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(El Periódico, 10-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez lleva al presidente chino Xi un mensaje contra la posibilidad de una guerra comercial

Mientras Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Brasil imponen aranceles a los vehículos eléctricos chinos subsidiados para evitar que saturen sus mercados, Pedro Sánchez ha llevado este lunes a Pekín un mensaje en contra de las guerras comerciales. El presidente español se ha reunido con Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, y con ambos ha abordado la resolución negociada de los conflictos. "Una guerra comercial no beneficiaría a nadie", afirmó Sánchez en el encuentro del Consejo Asesor Empresarial hispano-chino, compuesto por 21 empresas chinas y 22 españolas, interesadas en promover el comercio y la inversión bilateral. Entre las empresas españolas presentes se encontraban Alsa, Grupo Antolín, BBVA, Cepsa, Denodo, Gestamp, GRI Renewable Industries, Grupo Jorge, Isdin, La Liga, Mondragón, Nicolás Correa, Osborne, Roca y Técnicas Reunidas. La industria del porcino español está preocupada, ya que el Gobierno chino amenaza con imponer importantes aranceles como represalia por los aranceles temporales que la Unión Europea, con el apoyo de España, ha aplicado a los vehículos eléctricos chinos. El cerdo es uno de los productos más importantes que España exporta a China, alcanzando en 2023 un valor de 1.233 millones de euros. "Medidas como los aranceles adicionales a los vehículos eléctricos chinos representan un desafío para todos", expresó Sánchez durante la inauguración del Foro España-China en Pekín. El presidente aseguró que España trabajará por una solución negociada dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, donde ya se están abordando las tensiones comerciales. También señaló que es esencial mantener un diálogo constructivo y respetuoso entre España y China. El mensaje de Sánchez en China tiene dos ejes principales: primero, que una guerra arancelaria no es beneficiosa para nadie; y segundo, que cualquier disputa debe resolverse de manera negociada. No obstante, el presidente ha mantenido un enfoque diplomático en público, sin desvelar si España apoyará o no en Bruselas la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos durante los próximos cinco años. En privado, según fuentes de Moncloa, Sánchez no ha dudado en señalar a los líderes chinos que la situación actual no puede continuar: China debería dejar de imponer trabas a las exportaciones alimentarias españolas y reconsiderar sus políticas comerciales, ya que el déficit comercial de España con China es insostenible. España exporta menos de 8.000 millones de euros a China, mientras que las importaciones ascienden a unos 45.000 millones, una brecha que sigue aumentando. En su encuentro con el primer ministro Li Qiang, Sánchez abogó por la necesidad de "tender puentes" entre China y Europa y defendió el multilateralismo. Se mostró sorprendido por la investigación que China ha iniciado sobre el porcino español. El presidente español ha expresado su interés en seguir fortaleciendo las relaciones con China, razón por la cual ha visitado el país por segunda vez en menos de un año y medio, un hecho inusual para un mandatario español. El año pasado se celebró el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Según informaron a la agencia EFE fuentes presentes en la reunión, el primer ministro chino elogió el crecimiento económico de España en los últimos años, así como los avances en la transición verde y digital, y explicó que China está abriendo más su economía al exterior tras el cierre que impuso el Partido Comunista durante la pandemia, lo que afectó severamente al crecimiento del país y a las cadenas de suministro globales. Finalmente, Sánchez también se reunió con Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, un órgano legislativo que en realidad se limita a ratificar las decisiones del Gobierno de Xi Jinping.

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(Expansión, 09-09-2024) | Fiscal

La cuota de solidaridad catalana se rebajará para aquellos territorios que apliquen una presión tributaria inferior a la de Cataluña

El Gobierno ha intentado calmar a las comunidades autónomas destacando que el acuerdo de financiación especial para Cataluña obliga a la Generalitat a hacer una contribución solidaria al resto de territorios. Sin embargo, esta aportación está condicionada y se ajustará según la política fiscal de las demás regiones. En concreto, el acuerdo entre PSC y ERC, que otorga a la Generalitat la gestión total de los impuestos de la región, establece una cuota que garantiza un nivel equivalente de servicios en las demás autonomías, aunque aclara que el pago dependerá de que las otras comunidades realicen un "esfuerzo fiscal similar" al de Cataluña. Dado que Cataluña tiene una de las presiones fiscales más altas del país, es probable que reduzca su contribución solidaria a las regiones con impuestos más bajos, que son la mayoría. Para equilibrar la situación, el pacto de financiación incluye que, a cambio de recaudar el 100% de sus tributos, la Generalitat hará dos pagos al Estado. El primero será una "aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña", cuyo porcentaje aún está por definir. El segundo será una contribución a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, aunque aún no se han detallado las cifras. Sin embargo, el acuerdo subraya que esta aportación busca que los servicios ofrecidos por los gobiernos autonómicos alcancen niveles similares, siempre y cuando las otras comunidades también hagan un esfuerzo fiscal comparable. Fuentes cercanas a los negociadores del acuerdo admiten que la contribución solidaria de Cataluña se reducirá para los territorios que tengan una presión fiscal menor, lo que afectaría a la mayoría, especialmente a las doce comunidades gobernadas por el PP. Según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024, elaborado por el REAF, Cataluña es una de las regiones con mayores impuestos en los tramos autonómicos de varios tributos que ya gestiona. Por ejemplo, Cataluña aplica el quinto tipo marginal más alto del IRPF, con un 50%, superado solo por el 54% de la Comunidad Valenciana, el 52% de Navarra, el 51,50% de La Rioja y el 50,5% de Canarias. Otras comunidades, como Aragón y Asturias, tienen un tipo similar, mientras que diez regiones aplican tipos más bajos, incluyendo aquellas con umbrales de renta menores, como Extremadura o Murcia. La contribución solidaria catalana también se verá reducida por otros impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones. En Cataluña, una herencia de 800.000 euros entre un padre y su hijo genera un pago de 44.569 euros, la tercera cifra más alta del país, solo por detrás de los 103.135 euros en Asturias y los 55.466 euros en Aragón. En otras regiones, este impuesto es mucho más bajo o incluso inexistente, como en Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, Cataluña también se sitúa entre las regiones con mayores gravámenes, con una tarifa de casi 42.000 euros sobre fortunas de cuatro millones, la tercera más elevada después de la Comunidad Valenciana y Cantabria. Otras regiones, como Andalucía, Murcia, Extremadura o Madrid, aplican tarifas mucho más reducidas, lo que las llevaría a recibir menos fondos de la contribución solidaria de Cataluña. Esta diferencia fiscal no afectará a Madrid, que con su política de bajos impuestos es la principal aportante a la caja común y no recibe fondos de la contribución solidaria catalana. Tampoco afectará a Baleares, que también es un contribuyente neto. Sin embargo, mantener impuestos por debajo del nivel catalán podría reducir los recursos disponibles para otras regiones que dependen de la caja común y aspiran a recibir parte de la nueva cuota solidaria. Aunque el sistema vigente ya modula las transferencias según la política fiscal de cada región, el nuevo modelo podría amplificar las diferencias, ya que los recursos aportados por Cataluña, la segunda mayor fuente de ingresos del país, se contabilizarán por separado y de forma limitada. Aún queda por definir quién comparará los esfuerzos fiscales de las distintas regiones respecto a Cataluña, bajo qué criterios y cómo se calculará la cuota solidaria inicial. Además, sigue siendo una incógnita si el Gobierno logrará los apoyos necesarios en el Parlamento para aprobar esta reforma, que se ha comprometido a implementar en el primer semestre de 2025. Mientras tanto, el Ejecutivo también busca impulsar una reforma integral del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década, con la promesa de que todas las regiones recibirán más fondos.

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(El Economista, 09-09-2024) | Fiscal

Moncloa reactiva la agenda presupuestaria y aprobará mañana el mismo techo de gasto

El Consejo de Ministros aprobará mañana el mismo techo de gasto que no consiguió aprobar en julio pasado, con el objetivo de que sea votado en el Congreso la próxima semana. Así, el Gobierno reanuda su calendario con la mirada puesta en los Presupuestos de 2025, que planea presentar en la Cámara Baja a principios de octubre. Las bases no cambiarán: el límite de gasto no financiero será de 199.171 millones de euros, y la senda de estabilidad llevará el déficit al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026, y al 1,8% en 2027. Durante estos próximos tres años, las Comunidades Autónomas podrán incurrir en un saldo negativo del 0,1%, mientras que los Ayuntamientos deberán mantener el equilibrio presupuestario. Será el segundo y último intento. Si la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no logra sacar adelante el techo de gasto ni recuperar el apoyo de Junts, el Gobierno se vería obligado -por segunda vez en su primer año de legislatura- a prorrogar los Presupuestos de 2023. Esto confirmaría la inestabilidad parlamentaria, lo que impediría avanzar en otras iniciativas clave, como el acuerdo fiscal con ERC para Cataluña o la revisión del sistema de financiación autonómica. Además, otras medidas quedarían paralizadas, como el incremento de la presión fiscal a las rentas más altas, anunciado recientemente por el presidente del Gobierno, o la reducción de la jornada laboral, impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Todo depende de Junts, que desde el 23 de julio ha mostrado señales de distanciamiento del bloque de investidura. "Nosotros no formamos parte de ningún bloque", afirmó el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista con TV3 la semana pasada. Los independentistas sitúan el "acuerdo de Bruselas" como la condición clave para facilitar la tramitación de los Presupuestos. Este acuerdo exigía la aprobación de la Ley de Amnistía y su aplicación plena, una norma que el Gobierno promovió el 30 de mayo. Sin embargo, Junts denuncia que no se está aplicando en su totalidad. Turull exigió recientemente que Sánchez obligue al Fiscal General del Estado a presentar una demanda contra los jueces que "no están aplicando" la ley. El acuerdo también incluye la demanda de que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos generados en Cataluña, algo que podría resolverse mediante el pacto fiscal entre el PSC y ERC para facilitar la investidura de Illa, un punto defendido por la vicepresidenta en el Senado la semana pasada. Es importante destacar que el pacto entre Sánchez y Puigdemont no contemplaba la salida de Cataluña del régimen común, como ahora piden, sino una reforma de la LOFCA que establezca "una cláusula de excepción para Cataluña, reconociendo su singularidad en el sistema institucional de la Generalitat". Otro tema pendiente en el acuerdo es el retorno de las empresas que abandonaron Cataluña durante el procés. Junts propuso sancionar a aquellas que no quieran regresar, una medida que el Gobierno descarta. Además, Junts ha añadido nuevas condiciones en las últimas semanas, como aumentar la inversión del Estado en la red de Cercanías en Cataluña y el compromiso de Montero de incrementar la ejecución presupuestaria en la región.

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(El País, 09-09-2024) | Laboral

Trabajo retoma la negociación para la reducción de jornada laboral

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se reunirá este lunes con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a las 10:30 horas para continuar las negociaciones sobre la reducción de la jornada laboral semanal a 37,5 horas, según informaron fuentes del departamento dirigido por Yolanda Díaz. Esta será la primera reunión de la mesa de diálogo social tras las vacaciones de verano y, según anunció esta semana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el Gobierno presentará nuevas propuestas. El último encuentro de esta mesa tuvo lugar el pasado 29 de julio. Pérez Rey destacó entonces el ambiente "constructivo" de la reunión, en la que las organizaciones empresariales se comprometieron a analizar "seriamente" la propuesta del Ministerio de aplicar de forma flexible la reducción de jornada durante 2025, mejorar el registro de horas trabajadas y asegurar el derecho de los trabajadores a la desconexión digital. Dentro de esa flexibilidad, el Ministerio propone que la mayoría de los convenios colectivos, que vencerán entre 2024 y 2025, se adapten a las nuevas condiciones sin afectar a los vigentes. Pérez Rey recordó que, en los últimos años, ningún juez o tribunal ha dictaminado que un convenio colectivo deba revisarse debido a un cambio en la legislación laboral. Además, añadió que este argumento pierde peso, ya que muchos convenios perderán vigencia entre 2024 y 2025, coincidiendo con la implementación de la reducción de jornada. El Ministerio busca cerrar el acuerdo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales lo antes posible y cree haber ofrecido suficientes márgenes a las empresas para que este cambio se realice progresivamente sin afectar de forma significativa su funcionamiento. "Estamos comprometidos con reducir la jornada a 37,5 horas y hacerlo de manera gradual, ya que se trata de una regulación que tendrá efectos a largo plazo", afirmó Pérez Rey. Además de la reducción de jornada, el Ministerio también tiene como objetivo mejorar el registro horario para asegurar el cumplimiento legal de las horas trabajadas. En la última reunión, se presentó una propuesta para garantizar el derecho a la desconexión digital, tanto en trabajos presenciales como en teletrabajo, evitando que los empleados sufran represalias por no responder a llamadas o correos fuera de su horario laboral. Pérez Rey dejó claro que ningún trabajador deberá enfrentar consecuencias negativas por ejercer su derecho a la desconexión. Asimismo, expresó su intención de acelerar las negociaciones para alcanzar un acuerdo en septiembre, lo que permitirá al Gobierno avanzar rápidamente en la tramitación normativa y cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo de gobierno. El secretario de Estado confía en que la reunión de este lunes sea "productiva" y arroje "algunos resultados", ya que, aunque no existe un plazo concreto, no se puede retrasar mucho más la implementación de esta medida, que está comprometida por el Gobierno de coalición. "Existe un compromiso en el acuerdo de gobierno que nos obliga a todos, tanto sindicatos como patronales y al propio Gobierno, a poner en marcha esta reducción de jornada lo antes posible", defendió Pérez Rey el pasado martes durante la presentación de los datos de desempleo de agosto. Respecto a las movilizaciones anunciadas por CCOO y UGT para exigir la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, Pérez Rey manifestó su "máximo respeto" hacia las "legítimas reivindicaciones" de los sindicatos y su derecho a la libertad sindical.

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(El País, 09-09-2024) | Laboral

Nuevos derechos para empleadas de hogar: evaluación de riesgos ‘online’ y reconocimiento médico gratuito

Después de reunirse la semana pasada con representantes de colectivos y plataformas de trabajadoras del hogar y del servicio de ayuda a domicilio para mejorar la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Ministerio de Trabajo ha finalizado los detalles del real decreto que presentará este martes en el Consejo de Ministros para su aprobación. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece la obligación de que los empleadores realicen una evaluación de los riesgos en los hogares donde trabajen estas empleadas, utilizando una herramienta creada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá a estas trabajadoras la posibilidad de hacerse reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos, y deberá proporcionarles equipo de seguridad cuando sea necesario. Garantizar la seguridad y ampliar los derechos de las empleadas del hogar -un colectivo compuesto en un 90% por mujeres, en su mayoría inmigrantes- ha sido una prioridad para el equipo de Yolanda Díaz y SUMAR en los últimos años. La equiparación de sus condiciones laborales a las de otros regímenes ha sido un proceso que comenzó hace dos años con el reconocimiento de su derecho a cobrar el subsidio por desempleo, algo que no era posible bajo la legislación anterior. "Este real decreto pone fin a las injusticias y les da a estas mujeres un estatus de normalidad respaldado por el sector público", asegura una fuente del Ministerio. El decreto se basa en siete puntos clave, que aumentan las responsabilidades de los empleadores, exigiéndoles tomar medidas preventivas para garantizar que las trabajadoras del hogar realicen sus labores en condiciones seguras. La primera obligación es que evalúen los posibles riesgos en los hogares donde se desempeñarán estas empleadas. Para ello, el INSST, como entidad técnica especializada en prevención de riesgos laborales, desarrollará una herramienta que permita evaluar adecuadamente los espacios, además de una "guía técnica para la prevención de riesgos laborales en el trabajo doméstico" y un protocolo "contra la violencia y el acoso en el empleo doméstico". "Esta herramienta no supondrá una carga para quienes empleen personal en sus hogares, que son mayoritariamente particulares", explica la misma fuente. El texto, sin embargo, no especifica un calendario para la implementación de este programa. Tras realizar la evaluación, los empleadores deberán proporcionar a sus trabajadoras "equipos de protección individual y herramientas adecuadas", y paralizar la actividad "en caso de riesgo grave e inminente". El respaldo público al colectivo de trabajadoras -que en agosto registró 360.077 afiliadas a la Seguridad Social- se amplía con la posibilidad de que las empleadas se sometan a revisiones médicas gratuitas a través del SNS o reciban formación financiada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y gestionada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FSP). Según el documento, este apoyo estatal "no implicará un aumento del gasto público" y se llevará a cabo "sin incrementar el coste operativo de los órganos directivos". Para promover la regularización de un sector que históricamente ha operado al margen de la ley, el Ministerio de Trabajo mantendrá las ayudas a la contratación para los empleadores, entre las que se incluyen una bonificación del 80% en la cotización al desempleo y un 20% en la contribución al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Asimismo, se establece que el recargo en las prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales debido a la falta de medidas de prevención "no se aplicará a las trabajadoras del hogar".

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(El Economista, 09-09-2024) | Laboral

Los autónomos se jubilan 15 meses más tarde y con 650 euros menos

Los trabajadores en España afrontan el paso a la jubilación de manera muy variada, tal como lo evidencian las diferencias en la edad de acceso a la pensión pública y en su monto. En el caso de los trabajadores autónomos, la última reforma que castiga la jubilación anticipada no ha afectado de manera significativa sus hábitos. Siguen siendo quienes más tarde se retiran y, como consecuencia, los que menos optan por adelantar su salida del mercado laboral. La diferencia entre autónomos y asalariados supera los 15 meses: los primeros se jubilan, en promedio, a los 66,2 años, mientras que los trabajadores del Régimen General lo hacen a los 65. Hasta ahora, los autónomos han quedado fuera de las reformas más importantes en materia de pensiones. Primero, la reforma de 2013 introdujo un aumento progresivo de la edad de jubilación y de los años de cotización requeridos. Segundo, la reforma de 2021 impuso penalizaciones a la jubilación anticipada. Estas medidas han contribuido a que los autónomos ya se retiren después de los 65 años, y que pocos opten por jubilarse antes de la edad legal, solo el 13,4% lo hace actualmente (16% antes de la reforma). También es importante considerar las medidas que fomentan la jubilación demorada. Incluso antes de las mejoras que aumentan la pensión por cada año adicional trabajado, esta modalidad ya era la preferida por los autónomos. Desde 2021, el porcentaje de autónomos que eligen retrasar su jubilación se ha duplicado, alcanzando el 27,6%, atraídos por el incremento en su pensión o el pago en efectivo ofrecido por la Seguridad Social. ¿Hay una razón económica detrás de esto? Tradicionalmente, los autónomos han recibido pensiones más bajas que los asalariados, resultado de bases de cotización menores o de cotizar por el mínimo, algo común antes de que se implementara el actual sistema de cotización por ingresos reales. La pensión media de un autónomo es 650 euros inferior a la de un trabajador del Régimen General, aunque este verano se logró superar el umbral de los 1.000 euros de pensión media. Entonces, ¿hay una motivación económica para que los autónomos alarguen su vida laboral? En principio, sí, pero no es la única explicación. Las estadísticas de la Seguridad Social muestran que aquellos autónomos que se jubilan de forma anticipada tienen pensiones casi un 20% más altas que los que retrasan su jubilación más allá de los 65 años. Otra posible causa radica en las condiciones de la jubilación activa. Los ajustes realizados este verano han restringido los beneficios para los autónomos, que ya no pueden cobrar el 100% de su pensión junto con sus ingresos laborales si tienen empleados contratados. Ahora, este beneficio se limita al 75% si tienen al menos un empleado fijo con antigüedad mínima de 18 meses, o si contratan a un nuevo empleado fijo sin relación laboral previa en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa. Además, la Seguridad Social otorga un 5% adicional por cada año de actividad continua. Más allá de lo económico, factores como la tradición o el apego a la profesión también juegan un papel importante, como destacan la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y Séniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot). Muchos autónomos han dedicado su vida a su trabajo y no desean dejarlo, o les resulta difícil traspasar el control de su negocio a otra persona. Un ejemplo emblemático es el de Presentación Salazar, una camarera de 94 años que sigue al frente de su negocio tras 70 años, y que fue reconocida por la ATA por su trayectoria.

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(Expansión, 09-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La banca ofrece hasta un 4% a las grandes fortunas por su liquidez

En los últimos meses, los bancos españoles han comenzado a reducir la rentabilidad de sus productos de ahorro, en respuesta a los cambios en los tipos de interés en Europa. Tras la primera bajada de tipos implementada por el Banco Central Europeo (BCE) en junio y la esperada reducción de 25 puntos básicos que el mercado anticipa para esta semana, las mejores ofertas de ahorro han quedado atrás. Las entidades financieras nacionales están ajustando las remuneraciones que ofrecen por el ahorro, cuyo máximo se alcanzó justo antes del verano. Según las últimas cifras del Banco de España, el tipo medio ponderado de los depósitos se sitúa actualmente en el 2,65% a junio. No obstante, este ajuste no se está aplicando de manera uniforme a todos los clientes. Frente a los depósitos tradicionales ofrecidos por los bancos en sus oficinas, las entidades se esfuerzan por mantener propuestas más competitivas, que aún rondan el 4% para sus clientes VIP, aquellos con patrimonios significativos depositados. Aunque las mejores ofertas superaron este porcentaje cuando los tipos de interés estaban en su punto más alto a finales de 2023 y principios de 2024, hoy siguen alineadas con el precio oficial del dinero. Varios bancos están diseñando ofertas especiales para clientes de banca privada que cuentan con grandes sumas de liquidez, incluso por encima de los 100.000 euros, una cantidad que excede la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Las estrategias de remuneración para clientes de banca privada varían entre entidades. A diferencia de la banca comercial, donde se lanzan ofertas estándar para todos, en la banca privada las condiciones dependen de diferentes factores. Los grandes bancos comerciales con divisiones de banca privada están siendo muy selectivos al remunerar la liquidez de sus clientes, ofreciendo las mejores condiciones según el patrimonio, los productos contratados y las cantidades gestionadas. Un vistazo a las Sicav más grandes de España, donde se concentran las mayores fortunas, revela que los bancos nacionales remuneran a sus clientes más destacados con intereses fuera del mercado y sin seguir un patrón fijo. De media, la banca española ofrece un 3,7% a doce meses para la liquidez de las diez mayores sociedades patrimoniales del país, según los datos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por ejemplo, BBVA paga un 3,91% por la liquidez de Alicia Koplowitz en su Sicav Morinvest. Banco Santander ofrece un 3,72% a los depósitos de Alberto Palatchi, fundador de Pronovias, en su vehículo Gesprisa. Bankinter remunera con un 3,98% la liquidez de Leopoldo del Pino en su Sicav Swift Inversiones, mientras que Banca March ofrece entre un 3,71% y un 3,8% por la liquidez de la familia propietaria del banco en sus Sicav.

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(Expansión, 09-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá quiere impulsar que el Banco de España asesore al Gobierno

El nombramiento de José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España ha generado un debate sobre si el hecho de pasar directamente de ser ministro a asumir este cargo compromete la independencia de la institución, tal como establece la ley de autonomía de 1994. La discusión se ha centrado en este aspecto, cuando hay otros factores igualmente relevantes para evaluar dicha independencia, como la gobernanza. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, defendió la idoneidad del nombramiento de Escrivá recordando que la independencia de una institución se mide no solo por la trayectoria de sus responsables, sino también porque los nombramientos sean por periodos distintos al ciclo político, que los mandatos no sean renovables, y que las causas de destitución estén bien definidas. Asimismo, enfatizó la importancia de que la financiación sea autónoma y que exista una adecuada rendición de cuentas y transparencia hacia la sociedad. Pablo Hernández de Cos, el anterior gobernador del Banco de España, entendió que uno de los objetivos clave durante su mandato de seis años era abrir la institución, que hasta ese momento había mantenido una postura más cerrada hacia el público. A lo largo de su gestión, participó en numerosos eventos y comparecencias ante el Congreso y el Senado, buscando acercar la labor del banco a la sociedad. Además de su propia visibilidad pública y la de la subgobernadora, Margarita Delgado, también trató de hacer que las principales áreas del banco, como la supervisión, estabilidad financiera, y economía, fueran más accesibles. En este sentido, Escrivá parece querer intensificar la transparencia y la rendición de cuentas en el Banco de España. Esto responde, en parte, a las crecientes críticas que no solo afectan al Banco de España, sino también al Banco Central Europeo (BCE). Se argumenta que estas instituciones tienen un poder significativo sobre decisiones que impactan directamente a la sociedad, como las relacionadas con los tipos de interés, y que a menudo operan sin dar suficientes explicaciones al público. Hasta ahora, el Banco de España ha sido conocido principalmente por sus informes macroeconómicos, como los análisis de la evolución de la economía, la sostenibilidad de las pensiones, el impacto del salario mínimo y las tensiones inflacionarias. Si bien estos informes han proporcionado una comprensión valiosa de la situación económica, en ocasiones han generado críticas que señalan que el banco se ocupa de temas que no le competen, descuidando su misión principal de asegurar la estabilidad financiera y la solvencia de las entidades. El nuevo enfoque parece buscar un mayor conocimiento público de las funciones asignadas a otras áreas del Banco de España, para contrarrestar la percepción de que el banco ha perdido responsabilidades debido a la creciente influencia del BCE. Escrivá también quiere que se comunique mejor el impacto de las decisiones del BCE en la economía nacional, de manera más inmediata, al igual que hacen otros bancos centrales. Aunque respetará el tiempo necesario para que el BCE explique sus decisiones, su intención es que la sociedad comprenda de manera rápida cómo estas afectan al país.

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(El Economista, 09-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Cepyme exige reducir las cargas burocráticas, fiscales y sociales

La principal asociación de pequeñas y medianas empresas (pymes) del país ha sido clara al presentar un manifiesto en el que detalla siete puntos clave en los que las decisiones del Gobierno afectan negativamente al crecimiento del sector empresarial. Recientemente, Cepyme destacó los principales obstáculos que frenan el fortalecimiento de las pymes, señalando entre ellos los altos costes y las cargas burocráticas, fiscales y sociales a las que deben hacer frente casi 3 millones de pymes en España. Según datos de la OCDE, España es uno de los países donde la supervivencia de este tipo de empresas es más precaria. Cepyme también ha señalado que el discurso del Gobierno tiende a estigmatizar a los emprendedores, promoviendo una visión negativa del empresario, basada en la persecución de beneficios y el éxito empresarial. Este enfoque, según la patronal, desincentiva la iniciativa emprendedora. En su "Manifiesto de la pequeña y mediana empresa española", Cepyme expone su postura sobre estos temas y destaca los siete puntos que considera como amenazas para su progreso. "El propósito de las empresas es generar beneficios, y esto no debe ser motivo de vergüenza. Solo las empresas rentables sobreviven, invierten, crean empleo y mejoran los salarios. Cuando una empresa obtiene beneficios, toda la sociedad se beneficia", se lee en el manifiesto firmado por empresarios de todo el país. El documento también critica el incremento de registros, planes y protocolos obligatorios, lo que impone una carga burocrática excesiva. Las pymes se ven obligadas a destinar recursos a la contratación de asesorías especializadas para cumplir con estas normativas, lo que supone un coste adicional no relacionado con su productividad. Cepyme señala que en España las empresas aportan un 32,4% de la recaudación fiscal, frente al 25,8% de la media europea, una cifra que podría aumentar con la introducción de nuevos impuestos medioambientales. En su manifiesto, la organización solicita el fin del "control excesivo" sobre las empresas y de la "sobrerregulación", que, según indican, dificulta especialmente a las pymes debido a la complejidad normativa. Además, Cepyme reclama que no haya intervención gubernamental en los salarios, defendiendo que los incrementos salariales deben estar vinculados a la productividad. Como ejemplo contrario, mencionan el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido más de un 60% en los últimos años mientras que la productividad ha disminuido. El manifiesto, presentado por el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, señala que el aumento del SMI se ha realizado "sin tener en cuenta su impacto en los sectores afectados", y denuncia que junto con el incremento de las cotizaciones sociales y la reducción del tiempo de trabajo sin recorte salarial, estas medidas afectan directamente a la estructura salarial general. Desde la perspectiva de los empresarios, estas medidas "desnaturalizan la negociación salarial bilateral", anulando convenios y acuerdos firmados que rompían el equilibrio logrado entre sindicatos y empresarios a lo largo de más de un siglo. Internamente, Cepyme advierte que estas políticas aumentan la conflictividad laboral al homogeneizar los salarios, afectando la relación entre empleados y empleadores. La organización defiende que las empresas deben tener libertad para gestionar el tiempo y los recursos de trabajo sin interferencias del Gobierno, ya que la organización de la producción y la toma de decisiones son asuntos privados entre la empresa y sus trabajadores. Finalmente, Cepyme solicita una reducción de las cargas fiscales y sociales para no lastrar la competitividad de las pymes. Considera necesario frenar el continuo aumento de las cotizaciones sociales, que en los últimos años ha crecido un 31,7% respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

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(Expansión, 06-09-2024) | Fiscal

Hacienda prepara alzas fiscales a fondos, depósitos o diésel y la restitución del IVA

El Ministerio de Hacienda está preparando un nuevo paquete fiscal que acompañará a los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de obtener recursos para compensar a las comunidades autónomas tras el acuerdo con Cataluña, cumplir con las normas fiscales y avanzar en la reforma que exige la Unión Europea. A pesar de la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos para 2025, cuya tramitación coincidiría con los congresos de Junts y ERC, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido seguir adelante con el proyecto tras abandonar las cuentas de 2024 debido a la inestabilidad política en Cataluña. De este modo, el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el techo de gasto para 2025 y una nueva senda fiscal, mientras que el Ministerio de Hacienda ya trabaja en la confección del paquete tributario, bajo la dirección de Sánchez y con el objetivo de contentar a la mayor cantidad posible de aliados parlamentarios. Este paquete busca obtener nuevos recursos para calmar a las regiones tras el pacto de financiación singular para Cataluña, cumplir con las nuevas normas fiscales, realizar la reforma tributaria que exige Bruselas a cambio de los fondos europeos y revertir las reducciones fiscales universales adoptadas frente a la inflación, con la intención de convencer a un número suficiente de diputados para aprobar los Presupuestos. En este sentido, el Ejecutivo valora posibles aumentos de impuestos sobre el capital, mayores gravámenes medioambientales, la consolidación de los tributos a la banca y a las energéticas, y la normalización de los tipos tradicionales de IVA en energía y alimentos. Algunas claves del plan fiscal fueron reveladas por Sánchez en el acto de apertura del curso político, donde señaló que se implementarán nuevas medidas para limitar los privilegios de ciertas élites y gravar a quienes poseen fortunas considerables, con el fin de proteger a las clases medias y trabajadoras. Además, reiteró la necesidad de fomentar la electrificación y el transporte público. Por otro lado, Sumar, socio del Gobierno, ha manifestado su intención de seguir aumentando la presión fiscal sobre las rentas del capital para equipararlas a las del trabajo. Aunque ya se han incrementado los tramos del IRPF sobre el ahorro, todavía hay margen para elevar la tributación sobre los contribuyentes más ricos. En cuanto al patrimonio, el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas ha neutralizado las bonificaciones autonómicas sobre el Impuesto de Patrimonio y supera los tipos propuestos en el ámbito internacional para gravar a los grandes patrimonios. El Gobierno español buscará acelerar la implementación global de este impuesto para evitar la fuga de capitales a otros países. Asimismo, el Ejecutivo está trabajando en convertir en permanentes los gravámenes temporales sobre la banca y las empresas energéticas, y en avanzar con la reforma fiscal exigida por Bruselas para acceder al quinto pago de los fondos Next Generation. Esta reforma incluiría la equiparación tributaria entre el diésel y la gasolina, lo que podría incrementar la recaudación en 2.400 millones de euros, según estimaciones de la Airef. Finalmente, para cumplir con las recomendaciones de la UE, el Gobierno planea eliminar las ayudas fiscales universales y restaurar los tipos de IVA reducidos o suprimidos temporalmente, como los aplicados a la energía y a los alimentos básicos, lo que incrementaría la recaudación a partir de enero.

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