(El País, 15-07-2024) | Fiscal
Hacienda y las comunidades autónomas se reúnen para debatir la nueva senda fiscal del Gobierno, la financiación específica que reclama Cataluña y la reforma del sistema común, conocido como el "sudoku autonómico". Los participantes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes acuden con tres agendas distintas. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, busca principalmente cumplir con el trámite de presentar la nueva senda fiscal del Gobierno a las comunidades autónomas, como paso previo al nuevo techo de gasto para los Presupuestos de 2025 en el Consejo de Ministros de mañana.
La consejera de Economía de la Generalitat de Cataluña en funciones, Natàlia Mas (ERC), asiste para reivindicar la propuesta de "financiación singular" para Cataluña. Los consejeros de Hacienda del PP, que gobiernan en una docena de regiones y conforman la mayoría del cónclave, se preparan para enfrentarse a las concesiones que los socialistas negocian con los grupos independentistas catalanes en el marco de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Dada la importancia de la reunión en múltiples frentes, se echa en falta una agenda común de consenso y visión a largo plazo que responda a las necesidades de la ciudadanía. En juego están la política de ajustes presupuestarios de los próximos años y el futuro de un sistema de financiación autonómico que lleva 10 años caducado y que perjudica claramente a varias regiones.
La convocatoria enviada por Montero a los consejeros autonómicos de Economía y Hacienda contiene ocho puntos en el orden del día. El primero es la aprobación del acta de la reunión anterior, celebrada el 11 de diciembre, en la que el Gobierno presentó de manera tardía la senda fiscal para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2024, que fue abortado debido a la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña. Luego se procederá a la elección, por cinco años, de la presidencia de la Junta Arbitral de Resolución de Conflictos en materia de Tributos del Estado cedidos a las comunidades, y a la aprobación de la memoria de actuaciones del Consejo correspondiente al ejercicio 2023. Hasta aquí, la liturgia habitual.
La reunión, convocada a las 12.30, aumentará en intensidad a partir del cuarto punto, una aparentemente anodina modificación reglamentaria que esconde la intención de las regiones del PP de quitar a Hacienda su poder decisorio. Actualmente, cada comunidad y ciudad autónoma tiene un voto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que Hacienda disfruta del otro 50%, por lo que le basta el apoyo de una sola autonomía afín para aprobar sus propuestas. Abrir el debate sobre la modificación de este sistema para restar peso al Estado en las votaciones ha sido exigido por el PP, que al gobernar una docena de autonomías ha cumplido holgadamente el tercio de miembros del Consejo necesario para forzar la inclusión de nuevos puntos en el orden del día. Aunque han logrado introducir varios puntos al solicitarlo formalmente por carta, incluyendo este, la propia naturaleza del sistema de voto actual hace casi imposible que su propuesta prospere.
A partir de ahí, en quinto lugar, la vicepresidenta analizará la evolución de las cuentas públicas autonómicas durante el año pasado. La idea es preparar el terreno para el sexto punto, en el que Montero informará de la propuesta de Hacienda sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las autonomías en el periodo 2025-2027. Simplificando, se trata del reparto del déficit en el que podrán incurrir las regiones durante los próximos años, un dato clave para que los territorios preparen sus propios presupuestos autonómicos.
Se da la circunstancia de que la hoja de ruta presupuestaria debe ajustarse a las nuevas reglas fiscales europeas, que imponen a los países con un déficit superior al 3% del PIB o una deuda superior al 60% -España ronda el 108%- la presentación en septiembre de un plan de ajustes plurianual (a cuatro años, o siete si incluye reformas estructurales). Hacienda, que ha prometido reducir el déficit al 3% este año y al 2,5% en 2025, necesitará la colaboración de las comunidades autónomas para cumplir con la UE, por lo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le ha reclamado que negocie las cifras con los territorios, en lugar de imponerlas, y que se abra a dar objetivos personalizados a cada una. Sin embargo, Hacienda no ha dejado margen para negociar la senda, que quiere aprobar en el Consejo de Ministros de mañana, y el Gobierno se ha apoyado en sus socios parlamentarios para arrebatar al Senado -en manos del PP- el poder de veto que tenía sobre ella.
A partir de ahí, la reunión promete extenderse en torno al séptimo punto del orden del día (el octavo son ruegos y preguntas), otro de los impuestos por los territorios del PP aprovechando su mayoría: la exigencia de que la vicepresidenta informe "sobre la postura del Gobierno de España en cuanto a la financiación autonómica". Esta debería ser la piedra angular de la reunión, el momento en el que el Ejecutivo tome la iniciativa de promover una reforma integral del sistema de financiación autonómica, pendiente de abordarse desde 2014, para reequilibrar un modelo que infrafinancia claramente a la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía o Castilla-La Mancha, que reciben hasta 726 euros menos por habitante que sus regiones vecinas, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Pero recordemos que el debate ha sido introducido a la fuerza en el orden del día, no por Hacienda, sino a su pesar.
Montero, que ya abrió el debate en otoño de 2021 con una propuesta de revisión de la población ajustada que no fue bien recibida, ha estado reclamando al PP que presente una postura común que satisfaga a todos sus territorios para empezar a negociar, mientras que las autonomías argumentan que es al Gobierno central a quien le corresponde tomar la iniciativa y buscar consensos.
La confrontación dejará el espacio libre para que el protagonismo vuelva a recaer en Cataluña, cuya representante en funciones exigirá la cesión del 100% de los impuestos y un cupo al estilo vasco, que las comunidades del PP amenazarán con impugnar ante los tribunales por inconstitucional y con el que Montero hará malabares, combinando particularidades con un marco común, mientras PSOE y ERC siguen negociando la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. El papel que cada uno se ha autoasignado está escrito para contentar a sus propias filas temporalmente, pero es de un cortoplacismo miope que, si nadie recapacita, volverá a postergar el necesario trabajo en equipo que exige reequilibrar las cuentas públicas y resolver el complicado "sudoku autonómico".