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(Cinco Días, 14-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El euríbor rompe la barrera del 2,5% por la incertidumbre económica y aligera la carga de los hipotecados

El euríbor ha registrado este miércoles un nuevo mínimo al situarse, en tasa diaria, por debajo del 2,5%, un nivel que no alcanzaba desde el 6 de octubre de 2022. En aquel entonces, el indicador hipotecario ascendía de manera constante en medio de la crisis inflacionaria. Ahora, el panorama ha cambiado completamente, con una clara tendencia a la baja. Entre los factores que influyen en este comportamiento se encuentran la incertidumbre política en Europa, marcada por las próximas elecciones en Alemania, cuyo sector industrial atraviesa una crisis que lastra su economía, y el impacto potencial de las políticas proteccionistas prometidas por Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos. Estas variables pesan más sobre el euríbor que un posible repunte inflacionario derivado de dicho proteccionismo, que podría ralentizar la política de recortes de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esta caída representa un alivio para quienes tienen hipotecas variables. Si la media de noviembre se mantiene en el actual 2,495% -y hay previsiones que apuntan a descensos aún mayores-, los beneficiarios disfrutarán de un ahorro significativo. Por ejemplo, en una hipoteca promedio de 140.451 euros a 23 años, con un diferencial de un punto sobre el euríbor, el ahorro mensual sería de 129 euros, lo que equivale a 1.548 euros al año. Además, esta tendencia puede facilitar que más personas accedan a una vivienda en propiedad, ya que las cuotas más bajas amplían el número de solicitantes que cumplen los requisitos bancarios, los cuales suelen exigir que las mensualidades no superen un tercio de los ingresos. También brinda oportunidades para renegociar mejores condiciones con las entidades financieras o cambiar la hipoteca a otra más ventajosa. Según Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, el Gobierno probablemente no renovará el Código de Buenas Prácticas, que permite hasta fin de año cambiar una hipoteca variable por una fija o mixta con costes mínimos. Por ello, anima a aprovechar esta oportunidad antes de que caduque. El euríbor ha encadenado siete meses consecutivos de descensos, y noviembre apunta a ser el octavo. De las nueve jornadas transcurridas este mes, el indicador ha bajado en seis y subido solo en tres. Actualmente, la media mensual se sitúa en el 2,571%, inferior al 2,691% de octubre y muy lejos del 4,022% registrado en noviembre del año pasado. Con el BCE sin reuniones programadas en noviembre, las posibles alteraciones en la trayectoria del euríbor son limitadas. El próximo encuentro será en Fráncfort el 12 de diciembre, donde se espera que el Consejo de Gobierno mantenga su enfoque gradual, con otro recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés. No obstante, las implicaciones de la reciente victoria de Trump en Estados Unidos estarán en el centro del debate. En una entrevista previa a las elecciones, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió en Le Monde sobre las consecuencias de una mayor fragmentación comercial, que podría reducir el PIB mundial hasta en un 9% en un escenario extremo de desacoplamiento. La incertidumbre económica en Estados Unidos, principal destino de las exportaciones europeas y receptor de importantes inversiones de empresas del continente, representa un desafío para las previsiones de crecimiento en Europa. Un menor crecimiento podría presionar al BCE para continuar reduciendo los tipos de interés, lo que impactaría directamente en el euríbor, que tiende a disminuir en línea con los recortes. En este contexto, la banca, que se ha beneficiado de los altos tipos de interés gracias al aumento en las cuotas hipotecarias, podría tener que ajustar su estrategia. Con menores ingresos por hipotecas, las entidades se verán obligadas a captar más clientes para compensar la caída en los pagos mensuales. Esto podría intensificar la competencia en el sector y beneficiar a los nuevos hipotecados con opciones más económicas.

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(Expansión, 14-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los ingresos reales de los españoles caen pese al crecimiento económico

Mientras la economía europea muestra signos de debilidad, España mantiene un sólido ritmo de crecimiento. El PIB español ha aumentado a tasas trimestrales de entre el 0,8% y el 0,9% durante los tres primeros trimestres del año, y las proyecciones indican que podría cerrar 2024 con un crecimiento anual del 3%, casi cuatro veces superior al de la zona euro. Sin embargo, esta aparente prosperidad no se refleja completamente en el bienestar de los ciudadanos. Los ingresos reales per cápita de los hogares españoles disminuyeron un 0,43% en el segundo trimestre, en contraste con el aumento promedio del 0,36% registrado en los países de la OCDE. Estos datos, incluidos en un informe publicado recientemente por la OCDE, subrayan el desfase entre el avance macroeconómico y la situación económica de las familias. Aunque el PIB per cápita de España creció un 0,65% en el segundo trimestre, la renta real disponible de los hogares experimentó una nueva caída tras el repunte del 2% registrado en los primeros meses del año. Este patrón de deterioro ya se había observado al cierre de 2023, cuando también descendió un 0,32%. La diferencia entre el PIB per cápita y la renta disponible es crucial para entender esta desconexión. Mientras que el primero mide el crecimiento económico global de un país, la segunda refleja los ingresos reales de las familias, que determinan su capacidad de gasto y bienestar. Según la OCDE, que utiliza los ingresos reales per cápita como indicador del nivel de vida, este desacople es evidente en España. De los quince países analizados, España se encuentra entre los siete donde los ingresos reales per cápita de los hogares retroceden. Países Bajos (-2,25%), Irlanda (-2,22%), Chile (-1,16%) y Australia (-0,44%) registraron caídas más pronunciadas. En Alemania y Canadá, las reducciones fueron menores, con descensos del 0,24% y el 0,21%, respectivamente. En el caso de Alemania, esta caída se atribuye a un incremento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, junto con un débil crecimiento salarial. En España, los incrementos salariales y la moderación de los precios no fueron suficientes para mejorar la renta disponible. Por el contrario, en Portugal, los ingresos reales per cápita subieron un 2,13% gracias a un aumento significativo de los salarios, que han crecido un 23% en términos reales desde finales de 2021. Otros países con notables incrementos fueron Hungría (+1,47%), Austria (+1,14%), Reino Unido (+1,07%) e Italia (+1,04%). En menor medida, los ingresos también aumentaron en Estados Unidos (+0,43%), Francia (+0,35%) y Suecia (+0,23%). A pesar de estas subidas, el informe de la OCDE señala una desaceleración general en el crecimiento de los ingresos reales per cápita en la mayoría de los países analizados. En el segundo trimestre, el incremento promedio fue del 0,36%, notablemente inferior al 1,29% registrado en los primeros tres meses del año. Todo esto ocurre en un contexto en el que el PIB real per cápita apenas avanzó un 0,3% en el conjunto de países estudiados.

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(La Vanguardia, 14-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La tasa de variación anual del IPC del mes de octubre se situó en el 1,8%

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) general en el mes de octubre fue del 1,8%. Esta tasa fue tres décimas superior a la registrada el mes anterior. Los grupos que más destacaron por su influencia en el aumento de la tasa anual fueron: Vivienda, que situó su variación anual en el 4,2%, lo que supuso 1,3 puntos por encima de la del mes pasado. Este aumento se debió, en su mayor parte, a la subida de los precios de la electricidad y el gas, frente a la bajada en el mismo mes de 2023. Transporte, cuya tasa anual aumentó nueve décimas, hasta el -3,0%. Este comportamiento fue consecuencia de la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en octubre del año anterior. La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumentó una décima respecto septiembre, y se situó en el 2,5%. En octubre la tasa de variación mensual del IPC general fue del 0,6%. Los grupos con mayor repercusión mensual positiva en la tasa mensual del IPC fueron: Vestido y calzado, que presentó una variación del 8,5%, que recoge el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno. Este grupo repercutió 0,295 en el IPC general. Alimentos y bebidas alcohólicas, que presentó una variación del 1,4%, debida al aumento de los precios de las frutas y de las legumbres y hortalizas. Este grupo repercutió 0,265 en el IPC general. El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre. País Vasco presentó la tasa más elevada (2,3%) y Castilla-La Mancha la más baja (1,4%). En el mes de octubre la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 1,8%, una décima más que la registrada el mes anterior. La variación mensual del IPCA fue del 0,4%.

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(Expansión, 13-11-2024) | Fiscal

Las Socimis se ponen en pie de guerra ante el órdago fiscal del Gobierno

Asombro, indignación y preocupación en el sector inmobiliario tras el acuerdo entre PSOE y Sumar, que plantea eliminar las exenciones fiscales a las Socimis. Este anuncio ya ha tenido repercusiones en los mercados, con una caída significativa en las acciones de las principales empresas del sector. En un solo día, Merlin Properties y Colonial, dos gigantes del Ibex, han perdido 590 millones de euros en capitalización bursátil. Desde Merlin Properties, se asegura que están evaluando "diversos escenarios y planes de contingencia" para proteger los intereses de accionistas, clientes y empleados, en caso de que la propuesta se materialice. Según la compañía, en el corto plazo el análisis está enfocado en determinar el impacto en el flujo de caja, que esperan sea limitado gracias a otras normativas fiscales. A mediano y largo plazo, las medidas estarán orientadas a garantizar la sostenibilidad y competitividad, explorando todas las opciones legales disponibles. Merlin también defiende el papel clave de las Socimis en el desarrollo de infraestructuras modernas y sostenibles, desde oficinas y centros comerciales hasta hoteles y torres de telecomunicaciones. Además, destacan que estas sociedades permiten una "forma de ahorro accesible" para los pequeños inversores. Sin embargo, los expertos advierten que el impacto potencial de este cambio va más allá de la caída en bolsa. Modificar las reglas fiscales a mitad de camino podría desalentar la inversión extranjera y poner en desventaja a las empresas españolas frente a sus competidores en Europa y Estados Unidos. Esta incertidumbre ya está llevando a algunas compañías a considerar un posible cambio de sede social. Fuentes de otras Socimis cotizadas expresan su inquietud, aunque prefieren esperar a los resultados de la reunión de la comisión de Hacienda este jueves y a conocer el texto definitivo de la propuesta. No obstante, coinciden en que este tipo de "ruido" no favorece la imagen de España ni su seguridad jurídica. Antonio Fernández Hernando, presidente de Armanext, firma especializada en la cotización de Socimis, destaca que la mayoría de los países de la OCDE cuentan con figuras similares. "¿España será el único país de la UE sin REIT? Una medida así provocaría la fuga de capital y obligaría a las pocas empresas que permanezcan a aumentar los alquileres para compensar el impacto fiscal", advierte. Las Socimis, conocidas internacionalmente como REIT (Real Estate Investment Trust), surgieron en Estados Unidos en los años 60 y se expandieron a Europa manteniendo características comunes: están centradas en el alquiler de inmuebles, cotizan en bolsa para facilitar el acceso a pequeños inversores y deben repartir la mayor parte de sus beneficios en dividendos, al menos un 80% en España. Sumar, en su enmienda al proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global del 15% para multinacionales, argumenta que, ante el déficit de vivienda y el aumento de costos, las exenciones fiscales de las Socimis deben eliminarse para fomentar un mercado más equilibrado. Señalan que esta medida busca desincentivar la especulación y priorizar el uso de inmuebles con fines residenciales permanentes, con un impacto social positivo al facilitar el acceso a la vivienda para quienes más la necesitan. Por su parte, la enmienda del PSOE plantea una postura más moderada, proponiendo modificaciones en el régimen fiscal de las Socimis para aumentar la oferta de viviendas a corto plazo y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

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(Expansión, 13-11-2024) | Fiscal

Hacienda fía 16.000 millones del ajuste fiscal a la no deflactación del IRPF

La reforma fiscal que PSOE y Sumar negocian actualmente con otros grupos parlamentarios se perfila como un pilar fundamental en el plan para equilibrar las cuentas públicas, un compromiso asumido con la Unión Europea. Sin embargo, en el ámbito tributario no solo importan las medidas que se implementan, sino también aquellas que se dejan de aplicar. En este sentido, además de las nuevas subidas impositivas y tributos planteados, el Gobierno prevé destinar 16.000 millones de euros del ajuste presupuestario comprometido hasta 2031 a los ingresos extra derivados de su decisión de no ajustar el IRPF según la evolución de precios y salarios. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado este impacto en su informe sobre el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo 2025-2028. Este documento, requerido por las nuevas reglas fiscales de la UE, detalla cómo los países con desequilibrios presupuestarios planean corregir sus finanzas. Según la AIReF, la falta de actualización del IRPF generará 15.900 de los 25.800 millones de euros que el Gobierno espera recaudar entre 2024 y 2031 mediante medidas discrecionales de ingresos. Este concepto representa el 62% de la recaudación adicional proyectada, superando incluso los ingresos previstos por la reforma de pensiones. Este fenómeno, conocido como "progresividad en frío" o "rémora fiscal", consiste en un aumento implícito de la presión tributaria cuando los tramos del IRPF no se ajustan a la inflación o a la subida salarial. Como resultado, aunque un trabajador reciba un aumento salarial y suba de tramo fiscal, podría terminar pagando más impuestos sin mejorar su poder adquisitivo. Este efecto ha sido especialmente notable durante años de alta inflación, como destaca el Banco de España, que atribuye a esta causa más de la mitad del aumento extraordinario de la recaudación. A pesar de esto, Hacienda ha rechazado actualizar el IRPF, argumentando que beneficiaría también a las rentas altas y que es preferible centrarse en medidas para las rentas bajas. Esta postura contrasta con la práctica en territorios forales como el País Vasco y Navarra, donde sí se ha ajustado regularmente. Recientemente, varias comunidades autónomas, especialmente gobernadas por el PP, han seguido el mismo camino. Aunque el impacto de la progresividad en frío ha disminuido con la moderación de la inflación, la AIReF estima que en 2024 esta medida generará 3.400 millones de euros adicionales para el Estado. La cifra bajará a 1.800 millones en 2025 y se mantendrá alrededor de esa cantidad hasta 2031. Esta estrategia es crucial para que la Comisión Europea apruebe el plan gubernamental de limitar el crecimiento del gasto público al 3% anual una vez descontadas las medidas de ingreso. Sin embargo, la AIReF advierte que, si la UE no considera la progresividad en frío como una medida discrecional de ingresos, el Gobierno podría enfrentarse a la necesidad de aplicar recortes adicionales o aumentar otros impuestos. En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una reforma tributaria que espera generar 4.500 millones de euros anuales adicionales a partir de 2025. Inicialmente, buena parte de este monto dependía de la consolidación de los impuestos a banca y energéticas. No obstante, la oposición de Junts y ERC a prolongar los gravámenes sobre el sector energético, tras las amenazas de deslocalización de empresas como Repsol, ha obligado a buscar alternativas. Entre las medidas en negociación se incluyen un tributo temporal suavizado a la banca, la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, el aumento del IRPF sobre el ahorro al 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, un IVA del 21% para viviendas turísticas, el fin de las exenciones fiscales de las Socimis y las primas de seguros médicos, así como nuevos impuestos al lujo y al vapeo. Este paquete no solo busca fortalecer la consolidación fiscal, sino también desbloquear los 7.200 millones de euros del quinto tramo de ayudas Next Generation, que requiere avanzar en la convergencia tributaria de España con Europa.

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(Expansión, 13-11-2024) | Fiscal

Una subida de la carga fiscal del seguro de salud tendría una repercusión directa en la prima que pagan los usuario

Las aseguradoras han rechazado rotundamente la propuesta incluida en el acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar, que plantea la "eliminación de la exención a las primas de los seguros privados sanitarios". Según Unespa, la patronal del sector, esta medida afectaría negativamente a los 12,4 millones de personas que actualmente cuentan con este tipo de cobertura. Sin embargo, el anuncio realizado carece de detalles concretos, lo que ha generado diferentes interpretaciones entre las aseguradoras. A pesar de ello, el rechazo es unánime, aunque la propuesta todavía debe recibir los apoyos necesarios para su aprobación, algo que no está garantizado. El PNV ya ha expresado su oposición a esta medida. Aitor Esteban, su portavoz, declaró que su partido "no aceptará" esta iniciativa, destacando que en el País Vasco un gran número de personas cuenta con seguros de salud privados. Las aseguradoras advierten que un aumento en la fiscalidad de estos seguros impactaría directamente en el coste de las primas, dado que los márgenes de las compañías son cada vez más ajustados. Este incremento podría llevar a muchos asegurados a abandonar los seguros privados y recurrir a la sanidad pública, lo que generaría mayor presión sobre el sistema público de salud. Actualmente, los seguros de salud están exentos del Impuesto sobre Primas de Seguros (IPS), que grava con un 8% a pólizas como las de autos o hogar. Si se les aplicara este impuesto, las primas subirían automáticamente un 8%, lo que se sumaría al aumento medio del 10% que las aseguradoras ya prevén para las renovaciones de 2025. No obstante, la aplicación del IPS no afectaría a los seguros concertados para funcionarios, que están regulados por una normativa específica. En términos generales, los seguros no están sujetos al IVA, conforme a la normativa de la Unión Europea, lo que dificulta que se les pueda aplicar este impuesto en España. Además, las pólizas de salud cuentan con otras ventajas fiscales en el ámbito laboral: mientras la prima no supere los 500 euros anuales, no hay que declararla como retribución en especie en el IRPF. Asimismo, los autónomos pueden deducir las primas de sus seguros, incluyendo las de su cónyuge e hijos menores de 25 años. Para las empresas, estas primas también son deducibles en el impuesto de sociedades. PSOE y Sumar justifican su propuesta alegando que las exenciones fiscales a los seguros de salud benefician principalmente a las rentas altas, lo que consideran un "sesgo regresivo". Sin embargo, las aseguradoras niegan esta afirmación. Según Unespa, alrededor del 30% de los españoles tiene contratado un seguro de salud, y los datos de la Agencia Tributaria muestran que solo el 5% de los contribuyentes tiene ingresos superiores a 60.000 euros anuales. Esto implica que más de 10 millones de personas con seguros de salud no pueden ser catalogadas como de renta alta. Unespa también subraya que en la mayoría de los países de la Unión Europea, como Francia, Alemania y los Países Bajos, los seguros de salud no están sujetos al IPS, lo que refuerza su oposición a la medida propuesta por el Gobierno.

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(El Economista, 13-11-2024) | Fiscal

El Supremo frena las multas indiscriminadas de Hacienda por deducir gastos injustificados en el impuesto de Sociedades

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido límites a la capacidad de Hacienda para sancionar de manera generalizada a los contribuyentes por no acreditar los gastos deducidos en el Impuesto de Sociedades. En una sentencia del pasado 29 de octubre, cuyo ponente fue el magistrado Francisco José Navarro Sanchís, el alto tribunal determina que la falta de prueba sobre un gasto deducido no implica automáticamente que la conducta del contribuyente sea sancionable por considerarse culpable. Según el fallo, "cuando el problema surge en el ámbito de la prueba de un hecho, de sus circunstancias o de su encaje en una norma jurídica, la Administración debe demostrar, en cada caso, que existe culpabilidad en la actuación del contribuyente [...] y justificarlo adecuadamente". Además, el TS señala que corresponde a Hacienda probar que la conducta sancionada es culpable y que esta calificación debe estar sustentada en una motivación detallada y específica, alejándose de fórmulas genéricas o automáticas. La sentencia desestima el recurso presentado por una empresa a la que la Agencia Tributaria denegó la deducibilidad de ciertos gastos en el Impuesto de Sociedades por falta de justificación y además impuso una sanción. Los gastos en cuestión estaban relacionados con acuerdos internacionales de marketing y atenciones a clientes. Hacienda argumentó que no se había probado ni la necesidad de dichos gastos ni que los productos mencionados hubieran sido efectivamente entregados a los clientes. Por su parte, la empresa sancionada defendió ante el Supremo que había interpretado erróneamente la normativa y que, por tanto, no existía culpabilidad en su actuación. En este contexto, el tribunal recordó que el artículo 179 de la Ley General Tributaria solo permite sancionar cuando se demuestre culpabilidad y excluye la responsabilidad sancionadora si el contribuyente actuó con la diligencia debida o bajo una interpretación razonable de la norma. El tribunal también reconoció la complejidad de las normas fiscales, que a menudo presentan formulaciones ambiguas, sujetas a interpretaciones diversas e incluso contradictorias. Sin embargo, en este caso concreto, el Supremo concluyó que no podía aplicarse la exención de responsabilidad sancionadora, ya que la imposición de las multas no se basó en una interpretación normativa controvertida, sino en la falta de pruebas necesarias para justificar la deducción de los gastos.

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(Cinco Días, 13-11-2024) | Laboral

Los autónomos afectados por la DANA que solo pasaban por la zona quedan fuera de las ayudas directas y fiscales

El Real Decreto de ayudas para los afectados por la DANA, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), amplía el alcance de las ayudas a empresas y autónomos que hayan sufrido daños materiales en las áreas más afectadas, conocidas como la "zona cero". Sin embargo, ha dejado fuera a miles de transportistas y autónomos que se encontraban trabajando o de paso temporalmente por dichas zonas cuando ocurrieron las inundaciones. Estos profesionales solo podrán acceder a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad -ya sea total o parcial-, pero quedan excluidos de las ayudas directas y de los beneficios fiscales. Alberto Ara, presidente de la asociación de autónomos ATA en la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la patronal regional, criticó este martes la exclusión de este colectivo: "El Gobierno ha vuelto a olvidarse de los miles de autónomos que el pasado 29 de octubre prestaban servicios o estaban en ruta en las localidades afectadas por la DANA. Han perdido camiones, vehículos, material de trabajo y otros enseres esenciales. Este es ya el segundo Consejo de Ministros que aprueba medidas para paliar los daños materiales de la DANA, y nuevamente han dejado fuera de las ayudas directas y fiscales a estos trabajadores". Ara instó al Ejecutivo a "rectificar de inmediato" y a mostrar "empatía con este colectivo". Según señaló, "miles de vehículos destrozados, desde camiones y transporte ligero hasta taxis, furgonetas y coches de agentes comerciales y camioneros, pertenecen a profesionales que han perdido su herramienta de trabajo. Estas personas deben poder acceder a las ayudas directas. Espero que el Gobierno corrija este error cuanto antes". El BOE detalla que las ayudas económicas y fiscales están limitadas a quienes tengan su domicilio fiscal, establecimiento de explotación o bienes inmuebles declarados como afectos a su actividad situados en los municipios o zonas reconocidas como "Áreas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil", definidas por el Ejecutivo la semana pasada. Por otro lado, las medidas del llamado "escudo laboral" sí se aplicarán de forma generalizada a todas las personas, empresas o trabajadores autónomos y asalariados afectados por la DANA, ya sea de forma directa o indirecta, incluso si no residen en las zonas afectadas. En el caso de los ERTE por fuerza mayor, las empresas podrán solicitarlos desde cualquier ubicación y se agilizarán los trámites al eliminar la necesidad de un informe previo de la Inspección de Trabajo.

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(El País, 13-11-2024) | Laboral

Los funcionarios más jóvenes optan masivamente por la sanidad pública y precipitan la crisis de Muface

La crisis que atraviesan las mutualidades de funcionarios -como Muface, Mugeju (para personal de Justicia) e Isfas (para militares)- se refleja en un dato clave: por cada 100 euros ingresados en primas, las aseguradoras privadas gastan 100,8 euros en la atención sanitaria de los beneficiarios, según el informe Sanidad privada, aportando valor 2023 de la Fundación IDIS, que representa al sector sanitario privado. Esto significa que el sistema ni siquiera es capaz de cubrir costes. Tanto empresas como sindicatos del sector culpan al Gobierno de no dotar de financiación suficiente a estas mutualidades, que en el caso de Muface dan cobertura a 1,52 millones de empleados públicos y sus familias. A diferencia del resto de la población, que solo tiene acceso al sistema público de salud, los afiliados a Muface pueden optar por recibir atención sanitaria privada. Además, tienen la posibilidad de cambiar entre ambos sistemas cada año, eligiendo entre la sanidad pública o la privada. Sin embargo, la falta de financiación no es el único problema. La raíz de la crisis se encuentra en los cambios sociales y demográficos dentro del colectivo de funcionarios. El envejecimiento de los beneficiarios está incrementando los gastos sanitarios, mientras que las nuevas generaciones de funcionarios, que son menos costosas en términos de atención, están optando mayoritariamente por el sistema público. En 2022, dos de cada tres nuevos funcionarios eligieron ser atendidos en la sanidad pública, rechazando los seguros privados ofrecidos por Muface. "Esta situación es complicada y pone en riesgo la sostenibilidad del modelo de mutualidades tal como lo conocemos", explica Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Según la experta, el envejecimiento de los afiliados eleva los costes, y el modelo, a menudo percibido como un privilegio exclusivo para los funcionarios, parece encaminado hacia una desaparición progresiva impulsada por factores demográficos, aunque la rapidez dependerá de cómo se gestione la crisis actual. El año pasado, Muface incorporó a 62.500 nuevos empleados públicos. De ellos, el 66,3% prefirió el sistema público de salud. Este porcentaje fue incluso mayor, del 74%, entre los 46.000 docentes de enseñanza no universitaria que ingresaron en 2023, como resultado de los procesos de estabilización del empleo público. Aunque la mayoría de los funcionarios actuales (69,6%) sigue eligiendo la sanidad privada, esta proporción ha caído significativamente en los últimos años (en 2016 era del 80,4%). La edad media de los nuevos afiliados es notablemente inferior a la de los titulares veteranos. En el caso de los docentes no universitarios, la media fue de 38 años -48 años entre quienes ingresaron por procesos de estabilización-, mientras que entre otros empleados públicos (policías, administrativos, etc.) se situó en 40 años. En contraste, según el informe de Muface de 2023, la edad promedio de todos los titulares se aproximaba a los 58 años, casi cuatro años más que hace una década. Varios factores explican la preferencia de las nuevas generaciones por la sanidad pública. Según José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad, una de las razones es la confianza que estas personas han desarrollado en el sistema público, al que llevan años acudiendo. "Son personas en la treintena o cuarentena que están acostumbradas a la atención primaria, especialistas y hospitales del Sistema Nacional de Salud, y cuando llega el momento de elegir, prefieren continuar con ese modelo", señala el experto.

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(El País, 13-11-2024) | Laboral

Salarios y pensiones subieron en 2023 más que la inflación y los hogares recuperan ya todo el poder adquisitivo perdido en la crisis

La inflación desatada en España -y en buena parte del mundo- tras la pandemia, agravada por la guerra en Ucrania, ha generado serios impactos económicos. Sin embargo, las subidas salariales y de pensiones han empezado a recuperar parte del poder adquisitivo perdido. En 2023, los trabajadores españoles recuperaron cerca de tres puntos de poder de compra frente a la crisis del coste de la vida. Los salarios aumentaron un 5,3% en promedio respecto al año anterior, superando el alza de precios del 3,5% en el mismo período. Aunque si se analiza desde el inicio del repunte inflacionario en 2021, el balance es menos favorable, con una leve recuperación de un punto porcentual en el poder adquisitivo de los empleados. Por otro lado, las pensiones, revalorizadas en función del IPC, experimentaron un incremento más notable, del 8,4%, según datos de la Agencia Tributaria publicados en su informe "Mercado de Trabajo y Pensiones". Este avance se debe tanto a las subidas salariales promovidas por el sector privado como a las decisiones del sector público. Grandes empresas, pymes y el Gobierno han incrementado sueldos en respuesta a la inflación y a los ajustes del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, los funcionarios han recibido mejoras salariales acordadas entre sindicatos y el Ejecutivo, mientras que las pensiones están protegidas por ley contra la erosión del poder adquisitivo causada por los precios. En términos absolutos, el salario medio en 2023 alcanzó los 23.981 euros, frente a los 22.781 euros del año anterior, cuando ya se había producido un incremento del 5,8%, el mayor de los últimos 15 años. Solo en 2007, con un alza del 7,4%, se registró un aumento más significativo, aunque en un contexto económico muy diferente, marcado por el crecimiento y la estabilidad inflacionaria. Pese a los avances, la inflación aún no está plenamente controlada. Aunque su escalada se ha moderado gracias a las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y a las políticas fiscales del Gobierno, como las reducciones del IVA en alimentos y energía, los precios siguen por encima del objetivo del 2%. Paralelamente, la economía española muestra un crecimiento robusto, superior al de la eurozona, con niveles de empleo récord. En cuanto a las pensiones, la media pasó de 14.857 euros en 2022 a 16.188 euros en 2023, registrando el mayor aumento desde que existen registros (1999). Estas prestaciones han mostrado una evolución más estable que los salarios, subiendo incluso por encima de la inflación en algunos años y sin experimentar recortes, a diferencia de los sueldos, que sí se han reducido en periodos de crisis, como durante la Gran Recesión. Es importante señalar que los datos de la Agencia Tributaria no son completamente comparables con los de otras fuentes, como la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. La estadística fiscal utiliza medias que pueden distorsionar los resultados al incluir valores extremos (muy altos y muy bajos), y excluye territorios como País Vasco y Navarra, que cuentan con sistemas fiscales propios. Además, no considera la duración de los contratos laborales, lo que aumenta el número de asalariados contabilizados, aunque algunos trabajen solo un mes. Para corregir estas limitaciones, la Agencia Tributaria calcula el salario medio anual estimado, excluyendo extremos y contratos de corta duración. Según este indicador, el salario medio fue de 30.801 euros en 2023, un 5,3% más que el año anterior. Al desglosar por deciles, se observa una notable disparidad: el 10% de los asalariados con menores ingresos percibió una media de 15.827 euros, mientras que el decil más alto alcanzó los 77.019 euros.

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