(Cinco Días, 19-09-2024) | Laboral
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con los líderes de los sindicatos CC OO (Unai Sordo) y UGT (Pepe Álvarez), y los representantes de las patronales CEOE (Antonio Garamendi) y Cepyme (Gerardo Cuerva), han formalizado este miércoles en La Moncloa la firma de un cuarto acuerdo relacionado con la reforma de pensiones, que comenzó en 2021. Sánchez ha resaltado que el acuerdo incluye una nueva regulación sobre la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo, mejora el acceso a la jubilación anticipada para quienes ejercen profesiones penosas, y optimiza el uso de los recursos de las mutuas. Sin embargo, ha enfatizado especialmente el valor del pacto alcanzado el pasado 31 de julio, ya que "nace del consenso entre el poder ejecutivo y los actores sociales".
Sánchez ha destacado la importancia de este tipo de acuerdos, afirmando que lo que se pacta "está destinado a perdurar" gracias al respaldo tripartito. Además, ha subrayado la solidez que aportan los 21 acuerdos sociales alcanzados en temas laborales y de pensiones desde que asumió el poder, indicando que estas reformas "construyen y unen al país", garantizando la estabilidad del sistema a largo plazo.
Estas declaraciones son especialmente relevantes de cara a la próxima tramitación de la reforma en el Congreso, un proceso que se anticipa complicado, ya que varios socios parlamentarios del Gobierno han expresado su desacuerdo con algunos puntos del acuerdo. En paralelo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido en el Congreso la reforma de pensiones que se ha estado implementando desde 2021, buscando asegurarse los votos necesarios para las medidas que requieren cambios legislativos.
La oposición a ciertos aspectos de la reforma quedó en evidencia el jueves pasado cuando Saiz presentó el acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. No solo los principales partidos de oposición, como el PP y Vox, manifestaron su desacuerdo, sino también grupos que han apoyado al Gobierno, como EH-Bildu, BNG, Junts y ERC, quienes señalaron diversas discrepancias. El diputado de ERC, Jordi Salvador, advirtió que si no se negocian los términos en el Parlamento, podría haber "un disgusto", recordando el incidente en la aprobación de la reforma laboral, donde un error de voto salvó la medida.
El lunes pasado, tras el anuncio de la firma del acuerdo, los socios parlamentarios del Gobierno reiteraron que se necesitará una intensa negociación en la Cámara Baja para que las medidas sean aprobadas, subrayando que los apoyos no están garantizados.
Aunque no todas las medidas del acuerdo requieren la aprobación del Parlamento, las más destacadas por Sánchez sí lo exigen. Entre ellas, la creación de un nuevo marco para compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, lo que implicará la reforma de la jubilación parcial, los contratos de relevo y la jubilación demorada, así como la introducción de la modalidad de retiro flexible en un plazo de seis meses.
El establecimiento de un nuevo sistema de coeficientes para adelantar la jubilación en profesiones penosas podrá llevarse a cabo mediante reglamentos, sin necesidad de aprobación parlamentaria. Lo mismo ocurre con los cambios en la gestión de bajas laborales de origen traumatológico por parte de las mutuas, que requerirán la firma de convenios con los servicios de salud autonómicos, aunque varios socios del Ejecutivo han planteado objeciones a este enfoque.
Tras la firma del acuerdo, Saiz volvió a comparecer en el Congreso para defender la reforma completa, en respuesta a las críticas de la oposición sobre las advertencias del informe "Ageing Report" de la Comisión Europea, que prevé un aumento del gasto derivado de los cambios en el sistema español. La ministra atribuyó las conclusiones del informe a "limitaciones metodológicas" y explicó la "cláusula de cierre" incluida en la reforma, que prevé una evaluación periódica por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para ajustar el sistema en caso de desvíos en el gasto.
Saiz también destacó que uno de los principales objetivos de la reforma es retrasar la edad de jubilación, señalando que la edad efectiva de retiro ya ha alcanzado los 65,2 años por primera vez. Aunque los expertos apuntan que este aumento se debe más al retraso progresivo de la edad legal (que llegará a 67 años en 2027, según la reforma de 2011) que a los incentivos actuales, Saiz aseguró que los datos muestran que las medidas están dando buenos resultados y que el gasto se mantiene en niveles razonables.