(El Economista, 11-10-2024) | Laboral
Sumar ha presentado una propuesta en el Congreso para impulsar reformas legales que permitan compatibilizar el trabajo con el cobro de prestaciones económicas por incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez. A través de una proposición no de ley, el partido propone modificar los artículos 194 y 198, así como la disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley General de la Seguridad Social, con el objetivo de hacer posible esta compatibilidad.
En el documento firmado por Aina Vidal, dirigente de En Comú y portavoz adjunta del grupo, se recuerda que desde 2008 hasta abril de este año la jurisprudencia sostenía que no se podía negar el derecho al trabajo a una persona en situación de incapacidad permanente, especialmente en los casos de absoluta y gran invalidez. Esta negativa, señalan, contradecía el artículo 35 de la Constitución, que establece el "deber de trabajar y el derecho al trabajo" de todos los ciudadanos.
En cuanto a las situaciones en las que no es posible compatibilizar pensión y salario, la Seguridad Social establece que en algunos casos de incapacidad permanente total, y en todos los casos de incapacidad absoluta y gran invalidez, no se permite trabajar mientras se recibe la pensión. En el caso de incapacidad permanente total, se puede recibir la prestación únicamente si el trabajador se dedica a tareas completamente distintas de aquellas que originaron la incapacidad. Para la incapacidad permanente absoluta, la persona queda "inhabilitada por completo para cualquier profesión u oficio", y en el caso de gran invalidez, además, el afectado necesita la ayuda de otra persona para realizar actividades básicas como vestirse, comer o desplazarse.
Sin embargo, en abril de 2024, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo contradijo esta interpretación al afirmar que la compatibilidad entre trabajo y pensión solo se aplica a trabajos "marginales e intrascendentes", es decir, de poca relevancia. Ante esta nueva situación, Sumar exige al Gobierno que desarrolle la normativa vigente respecto a los grados de incapacidad permanente, en línea con la recomendación número 18 del Pacto de Toledo, que insta a la Seguridad Social a garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos de ciudadanía de manera plena, fomentando así su inclusión y participación en la sociedad.