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(Cinco Días, 07-01-2025) | Laboral

Las rebajas de enero generarán más de 172.000 contratos

Finalizada la temporada de compras de fin de año, que comenzó con el Black Friday como punto de partida, las empresas ya se alistan para la próxima oleada de consumo, habitualmente iniciada un día después de Reyes. La consultora de recursos humanos Randstad ha presentado este jueves sus previsiones de contratación para las rebajas de enero y febrero de 2025, centradas en los sectores de transporte, logística y comercio. Esta campaña no solo permitirá a las familias adquirir productos en stock durante el año, sino que también generará 172.450 contrataciones en España, un aumento del 19,8% en comparación con el año anterior, cuando se registraron 144.000 contratos. Además, según el análisis territorial, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, las regiones más pobladas, concentrarán la mitad de los nuevos empleos creados durante este periodo. El auge de la actividad tras cada clic en las compras online explica el notable crecimiento del sector del transporte y la logística, que se consolida como el principal generador de empleo en esta campaña. Se prevén 115.625 contratos, lo que representa el 67% del total estimado por Randstad y un incremento del 26,1% respecto a 2024. Por su parte, el comercio también verá un aumento en sus plantillas, aunque de manera más moderada, con 56.825 contratos previstos, un 8,7% más que el año pasado. El director general de Trabajo Temporal de Randstad, Andrés Menéndez, destacó que el incremento en la actividad comercial y logística durante las rebajas refleja la recuperación y el dinamismo del mercado laboral español. Esto se debe tanto a la creciente demanda en el comercio electrónico como al retorno de los consumidores a prácticas más tradicionales. "Este comportamiento está permitiendo que sectores clave, como el transporte y la logística, lideren el crecimiento del empleo", afirmó. En cuanto a los perfiles demandados, el comercio continuará buscando dependientes, promotores, azafatos, comerciales y profesionales de atención al cliente, tanto para tiendas físicas como para plataformas digitales. Entre las habilidades más valoradas en estos puestos destacan la capacidad de comunicación, el trato cercano al cliente, las competencias digitales y el manejo de herramientas tecnológicas. Por otro lado, en el sector logístico, los roles más solicitados serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas. Las empresas priorizarán candidatos con habilidades como flexibilidad, capacidad de adaptación y manejo de tecnologías aplicadas a la logística. A nivel regional, Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid encabezarán la contratación durante esta campaña, con 31.400, 28.280 y 28.280 empleos, respectivamente, acumulando el 51% de los contratos. Castilla-La Mancha destaca por ser la región con mayor incremento porcentual respecto al año anterior, con un crecimiento del 32,9% y 7.500 contrataciones. Le siguen Baleares, con 3.500 empleos (+23,9%), Galicia, con 10.300 (+23,7%), y Cataluña, con un aumento del 22,3%. Por el contrario, regiones como La Rioja (910 empleos, +7,1%), Cantabria (2.710, +10,4%) y Extremadura (2.230, +12,3%) registrarán crecimientos más discretos.

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(El País, 07-01-2025) | Laboral

Trabajo aspira a convocar esta misma semana a sindicatos y patronal para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año

El Ministerio de Trabajo liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, está a la espera de recibir el informe elaborado por la comisión de expertos sobre la materia. Una vez obtenga la recomendación respecto a la horquilla de incremento salarial, el Ministerio de Trabajo convocará a la mesa de diálogo social, donde se reunirán CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para discutir una medida que, en última instancia, corresponde decidir al Gobierno. Según indicó la semana pasada el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la intención es convocar a los agentes sociales "inmediatamente después de Reyes", según recordó Efe. Aunque el Ministerio de Trabajo no ha avanzado cifras concretas, Yolanda Díaz ha insistido en que el aumento debe cumplir con dos objetivos fundamentales: garantizar que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, al menos reflejando la inflación, y continuar avanzando hacia un SMI equivalente al 60% del salario medio en España. En este contexto, Díaz volvió a criticar al secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, quien sostuvo que el incremento del SMI debería alinearse con la evolución económica, después de haberlo señalado también por obstaculizar la reducción de la jornada laboral. Actualmente, el SMI se sitúa en 1.134 euros brutos al mes. El departamento de Díaz defiende la importancia de activar el proceso ya para que el recorte aplique en 2025, teniendo en cuenta el complicado trámite parlamentario que se avecina. La semana pasada Díaz volvió a hablar con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para convencerle de que apoye la reducción de jornada. A ese respecto, Cuerpo también opinó, aludiendo a la "realidad parlamentaria". Es decir, es difícil que el planteamiento pactado con los sindicatos y rechazado por la patronal reciba el apoyo de los partidos de derechas, que suman mayoría en el Congreso. Pero ante esa queja, Trabajo recuerda que en el legislativo puede cambiar el texto, con las ayudas a pymes que decayeron del acuerdo por la negativa patronal como uno de los principales argumentos, entre otros. Y que el rechazo parlamentario no ha sido excusa para no aprobar otros proyectos en el Consejo de Ministros, pendientes de cambios a posteriori para prosperar en el Congreso. "Somos el país que más crece de la OCDE, está creciendo la productividad por encima del 2,5%. Me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es de casi ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora al día", agregó Díaz. Ese último comentario, el uso del concepto "mala persona", ha llamado especialmente la atención, en lo que fuentes gubernamentales catalogan como "un ataque personal". En el Ministerio de Economía insisten en que la intención de reducir la jornada es un proyecto compartido y que Cuerpo está completamente comprometido con este objetivo. "Hay que seguir conjugando crecimiento con conquista y refuerzo de derechos. Para el Gobierno y para el Ministro de Economía, la reducción de la jornada es la siguiente conquista", defiende el departamento que dirige Cuerpo.

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(El País, 07-01-2025) | Laboral

Cuatro de cada diez nuevos empleos de 2024 fueron de trabajadores extranjeros

El mercado laboral cierra el año con resultados destacados en España, donde se lograron generar medio millón de empleos a lo largo de 2024. Un gran porcentaje de este crecimiento se debe a la contribución de trabajadores extranjeros, quienes ocuparon 212.042 de los 501.952 nuevos puestos creados, representando así cuatro de cada diez empleos, una cifra muy por encima de su peso actual en el mercado laboral, que se sitúa en el 12%, dos puntos porcentuales más que antes de la pandemia. De acuerdo con los datos de la Seguridad Social, el 42,2% de las nuevas afiliaciones en 2024 corresponde a empleados extranjeros, marcando el porcentaje más alto registrado desde que existen estadísticas disponibles (2008). En comparación, en 2023, este grupo representó el 38,6% de los nuevos empleos, con 208.057 puestos, y en 2022, alcanzó el 40,5%, con 190.913 empleos. Desde la recuperación tras la pandemia, esta proporción se mantiene cercana al 40%. Antes de la crisis sanitaria, el peso de los extranjeros en la creación de empleo ya mostraba una tendencia al alza: en 2019 sumaron el 34,4% de los nuevos puestos, mientras que en 2017 representaron apenas el 20,6%. Los datos históricos de la Seguridad Social no permiten analizar el auge laboral durante la burbuja inmobiliaria, aunque la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE refleja que la contribución de los trabajadores extranjeros era aún mayor en esa época. Entre el cuarto trimestre de 2006 y el mismo periodo de 2007, se crearon 522.500 empleos, de los cuales 294.700 (56,4%) correspondieron a extranjeros, en parte debido al proceso de regularización extraordinaria impulsado por el gobierno de Zapatero. En 2006, el 51,2% de los nuevos empleos también correspondieron a trabajadores extranjeros. El ritmo de crecimiento de la afiliación extranjera sigue siendo notablemente superior al de los nacionales. Entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2024, el número de trabajadores extranjeros aumentó un 7,95%, mientras que el de españoles apenas creció un 1,6%. Esta tendencia se mantiene desde 2015 y es especialmente visible en los años de recuperación económica. Por ejemplo, en 2021, los empleados extranjeros crecieron un 9,2% frente al 3,45% de los españoles. El aumento constante de trabajadores extranjeros también ha elevado su peso en la afiliación total a la Seguridad Social. En diciembre de 2024, representan el 12,13% del total, superando las cifras de 2023 (11,41%) y 2022 (10,86%). Antes de la pandemia, este porcentaje era del 9,93%, y en el pico inmobiliario de 2007 alcanzó el 10,49%. En comparación, los datos de la EPA para el tercer trimestre de 2024 colocan a los extranjeros en el 15,11% de la fuerza laboral, mientras que los nacionales con doble nacionalidad representan el 5,48%, un porcentaje récord. Hace una década, en 2014, los extranjeros eran el 10,68% de los ocupados, y los de doble nacionalidad el 2,1%. En 2004, estos grupos representaban el 9,48% y el 0,5%, respectivamente. Estos datos reflejan cómo los trabajadores extranjeros se han consolidado como una pieza clave en el mercado laboral español, especialmente en los años de recuperación económica y transformación del tejido productivo.

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(El Economista, 07-01-2025) | Laboral

La nueva jubilación activa permite cobrar salario y pensión con 15 años cotizados

El último Consejo de Ministros del año pasado aprobó un real decreto que introduce cambios en las modalidades de jubilación, los cuales comenzarán a aplicarse a partir de abril. Esta reforma busca fomentar la compatibilidad entre el salario y la pensión mediante incentivos para retrasar la jubilación, facilitando una transición más gradual fuera del mercado laboral. Una de las principales novedades es la eliminación del requisito de tener una carrera de cotización completa para acceder a la jubilación activa, permitiendo que los trabajadores del sector privado puedan optar a esta modalidad con solo 15 años cotizados, el mínimo necesario para obtener una pensión contributiva, en lugar de los 38 años exigidos anteriormente. Esta flexibilización beneficiará tanto a asalariados como a autónomos, especialmente a las mujeres, quienes suelen tener trayectorias laborales más cortas debido a factores históricos y sociales. Los trabajadores con 15 años cotizados, que da derecho al 50% de la base reguladora de la pensión, podrán ahora combinar esta prestación con ingresos laborales, utilizando la jubilación activa como una herramienta para complementar sus ingresos y prolongar su actividad laboral. El porcentaje de la pensión que se podrá percibir en la jubilación activa aumentará según los años que el trabajador retrase su retiro definitivo. Por ejemplo, tras un año en esta modalidad, el beneficiario recibirá el 45% de su pensión, alcanzando el 100% después de cinco años o más. La reforma también introduce cambios para los autónomos. Aquellos con trabajadores indefinidos a su cargo podrán combinar el 75% de su pensión con sus ingresos laborales, siempre que el empleado tenga al menos 18 meses de antigüedad y no haya tenido relación laboral previa con el autónomo en los dos años anteriores. Esto representa una modificación respecto a la legislación anterior, que permitía a los autónomos con empleados indefinidos percibir el 100% de la pensión. Otra novedad es que la jubilación activa ahora será compatible con los incentivos por demora, que incluyen un aumento porcentual en la pensión, un pago único de entre 5.000 y 12.000 euros, o una combinación de ambos. Además, a partir del segundo año en esta modalidad, el complemento económico será más flexible, ofreciendo un incremento del 2% cada seis meses. En cuanto a las contribuciones, los trabajadores en jubilación activa tendrán bonificaciones en sus cuotas a la Seguridad Social. Los asalariados pagarán un 9% en concepto de cotización solidaria, mientras que los autónomos continuarán cotizando por incapacidad temporal, accidentes laborales (4,5%) y una cuota solidaria del 9%. El objetivo general de estas reformas es aumentar la edad efectiva de jubilación para reducir el gasto público asociado al sistema de pensiones. Para ello, el Gobierno también ha endurecido las condiciones para acceder a la jubilación anticipada, incrementando los requisitos de edad, años cotizados y aplicando recortes más severos en las pensiones. Este endurecimiento ha provocado una disminución de las jubilaciones anticipadas, que ahora representan el 29% de las nuevas altas, frente a casi el 50% en el pasado. Al mismo tiempo, las jubilaciones demoradas han crecido hasta el 9%, aunque son los autónomos quienes lideran esta tendencia, representando un 26,4% de las jubilaciones demoradas, el doble que antes de la reforma. En cambio, entre los asalariados, estas apenas alcanzan el 6,1%. Finalmente, la reforma también ajusta la jubilación parcial anticipada, permitiendo adelantar la salida del mercado laboral hasta tres años antes de la edad ordinaria, en lugar de los dos años permitidos anteriormente. Para ello, se deberán cumplir requisitos como tener al menos 33 años cotizados, seis años de antigüedad en la empresa y suscribir un contrato de relevo. En estos casos, quienes adelanten tres años podrán reducir su jornada laboral hasta un máximo del 33% durante el primer año.

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(El Economista, 07-01-2025) | Laboral

El Gobierno deja desprotegidos los despidos por pedir jornada adaptada hasta el 3 de abril

El Gobierno ha dejado abierta hasta la primavera la posibilidad de que las empresas puedan despedir a trabajadores que soliciten o disfruten de una jornada adaptada para cuidar a hijos menores de 12 años. Estos despidos no volverán a ser considerados nulos hasta el próximo 3 de abril. Este escenario se debe a un error en la Ley de Paridad, en vigor desde el 22 de agosto, que eliminó la protección frente al despido que amparaba a quienes pedían esta modalidad de conciliación. A diferencia de la reducción de jornada, que implica trabajar menos horas, la jornada adaptada permite modificar horarios o turnos, e incluso teletrabajar de forma parcial o total. Para corregir este fallo, el Ejecutivo incluyó una enmienda en la Ley de Eficiencia de la Justicia, en trámite parlamentario durante el verano, reintroduciendo en el Estatuto de los Trabajadores la nulidad de los despidos relacionados con la solicitud o disfrute de una jornada adaptada. Sin embargo, la puesta en marcha de esta corrección se ha retrasado debido a la demora en la aprobación definitiva de la nueva ley y a la falta de medidas urgentes para acelerar su aplicación. La Ley de Eficiencia de la Justicia, publicada en el BOE el pasado 3 de enero, establece que sus disposiciones entrarán en vigor tres meses después de su publicación, es decir, el 3 de abril. Hasta esa fecha, los empresarios podrán despedir a empleados con jornada adaptada sin que dichos ceses sean considerados nulos, beneficiándose de un período de casi ocho meses de margen legal desde el error inicial. Expertos en derecho laboral prevén que estos despidos generen conflictos judiciales. Algunos jueces han adelantado que, aunque deben avalar los ceses realizados dentro de este intervalo debido a la normativa vigente, será el Tribunal Supremo quien defina una doctrina clara. Esto podría implicar que los trabajadores afectados enfrenten procesos legales prolongados que se extiendan durante más de cinco años. Además de corregir el error en la protección de los trabajadores con jornada adaptada, la Ley de Eficiencia de la Justicia introduce otro cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Por primera vez, se establece de manera explícita el número de impagos salariales necesarios para que un empleado pueda rescindir su contrato y acceder a la prestación por desempleo. A partir del 3 de abril, los trabajadores podrán romper el contrato si su empleador retrasa el pago de la nómina durante 15 días y acumula tres meses de impagos en un año, aunque no sean consecutivos. También podrán rescindir el contrato quienes sufran impagos equivalentes a seis meses de salario, incluso si no corresponden al mismo año ni son continuos.

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(Cinco Días, 07-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El oro se revalorizó cerca del 30% el pasado año

El año 2024 cerró con importantes ganancias en activos de riesgo, como la Bolsa y el bitcoin, pero también en el oro, considerado el refugio por excelencia. A pesar del interés por otros instrumentos de inversión, el metal precioso consolidó su posición como un elemento clave en las carteras de inversión, beneficiándose del entorno de tipos de interés a la baja. En un contexto de menor rentabilidad en los bonos y tipos reales reducidos, el oro resulta más atractivo. Sin embargo, el incremento cercano al 30% en su precio durante 2024, alcanzando máximos históricos, se debe principalmente al continuo apetito de los bancos centrales, que han intensificado sus compras de oro como estrategia de diversificación de reservas, una tendencia que se prevé continuará en 2025. Según estimaciones de Goldman Sachs y Citi, estas adquisiciones podrían impulsar el precio de la onza de oro hasta los 3.000 dólares este año, aunque dichas previsiones están sujetas a la elevada incertidumbre que marca el inicio del ejercicio. "El oro mantiene su capacidad de aportar estabilidad a las carteras, y los inversores deberían considerar cubrir riesgos en acciones y duración en caso de sorpresas inflacionarias en EE. UU.", señalan desde Amundi, la mayor gestora de fondos de la zona euro. Por su parte, Santander Asset Management destaca su preferencia por el oro como cobertura frente a riesgos geopolíticos. Aunque advierten que un alza en los tipos reales podría limitar su atractivo, destacan que las compras de bancos centrales continúan en niveles elevados, dejando espacio para mayores incrementos en el precio. El contexto global arranca con múltiples incertidumbres que refuerzan la utilidad del oro como activo refugio. La llegada de Donald Trump a la presidencia augura volatilidad en los mercados bursátiles y de deuda, aunque dependerá de cómo impacten sus políticas comerciales, migratorias y de gasto en la inflación y el crecimiento. Además, los conflictos bélicos en Ucrania y Gaza siguen activos, lo que ha incrementado la demanda de oro como refugio, especialmente por parte de los bancos centrales. La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, que incluyeron la congelación de las reservas en dólares de su banco central, han llevado a muchos países, especialmente emergentes, a reducir su exposición a activos denominados en dólares, como los bonos soberanos de EE. UU., y a optar por el oro. Desde BlackRock señalan que el movimiento hacia el oro es una respuesta para reducir riesgos geopolíticos y mitigar la vulnerabilidad ante sanciones internacionales. "Las compras de los bancos centrales representan la principal fuerza estructural que impulsa el mercado del oro", aseguran en Julius Baer, donde mantienen una perspectiva positiva a largo plazo para el metal precioso. Goldman Sachs proyecta que el oro alcance los 3.000 dólares por onza a finales de 2025, impulsado por las firmes adquisiciones de los bancos centrales, quienes buscan mitigar riesgos geopolíticos y aumentar la proporción de oro en sus reservas, especialmente en los mercados emergentes, donde aún es baja comparada con los países desarrollados. China, la segunda mayor economía del mundo, será clave en las compras de oro en los próximos años. Mientras los bancos centrales de Estados Unidos, Alemania o Francia tienen alrededor del 70% de sus reservas en oro, en China este porcentaje apenas alcanza el 7% tras las últimas adquisiciones, dejando un amplio margen de crecimiento, según Julius Baer. Citi, por su parte, anticipa que las compras de oro por parte de los bancos centrales continuarán incluso si las tensiones geopolíticas en Ucrania y Oriente Próximo disminuyen durante el mandato de Trump. La entidad proyecta un precio de 2.800 dólares por onza en tres meses y de 3.000 dólares en un horizonte de seis a doce meses. Además, consideran que la política de Trump podría ser un factor determinante para el precio del oro. Un escenario de estanflación, con un deterioro del mercado laboral estadounidense y una mayor inflación impulsada por aranceles, podría llevar el precio del oro más allá de los 3.000 dólares, mientras que una economía estadounidense resiliente podría situarlo en torno a los 2.500 dólares. Finalmente, desde Goldman Sachs señalan que si la Reserva Federal reduce los tipos solo una vez en 2025, el precio del oro podría cerrar el año unos 100 dólares por debajo de su previsión base de 3.000 dólares. A pesar de ello, las compras de los bancos centrales seguirán siendo un sólido respaldo para el metal, aunque habrá que monitorear el impacto inflacionario de las políticas del nuevo presidente de EE. UU.

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(Expansión, 07-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El Tesoro prevé colocar hasta 13.750 millones esta semana

El Tesoro Público comienza esta semana las primeras subastas de 2025 con nuevas emisiones de letras y bonos, con las que pretende obtener entre 11.250 y 13.750 millones de euros, de acuerdo con sus objetivos de emisión. La primera subasta del año, programada para mañana, estará enfocada en Letras a 6 y 12 meses, con las que el Tesoro planea captar entre 5.500 y 6.500 millones de euros. En la última emisión de 2024 para estas mismas referencias, el organismo recaudó 4.784,21 millones, reduciendo además las rentabilidades marginales: al 2,585% para las letras a seis meses y al 2,228% para las de un año. Una vez celebrada esta subasta inicial, que marca el inicio del calendario de emisiones del nuevo año, el Tesoro volverá a los mercados el jueves con una nueva oferta de bonos y obligaciones del Estado, con la que busca captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros. El próximo jueves 9 de enero, el Tesoro emitirá bonos del Estado a 3 años con un cupón del 2,40% y vencimiento el 31 de mayo de 2028; obligaciones a 7 años con un cupón del 3,10% y vencimiento en 2031; y otra obligación con un valor residual de 21 años y 10 meses, con cupón del 2,90% y vencimiento en 2046. Con estas emisiones, se espera obtener entre 5.500 y 6.500 millones de euros. Además, en esta primera subasta a largo plazo, el Tesoro aprovechará para emitir una obligación del Estado a 15 años indexada a la inflación de la zona euro. Esta obligación tendrá un cupón del 2,05% y vencimiento en 2039, con un objetivo de captación situado entre 250 y 750 millones de euros.

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(Expansión, 07-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La actividad económica de la eurozona vuelve a caer en diciembre, con España en máximos de casi dos años

La actividad del sector privado en la zona euro volvió a contraerse en diciembre por segundo mes consecutivo, según el índice PMI elaborado por Hamburg Commercial Bank y S&P Global. No obstante, esta caída fue "mínima" y menos pronunciada que la registrada en noviembre. El PMI compuesto de la zona euro se situó en 49,6 puntos, por encima de los 48,3 del mes anterior. En cuanto al sector servicios, experimentó un repunte hasta los 51,6 puntos desde los 49,5 registrados en noviembre. El informe publicado destaca que la economía de la zona euro finalizó 2024 en una situación "frágil", con una reducción en los niveles de actividad debido a las continuas caídas en los nuevos pedidos y el empleo, según informó Europa Press. Además, las presiones inflacionarias aumentaron, mientras que las expectativas empresariales para los próximos doce meses se mantuvieron "débiles", aunque alcanzaron su mejor nivel en tres meses. Al igual que en noviembre, Alemania, Francia e Italia reportaron descensos en su actividad comercial en diciembre. Francia registró el peor desempeño con un índice de 47,5 puntos, seguida por Alemania (48 puntos), mientras que Italia (49,7 puntos) mostró solo una leve disminución en su actividad total. Por el contrario, España e Irlanda lograron mejorar sus niveles de actividad, destacando el dinamismo del sector privado español, que igualó los niveles alcanzados en marzo de 2023. "Los datos del PMI de diciembre no ofrecen una base sólida para un auge del sector servicios en 2025, pero al menos los nuevos pedidos han dejado de caer y la disminución de los pedidos pendientes se ha moderado", señaló Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank. De la Rubia añadió que las empresas de servicios, a diferencia de los fabricantes, no están directamente afectadas por la amenaza de los aranceles estadounidenses, lo que debería contribuir a evitar que la debilidad industrial arrastre por completo a toda la economía en 2025. Por último, el economista destacó que los datos confirman que la inflación en el sector servicios sigue siendo "demasiado alta" debido al incremento de los costes y su impacto en los precios finales. Según De la Rubia, esto implica que la política monetaria del banco central debería avanzar con cautela, aplicando solo recortes moderados en los tipos de interés durante el primer trimestre de 2025.

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(El Periódico, 03-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Las empresas españolas triplican la media europea de confianza de cara a 2025

Las empresas españolas encaran 2025 con una confianza significativamente superior a la media europea. En concreto, triplican el promedio de la Unión Europea y casi quintuplican el nivel de optimismo registrado en la zona euro. Este positivismo se debe, en gran medida, a las favorables perspectivas sobre las exportaciones y las ventas nacionales. Así lo revela la 32ª edición de la Encuesta de Perspectivas Empresariales, elaborada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con Eurocámaras. El estudio se basa en las opiniones de 1.765 empresas españolas dentro de un total de 42.000 participantes en toda Europa. El índice de confianza de las empresas españolas respecto a la evolución de su negocio en 2025 muestra un saldo positivo de 15,4 puntos, muy por encima del 4,1 de la media europea y del 2,9 de la zona euro. Este optimismo encuentra su mayor respaldo en las exportaciones, con un saldo positivo de 36,8 puntos frente al 6,2 promedio de la UE, y en las ventas nacionales, que alcanzan un saldo de 20,1, muy superior al 8,9 registrado por las empresas europeas. También se muestra confianza en el empleo y la inversión, aunque en estos ámbitos el optimismo es más moderado. Estos resultados coinciden con las proyecciones macroeconómicas, que han sido revisadas al alza por diversos organismos y servicios de análisis. Según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB español registró un crecimiento anual del 3,3% en el tercer trimestre de 2024, tras un incremento del 0,8% en comparación con el trimestre anterior. No obstante, las empresas también identifican desafíos importantes para 2025. Casi tres de cada cuatro (72,6%) consideran que los costes laborales serán el principal obstáculo para su actividad, lo que supone un aumento de seis puntos respecto a 2024. Asimismo, el 48% señala la falta de personal cualificado como un problema creciente, nuevamente con un incremento de seis puntos en comparación con el año anterior. También preocupan las cargas administrativas y el aumento de los precios de la energía y las materias primas. Por otro lado, las empresas más optimistas de Europa se encuentran en Portugal, con un saldo de expectativas positivo de 47 puntos, seguidas por las de Turquía y Montenegro, con 45 y 38 puntos, respectivamente. En contraste, las menos optimistas son las empresas de Austria, Alemania y Serbia, que registran saldos negativos de -15,6, -10,3 y -8,8 puntos, respectivamente.

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(Cinco Días, 02-01-2025) | Fiscal

Ya se pueden rescatar los planes de pensiones con más de 10 años de antigüedad

Año nuevo, nuevas oportunidades. Aunque el comienzo de 2025 no traerá un cambio drástico inmediato para la mayoría, sí marcará una diferencia para muchos españoles que contrataron planes de pensiones hace una década. Desde este miércoles 1 de enero, quienes hayan invertido en estos productos financieros al menos diez años atrás podrán disponer de su dinero, según detalla Miguel Moreno Mendieta en un artículo de CincoDías. Los planes de pensiones fueron concebidos como un instrumento de ahorro a largo plazo, diseñado para acumular recursos que complementen la pensión pública. En condiciones normales, el dinero invertido solo puede recuperarse al alcanzar la edad legal de jubilación. Para facilitar este proceso de ahorro, las aportaciones realizadas se deducen de la base imponible del IRPF. Por ejemplo, si un trabajador percibe un sueldo bruto anual de 40.000 euros y aporta 1.500 euros a su plan, tributará únicamente por 38.500 euros. No obstante, en 2018, el gobierno de Mariano Rajoy aprobó un real decreto que flexibilizó considerablemente este producto financiero, aumentando su liquidez para hacerlo más atractivo. Según el Ejecutivo de entonces, permitir la recuperación de los fondos tras diez años de inversión, sin necesidad de esperar a la jubilación, ofrecía "mayor libertad y garantías al ahorrador". Además, esta reforma legislativa incluyó reducciones en las comisiones cobradas por las gestoras. A lo largo del tiempo, también se han añadido supuestos excepcionales que permiten retirar el dinero antes, como en casos de enfermedad grave, desempleo prolongado, riesgo de desahucio o circunstancias extraordinarias, como la crisis de la Covid-19 o los daños por el volcán de La Palma y la DANA en Valencia. Estas situaciones excepcionales han llevado a que, anualmente, entre 150 y 300 millones de euros sean rescatados de los planes de pensiones. Ahora, siete años después de este cambio normativo, cualquier ahorrador que cumpla los requisitos puede acudir a su entidad financiera para solicitar el reembolso de las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2015, junto con los rendimientos obtenidos. Según estimaciones del sector, esta cifra supera los 64.000 millones de euros, lo que representa el 51% del total de los fondos acumulados en planes de pensiones. Es importante destacar que retirar dinero de un plan no impide seguir haciendo aportaciones para otras finalidades futuras, como la jubilación, incapacidad o fallecimiento. Sin embargo, los expertos advierten que es crucial analizar previamente el impacto fiscal del rescate, ya que las cantidades retiradas se consideran rendimientos del trabajo y tributan en el IRPF bajo el mismo tipo impositivo. Por tanto, calcular si es ventajoso desde el punto de vista fiscal resulta fundamental antes de tomar una decisión.

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