que podrían inutilizar o hundir una pieza clave de la Flota- representa una de las peores pesadillas para cualquier alto mando naval. Este tipo de amenazas es precisamente uno de los frentes que se pretende reforzar con la reciente aprobación por parte del Gobierno de una transferencia extraordinaria de 2.084 millones de euros, enmarcada dentro de los llamados "programas de modernización" del Ministerio de Defensa. "Se trata de una reasignación de crédito para atender contratos y programas ya comprometidos, dirigidos a la modernización, mantenimiento y mejora de las infraestructuras de Defensa", explicó la ministra Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros. Afirmó además que el Ejecutivo mantiene un compromiso firme de alcanzar cuanto antes el objetivo del 2% del PIB destinado a gasto militar. Aunque esta no es la mayor dotación adicional concedida a Defensa desde 2022, la partida no ha generado grandes fricciones dentro de la coalición de gobierno. La ministra de Sanidad, Mónica García, expresó que, aunque han planteado ciertas observaciones, se trata de compromisos ya adquiridos y añadió: "Necesitamos avanzar hacia una autonomía estratégica que vaya más allá del enfoque puramente militar". Una de las debilidades estructurales de la Armada, y que ha condicionado decisiones recientes -como la no participación de España en la operación internacional en el mar Rojo contra los hutís, liderada por EE. UU.- es la falta de sistemas de defensa de punto en varios de sus buques principales. Solo las fragatas más modernas, integradas en operaciones de la OTAN, cuentan con sistemas avanzados para interceptar amenazas como misiles, drones o embarcaciones suicidas. El ejemplo más citado entre los mandos navales occidentales es el del Moskva, el buque insignia de la flota rusa del mar Negro, hundido frente a Ucrania pese a su gran arsenal, precisamente por carecer de una defensa eficaz frente a ataques rápidos y laterales. La inversión aprobada también se destinará a otros programas estratégicos, como simuladores para formación de pilotos y sistemas de comunicación segura, ya contemplados en la planificación del Ministerio. Sin embargo, el refuerzo de la defensa naval sigue siendo uno de los puntos más complicados de resolver, por los retrasos acumulados y la dificultad de desarrollar soluciones nacionales viables. Cabe destacar que buques como el Juan Carlos I, el Galicia o el Castilla fueron diseñados con espacio para instalar lanzadores de misiles, aunque en su momento -cuando el presupuesto para defensa era más limitado- se optó por centrar su protección en el trabajo en grupo, escoltados por fragatas más equipadas. Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado. El uso de drones se ha generalizado y los misiles antibuque ya no son exclusivos de grandes potencias. Grupos armados como los hutís han desarrollado capacidades tecnológicas en talleres improvisados, con el apoyo de ingenieros formados en Asia o Irán, y otros grupos podrían seguir ese camino en el futuro. Por eso, el objetivo de este plan pendiente es dotar de una protección real a las principales unidades navales de España. No se trata tanto de reforzar sus capacidades de combate directo -para eso están las fragatas-, sino de garantizar su seguridad como plataformas clave para la proyección del poder militar español en misiones internacionales o escenarios de crisis.

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(La Vanguardia, 09-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Cataluña extenderá por ley la intervención de precios al alquiler de habitaciones

Cataluña redobla su apuesta por la regulación del sector inmobiliario. El alquiler de habitaciones también deberá cumplir con la intervención de precios que hace poco más de un año se aplica en los arrendamientos de Cataluña y que según constructoras, promotoras y expertos, ha tensionado todavía más el mercado y los precios, lejos de los objetivos que habían anunciado sus impulsores. Además, se restringirán los supuestos en los que una vivienda puede usarse para el alquiler de temporada. Así lo establecerá un proyecto de ley que tramitará el Parlament, tras un acuerdo que alcanzaron ayer el Govern del PSC, ERC, la CUP y los comunes. Republicanos, antisistema y el referente catalán de Sumar habían amenazado con impedir la convalidación de tres decretos ley en el pleno que hoy empieza en la cámara autonómica si el Ejecutivo que lidera el socialista Salvador Illa no cedía a sus pretensiones, como finalmente ha acabado ocurriendo. El texto especificará que la fragmentación física o contractual de una vivienda "no desnaturaliza" la aplicación de topes al alquiler, por lo que la suma de las rentas "no podrá ultrapasar" el importe máximo que establece la normativa. En cuanto a los alquileres de temporada, se ceñirán a una batería de supuestos que habrá que acreditar: "razones profesionales, laborales, de estudios, de atención médica" o quienes están a la espera de que se les entregue una vivienda o volver a ella. Por otra parte, en el Congeso, ERC anunció ayer la presentación de un proyecto de ley para instar al Gobierno a limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes. Representan el 15% de las operaciones en Cataluña, dicen los republicanos, citando a los notarios.

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(Expansión, 08-04-2025) | Fiscal

Cómo desgravarse los seguros de hogar, de vida, salud o automóvil

Al presentar la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2024-2025, algunos seguros pueden proporcionar ventajas fiscales siempre que se cumplan ciertas condiciones. No todos los seguros son deducibles, pero sí lo son en algunos casos concretos los de hogar, vida, salud, automóvil y responsabilidad civil profesional. Quedan excluidos de estos beneficios fiscales los seguros que cubren objetos personales, mascotas, viajes, teléfonos móviles o alquiler de vehículos, entre otros. En cuanto al seguro de hogar, pueden beneficiarse de la deducción los particulares, autónomos y arrendadores. Los particulares podrán deducir parte del seguro si está vinculado a una hipoteca contratada antes del 1 de enero de 2013 y la vivienda es la habitual. En ese caso, la parte deducible corresponde a la cobertura obligatoria contra incendios, con una deducción del 15% y un límite de 1.536 euros. En el caso de los propietarios que alquilan su vivienda, la totalidad del coste del seguro puede deducirse como parte del rendimiento neto del inmueble. Además, algunas comunidades como Baleares y Canarias permiten también la deducción del seguro de impago de alquiler. Por su parte, los autónomos que usan su vivienda como espacio de trabajo podrán deducir la proporción del seguro correspondiente al área utilizada con fines profesionales. El seguro de vida también puede deducirse, pero únicamente si está vinculado a una hipoteca contratada antes de 2013, a un plan de ahorro o previsión, o si lo suscribe un trabajador autónomo. En el caso de las hipotecas, la prima del seguro se considera parte del gasto deducible vinculado a la adquisición de la vivienda habitual. Si el seguro está asociado a un plan de ahorro, los límites de deducción varían según el tipo de producto y la edad del contribuyente, como ocurre con los planes de previsión asegurados o los planes de pensiones. Para los autónomos, el seguro de vida puede deducirse hasta un máximo de 500 euros anuales, o hasta 1.500 si el profesional presenta algún tipo de discapacidad. A la hora de declarar, si el tomador y beneficiario del seguro son la misma persona, la prestación tributa por el IRPF como rendimiento del capital mobiliario. En cambio, si son personas distintas, se aplica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya gestión y bonificaciones dependen de cada comunidad autónoma. Por otro lado, el seguro médico no es deducible cuando se contrata de forma particular, pero sí lo es si se ofrece a través de la empresa como parte del salario en especie, o si se contrata mediante un plan de retribución flexible. Para los autónomos también es deducible el seguro de salud, siempre que cumplan con los requisitos del régimen de estimación directa y el gasto esté correctamente justificado y registrado. En estos casos, el seguro puede cubrir también al cónyuge y a los hijos menores de 25 años a cargo del contribuyente. En el caso del seguro del coche, solo puede deducirse cuando el vehículo está vinculado a una actividad profesional. Así, los autónomos que utilicen su vehículo de forma habitual para trabajar podrán incluir el gasto en su declaración. Si solo disponen de un coche, Hacienda permite deducir el 50% de la prima, considerando que también se emplea para fines personales. Si hay más de un vehículo y uno de ellos se usa exclusivamente con fines laborales, se podrá deducir la totalidad del seguro. Finalmente, el seguro de responsabilidad civil profesional también es deducible, pero únicamente en el caso de los autónomos que lo contratan para protegerse de posibles daños a terceros durante el desarrollo de su actividad profesional.

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(El Economista, 08-04-2025) | Fiscal

El Supremo impide a las aseguradoras pagar el IVA reducido en las reformas que cubren a sus clientes

El Tribunal Supremo ha establecido que las compañías aseguradoras no pueden beneficiarse del tipo reducido del 10% de IVA en las obras o reparaciones que cubren en viviendas particulares de sus asegurados. Según la normativa del IVA, este tipo reducido solo se aplica a personas físicas que contraten directamente reformas en su vivienda habitual. Así lo determina una sentencia dictada el 21 de marzo, con ponencia del magistrado Francisco José Navarro Sanchís, en la que por primera vez se aclara que las aseguradoras, al asumir el coste de reparaciones en viviendas de particulares, deben aplicar el tipo general del 21%, aunque la obra sea para beneficio de un particular. El fallo especifica que el IVA reducido contemplado por la ley no puede aplicarse cuando es la aseguradora quien contrata y paga directamente al proveedor de los servicios de reforma o reparación, incluso si el inmueble es una residencia habitual del asegurado. La resolución responde a un conflicto entre una empresa de reformas y la Agencia Tributaria. Entre 2016 y 2019, la empresa emitió facturas con un 21% de IVA a aseguradoras, pero posteriormente solicitó aplicar el 10% al considerar que se trataba de obras en viviendas particulares. El caso llegó al Supremo, que ha confirmado que no procede aplicar el tipo reducido en estos supuestos. El tribunal, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aclara que en estos casos el contrato se establece entre la aseguradora y la empresa de reparaciones, no entre el particular y el proveedor. Además, el servicio ofrecido por la aseguradora no se limita a la reparación: incluye otras funciones como la verificación del daño, el análisis de la cobertura de la póliza, el peritaje y la gestión de urgencias. También argumenta que aplicar un IVA reducido beneficiaría únicamente a la aseguradora, ya que el titular de la vivienda no realiza ningún pago directo a la empresa de reformas ni recibe la factura, y por tanto no es el destinatario fiscal del servicio. El Supremo descarta además la idea de que el propietario del inmueble asuma indirectamente el coste del impuesto a través de una posible subida en la prima del seguro. Considera que esto sería una suposición sin base sólida y que, incluso si ocurriera, no justificaría aplicar el tipo reducido, ya que el consumidor no abona directamente el servicio gravado. La sentencia subraya que el tipo reducido de IVA está pensado para proteger al consumidor final, por lo que no tiene sentido aplicarlo a las compañías aseguradoras, que no son destinatarias naturales del beneficio fiscal.

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(El Periódico, 08-04-2025) | Fiscal

Feijóo pide incentivos fiscales para combatir los aranceles y tiende la mano: "No habrá respuesta adecuada sin unidad"

Alberto Núñez Feijóo ha mostrado disposición a colaborar con el Gobierno frente al impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Aunque el líder del Partido Popular continúa defendiendo la vía diplomática como solución preferente, reconoce que su formación tiene ahora la responsabilidad de "ayudar a construir una estrategia nacional" para hacer frente a esta situación. Feijóo considera que la propuesta del Ejecutivo aún está en una fase inicial, aunque admite que contiene "aspectos positivos". En esta ocasión, su actitud conciliadora es más marcada que en anteriores crisis: "No habrá una respuesta efectiva a esta guerra comercial sin unidad", afirmó ante los sectores más afectados y los consejeros autonómicos del PP, reunidos en la sede del partido este lunes por la mañana. El PP recibió el borrador del real decreto ley con las primeras medidas de ayuda el domingo por la noche, y tiene previsto enviar sus observaciones al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a lo largo del lunes. Feijóo expresó escepticismo sobre el uso de los fondos Next Generation para mitigar los efectos de los aranceles, señalando su escasa eficacia durante la pandemia y en otras crisis recientes como la provocada por la DANA. "Si no funcionaron entonces, tampoco lo harán ahora", advirtió, insistiendo en la necesidad de involucrar a las comunidades autónomas para mejorar la ejecución de estas medidas. Desde el PP también critican el uso excesivo de instrumentos como avales y créditos ICO, que consideran menos eficaces que otras opciones. Feijóo aboga por "una reducción de cotizaciones y medidas fiscales" para ayudar a las empresas más vulnerables. Entre sus propuestas -diez en total, cuatro con dimensión europea y seis de carácter nacional- destaca la creación de un fondo de ayuda específico por parte de la UE y otro nacional, que se financiaría con los ingresos generados por los aranceles que recauden en España, si se confirma su aplicación. La intención es dar un mayor peso a las ayudas directas. En el plano europeo, Feijóo insiste en que la Unión debe hablar con "una sola voz" ante este desafío, además de diseñar un marco temporal de ayudas que tenga en cuenta el impacto en las pymes, acelerar la eliminación de barreras administrativas y fortalecer su presencia internacional mediante nuevos acuerdos comerciales con países como India, Corea del Sur, Singapur o los del Mercosur. La principal crítica de Feijóo al real decreto ley del Gobierno se centra en la falta de concreción de los fondos anunciados. De los 14.100 millones prometidos por Pedro Sánchez, asegura que 6.000 no están detallados y que únicamente 400 millones serían ayudas directas. Por eso, insiste en precisar mucho más las medidas anunciadas. Además, reclama un plan de competitividad industrial, argumentando que los efectos de los aranceles no serán pasajeros, sino que requerirán una estrategia a largo plazo y reformas estructurales. Dentro de ese plan para reforzar la competitividad, el presidente del PP propuso prolongar la vida útil de las centrales nucleares -una iniciativa que su grupo ya ha registrado en el Congreso- y suprimir el impuesto a la generación eléctrica. También pide la elaboración de un plan nacional de infraestructuras hidráulicas y una revisión profunda de la política fiscal. La fiscalidad, precisamente, es uno de los ejes en los que el PP insiste para compensar el impacto de los aranceles de EE. UU., sugiriendo medidas como desbloquear un régimen fiscal específico para el sector agrícola, revisar las cotizaciones sociales de las actividades más afectadas, modificar el Impuesto de Sociedades y reducir el IRPF, adecuándolo al actual contexto inflacionario. Esta última es una propuesta que el PP ha venido reiterando en los últimos dos años, especialmente en el marco de la guerra en Ucrania, y que ahora vuelve a poner sobre la mesa frente a esta nueva crisis.

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(El Periódico, 08-04-2025) | Fiscal

Las eléctricas exigen a Gobierno y CCAA bajar impuestos a las nucleares como condición para renegociar el cierre de las centrales

El Gobierno y las principales empresas eléctricas están manteniendo conversaciones directas para evaluar la posibilidad de retrasar el cierre de las centrales nucleares en el país. Las compañías propietarias de los reactores, como Iberdrola y Endesa (los principales operadores), así como Naturgy y EDP (con participaciones menores en algunas plantas), buscan reordenar el calendario acordado para el cierre de estas instalaciones. El caso más urgente es la central de Almaraz, cuya clausura está prevista para 2027 y 2028, y las compañías pretenden extender este plazo. Posteriormente, se revisarían las fechas de cierre de las demás centrales nucleares, alargando su vida útil por años adicionales. Las grandes eléctricas están trabajando en una propuesta conjunta para revisar los plazos de cierre y están considerando solicitar una "miniprórroga" de tres años para la central de Almaraz, lo que permitiría su funcionamiento hasta al menos 2030. Esta extensión podría desencadenar una revisión de los plazos de cierre de otras plantas nucleares, con posibles prórrogas de entre dos y tres años. Iberdrola, Endesa y Naturgy han argumentado públicamente la necesidad de mantener en operación el parque nuclear por más tiempo, con el objetivo de garantizar la estabilidad del suministro eléctrico en el país, dada la insuficiente capacidad de las grandes baterías y otras formas de almacenamiento, que aún no permiten asegurar la firmeza del sistema frente a la producción variable de las plantas renovables. No obstante, las compañías condicionan la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares a una reducción de los impuestos y tasas que deben pagar, tanto a nivel estatal como autonómico, para garantizar la rentabilidad de las plantas. Para las eléctricas, la rebaja fiscal es una condición indispensable. Aseguran que, sin una revisión favorable de la fiscalidad que soportan las centrales nucleares, la ampliación de su vida útil sería inviable. Fuentes del sector eléctrico explican que la clave para que las plantas continúen operando no son solo los plazos de cierre, sino los cambios fiscales necesarios para garantizar su viabilidad económica. El sector ha señalado que la electricidad producida por las nucleares paga más de 28 euros por megavatio hora (MWh) debido a impuestos, tasas autonómicas y otros costes, lo que eleva el pago anual a más de 1.500 millones de euros, lo que consideran insostenible a largo plazo. Las empresas eléctricas están trabajando en una propuesta conjunta para solicitar al Gobierno una extensión urgente de la licencia de la central de Almaraz hasta 2030 y una reorganización de los plazos de cierre de las demás plantas nucleares para evitar que se produzca un apagón nuclear total. Esta propuesta también incluye la solicitud de una rebaja de impuestos y tasas necesarias para asegurar la viabilidad económica de las centrales. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado un aumento del 30% en la tasa que las centrales nucleares deben pagar para cubrir los costes de gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de las plantas. Este aumento elevó la tasa a 10,36 euros por megavatio hora de electricidad producida, lo que implica pagos anuales de alrededor de 585 millones de euros, un incremento de 135 millones respecto a lo que se pagaba antes. Ante esta subida, las grandes eléctricas han recurrido al Tribunal Supremo para impugnar la subida de la conocida como 'tasa Enresa'. Si se llegara a un acuerdo para prolongar la vida útil de las centrales nucleares, esta extensión implicaría una reducción automática de la tasa Enresa. Al prolongarse el funcionamiento de las plantas, se produciría más electricidad que alimentaría el fondo destinado al desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos, lo que permitiría reducir la tasa que deben pagar las compañías por cada megavatio hora producido. Además de la reducción de la tasa Enresa, las eléctricas exigen una reforma integral de la fiscalidad del sector, pidiendo una rebaja significativa de los impuestos específicos que deben abonar, que suman unos 950 millones de euros anuales (alrededor de 18 euros por MWh producido). Las nucleares también han solicitado al Gobierno y a las comunidades autónomas la eliminación de algunos de estos tributos especiales que gravan su actividad.

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(El Confidencial, 08-04-2025) | Fiscal

Hacienda advierte que ciertos movimientos bancarios estarán sancionados con multas de hasta 150.000 euros

La Agencia Tributaria tiene, entre sus múltiples funciones, la labor de examinar la procedencia y legalidad de ciertos ingresos y movimientos financieros con el fin de detectar posibles irregularidades. En la actualidad, operaciones como transferencias e ingresos se han vuelto algo cotidiano entre los ciudadanos, sobre todo con la popularización de plataformas como Bizum. Este aumento en la frecuencia de transacciones ha llevado a Hacienda a intensificar el control sobre el origen y la finalidad de dichos movimientos para asegurar que se ajustan a la legalidad. Independientemente del tipo de operación, existen ciertos límites establecidos a partir de los cuales se debe declarar la transacción, especialmente en lo que respecta a ingresos. Es precisamente en este punto donde entra en juego la Agencia Tributaria, encargada de vigilar cualquier movimiento bancario que resulte inusual o genere sospechas. Hacienda cuenta con herramientas que le permiten identificar el destino y la finalidad de las sumas de dinero en circulación, así como determinar si tienen un origen ilícito. Las entidades bancarias, por su parte, están obligadas a comunicar a la Agencia Tributaria determinadas operaciones realizadas por sus clientes, especialmente cuando se manejan importes elevados, con el objetivo de prevenir fraudes o irregularidades. Actualmente, el límite permitido para pagos en efectivo está fijado en 1.000 euros, tanto en transacciones entre particulares como en operaciones profesionales. Además, los bancos deben informar a Hacienda sobre cualquier movimiento que supere los 3.000 euros, así como identificar al titular cuando se realicen ingresos en efectivo iguales o superiores a 1.000 euros. En cuanto al dinero en efectivo que se puede llevar consigo dentro del territorio español, el máximo permitido es de 100.000 euros, los cuales deben ser debidamente declarados a través del formulario S1. Cuando se realizan operaciones que superan estos umbrales, la Agencia Tributaria puede requerir al contribuyente documentación justificativa, como facturas o comprobantes, que acrediten que el movimiento se encuentra dentro de los márgenes legales establecidos. En caso de no poder justificar adecuadamente el origen del dinero o de que se detecten anomalías, se pueden aplicar sanciones que varían según la gravedad de la infracción. Las consideradas como "muy graves" pueden acarrear multas de hasta el 150% del importe no justificado. En este sentido, si no se logra acreditar el origen del efectivo, la sanción podría alcanzar los 150.000 euros. Además, cualquier intento de entorpecer la investigación o de ocultar información puede agravar la sanción económica impuesta.

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(Expansión, 08-04-2025) | Laboral

Ocho de cada 10 trabajadores vascos creen "buenas" sus condiciones laborales

Los trabajadores del País Vasco valoran positivamente sus condiciones laborales, una percepción que ha ido mejorando con el tiempo, según revela un estudio elaborado por PwC a petición de Confebask. De acuerdo con el informe, el 83% de los empleados vascos considera que gozan de buenas condiciones en cuanto a conciliación, estabilidad y seguridad en el empleo, lo que representa una evolución favorable respecto a años anteriores. Este lunes, representantes de Confebask y de sus organizaciones territoriales -Cebek, Adegi y SEA- presentaron el estudio titulado Contribución de las empresas vascas al progreso y bienestar social de Euskadi. Con él, buscan resaltar el valor que las empresas aportan al conjunto de la sociedad vasca. El informe ofrece una perspectiva optimista sobre el papel de las compañías en la comunidad, subrayando su apuesta por el empleo estable y el desarrollo profesional. Esta visión contrasta con la más crítica que suelen expresar los sindicatos, así como con las dificultades que denuncian muchos sectores para atraer y retener talento, a menudo atribuidas a una política salarial poco atractiva. Entre los datos destacados, PwC señala que las empresas vascas proporcionan "condiciones laborales de calidad y competitivas" especialmente a los jóvenes. En este grupo, el 59% cuenta con contratos indefinidos, frente al 42% en el conjunto de España, y el salario medio anual asciende a 17.362 euros, notablemente por encima de los 14.700 euros a nivel estatal. Esta "remuneración competitiva" también se extiende al resto de trabajadores. En el País Vasco, el salario medio por hora es el más alto del país, superando en un 19% la media nacional. A esto se suman otros beneficios sociales y retribuciones en especie que alcanzan los 82 euros anuales, un 13% más que en el resto del Estado. El sector industrial es el que mejor paga, con una media de 25 euros por hora, un 30% por encima del promedio nacional. Le siguen la construcción, con 19 euros por hora (4 más que la media española), y los servicios, donde se alcanzan los 20,7 euros frente a los 18 del resto de España. El estudio también pone en relieve la importancia económica de las empresas en Euskadi. Estas generan el 67% del PIB autonómico -equivalente a unos 56.000 millones de euros- y son responsables de 656.500 empleos directos. Además, su aportación fiscal anual, incluyendo cotizaciones sociales, supera los 20.000 millones de euros. Solo a las haciendas forales, las empresas privadas ingresan 11.584 millones, cantidad que representa el 94% del presupuesto que el Gobierno vasco destina a sanidad, educación, empleo y servicios sociales. "Es fundamental que la ciudadanía vasca entienda el verdadero papel de las empresas: si crecen y obtienen beneficios, Euskadi también progresa; si se debilitan, afecta negativamente al conjunto de la sociedad", subrayó Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, durante la presentación.

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(El País, 08-04-2025) | Laboral

Fedea cuestiona el “optimismo” del Gobierno respecto al sistema de pensiones tras el examen de la Airef

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que el Gobierno muestra un exceso de optimismo en su valoración sobre la estabilidad del sistema de pensiones. Así lo expresa su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, en un estudio publicado este lunes titulado Sobre la aplicación de la cláusula de salvaguarda del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI); algunas dudas metodológicas. Este informe sale a la luz justo una semana después del primer análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) tras la reciente reforma del sistema. En su evaluación, la Airef concluye que no es necesario activar ajustes automáticos, aunque advierte que la sostenibilidad del sistema se ha deteriorado: el gasto en pensiones aumentará 3,4 puntos del PIB hasta 2050, una cifra superior en cuatro décimas a la estimación de hace tres años. De la Fuente comparte las preocupaciones de la Airef sobre la salud financiera del sistema y manifiesta críticas sobre cómo se ha aplicado la cláusula de cierre del MEI, el mecanismo de corrección automática que exigió la Comisión Europea como condición para avalar la reforma, cuya activación depende del análisis de la Airef. Según explica De la Fuente, este mecanismo se activa si el gasto medio en pensiones públicas supera el 15% del PIB, una vez descontado el impacto positivo de las nuevas medidas de ingresos, que deberían aportar al menos un 1,7% del PIB, tomando como base promedios del periodo 2022-2050. Aunque el informe de la Airef evita activar el MEI, Fedea discrepa sobre la metodología utilizada en las proyecciones. Critica que se hayan incluido ingresos provenientes de transferencias estatales no destinados a prestaciones no contributivas, que se haya ajustado al alza el crecimiento del PIB desde 2024 según previsiones que considera excesivamente optimistas, y que se haya partido de una base poco realista sobre la sostenibilidad del sistema, generando, según sus palabras, una "ilusión monetaria" al no considerar adecuadamente los ingresos efectivos. Desde la Seguridad Social se argumenta que otros países también financian sus pensiones mediante transferencias estatales, no únicamente con cotizaciones sociales. La ministra Elma Saiz afirmó, tras conocerse el informe de la Airef, que no son necesarias nuevas medidas, que la sostenibilidad está asegurada y que los datos disponibles permiten mantener una visión positiva sobre el futuro del sistema: "Vamos en la dirección correcta y hay señales claras que lo demuestran", declaró. Sin embargo, De la Fuente discrepa: aunque técnicamente el sistema ha superado este primer test, lo ha hecho con un margen mínimo, lo que no significa que esté garantizada su viabilidad a largo plazo, ya que sigue mostrando signos evidentes de tensión financiera. Fedea, cuya junta directiva incluye a destacadas empresas del Ibex 35, muestra especial preocupación por el hecho de que se hayan contabilizado como ingresos adicionales ciertas transferencias estatales que no están destinadas a prestaciones no contributivas. De la Fuente advierte que este enfoque puede distorsionar la percepción de sostenibilidad del sistema, ya que en realidad se está maquillando el déficit de las pensiones al trasladarlo a las cuentas generales del Estado. Añade que aunque la Airef fue reticente a aceptar esta práctica, terminó incluyendo a regañadientes tres décimas del PIB en transferencias, lo cual fue suficiente para pasar de una evaluación negativa a una positiva. Según sus cálculos, la sostenibilidad se cumple por apenas una décima. Desde el Ministerio de Seguridad Social sostienen que algunas estimaciones incluidas en el informe de la Airef -como las relativas al sistema de cotización de los autónomos o a la evolución del empleo- han sido demasiado conservadoras, y que el impacto real de las nuevas fuentes de ingresos será superior al previsto. De la Fuente concluye que el procedimiento establecido por el Decreto 100/2025, que permite incluir transferencias en el cálculo de sostenibilidad, es cuestionable, no solo por esa inclusión, sino también por la metodología en general. Según él, aunque es lógico incorporar datos reales sobre PIB, gasto e ingresos conforme se disponga de ellos, esto no debería implicar una revisión automática de las proyecciones del Informe de Envejecimiento, especialmente si el método de ajuste presenta inconsistencias según el origen de las desviaciones del PIB.

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(El País, 08-04-2025) | Laboral

Los sindicatos de los empleados públicos redoblan su presión al Gobierno para reclamar su subida salarial pendiente

Las diferentes organizaciones sindicales que representan a los más de tres millones de empleados públicos del país han decidido intensificar la presión sobre el Gobierno. Sus principales demandas son el pago inmediato del incremento salarial del 0,5% correspondiente a 2024, aún pendiente, y la reactivación de las negociaciones para establecer un nuevo acuerdo retributivo que regule las subidas salariales de los próximos años. El pasado viernes, fue el sindicato de funcionarios CSIF quien abrió la ronda de protestas con movilizaciones en todo el territorio. Este lunes, ha sido el turno de Fedeca -la asociación que agrupa a los altos funcionarios del Estado- que ha reclamado públicamente el abono del aumento salarial. Para este martes, están previstas concentraciones de las federaciones de función pública de CC OO frente al Ministerio de Hacienda con el mismo objetivo. Fedeca ha recordado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que el aumento del 0,5% ya está pactado y recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI (2022-2024), firmado por CC OO y UGT con el Ejecutivo. De esta forma, la asociación responde a las declaraciones de López, quien la semana pasada afirmó que este incremento no se aplicaría hasta que se aclare el futuro de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuyo desarrollo ni siquiera está garantizado. A pesar de que el ministro ha pedido calma y ha asegurado que el aumento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero, la presidenta de Fedeca, Ana Ercoreca, ha criticado estas justificaciones, considerando que la vinculación de esta mejora a los Presupuestos es un argumento nuevo que no se había planteado anteriormente. Además, ha lamentado que, por el momento, los salarios del personal público estén congelados, mientras que en el sector privado los sueldos pactados en convenio suben un 3%. En la línea de esta reivindicación, CC OO también exigirá mañana ante el Ministerio de Hacienda el pago inmediato del 0,5% adicional y la apertura de un nuevo acuerdo plurianual que garantice empleo, salarios y derechos para el conjunto del personal público, tal como ya plantearon en una reunión con el ministro el pasado 24 de marzo. Por su parte, CSIF fue el primero en dar el paso con movilizaciones en todo el país para reclamar tanto la subida salarial pendiente como un nuevo marco de mejoras retributivas. Este sindicato no firmó el último acuerdo salarial -que contemplaba una subida del 9,8% entre 2022 y 2024- por considerar que no compensaba la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que estiman en torno al 20%. De cara a futuras negociaciones, el presidente de CSIF, Miguel Borra, ha advertido que su organización continuará con las movilizaciones y no descarta medidas más contundentes como paros parciales. "O el Gobierno da un paso adelante, o tendrá una primavera caliente", sentenció.

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