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(Expansión, 06-09-2024) | Fiscal

69 subidas fiscales en la era Sánchez

El 60% del incremento de los impuestos en casi treinta años se ha concentrado en los seis años de mandato de Pedro Sánchez desde su llegada al poder en 2018, llevando la presión fiscal en España a niveles históricos. A pesar de que en 2024 no se aprobaron nuevos Presupuestos y el Gobierno gestiona con las cuentas prorrogadas de 2023, la carga fiscal ha seguido aumentando. Esto se debe, por un lado, a que el Gobierno no ha ajustado las tarifas del IRPF para adaptarlas a la inflación, lo que ha supuesto un aumento de impuestos en términos reales para muchos ciudadanos. Por otro lado, han entrado en vigor aumentos fiscales aprobados previamente, como la subida de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para sostener las pensiones, que ha pasado del 0,6% al 0,7% este año. Además, se han mantenido impuestos elevados a la banca, las energéticas y el Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas. Así, aunque 2024 ha sido un año de transición en términos fiscales, se espera que las subidas de impuestos se reanuden con fuerza en 2025 si Sánchez logra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese año, algo que aún no cuenta con apoyo parlamentario firme. El presidente ha declarado que su intención es avanzar hacia una fiscalidad más progresiva, poniendo el foco en gravar a "quienes más tienen", especialmente a las élites con grandes fortunas. Con la posibilidad de nuevas subidas fiscales en el horizonte, la gestión de los gobiernos de Sánchez ha dejado una marcada tendencia al aumento de la carga impositiva. Desde 2018 hasta 2024, sus ejecutivos han aprobado al menos 69 incrementos fiscales, lo que equivale a un promedio de una subida mensual, según datos del Instituto Juan de Mariana. Este think tank ha contabilizado ocho subidas del IRPF, tanto en los tramos de renta como en los de ahorro; cuatro aumentos en el Impuesto de Sociedades, incluyendo el tipo general y el tratamiento de los beneficios en el extranjero; una subida del Impuesto sobre el Patrimonio, que pasó del 2,5% al 3,5%; el incremento del IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%; y aumentos en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. También se han creado nuevos impuestos, como las tasas Google y Tobin, y los gravámenes a bancos y energéticas. A esto se suman 17 aumentos en las cotizaciones sociales, incluyendo el MEI, los cambios en las cuotas de autónomos y el incremento de las bases máximas de cotización, además de otras 17 modificaciones fiscales que afectan desde el canon digital hasta el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y el IRPF a través de los valores catastrales. Como resultado, la presión fiscal en España ha aumentado 6 puntos entre 1995 y 2022, pasando del 32% al 38% del PIB, y la mayor parte de este aumento, el 60%, se ha producido durante los mandatos de Sánchez, lo que supone un incremento de tres puntos y medio en menos de cinco años. La previsión para 2024 es que la presión fiscal alcance el 38,6%, lo que representaría un incremento de 7.000 millones de euros para los ciudadanos. En julio de 2023, la Comisión Europea destacó que España fue el país de la UE donde más creció la presión fiscal entre 2019 y 2022, con un aumento de casi tres puntos del PIB, en contraste con el 0,2% del promedio de la UE, el 0,5% en Italia y el 0,7% en Alemania. Alcanzar la media de presión fiscal de la UE, como defiende Sánchez, implicaría recaudar 39.000 millones adicionales.

(Expansión, 06-09-2024) | Fiscal

Cuerpo abre la puerta a que regiones como Andalucía recauden sus tributos

El Gobierno central sigue buscando maneras de mitigar el descontento de las demás comunidades autónomas respecto al acuerdo de financiación especial para Cataluña, que implica la transferencia del 100% de los impuestos a una agencia tributaria catalana a cambio de un cupo por los servicios del Estado y una cuota de solidaridad aún por definir. Mientras el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometieron el miércoles mayores recursos para todas las autonomías con el fin de apaciguar los ánimos, ayer el secretario de Economía, Carlos Cuerpo, sugirió la posibilidad de que otros territorios también puedan llegar a recaudar la totalidad de sus impuestos. "El tema de la agencia tributaria propia o de la recaudación autónoma, como en el caso de Cataluña, está contemplado en el Estatuto de Autonomía, y también en los estatutos de otras comunidades, por lo que sería viable. Creo recordar que es el caso de Andalucía", explicó Cuerpo en una entrevista en Onda Cero, cuando se le preguntó si otras autonomías podrían gestionar el 100% de sus tributos. Desde el punto de vista económico, Cuerpo afirmó que no ve grandes problemas en esa descentralización de la recaudación. "Considero que hay suficientes soluciones para que esta separación en la recaudación entre distintas administraciones no represente un obstáculo o tenga impactos negativos", subrayó. En relación con el acuerdo entre el PSC y ERC, Cuerpo destacó que la gestión y recaudación de impuestos por parte de Cataluña tiene implicaciones en términos de eficiencia económica y de cohesión de la información entre comunidades autónomas. No obstante, aseguró que "contamos con las herramientas tecnológicas necesarias para que esto no afecte la eficiencia del sistema ni la capacidad de obtener los datos para su posterior análisis y para la adopción de nuevas políticas económicas". Cabe señalar que varias comunidades autónomas tienen en sus estatutos un marco de relación bilateral con Hacienda similar al de Cataluña, como en el caso de Andalucía y Aragón, cuyos estatutos se inspiraron en la redacción del Estatut catalán. También se incluye la Comunidad Valenciana, que a través de la "cláusula Camps" puede equiparar cualquier mejora en las competencias de otras regiones. La posibilidad de extender las condiciones especiales acordadas con la Generalitat a otros territorios ya había sido mencionada por la vicepresidenta Montero días atrás. "Vamos a hacer compatible que Cataluña tenga una financiación especial, y que otros territorios también la tengan si así lo desean", afirmó en Sevilla, aunque sin la claridad con la que lo expresó Cuerpo respecto al alcance de esta medida. De momento, la mayoría de las comunidades autónomas han mostrado su oposición al trato singular para Cataluña. En lugar de solicitar un acuerdo similar, muchas regiones, especialmente las gobernadas por el PP, han insistido en la necesidad de una negociación multilateral para reformar el sistema de financiación autonómica.

(El País, 06-09-2024) | Fiscal

El número de superricos alcanza nuevo récord en España, pero cada vez menos pagan el impuesto de patrimonio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que el Ejecutivo implementará nuevas medidas fiscales dirigidas a los millonarios en España. "Vamos a imponer impuestos a quienes ya tienen suficiente dinero en el banco como para vivir 100 vidas", expresó durante su discurso de apertura del nuevo curso político. Aunque no ofreció muchos detalles, lo cierto es que el número de grandes fortunas en el país sigue en aumento. En 2022, último año con datos disponibles, el número de personas con un patrimonio superior a los 30 millones de euros alcanzó las 852, lo que representa un incremento del 2,5% respecto al año anterior y un récord histórico, según datos publicados ayer por la Agencia Tributaria. Sin embargo, de este grupo de superricos, solo 235 pagaron el tradicional impuesto sobre el patrimonio, lo que equivale a un 27,6%, la cifra más baja de la serie histórica. En años anteriores, este porcentaje rondaba el 35%. La razón detrás de esta disminución en la recaudación y el número de contribuyentes obligados a pagar se encuentra en las bonificaciones autonómicas implementadas por algunos gobiernos del Partido Popular, especialmente en Madrid. Estas bonificaciones llevaron al Gobierno a crear, a finales de 2022, el impuesto de solidaridad para grandes fortunas, con el objetivo de neutralizar esos descuentos. En la actualidad, existen dos impuestos que gravan la riqueza. El tradicional impuesto sobre el patrimonio, de ámbito estatal pero cedido a las comunidades autónomas, afecta en general a aquellos que poseen una riqueza superior a 700.000 euros, excluyendo hasta 300.000 euros de la vivienda habitual. El nuevo impuesto tiene un umbral mucho más alto, a partir de los 3,7 millones de euros de riqueza neta, pero permite una deducción total si el contribuyente reside en una comunidad que mantiene el impuesto original. Esta explicación es clave para entender los detalles de la estadística actualizada por la Agencia Tributaria, que se enfoca principalmente en el impuesto sobre el patrimonio, pero también muestra los primeros efectos del nuevo gravamen extraordinario. Según los datos, en 2022 había en España 230.365 contribuyentes obligados a declarar su riqueza, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior. Sin embargo, solo el 80,4% de ellos, es decir, unos 185.000, pagaron el impuesto sobre el patrimonio. En otras palabras, si normalmente alrededor de 30.000 personas no pagaban debido a su residencia fiscal, en 2022 esta cifra aumentó a más de 45.000. Esto representa la menor proporción de contribuyentes en toda la serie histórica, un efecto directo de las bonificaciones autonómicas. Como resultado, la recaudación bajó: si en 2021 se recaudaron 1.352 millones de euros, en 2022 la cifra cayó en más de 100 millones. Históricamente, Madrid era la única comunidad que bonificaba el impuesto al 100%, pero en 2022 se sumó Andalucía con una exención total. Esto permitió que 23.486 declarantes en Madrid y 12.707 en Andalucía se libraran de pagar el impuesto, lo que redujo al mínimo histórico la proporción de quienes efectivamente contribuyen, y disminuyó la recaudación que va a las comunidades autónomas. Sin embargo, los más ricos no evitaron rendir cuentas por completo, ya que el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas recaudó 623 millones de euros en su primer año de aplicación, principalmente en Madrid, donde se concentra la mayor parte de la riqueza del país. Ante este panorama, Madrid y Andalucía, junto con otras regiones del Partido Popular que consideraban seguir su ejemplo, han optado por recuperar en 2023 el impuesto original para retener unos ingresos que, de otro modo, irían al Estado.

(El Economista, 06-09-2024) | Laboral

El Gobierno corregirá la próxima semana el error que permite despedir a quien pida cambiar su jornada

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha informado este jueves en el Congreso que el Gobierno corregirá de manera "rápida" el error 'técnico' en la Ley Orgánica de Paridad, que desde el 22 de agosto permite el despido de quienes soliciten o disfruten de una adaptación de jornada -como el teletrabajo- para conciliar su vida laboral y familiar. "Estamos trabajando para solucionarlo la semana próxima", afirmó Redondo. La corrección se hará a través de una enmienda a una norma que está actualmente en proceso parlamentario, aunque no especificó cuál ni si se hará en el Congreso o en el Senado, por lo que aún no se sabe cuándo entrará en vigor. Redondo hizo este anuncio durante su intervención en el Congreso para explicar este error, que también afecta a quienes se acojan al permiso de cinco días para cuidar a un familiar enfermo. Estos 'blindajes' fueron introducidos hace un año para establecer que el despido de personas en estas situaciones, o que lo hubieran solicitado, fuera declarado nulo. Esto clarificaba la situación legal de esos despidos y, según el Ministerio de Trabajo, aseguraba el derecho a la conciliación. Aunque algunos expertos en derecho laboral advirtieron que podría haber un aumento de casos de abuso por parte de personas que solicitaran la adaptación para evitar el despido. Este debate quedó zanjado con la derogación de la disposición, que se incluyó como una enmienda en la Ley de Paridad. El cambio fue promovido por Igualdad con el objetivo de corregir un error anterior que había eliminado la protección de las víctimas de agresión sexual, que se había introducido en la Ley del "Solo sí es sí" de 2022, pero fue retirada en la Ley Trans de 2023. No obstante, Igualdad presentó un texto que también eliminaba la protección para los trabajadores que solicitaban conciliar. Esta modificación pasó todos los controles del Gobierno y de los grupos parlamentarios, ya que la enmienda fue firmada por el PSOE y Sumar, votada en el Congreso y el Senado, y no se detectó el error hasta que la ley fue publicada en el BOE el 2 de agosto. Fueron los abogados quienes alertaron del problema. La derogación entró en vigor el 22 de agosto, generando incertidumbre entre trabajadores y empresas. Ana Redondo ha admitido recientemente que lo ocurrido fue "un error indeseable". Según sus declaraciones recogidas por Servimedia, no habrá "indefensión" para los trabajadores, ya que, además de la nueva norma en preparación, pueden acogerse al Estatuto de los Trabajadores, el "principio de indemnidad" y a "una jurisprudencia muy garantista". El inconveniente de esta postura es que la realidad de la jurisprudencia es más compleja, y los jueces pueden interpretarla de manera diversa. La disposición original se había introducido precisamente para asegurar una "nulidad objetiva" sin lugar a dudas. Eso es lo que han perdido los trabajadores, al menos hasta que el Gobierno corrija definitivamente el error, idealmente sin generar nuevos problemas.

(La Vanguardia, 06-09-2024) | Laboral

Pepe Álvarez optará a un tercer y último mandato al frente de UGT

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, se postulará para la reelección en el próximo Congreso Confederal del sindicato, que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Barcelona. Así lo ha anunciado este jueves en la capital catalana durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Álvarez ha estado al frente de UGT desde 2016, cuando sucedió a Cándido Méndez. "El sindicato debe estar orgulloso del trabajo realizado en estos ocho años, pensando en el bien de toda la organización", ha señalado. Si resulta reelegido, el dirigente asturiano comenzaría su tercer y último mandato, ya que los estatutos de UGT permiten un máximo de tres mandatos consecutivos. Según fuentes internas, no se prevén candidaturas alternativas. La fecha del 44º Congreso Confederal del sindicato se fijó a finales del año pasado. En ese momento, Álvarez no dejó claro si se presentaría de nuevo, manteniendo la incertidumbre hasta hoy. Álvarez, que cumplió 68 años en marzo, nació en Belmonte de Miranda, un pueblo de Asturias. Se afilió a UGT en 1975, a los 19 años, cuando vivía en Barcelona y empezaba a trabajar en la empresa metalúrgica Maquinista Terrestre y Marítima (actualmente parte de la multinacional francesa Alstom). En 1990 fue elegido líder de UGT en Cataluña, cargo que desempeñó hasta 2016, cuando asumió la secretaría general a nivel nacional, tomando el relevo de Méndez, quien dirigió el sindicato durante 22 años. En su primera candidatura, Álvarez ganó por un margen estrecho, obteniendo el 51,1% de los votos frente a su rival, Miguel Ángel Cilleros, secretario general de Servicios para la Movilidad y el Consumo (FeSMC). No obstante, en el 43º Congreso, celebrado en 2021, logró un respaldo mucho mayor, con el 86% de los votos de los delegados. Además, en mayo de 2019 fue nombrado vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Álvarez superó un desafío importante a su liderazgo en octubre de 2022, cuando Pedro Hojas, entonces secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (Fica UGT), y tres miembros de su ejecutiva dimitieron debido a diferencias con él. Tras la salida de Hojas, Mariano Hoya, el número dos del sindicato, asumió el liderazgo de esa federación. Si Álvarez confirma su reelección, como parece probable dada la ausencia de rivales, se enfrentaría a su tercer y último mandato al frente de UGT, que duraría hasta 2028. "Mi decisión está muy relacionada con los retos que tenemos por delante. Vale la pena seguir", ha comentado Álvarez, mencionando como uno de esos desafíos la elevada tasa de desempleo en España, que alcanza el 11,3%, la más alta de Europa. Álvarez asumió la secretaría general cuando aún gobernaba el Partido Popular de Mariano Rajoy en 2016. Dos años después, Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno tras una moción de censura. A partir de entonces, UGT y Comisiones Obreras (CCOO) participaron en acuerdos importantes, como la subida del salario mínimo. Bajo la dirección de Álvarez, UGT también ha alcanzado pactos significativos con la patronal, como los acuerdos para la negociación colectiva de 2018 y 2023, y la reforma laboral de 2021, que ha reducido la temporalidad en los contratos. Antes de la reforma, el 26% de los trabajadores tenían contratos temporales, mientras que ahora solo un 16% los mantienen. "Hemos alcanzado niveles de temporalidad comparables a los europeos, y hemos tenido algo que ver en ello", ha afirmado Álvarez. En su intervención, Álvarez también ha destacado los acuerdos logrados en las reformas del sistema de pensiones, como la vinculación de las cuantías al IPC y el refuerzo de los ingresos del sistema. Asimismo, ha mencionado la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre el coste del despido en España, derivada de una reclamación presentada por UGT, que ha abierto el debate sobre su reforma. "Podría estar una hora hablando de todos los cambios que hemos impulsado en este país. Tenemos que sentirnos orgullosos porque, juntos, hemos conseguido que se hagan realidad", concluyó Álvarez.

(Cinco Días, 06-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El BCE da luz verde a la opa de BBVA sobre Sabadell

Técnicamente, no se trata de una aprobación, sino de un informe de no oposición. Esta decisión del regulador europeo representa "un nuevo hito muy relevante que destaca la solidez y solvencia de este proyecto", según señala Carlos Torres. Sin sorpresas, el Banco Central Europeo (BCE) ha dado luz verde a la opa de BBVA sobre Sabadell, tal como ha informado la entidad en un comunicado remitido a la CNMV. En el documento, el banco liderado por Carlos Torres indica que la institución de Fráncfort ha manifestado su "no oposición", un paso necesario para que la CNMV pueda aprobar la oferta. Dentro de BBVA se asumía que este trámite se superaría sin complicaciones, dado que el BCE lleva tiempo fomentando fusiones bancarias, pues el tamaño suele beneficiar al negocio bancario, aunque sus preferencias se inclinan hacia las fusiones transfronterizas. De todas formas, esta autorización es una de las claves del proceso y su resolución será tomada en cuenta por los inversores. BBVA esperaba obtener este visto bueno durante este mes, ya que envió la documentación a principios de junio, y el BCE disponía de 60 días hábiles para evaluarla, con la opción de extender el plazo otros 30 días. Para Carlos Torres, esta decisión del BCE es "un hito muy relevante que resalta la solidez y solvencia del proyecto". Además, afirmó: "La integración de Banco Sabadell y BBVA creará una entidad más robusta y rentable, con una capacidad adicional de otorgar 5.000 millones de euros en créditos anuales a familias y empresas. Confiamos en recibir las autorizaciones pendientes según el calendario previsto y avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea", comentó en un video publicado por la entidad. Esta semana, BBVA también ha obtenido el aval de los reguladores británicos para controlar indirectamente TSB, filial de Sabadell. Sin embargo, las autorizaciones más importantes aún están pendientes. Se espera que entre finales de año y primavera (sin un orden definido) lleguen la aprobación del folleto de la opa por parte de la CNMV y el visto bueno condicionado de la CNMC. Esta última es crucial, dado el elevado peso que tendrá la entidad fusionada en Cataluña y Levante, y la posible reducción de la oferta de crédito a pymes si desaparece Sabadell. El plan de BBVA es absorber a Sabadell para lograr los ahorros proyectados (850 millones de euros). Cabe destacar que la ley permite al Gobierno español vetar, no la compra, pero sí la fusión, por motivos de interés general. Hasta la fecha, el Ejecutivo se ha opuesto firmemente a la operación, argumentando posibles efectos negativos en términos de exclusión financiera, empleo y cohesión territorial.

(El País, 06-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Escrivá estudia una reestructuración interna y prepara un nuevo plan estratégico para el Banco de España

Tras haber superado el trámite parlamentario, José Luis Escrivá asumirá oficialmente su cargo como gobernador del Banco de España este viernes. Se ha acelerado el proceso para que el exministro, recientemente a cargo de la cartera de Seguridad Social, Transformación Digital y Función Pública, participe la próxima semana en el consejo del Banco Central Europeo (BCE), donde es probable que se decida una nueva reducción de los tipos de interés. Escrivá no es ajeno al Banco de España, donde comenzó su carrera profesional y ocupó puestos clave como subdirector del departamento de estudios monetarios y financieros, además de jefe de la unidad de investigación monetaria. En su regreso, cuenta con el respaldo firme del presidente Pedro Sánchez, quien lo propuso como única opción en las negociaciones con el Partido Popular, que concluyeron sin consenso. Con ese apoyo, Escrivá ha estado preparándose para su nuevo rol y ha mantenido contacto con colegas en la institución para ponerse al día sobre sus dinámicas internas. Fuentes cercanas a Escrivá indican que considera necesarios algunos cambios en la estructura del Banco de España. Escrivá tiene en mente una reestructuración interna profunda, a pesar de reconocer el legado de Pablo Hernández de Cos, a quien admira por su trabajo en comunicación y proyección internacional. Sin embargo, el nuevo gobernador cree que es esencial modernizar las estructuras internas del banco, en especial en lo relacionado con su centro de estudios y análisis. El momento es idóneo para estas transformaciones, ya que coincide con la conclusión del primer Plan Estratégico del Banco de España, iniciado en 2020. Esto requerirá una evaluación global y la creación de una nueva hoja de ruta para los próximos años. Hasta ahora, los exámenes se han centrado en áreas específicas como las proyecciones macroeconómicas, la investigación y la comunicación, pero falta una visión más amplia que abarque las estructuras de toma de decisiones. Además, en los últimos meses, desde el Gobierno se ha planteado la necesidad de reequilibrar el poder dentro de la Comisión Ejecutiva, un órgano clave en la toma de decisiones del Banco de España. El papel creciente de Fernando Fernández, con un perfil liberal y crítico con el proceso de selección de la nueva dirección, ha sido motivo de preocupación para el Ejecutivo. La gestión de Escrivá también marcará la orientación del banco en cuestiones macroeconómicas clave, como las reformas de pensiones o el salario mínimo. A diferencia de su predecesor, Escrivá no llega con una reputación de independencia. Será interesante ver cómo maneja las proyecciones y evaluaciones que, en algunos casos, estarán relacionadas con sus propias decisiones políticas. Finalmente, se espera que Escrivá reequilibre las funciones del banco, que durante la gestión de Hernández de Cos se centró más en las evaluaciones de políticas económicas a largo plazo, dejando en segundo plano su rol de supervisor financiero. Se anticipa un enfoque más equilibrado en este aspecto bajo el nuevo gobernador.

(El Economista, 06-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Los jueces desafían al Supremo y facilitan la nulidad por usura de las tarjetas "revolving"

Los jueces están desafiando el criterio del Tribunal Supremo al facilitar la declaración de usura en los intereses de las tarjetas revolving, lo que lleva a la nulidad del préstamo. El Supremo, en su sentencia del 15 de febrero de 2023, determinó que el interés sería considerado usurario si superaba en más de seis puntos porcentuales la media de los tipos de interés que los bancos aplicaban a este tipo de préstamos en la fecha de la firma del contrato, cifra que el Banco de España publica mensualmente en su web. Hasta ahora, los tribunales inferiores seguían esta directriz de manera estricta, declarando usurario el préstamo solo si la TAE de la tarjeta sobrepasaba los seis puntos porcentuales respecto al tipo medio aplicable a estos productos. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid ha marcado un cambio al ser el primer tribunal de segunda instancia que rechaza esta rigidez impuesta por el Supremo. La Audiencia ha determinado que un interés en una tarjeta revolving puede ser considerado usurario incluso si no supera exactamente en seis puntos la media, bastando con que se "acerque" a ese umbral. Este criterio fue plasmado en un auto del 3 de junio al que ha accedido elEconomista.es. En el caso concreto, la tarjeta tenía una TAE del 26,82%, mientras que el Tipo Efectivo de Definición Restringida (TEDR) de las tarjetas revolving en noviembre de 2013 era del 20,7%. Sumando 0,30 puntos para ajustar a la TAE, el tipo medio se situaba en el 21%. Por tanto, la diferencia entre el interés de la tarjeta y el tipo medio era de 5,8 puntos. A pesar de no alcanzar los seis puntos, la Audiencia declaró la nulidad por usura al considerar que la diferencia era lo suficientemente significativa. El Juzgado de Primera Instancia número 48 de Madrid ya había adoptado una postura similar en abril de 2023 en otro caso, declarando usurario el interés de una tarjeta revolving por estar cerca de los seis puntos. Pilar Hinojosa, responsable del área procesal de Abogados Legalsha, despacho que llevó el caso ante la Audiencia Provincial de Madrid, subraya la relevancia de esta resolución, dado que proviene de un tribunal tan influyente como el de Madrid. "Creemos que esta decisión puede ser de gran ayuda para los consumidores y romper con la rigidez establecida por el Supremo", afirma la abogada. Aunque en el litigio en cuestión la diferencia era de solo 0,20 puntos por debajo de lo que fijó el Supremo, Hinojosa destaca la importancia de este matiz, ya que permitirá a muchos consumidores cuyos intereses estén cercanos a ese umbral de seis puntos argumentar su caso en juicios y escritos. "Defendemos que no se aplique de manera rígida y que siempre se favorezca al consumidor", concluye. El Supremo ya había declarado en marzo de 2020 que el interés de las tarjetas revolving sería usurario si superaba notablemente la media de los intereses aplicables a este tipo de operaciones. Sin embargo, en febrero de 2023, y ante la diversidad de interpretaciones en los tribunales, aclaró que el tipo de interés debía superar en más de seis puntos la media del mercado para ser considerado "notablemente superior".

(El Mundo, 06-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo

Perelló se estrena al frente del Poder Judicial: "Ningún poder nos puede dar instrucciones"

Se inauguró el nuevo Año Judicial con la participación de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, tras un largo periodo sin renovación. "Ningún poder del Estado puede dar directrices o instrucciones a jueces y magistrados sobre cómo deben interpretar y aplicar las leyes", declaró Perelló. El Rey presidió el acto de apertura, en el cual Perelló intervino por primera vez como presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. En su discurso, destacó que solo en aquellos países donde se garantiza la división de poderes se puede hablar de un verdadero Estado de Derecho. "Es crucial proteger la independencia judicial frente a las injerencias externas", subrayó en presencia del monarca. Perelló hizo un llamado a los actores políticos y a las instituciones del Estado: "Respeten el trabajo de los jueces y magistrados", dijo, añadiendo que la crítica constructiva puede ayudar a mejorar, pero que es necesario evitar ataques injustificados que puedan erosionar la legitimidad y reputación del sistema judicial. Asimismo, la presidenta resaltó que, pese a los años de dificultades debido a la falta de renovación en el CGPJ, los jueces no han caído en el desánimo. Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió la labor de la Fiscalía ante las críticas sobre su supuesta falta de independencia. "La democracia es un sistema de contrapesos, y la Fiscalía cumple un papel fundamental, siendo un actor público, transparente y libre de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad", explicó. García Ortiz también afirmó que la Fiscalía, como órgano de naturaleza constitucional, no es un factor de distorsión del sistema, sino que encarna el respeto interinstitucional y la contención en el ejercicio del poder. Durante el acto, el fiscal general aprovechó para presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Entre los datos más relevantes, mencionó que en 2023 se iniciaron 1.663.862 diligencias previas, lo que representa un incremento del 11,1% respecto al año anterior. Los delitos contra la vida y la integridad constituyen el 31% de estas diligencias, mientras que los delitos contra el patrimonio se mantuvieron en el 20%. En cuanto a las diligencias urgentes, se incoaron 239.647 procedimientos en 2023, lo que implica un aumento del 4,6% en comparación con 2022. De estos, el 64,4% fueron calificados y se llegó a un acuerdo en el 75,6% de los casos en los juzgados de instrucción, lo que equivale al 51,7% de las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal. En relación con los juicios leves, se tramitaron 369.793 casos, una cifra superior a la de años anteriores. Sin embargo, los procedimientos abreviados mostraron un ligero descenso del 2,5% respecto al año anterior. El número de procedimientos ordinarios en 2023 creció un 6,9% en comparación con 2022, mientras que los casos ante el tribunal del jurado ascendieron a 653, una cifra similar a la del año anterior. El Ministerio Fiscal también inició 14.470 diligencias de investigación en 2023, lo que supone un aumento del 11,60% respecto a 2022. García Ortiz señaló que esto es un indicador de la capacidad investigadora del Ministerio Fiscal en España. En total, la Fiscalía asistió a 316.418 juicios. En cuanto a las suspensiones, hubo un incremento respecto al año anterior, con un 42,6% de suspensiones en los juzgados penales y un 36,3% en las audiencias provinciales. García Ortiz advirtió sobre este "alarmante número de suspensiones", que ralentizan la respuesta del Estado frente a la criminalidad y afectan la calidad de la justicia, desmotivando tanto a profesionales como a víctimas.

(Expansión, 05-09-2024) | Fiscal

El Gobierno busca apoyo a los Presupuestos con alzas fiscales "a quienes más tienen"

Pedro Sánchez dio inicio ayer al nuevo ciclo político y económico, que se perfila como uno de los más complejos e inciertos de los últimos tiempos. Lo hizo en el Instituto Cervantes, frente a alrededor de 150 representantes de diversos sectores, y respaldado por la mayoría de su Gobierno, excepto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien en ese momento comparecía en el Senado para informar sobre el acuerdo fiscal alcanzado en Cataluña. Sonriente y aplaudido, Sánchez comenzó su discurso destacando la gestión de su Ejecutivo en los últimos años, criticando a los gobiernos del PP, a los que responsabilizó de la corrupción, de la fractura territorial, de los recortes en el Estado del Bienestar y de otros problemas que aquejan al país. Aun así, no dejó de recordar que lleva seis años al frente del Gobierno. "Hoy tenemos un Gobierno honesto que nació como respuesta a la corrupción hace seis años", afirmó. El presidente, cuyo discurso estuvo lleno de reproches a la oposición, en particular al modelo de baja fiscalidad de Madrid, aseguró que "vamos a trabajar para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que lleven la marca de este Gobierno progresista", adelantando que estas Cuentas, cuya mayoría parlamentaria para su aprobación aún no está asegurada, profundizarán en una "fiscalidad más justa, con impuestos que graven más a quienes más tienen". Sánchez también anunció que en el próximo Consejo de Ministros se volverá a aprobar el techo de gasto, un paso previo para la elaboración de los Presupuestos, el cual fue rechazado por Junts antes del verano. Además, advirtió que se limitarán los privilegios de "ciertas élites", señalando: "Vamos a imponer impuestos a quienes tienen en el banco lo suficiente para vivir cien vidas". Aunque dijo que esta medida no busca perjudicar a los más ricos, sino proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que sigue siendo muy desigual, sus palabras sugieren una ofensiva fiscal clara contra los grandes patrimonios. Aunque no ofreció detalles específicos, es un hecho que el Gobierno de coalición ha aumentado dos veces en tres años los impuestos sobre las rentas del capital. Actualmente, las ganancias de hasta 6.000 euros tributan al 19%; entre esa cantidad y los 50.000 euros, al 21%; hasta 200.000 euros al 23%; entre 200.000 y 300.000 euros al 27%, y por encima de 300.000 euros al 28%, muy por encima del promedio europeo, que se sitúa en 18,6%. No obstante, Sumar, su socio de coalición, aboga por elevar aún más la presión fiscal sobre las ganancias de capital, acercándola a la de las rentas del trabajo (IRPF), y así lo propuso al PSOE durante las negociaciones de los Presupuestos para 2025. Defendiendo su política fiscal para financiar el creciente gasto social, Sánchez centró sus críticas en Madrid, acusando a la comunidad de utilizar parte de los fondos estatales para hacer "regalos fiscales" a los más ricos. "De cada 10 euros que el Gobierno ha transferido a Madrid, 3 se han destinado a favorecer a los más acaudalados", dijo. También reprochó a algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP que se quejen de la falta de recursos públicos, subrayando que su Gobierno habrá transferido 935.000 millones de euros a las comunidades, un 32% más que lo que transfirió el Ejecutivo del PP en su momento. Entre los principales ejes de la agenda política de Sánchez para este nuevo curso destaca la vivienda, tema que el presidente pretende que sea el núcleo de la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que se celebrará en Cantabria. Anticipó nuevas medidas para "ampliar el parque público de vivienda, combatir la especulación, equilibrar la actividad turística con el bienestar de los residentes y garantizar que la vivienda sea un derecho para todos y no un negocio para unos pocos". Sánchez, quien afirmó que su Gobierno está "para largo" con tres años de legislatura por delante, también defendió su reciente gira por África y la apuesta por acuerdos de migración circular para enfrentar la crisis migratoria, rechazando las "deportaciones masivas de otros" y defendiendo una política que respete el derecho internacional humanitario. Asimismo, anunció 3.100 millones en inversiones para continuar con la reindustrialización del país y confirmó que su Gobierno reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales para que "los españoles trabajen para vivir, y no vivan para trabajar".

69 subidas fiscales en la era Sánchez

Cuerpo abre la puerta a que regiones como Andalucía recauden sus tributos

El número de superricos alcanza nuevo récord en España, pero cada vez menos pagan el impuesto de patrimonio

El Gobierno corregirá la próxima semana el error que permite despedir a quien pida cambiar su jornada

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