News

(El Economista, 08-04-2025) | Laboral

Trabajo cifra en 250.000 los jubilados que buscan empleo

La nueva reforma que mejora la compatibilidad entre la pensión de jubilación anticipada o parcial y el empleo, recién entrada en vigor, podría tener un impacto significativo en las cifras de desempleo. Esto se debe a que también permite una mayor convivencia entre las pensiones y el cobro de prestaciones o subsidios por desempleo. De hecho, en 2024, una media mensual de 249.492 personas jubiladas o pensionistas estaban inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos, aunque no computaban como desempleadas. Esta cifra supone un aumento del 10,7% respecto a 2023. Sin embargo, al examinar los datos más a fondo, surgen dudas, ya que podrían estar incluyendo a personas eliminadas automáticamente del paro al superar los 65 años, pero que aún no tienen derecho a jubilarse. El Anuario de Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo señala que los jubilados y pensionistas constituyen el grupo más numeroso entre los "excluidos del paro registrado", por detrás de los 687.884 trabajadores con contratos fijos discontinuos y los 440.559 demandantes ocupados. A diferencia de estos últimos, está claro que los pensionistas no están trabajando, aunque esto no evita que surjan interrogantes sobre su situación. Según la definición oficial del Ministerio, este grupo abarca a los "demandantes que son pensionistas de jubilación, gran invalidez o invalidez absoluta, y aquellos con 65 años o más". No incluye a quienes reciben pensiones compatibles con un empleo, como la de viudedad, que también pueden percibir prestaciones por desempleo. Sin embargo, tal como está formulada la definición, también agrupa a personas mayores que aún no se han retirado oficialmente. Estos jubilados y pensionistas no figuran en las estadísticas del paro registrado por la misma normativa de 1985 que excluye a los trabajadores fijos discontinuos inactivos y a los beneficiarios del PER. En su caso, se considera que no están disponibles de forma inmediata para trabajar o que se encuentran en una situación incompatible con la actividad laboral. Esta consideración también se extiende a todos los mayores de 65 años, estén jubilados o no. Cuando se estableció esta excepción, los 65 años eran la edad legal de jubilación, por lo que los registros del Anuario agrupan a todos estos perfiles bajo el mismo epígrafe. Sin embargo, esa realidad ha cambiado: desde 2013 la edad de jubilación se ha ido retrasando gradualmente y alcanzará los 67 años en 2027. A pesar de ello, la estadística aún utiliza el umbral de los 65, lo que hace que el sistema resulte cada vez más desfasado. La exclusión de estos perfiles ha pasado casi desapercibida, aunque ha reducido el paro registrado entre un 2,5% y un 3% incluso antes del cambio legal. Antes de 2013, solo una vez se superó ese nivel, en 2004, cuando se alcanzó el 3,04% con 50.400 demandantes. En la actualidad, la proporción asciende al 9,5%, con casi 250.000 personas, y ha crecido con fuerza desde la pandemia. La cifra de 2024 es la más alta desde que existen registros (desde 2001) y triplica la que había cuando se inició el retraso progresivo en la edad de jubilación. En términos absolutos, el número de demandantes ha duplicado el de 2013, aunque no ha batido el récord de 2021, cuando se registraron 287.970, impulsados por el aumento de procesos de incapacidad durante la pandemia. Eliminando este efecto, se observa un claro crecimiento respecto a hace cinco años, coincidiendo con un mayor peso de los desempleados mayores en el total del paro registrado. Aunque el Anuario no desglosa cuántos demandantes y desempleados tienen más de 65 años, sí deja claro que los mayores de 60 representan el grupo más amplio en ambas categorías: suman 776.113 demandantes (17,8%) y 439.345 parados (16,7%). Aun así, su crecimiento ha sido más moderado que el de los jubilados y pensionistas fuera del conteo oficial del paro. Si este aumento se debe a personas mayores de 65 que aún no pueden jubilarse por no haber alcanzado la edad legal (que en 2025 será de 66 años y 8 meses), o por no haber cotizado lo suficiente (38 años y 3 meses), o simplemente no quieren aceptar las penalizaciones por una jubilación anticipada, se estaría produciendo un importante desfase estadístico. Estas personas, situadas entre los 65 años y la edad legal de retiro, podrían considerarse "prejubiladas" si están cobrando prestaciones sin intención de reincorporarse al mercado laboral -aunque figuren como demandantes-, o bien podrían ser desempleados reales en busca activa de empleo. Otra cuestión sin resolver es cuántos de estos "jubilados y pensionistas" reciben realmente una prestación o subsidio, y cuántos están registrados en los servicios de empleo únicamente para recibir ofertas laborales o participar en cursos formativos. En cualquier caso, si nos centramos en los pensionistas ya jubilados, el tema adquiere relevancia porque algunos pueden compatibilizar una prestación de desempleo con su pensión, especialmente en el caso de las jubilaciones parciales. Esta situación se vincula directamente con el reciente cambio legal. La compatibilidad también se extiende a pensiones por invalidez, si esta no impide el desempeño de otras actividades distintas a aquellas que causaron la incapacidad. Igualmente aplica a las pensiones de viudedad, que no están incluidas en la categoría de excluidos, ni tampoco aquellas que paga un país extranjero. Estudiar la evolución de este colectivo resulta clave no solo para clarificar su influencia en los datos de desempleo, sino también para estimar el impacto económico sobre el sistema de protección por desempleo -que, como informó elEconomista.es, ya presentó déficit en febrero- y sobre la Seguridad Social. Además, permite entender mejor las verdaderas posibilidades de retrasar voluntariamente la jubilación cuando no se encuentran oportunidades laborales.

READ MORE

(El Economista, 08-04-2025) | Laboral

El Gobierno facilita a las empresas agrarias y agroalimentarias la contratación de trabajadores temporales durante más días al año

El Gobierno ha introducido de forma discreta una modificación en el Estatuto de los Trabajadores que permitirá a las empresas del sector agrario y agroalimentario contratar trabajadores temporales por más días al año. Este cambio se ha incluido dentro de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de abril. Sin embargo, la nueva normativa entra en vigor con carácter retroactivo, por lo que se aplica desde el 2 de enero de este año. Gracias a esta modificación, las empresas agrícolas podrán contratar personal temporal hasta un máximo de 120 jornadas anuales, frente a las 90 permitidas en general para el resto del país. Los expertos en Derecho Laboral de PwC Tax & Legal -María Eugenia Guzmán y Julio Calvo, junto con el senior counselor Miguel Rodríguez-Piñero- subrayan que la distinción entre "días" y "jornadas reales" es clave, ya que 90 días naturales equivalen a tres meses, pero 120 jornadas efectivamente trabajadas pueden extender un contrato hasta cinco meses y medio. En este sentido, apuntan que habrá que esperar a que los tribunales se pronuncien para clarificar esta interpretación. La normativa sigue estableciendo que estas jornadas no podrán emplearse de forma continuada, manteniendo la limitación de uso intermitente. Los contratos estarán permitidos por razones productivas, incluso cuando sean previsibles, como es el caso de las campañas agrícolas. Los especialistas señalan lo llamativo que resulta que una modificación laboral haya sido incluida en una ley centrada en el desperdicio alimentario. No obstante, explican que este cambio proviene de una enmienda de última hora presentada por el Grupo Popular en el Senado. El argumento de la formación fue que esta medida busca facilitar la organización de las campañas agrícolas, las cuales están fuertemente condicionadas por factores climáticos y naturales, permitiendo así una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades del sector.

READ MORE

(Cinco Días, 08-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La sangría se agrava en las Bolsas mundiales: Europa se desploma un 5%

La tormenta financiera continúa y no da señales de remitir. Tras el desplome bursátil más severo desde la pandemia, los mercados han iniciado la semana en modo pánico. El Ibex 35 se desploma cerca de un 5% y pierde el nivel de los 11.800 puntos, habiendo llegado a rozar una caída del 7% en los momentos más críticos de la jornada. Las pérdidas se extienden por toda Europa: el DAX alemán, el CAC francés y el FTSE británico retroceden alrededor de un 4%, mientras que el Euro Stoxx 50 baja un 4,4%. En Asia, la situación ha sido aún más grave, con descensos que oscilan entre el 7% y el 12%. Por su parte, los futuros de Wall Street anticipan una apertura con retrocesos en torno al 1,5%. El nerviosismo también afecta a otros activos: las rentabilidades de la deuda siguen descendiendo, el dólar continúa débil y el barril de Brent cae un 3%, situándose en 63,8 dólares, su nivel más bajo en cuatro años. Lejos de tranquilizar a los mercados, los inversores solo encuentran más señales de rigidez en las posturas. El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha minimizado la ola de ventas y se mantiene firme en su política comercial, afirmando que aunque no le agrada que el mercado caiga, a veces "hay que tomar medicinas para curar". China, por su parte, ha reiterado que responderá con firmeza a los nuevos aranceles y prepara nuevas medidas de estímulo económico, según Bloomberg. La Unión Europea también está considerando sus propias acciones en respuesta. La guerra comercial ha alcanzado un nivel global y no parece que vaya a suavizarse en el corto plazo. Si no hay un cambio de rumbo, el nuevo paquete de aranceles anunciado por Trump se empezará a aplicar el 9 de abril. Ya desde el viernes pasado entró en vigor un gravamen mínimo del 10%, y en los próximos días comenzarán los específicos por país. Aunque la Casa Blanca asegura que más de 50 países han mostrado interés en dialogar con el presidente, no hay evidencia clara de que se estén llevando a cabo negociaciones reales. El temor a una recesión mundial crece, y Goldman Sachs ha elevado al 45% la probabilidad de una recesión en Estados Unidos. En España, el sector bancario vuelve a ser uno de los más golpeados por el desplome bursátil. Aunque las caídas se han moderado respecto al arranque de la sesión, Sabadell cede un 6% (tras llegar a perder un 17%), BBVA también cae un 6% y Santander retrocede un 5%. En otros sectores, Acciona Energía pierde un 6% e IAG, un 6,6%. Ningún valor opera en positivo y las menores caídas rondan el 3% en compañías como Redeia, Rovi o Logista. Las bolsas europeas registran también recortes considerables, aunque han logrado reducir parte de las pérdidas al mediodía. El índice alemán DAX llegó a caer un 9%, y el Euro Stoxx 50, un 7%. Las empresas más castigadas son las del sector defensa, como Rheinmetall (-4%), así como firmas industriales como Alstom, y tecnológicas como Atos (-15%) y Airbus (-6,5%). En EE. UU., los futuros apuntan a un nuevo retroceso del 1,8% para el Dow Jones y el S&P 500. Solo entre jueves y viernes, Wall Street perdió más del 10%, con una pérdida en capitalización bursátil de cinco billones de dólares, cifra superior al PIB combinado de España y Francia. Trump, en lugar de calmar los ánimos, ha redoblado su ofensiva comercial, especialmente contra China. Ha declarado que con un déficit comercial de un billón de dólares con el país asiático, EE. UU. pierde "cientos de miles de millones cada año" y que no habrá acuerdo sin una solución a ese desequilibrio. Este lunes también pidió a la Reserva Federal una bajada de tipos para estimular la economía, criticando la lentitud de la institución desde su red social Truth Social. En Asia, el índice Nikkei de Tokio cayó un 7,7% al cierre, mientras que el Hang Seng de Hong Kong, que había permanecido cerrado por festivo, se desplomó un 12% tras el anuncio de una nueva oleada de medidas por parte de China. Pekín impondrá aranceles del 34% a todos los productos estadounidenses, en respuesta a las tarifas equivalentes ya aplicadas por Washington, que alcanzan un 54% si se suman gravámenes anteriores. El índice de Shanghai también registró un fuerte retroceso del 7,95%. El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, ha criticado la estrategia de Trump y ha instado a resolver cuanto antes esta escalada. "Cuanto más tiempo se prolongue este conflicto, mayores serán sus efectos negativos acumulativos, y más difícil será revertirlos", advirtió. Robert Pavlik, gestor de Dakota Wealth, coincide en el diagnóstico: "Los mercados esperaban alguna señal conciliadora durante el fin de semana, alguna declaración que indicara voluntad de negociar o de flexibilizar los aranceles, pero nada de eso ha ocurrido. Parece que están decididos a seguir en esta línea". Además, subraya la incertidumbre que genera la actitud pasiva de la Reserva Federal: "Si la Fed no interviene, ¿quién lo hará?".

READ MORE

(Expansión, 08-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE define su primer ataque: aranceles del 25% a más de 1.500 productos de EEUU

Bruselas contraataca con una primera tanda de aranceles que afecta a sectores como la alimentación, el ocio, la moda y la construcción. Algunas de estas tasas alcanzan el 10%. Los Estados Miembros votarán su implementación este miércoles, y su entrada en vigor será gradual. El misterio quedó despejado durante la madrugada del lunes, cuando la Comisión Europea envió la esperada lista con más de 1.500 productos estadounidenses a los que se plantea imponer aranceles, la mayoría del 25%. Esta acción es la primera respuesta al castigo arancelario -también del 25%- que Donald Trump impuso hace menos de un mes sobre el acero y el aluminio procedentes de la Unión Europea. El documento, aún en fase de borrador y difundido por Reuters, ya ha sido remitido a los Estados Miembros, que decidirán sobre su aprobación este miércoles tras una reunión de los ministros de Comercio en Luxemburgo. Entre los productos que Bruselas propone gravar se encuentran una amplia variedad: arroz, tomates, ropa, mantas eléctricas, calzado, artículos de vidrio, cerámica y porcelana, joyería, metales preciosos, acero, aluminio, luminarias, barcos, tabaco y calzado deportivo. Sin embargo, algunos bienes, como los videojuegos, pilas, baterías, ciertos cosméticos y aceites esenciales, tendrán un arancel reducido del 10%. Según el documento comunitario, "las medidas se dirigen a productos de origen estadounidense de los que la UE no depende en gran medida", con el objetivo de minimizar los efectos negativos en el mercado europeo y en los consumidores. En total, la Comisión buscaba gravar unos 26.000 millones de euros en bienes estadounidenses como represalia, aunque tras ajustes de los Estados Miembros, la cifra final quedó ligeramente por debajo. La lista propuesta afecta a productos de todos los países, lo que ha obligado a hacer concesiones para excluir ciertos artículos, en un proceso de negociación constante. Uno de los productos más comentados, el bourbon estadounidense, finalmente se ha salvado de los aranceles. La amenaza de Trump de aplicar tasas del 200% al vino de los países que penalizaran esta bebida hizo que Francia e Italia, entre otros, presionaran para retirarlo de la lista. No todos los aranceles se aplicarán de inmediato. Si la propuesta es aprobada, los gravámenes sobre productos que ya fueron sancionados durante la anterior disputa comercial entre EE. UU. y la UE -durante el primer mandato de Trump- se activarán el 15 de abril. En cambio, los aranceles sobre nuevos productos se pospondrán hasta el 15 de mayo. Una última oleada, que incluye artículos especiales como la soja (epígrafe IV), no se aplicará hasta diciembre. "Avanzamos sin prisas pero con firmeza. Es esencial dejar espacio para la negociación. Queremos una solución mutua y equilibrada", declaró el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. Desde Bruselas insisten en que esta primera respuesta es "proporcionada" y está en línea con las normas de la Organización Mundial del Comercio. No obstante, advierten que habrá más medidas si las conversaciones con Estados Unidos no avanzan. La UE se prepara para responder con nuevas rondas de aranceles y represalias si se concretan las tarifas de Trump sobre automóviles y sus componentes, así como sobre una lista más amplia de productos. Se estima que estas medidas afectarán hasta el 70% de los más de 380.000 millones de euros que la UE exporta a EE. UU.

READ MORE

(Expansión, 08-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

La UE ofrece aranceles "cero por cero" a EEUU para los bienes industriales

Arrancan oficialmente las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos con el objetivo de frenar la escalada de tensiones comerciales iniciada el pasado miércoles y, al mismo tiempo, tratar de contener el impacto negativo que esta situación ha provocado en los mercados financieros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado hoy que ya existe una primera propuesta sobre la mesa: eliminar por completo los aranceles y obstáculos al comercio de bienes industriales entre ambos bloques. "Hemos planteado una oferta de aranceles cero para los bienes industriales, siguiendo el mismo enfoque que ya hemos aplicado con éxito en acuerdos con otros socios. Europa siempre está dispuesta a alcanzar un buen acuerdo", declaró Von der Leyen durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre. Con esta propuesta, la UE pone en marcha su estrategia principal para afrontar el conflicto comercial: tender la mano a Washington, pero manteniendo la cautela, con la intención de proteger los grandes beneficios que el comercio internacional ha aportado durante años a ambas economías. Así lo acordaron los ministros de Comercio de los países miembros de la UE reunidos hoy en Luxemburgo, donde trabajaron en una posición común frente a las medidas impulsadas por Donald Trump. El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, detalló que esta oferta incluye desde productos del sector automotor y sus piezas, hasta químicos, fármacos, caucho, plásticos y maquinaria, entre otros bienes industriales. Sin embargo, pese a este gesto de apertura, la iniciativa europea no responde directamente a los argumentos esgrimidos por Trump para justificar la imposición de aranceles del 20% a los productos europeos: el déficit comercial en bienes y el cobro del IVA, que en EE. UU. se percibe como una barrera fiscal. Respecto a este último punto, Sefcovic dejó claro que el IVA es una línea roja para la UE. Explicó que este impuesto no es discriminatorio, ya que se aplica por igual a productos nacionales y extranjeros, y que es una herramienta fiscal empleada por más de 160 países, además de ser una fuente clave de financiación para los presupuestos nacionales. "Hemos explicado a EE. UU. cómo funciona nuestro sistema del IVA, su papel en la financiación pública y su aplicación global. No está en nuestros planes modificarlo", afirmó el comisario, quien, no obstante, se mostró abierto a dialogar en otros aspectos con el fin de alcanzar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

READ MORE

(El País, 08-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Trump anuncia que disparará los aranceles de China al 104% si Pekín no da marcha atrás

Cuando los mercados de Wall Street esperaban una posible pausa en la escalada arancelaria, Donald Trump volvió a agitar el tablero. El expresidente de Estados Unidos anunció en su red Truth Social que impondrá aranceles adicionales de 50 puntos porcentuales sobre productos chinos, elevando la tasa total al 104%, si Pekín no elimina los aranceles del 34% que aplica actualmente a las importaciones estadounidenses. Según Trump, esta medida entrará en vigor el 9 de abril. Además, reiteró que responderá a cualquier represalia arancelaria con aumentos aún mayores, asegurando que su objetivo es tener los aranceles más altos del mundo. Como gesto de apertura, el exmandatario se mostró dispuesto a iniciar conversaciones con todos los países que lo han solicitado, aunque excluyó a China mientras mantenga sus actuales tasas sobre productos estadounidenses. Esta disposición a negociar deja una puerta entreabierta que los mercados financieros observan con cautela. Para comprender esta estrategia, es necesario recordar la peculiar visión que Trump tiene del comercio internacional. Desde hace décadas, sostiene que los déficits comerciales representan una especie de deuda que Estados Unidos "paga" a otros países, a los que acusa de estar "robando" a su país. En su lógica, los aranceles funcionan como impuestos que se cobran entre naciones, y cree que Estados Unidos ha sido el gran perdedor en este intercambio. A partir de esta interpretación, Trump plantea que cuando otros países imponen aranceles a productos estadounidenses, en realidad están cobrando dinero a Estados Unidos sin que éste recupere nada a cambio. Por eso, su solución es imponer los aranceles más altos posibles, con el objetivo de revertir el flujo de dinero hacia el país. Según él, cuanto más elevados sean los aranceles de EE.UU., más "ganará" el país frente al resto. Siguiendo esa lógica, la respuesta de China con un arancel del 34% no se ve como una medida proporcional, sino como una maniobra para seguir "cobrando más" a Estados Unidos. De ahí que Trump insista en aumentar los aranceles hasta donde sea necesario para "ganar" esta especie de competencia arancelaria. Como ha advertido: "Cualquier nación que responda con aranceles adicionales a los EE.UU. será castigada con tarifas aún más altas que las inicialmente previstas". Sin embargo, esta visión distorsionada ignora cómo funciona realmente el comercio internacional. Los aranceles no se compensan entre países, y una tarifa del 104% prácticamente paralizaría las importaciones desde China, afectando gravemente al comercio bilateral. Además, encarecería considerablemente los productos chinos en Estados Unidos, golpeando directamente el bolsillo de los consumidores estadounidenses.

READ MORE

(El Economista, 07-04-2025) | Fiscal

La debilidad parlamentaria impide aprobar la subida fiscal al diésel

La ya conocida propuesta de aumentar el impuesto al diésel, que lleva varios años sobre la mesa del debate político, continúa sin materializarse. Aunque la previsión inicial apuntaba a su aprobación en torno al 30 de marzo -siguiendo los requerimientos de la Comisión Europea-, la decisión fue aplazada hasta el 11 de abril. Sin embargo, a pocos días del nuevo plazo, fuentes del Gobierno reconocen que "no hay novedades" al respecto. Desde el sector de la automoción reina la misma incertidumbre. Organizaciones como Faconauto o la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) aseguran no tener información alguna sobre el avance del proceso. De hecho, en esta última ya dan por hecho que la subida no se llevará a cabo, debido a la falta de apoyos parlamentarios por parte del Ejecutivo. El cambio fiscal propuesto implicaría elevar el impuesto actual desde 0,307 hasta 0,4 euros por litro, lo que, con el añadido del IVA, aumentaría aún más el precio final al consumidor. Aunque desde el Ministerio de Economía insisten en que "todavía se está dentro del plazo", los tiempos apremian. Al tratarse de una modificación del Impuesto Especial de Hidrocarburos, sería necesario tramitarla en el Congreso, y ya ni siquiera mediante decreto-ley parece viable aprobarla a tiempo. Además, la medida no cuenta con el respaldo necesario de los socios parlamentarios del Gobierno. Cabe recordar que en 2020 el PNV logró frenar esta subida a cambio de apoyar los Presupuestos Generales. Más recientemente, la oposición de Podemos a priorizar este incremento fiscal frente a un impuesto permanente a las energéticas -rechazado a su vez por Junts y el propio PNV- terminó por bloquear su avance en 2024. Aun así, el Gobierno no descarta retomar la negociación con los diferentes grupos parlamentarios, como ya ocurrió en su momento con el PNV, cuya postura pasó del rechazo al apoyo. El futuro de esta reforma tributaria, por tanto, sigue en suspenso. Desde el Ministerio de Hacienda reconocen que "todo dependerá del resultado de las conversaciones con Bruselas", mientras que Economía confirma que el diálogo con la Comisión Europea sigue abierto. Y es que, aunque esta subida lleva planteándose desde 2018, ha terminado convirtiéndose en uno de los hitos exigidos por la Unión Europea para liberar el quinto tramo de los fondos Next Generation. En total, España debe cumplir 84 objetivos en este bloque. "Es una negociación global y bastante compleja", explican desde el ministerio liderado por Carlos Cuerpo. No obstante, el Ejecutivo asegura que el retraso en este asunto no compromete los más de 25.000 millones de euros en subvenciones y préstamos que le corresponden a España. En Hacienda insisten en que nuestro país es uno de los que más requisitos cumple dentro del marco europeo. Para la Comisión, reducir el uso del diésel -por su elevado nivel contaminante- es prioritario, y por ello exige penalizar su consumo mediante la vía fiscal. En paralelo, el uso de este combustible en España ha disminuido de forma notable. Según datos de Anfac, Ganvam y Faconauto, en marzo de 2025 las matriculaciones de vehículos diésel cayeron un 27,5% en comparación con el año anterior. Actualmente, este tipo de coches representa apenas un 15% del mercado, muy lejos del 80% que alcanzaban no hace tanto tiempo, gracias, en buena medida, a la ventaja fiscal que todavía conservan (una bonificación de 0,20 euros por litro). El precio históricamente más bajo del diésel se explica porque su proceso de refinado es más económico que el de la gasolina. Durante años, esta diferencia favoreció especialmente a las rentas más bajas, por lo que las políticas fiscales buscaron mantener esa ventaja. Sin embargo, con el paso del tiempo y la creciente presión medioambiental, Bruselas y el propio Gobierno han cambiado el enfoque. Aun así, el intento de subir el impuesto fue retirado en 2021, ante la fuerte escalada de precios de los carburantes. Desde entonces, el debate permanece abierto, aunque sin avances concretos.

READ MORE

(El Economista, 07-04-2025) | Fiscal

Las vías de ahorro fiscal para los extranjeros en España tras el fin de la "Golden Visa"

Este jueves marcó el fin de las conocidas Golden Visa en España. Se trataba de permisos de residencia que se otorgaban a ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea a cambio de inversiones superiores a 500.000 euros en inmuebles u otras formas de inversión. Esta medida, que se implementó en 2013 durante el gobierno de Mariano Rajoy, ha sido eliminada como parte de un paquete de políticas impulsadas por el presidente Pedro Sánchez con el objetivo de frenar el aumento de los precios de la vivienda y combatir la especulación en el sector inmobiliario. No obstante, los datos oficiales indican que este tipo de visado solo ha representado, en promedio, un 0,25% del total de compraventas de viviendas en los últimos once años, lo que demuestra su escasa incidencia en el mercado. A pesar de ello, la eliminación de este mecanismo ha dejado fuera a numerosos extranjeros interesados en residir en España. Entonces, ¿qué alternativas fiscales tienen ahora los inversores extranjeros que desean establecerse en el país tras la supresión de la Golden Visa el 3 de abril de 2025? Los expertos señalan tres opciones: la Ley Beckham, las deducciones fiscales autonómicas y la visa para nómadas digitales. En primer lugar, la conocida como Ley Beckham -o régimen fiscal para impatriados- permite a quienes se acojan a ella tributar a un tipo fijo del 24% sobre los primeros 600.000 euros de ingresos (por encima de esa cantidad se aplica el tipo marginal del 47%), y solo sobre ingresos generados en España (excepto en el caso de los salarios, que tributan a nivel global). "Esto implica que en su país de origen el contribuyente será considerado como no residente, y al contar con certificado de residencia fiscal en España, podrá ahorrar impuestos de forma significativa al no tributar aquí por dividendos, intereses o plusvalías obtenidos en el extranjero", señala Sánchez. Este régimen está disponible exclusivamente para extranjeros que vengan a España como empleados contratados por una empresa, no para autónomos, y siempre que no hayan sido residentes fiscales en España en los últimos cinco años. También pueden beneficiarse del mismo el cónyuge y los hijos menores de 25 años del solicitante, igual que ocurría con la Golden Visa. Eso sí, es fundamental solicitarlo dentro de los seis primeros meses desde la entrada en España, y por ello se recomienda gestionar este proceso con asesoría fiscal especializada. Para los inversores extranjeros que no trabajen por cuenta ajena o no quieran hacerlo, una alternativa es crear una empresa en España y ejercer como administrador de la misma. En estos casos, si obtienen la residencia fiscal en España y no pueden acogerse a la Ley Beckham, desde Golden Partners aconsejan establecerse en comunidades con una fiscalidad más favorable, como Andalucía, Galicia o Madrid. En estas regiones el Impuesto sobre el Patrimonio está bonificado al 100%, y el de Sucesiones y Donaciones lo está al 99%, incluso para relaciones colaterales como tíos y sobrinos, más allá del vínculo entre padres e hijos. Otra posibilidad es acogerse a lo que se ha denominado la "Ley Mbappé", que contempla una deducción del 20% en el tramo autonómico del IRPF por inversiones realizadas en títulos de deuda pública, acciones de empresas cotizadas y no cotizadas, o participaciones en sociedades limitadas, siempre excluyendo el ámbito inmobiliario. Al igual que la Ley Beckham, exige no haber sido residente fiscal en España en los cinco ejercicios anteriores y mantener la inversión durante al menos seis años. Además, impone un límite del 40% en la participación del capital social o derechos de voto, sumando los del cónyuge. Sánchez también menciona la visa para nómadas digitales. "Cualquier persona que trabaje de forma remota para una empresa extranjera o sea autónomo con clientes internacionales puede solicitar este visado", explica. "No importa si es desarrollador de software, diseñador, escritor u otro profesional digital que opere en línea; España le da la bienvenida". Los requisitos incluyen demostrar una relación laboral o profesional de al menos tres meses con una empresa extranjera o clientes internacionales (en caso de ser autónomo), ingresos mensuales de al menos 2.000 euros, y disponer de 25.000 euros en una cuenta bancaria en España. Si se trabaja para una empresa, también se debe acreditar la actividad real y constante de esta, además de proporcionar documentación que respalde el trabajo remoto, incluyendo los términos de la actividad desde España. Finalmente, Sánchez sugiere que quienes obtengan la residencia fiscal en el país consideren invertir en startups, PYMEs, proyectos de I+D o producciones audiovisuales, todos con importantes beneficios fiscales. También se recomienda realizar aportaciones a planes de pensiones, que son deducibles en el IRPF español, dentro de los límites legales establecidos.

READ MORE

(Expansión, 07-04-2025) | Laboral

Las compañías auditoras superan la barrera de los 40.000 empleos

Las empresas dedicadas a la auditoría, consultoría, asesoramiento legal y transacciones que operan en España cerraron el año 2024 con una plantilla conjunta superior a los 41.000 empleados. Según el ranking elaborado por EXPANSIÓN a partir de datos de casi cuarenta firmas, el sector alcanzó los 41.294 trabajadores, lo que representa un incremento del 6,2% respecto al año anterior. Este crecimiento vino acompañado de movimientos como la compra de Audalia por parte de Baker Tilly. En total, se han generado más de 2.400 nuevos empleos en solo un año. En lo que respecta a las Big Four -Deloitte, EY, PwC y KPMG-, su plantilla conjunta se situó en 27.784 personas, lo que supone un aumento del 4,7% respecto al ejercicio anterior. No obstante, este ritmo de crecimiento es bastante menor al registrado en 2023, cuando el alza fue del 9,9%. En cambio, las firmas medianas del sector, que emplean a 13.510 personas en total, han crecido a un ritmo del 9,5%, duplicando así el avance de las cuatro grandes. Si se analiza el número de empleados por firma, Deloitte lidera la clasificación una vez más, con 10.531 trabajadores tras aumentar su plantilla un 7,2% durante 2024. Le sigue EY, que roza los 6.000 empleados, alcanzando concretamente los 5.965, un 4% más. En tercer lugar está KPMG, con 5.790 empleados y un crecimiento del 3,4%. PwC cierra el grupo de las Big Four con 5.498 personas en plantilla, un 2,1% más que el año anterior. Ante este aumento, la firma ha ampliado sus oficinas en Madrid. A continuación en el ranking se encuentra ETL Global, grupo de firmas independientes que incrementó su plantilla en España un 10,3%, alcanzando los 2.612 trabajadores. BDO también registró un fuerte crecimiento del 9,5%, con 1.631 empleados. Auren, que recientemente incorporó al fondo Waterland como socio, aumentó su plantilla un 8,5%, superando los 1.050 empleados. Por su parte, Adade/e-Consulting escaló posiciones al contar con 893 trabajadores, un 13% más, superando así a Grant Thornton, que cae en el ranking tras reducir su plantilla un 3,1%, quedándose con 818 trabajadores. También figura en la lista Forvis Mazars, que elevó su número de empleados un 7%, hasta los 822. El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), Víctor Alió, destacó que el notable crecimiento del sector está dando lugar a una tendencia inesperada: en plena era de la inteligencia artificial, la auditoría sigue generando empleo. Aunque por ahora la aplicación de la IA es limitada, las nuevas tecnologías están contribuyendo a mejorar la eficiencia interna, lo que podría favorecer la retención de talento al reducir tareas repetitivas y permitir un mayor enfoque en el análisis y tareas más atractivas. Por su parte, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), señala que el sector vive un proceso de transformación en el que la evolución del empleo y la atracción de talento son aspectos clave. Factores como la digitalización, la sostenibilidad y el relevo generacional están redefiniendo las necesidades del mercado laboral.

READ MORE

(Expansión, 07-04-2025) | Laboral

Las pequeñas empresas contratan un 38% menos de empleados en los últimos seis años

Las contrataciones en empresas con plantillas de hasta 25 empleados han sufrido un retroceso significativamente mayor que la media en los últimos años, coincidiendo con dos factores clave: el incremento de las cotizaciones, especialmente del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la implementación de la reforma laboral que limita el uso de contratos temporales. Estos dos acontecimientos, ocurridos en los últimos seis años, han transformado profundamente la dinámica de contratación en España, marcada tradicionalmente por la estacionalidad de muchas actividades económicas. En primer lugar, la reforma laboral aprobada a finales de 2021 ha generado una reducción generalizada en el número total de contratos firmados anualmente, dado que penaliza el empleo temporal en favor de los contratos indefinidos. En segundo lugar, la subida de los costes laborales durante los gobiernos de Pedro Sánchez ha afectado de forma más intensa a las pequeñas empresas, que cuentan con menos margen para absorber estos incrementos. Los datos del Ministerio de Trabajo permiten observar esta evolución. Entre 2018 y 2024, el número total de contratos registrados se redujo en 6,9 millones (un descenso del 30%), pasando de 22,3 millones a 15,4 millones. Sin embargo, si se analiza por tamaño de empresa, las compañías con menos de 25 trabajadores han visto caer su volumen de contrataciones un 38% -una diferencia de ocho puntos porcentuales respecto a la media-, bajando de 10,7 millones a 6,7 millones de contratos en ese mismo periodo. Esta diferencia refleja las mayores dificultades que enfrentan los pequeños negocios ante el aumento de costes. Aunque las normas de la reforma laboral se aplican por igual a todas las empresas, no todas cuentan con la misma capacidad para adaptarse. Así lo explica Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE y presidente de ATA, quien señala que "las grandes empresas están generando empleo a un ritmo casi el doble de la media nacional, mientras que los negocios más pequeños, de 1 o 2 empleados, siguen destruyendo puestos de trabajo". De hecho, según la Seguridad Social, en febrero de 2024 las empresas de hasta dos trabajadores habían perdido cerca de 6.000 empleados respecto al año anterior, lo que representa una caída del 0,6%. Este descenso marca ya seis años consecutivos de retrocesos para estas microempresas en ese mismo mes del año. En contraste, la media de crecimiento del empleo interanual es del 3,6%, y en las compañías con más de 500 trabajadores, del 6,2%. Lorenzo Amor advierte también que cualquier nueva medida que implique mayores costes, como una reducción de la jornada laboral, impactará de forma desproporcionada en las empresas más pequeñas, especialmente en sectores como el comercio. El análisis de la contratación por tamaño empresarial en años anteriores confirma esta tendencia. Por ejemplo, en 2019, cuando el salario mínimo se incrementó un 22%, la contratación general subió un 0,8%, pero en las empresas de menos de 25 empleados bajó un 0,3%. Del mismo modo, en 2022, primer año tras la reforma laboral, la contratación media descendió un 5,5%, mientras que en las pequeñas empresas el descenso fue del 7,3%. Si se desglosa aún más, en las compañías de hasta 9 trabajadores, la caída fue del 9,3%, casi el doble que la media. En contraste, el impacto en las grandes empresas (más de 250 empleados) fue más moderado, con una reducción del 3,7%. Estos datos ponen de manifiesto que los pequeños negocios están siendo los más perjudicados por las reformas recientes y el encarecimiento del empleo, evidenciando una creciente brecha entre grandes y pequeñas empresas en su capacidad de adaptación a los cambios en el mercado laboral.

READ MORE

ARE YOU LOOKING

FOR PERSONAL OR BUSINESS ADVICE?

Make your inquiry online or come visit us

CONTACT GAF