(Cinco Días, 19-11-2024) | Laboral
El Ministerio de Sanidad está analizando la posibilidad de que todos los funcionarios adscritos a la mutualidad Muface sean atendidos exclusivamente por el sistema de salud pública. En un informe publicado este lunes, el departamento dirigido por Mónica García (Sumar) sostiene que, "por primera vez en años, la incorporación de los mutualistas a la sanidad pública se presenta como una opción viable y razonable". No obstante, la renovación del convenio entre Muface y las aseguradoras no depende de Sanidad, sino del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, liderado por el socialista Óscar López.
Sanidad también minimiza el impacto que tendría la incorporación de los mutualistas al sistema público, indicando que el aumento promedio de pacientes sería del 2,12% en términos relativos. Además, señala que actualmente la sanidad pública ya atiende muchos de los casos más complejos que las aseguradoras privadas derivan, un fenómeno conocido como "selección de riesgos".
El informe contempla que los recursos económicos destinados a pagar las primas de los seguros privados, que ascienden a más de 1.300 millones de euros anuales, podrían ser redirigidos a la sanidad pública. Esta cantidad corresponde a la licitación recientemente declarada desierta, ya que las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) no presentaron ofertas.
La crisis actual de Muface, la mayor en sus 50 años de historia, afecta a un colectivo de 1,52 millones de personas, de las cuales 1,06 millones optan por la sanidad privada. Los funcionarios tienen la posibilidad de cambiar cada año entre sanidad pública y privada, una decisión que también puede revertirse. Sin embargo, las negociaciones para renovar el convenio que financiaría la cobertura sanitaria en 2025 y 2026 no prosperaron, a pesar de que la oferta incluía un aumento del 17,12% en las primas.
Ante este escenario, el informe plantea dos alternativas: mejorar las condiciones para atraer a las aseguradoras o prorrogar el convenio actual por nueve meses, según lo permite la Ley de Contratos del Sector Público, mientras se planifica el traslado de los mutualistas al Sistema Nacional de Salud (SNS).
El análisis destaca que la integración total de los mutualistas en la sanidad pública supondría un aumento moderado del 2,12% en el número de pacientes atendidos. Las comunidades autónomas más afectadas serían Ceuta y Melilla, con un aumento superior al 5%, seguidas de Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%) y Andalucía (3,02%). Por otro lado, el impacto sería menor en País Vasco (0,65%), Navarra (1,00%) y Cataluña y Baleares (1,20%).
El informe clasifica las comunidades en tres grupos según el impacto relativo. El primer grupo, que incluye País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares, afrontaría incrementos similares a los habituales por crecimiento poblacional. El segundo grupo, de impacto intermedio, incluye Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja, destacando el caso de Madrid, donde la mayoría de los mutualistas mayores de 65 años superan la media nacional. El tercer grupo comprende las regiones más afectadas: Andalucía, Castilla y León, Extremadura, además de Ceuta y Melilla.
Por último, el informe subraya que las aseguradoras privadas tienden a derivar a los pacientes con condiciones más graves y costosas a la sanidad pública, lo que refuerza la hipótesis de una selección de riesgos que ya beneficia al SNS.