(El Economista, 25-09-2024) | Laboral
Tras el error en la Ley de Paridad que eliminó la protección contra el despido de quienes solicitan una adaptación de jornada para conciliar, Podemos ha tomado la iniciativa y ha presentado en el Pleno del Congreso un plan que pretende transformar todos los despidos actualmente calificados como improcedentes en nulos. Esta propuesta busca eliminar la posibilidad del despido 'libre', aunque también podría debilitar la protección para ciertos trabajadores cuyos derechos laborales han sido vulnerados.
Podemos, que fue parte del Gobierno en la legislatura anterior y ahora se encuentra en el Grupo Mixto del Congreso, registró a finales de abril una proposición de "Ley del Estatuto de las Trabajadoras y Trabajadores". Esta iniciativa, que el Gobierno no ha bloqueado, ha estado esperando su turno desde junio para ser debatida en el Pleno, y aunque aún no hay fecha fija, se espera que ocurra en las próximas semanas, a menos que los grupos mayoritarios continúen retrasando su tramitación.
Aunque es poco probable que la propuesta de Podemos sea aprobada, es importante recordar que el partido tiene la capacidad de alterar los planes del Gobierno, especialmente en el ámbito laboral, como ya lo demostró cuando logró bloquear y reformar la nueva normativa sobre subsidios por desempleo. De este modo, la votación de su iniciativa obligará a partidos como el PSOE y, especialmente, a Sumar, así como a los aliados de la coalición, a posicionarse en un tema clave que quedó pendiente tras la reforma laboral de 2021: la regulación del despido.
La propuesta de Podemos va mucho más allá de derogar los cambios introducidos por el PP en 2012, que redujeron de 45 a 33 días por año la indemnización por despido improcedente. Lo que propone es eliminar por completo la figura del despido improcedente. Sin embargo, esta medida rompe el equilibrio entre la justificación de los despidos y las fronteras de vulneración de derechos laborales que las reformas anteriores habían mantenido.
Siguiendo una estrategia similar a la que aplicó cuando estuvo en el Gobierno desde los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, Podemos busca aumentar los supuestos en los que un despido sería considerado nulo. Esta estrategia ha generado un aumento en la judicialización de los despidos y ha evidenciado varios errores legislativos, como los que se observaron con la Ley de Paridad. Ahora, el partido pretende llevar esta filosofía aún más lejos.
Juristas consultados por elEconomista.es que han revisado el texto de Podemos señalan que esta propuesta abre la puerta a una "reforma trascendental", ya que, en la práctica, el despido sería declarado nulo tanto si no se justifican adecuadamente las razones del despido como si no se cumplen los requisitos formales. Omar Molina, de Augusta Abogados, explica que hasta ahora los despidos podían ser procedentes, improcedentes (que implican una indemnización o readmisión si la empresa lo decide) o nulos (que conllevan la reincorporación inmediata del trabajador). Con la nueva propuesta, las opciones se reducirían a dos: "ajustado a derecho" o nulo.
Este cambio implicaría una modificación radical en las relaciones laborales: en caso de despido nulo, el trabajador ya no estaría obligado a reincorporarse automáticamente, sino que podría elegir entre la reincorporación o una indemnización de 45 días por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. En ambos casos, recibiría los salarios de tramitación, algo que la reforma del PP limitó solo a los casos de reincorporación.
El objetivo de Podemos es eliminar la figura del despido improcedente como una vía "intermedia" que muchas empresas utilizan para realizar despidos "libres". Estas empresas presentan un despido disciplinario (sin indemnización) y luego reconocen la improcedencia, negociando una indemnización que no supera los 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades. Esto explica el alto porcentaje de despidos disciplinarios en España.
Además de aumentar la compensación, Podemos quiere endurecer los requisitos para justificar un despido disciplinario, extendiendo a todos los empleados las protecciones que actualmente solo tienen los delegados sindicales. También plantea aumentar de 20 a 25 días por año la indemnización en despidos objetivos cuando no se acrediten adecuadamente las causas económicas, técnicas o productivas. Curiosamente, esta cifra de 25 días coincide con la indemnización promedio en los contratos indefinidos vinculados a obras. Un enfoque similar se aplicaría a los despidos colectivos.