(El Mundo, 06-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Se inauguró el nuevo Año Judicial con la participación de la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, tras un largo periodo sin renovación. "Ningún poder del Estado puede dar directrices o instrucciones a jueces y magistrados sobre cómo deben interpretar y aplicar las leyes", declaró Perelló.
El Rey presidió el acto de apertura, en el cual Perelló intervino por primera vez como presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo. En su discurso, destacó que solo en aquellos países donde se garantiza la división de poderes se puede hablar de un verdadero Estado de Derecho. "Es crucial proteger la independencia judicial frente a las injerencias externas", subrayó en presencia del monarca.
Perelló hizo un llamado a los actores políticos y a las instituciones del Estado: "Respeten el trabajo de los jueces y magistrados", dijo, añadiendo que la crítica constructiva puede ayudar a mejorar, pero que es necesario evitar ataques injustificados que puedan erosionar la legitimidad y reputación del sistema judicial. Asimismo, la presidenta resaltó que, pese a los años de dificultades debido a la falta de renovación en el CGPJ, los jueces no han caído en el desánimo.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió la labor de la Fiscalía ante las críticas sobre su supuesta falta de independencia. "La democracia es un sistema de contrapesos, y la Fiscalía cumple un papel fundamental, siendo un actor público, transparente y libre de intereses particulares, sometido solo a la ley y al principio de imparcialidad", explicó.
García Ortiz también afirmó que la Fiscalía, como órgano de naturaleza constitucional, no es un factor de distorsión del sistema, sino que encarna el respeto interinstitucional y la contención en el ejercicio del poder.
Durante el acto, el fiscal general aprovechó para presentar la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Entre los datos más relevantes, mencionó que en 2023 se iniciaron 1.663.862 diligencias previas, lo que representa un incremento del 11,1% respecto al año anterior. Los delitos contra la vida y la integridad constituyen el 31% de estas diligencias, mientras que los delitos contra el patrimonio se mantuvieron en el 20%.
En cuanto a las diligencias urgentes, se incoaron 239.647 procedimientos en 2023, lo que implica un aumento del 4,6% en comparación con 2022. De estos, el 64,4% fueron calificados y se llegó a un acuerdo en el 75,6% de los casos en los juzgados de instrucción, lo que equivale al 51,7% de las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal.
En relación con los juicios leves, se tramitaron 369.793 casos, una cifra superior a la de años anteriores. Sin embargo, los procedimientos abreviados mostraron un ligero descenso del 2,5% respecto al año anterior. El número de procedimientos ordinarios en 2023 creció un 6,9% en comparación con 2022, mientras que los casos ante el tribunal del jurado ascendieron a 653, una cifra similar a la del año anterior.
El Ministerio Fiscal también inició 14.470 diligencias de investigación en 2023, lo que supone un aumento del 11,60% respecto a 2022. García Ortiz señaló que esto es un indicador de la capacidad investigadora del Ministerio Fiscal en España.
En total, la Fiscalía asistió a 316.418 juicios. En cuanto a las suspensiones, hubo un incremento respecto al año anterior, con un 42,6% de suspensiones en los juzgados penales y un 36,3% en las audiencias provinciales. García Ortiz advirtió sobre este "alarmante número de suspensiones", que ralentizan la respuesta del Estado frente a la criminalidad y afectan la calidad de la justicia, desmotivando tanto a profesionales como a víctimas.