(El Economista, 17-02-2025) | Laboral
Sumar mantiene su estrategia de presión sobre el PSOE y ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno a ampliar los permisos por nacimiento y cuidado de hijos e hijas hasta las veinte semanas para ambos progenitores, en lugar de las dieciséis actuales. Esta medida forma parte del acuerdo de coalición firmado antes de la investidura de Pedro Sánchez, en el que también se incluyó la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 y la subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio.
No obstante, la ampliación de este permiso podría entrar en conflicto con la estrategia del Ministerio de Economía para impulsar la productividad. Hace un año, el FMI advirtió en un informe que las bajas parentales podrían generar una brecha entre las horas trabajadas realmente y las habituales, lo que resultaría en una reducción efectiva del tiempo de trabajo sin modificar el horario oficial. En este sentido, el organismo considera que la ampliación del permiso de maternidad y paternidad, que en España es igualitario para ambos progenitores -a diferencia de lo que ocurre en muchos países europeos-, es uno de los factores que explican el lento crecimiento de la productividad en el país, que lo sitúa como el quinto socio de la UE con menor avance en este ámbito.
A pesar de estos obstáculos, Sumar insiste en cumplir con el pacto de Gobierno y presiona al PSOE para que lo lleve a cabo. "Las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de sus hijos que los hombres. Mientras ellas invierten 6,7 horas diarias en esta tarea, los hombres destinan 3,7 horas", señala la formación de Yolanda Díaz en su iniciativa. Además, reclaman la remuneración del permiso parental de ocho semanas, en cumplimiento con la normativa europea de junio de 2019. Esta exigencia ya provocó fricciones con el PSOE el pasado septiembre, cuando Sumar acusó al Ministerio de Hacienda de bloquear la medida, que aún no ha sido implementada. La incertidumbre sobre la capacidad de María Jesús Montero para sacar adelante unos Presupuestos viables en el Parlamento ha llevado a Sumar a intensificar su ofensiva legislativa, con el objetivo de presionar al PSOE para que apruebe el conjunto de medidas sociales pendientes desde noviembre de 2023.
A esta disputa se suma el desacuerdo entre Sumar y Hacienda sobre la exención del IRPF tras la última subida del salario mínimo, una medida que el Ministerio se resiste a aplicar. Para contrarrestarlo, la formación ha presentado una proposición de ley en el Congreso para forzar una rectificación, aunque Díaz sigue explorando una posible solución negociada con el Ejecutivo. Paralelamente, Sumar insiste en que Montero acelere la implementación de la ayuda universal de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de seis años e integre esta prestación en la ley de acompañamiento de los Presupuestos, una cuestión que aún está en negociación con diversas fuerzas parlamentarias.
Sin embargo, la ofensiva social de Sumar no se detiene ahí. Entre las iniciativas registradas recientemente en el Congreso, destaca otra PNL que exige a Sánchez una reforma del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La propuesta busca reducir el tiempo entre la concesión de la prestación y su revisión, simplificar los trámites administrativos y permitir que los solicitantes solo necesiten presentar una declaración responsable en casos de emergencia, como ocurrió con la DANA en octubre. "Según la AIReF, solo un 36% de los hogares que podrían beneficiarse de esta ayuda la reciben, en gran parte debido a la complejidad burocrática. Es necesario solucionar esto", sostienen fuentes de Sumar.
"La política social no recibe la atención que debería en el debate público, a pesar de que afecta directamente la vida de millones de personas", expresó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en una entrevista con Onda Cero el viernes. Mientras tanto, Hacienda mantiene en secreto las negociaciones sobre los Presupuestos.