(El País, 03-10-2024) | Laboral
El Ministerio de Trabajo sometió este martes a audiencia pública el estatuto del becario, avanzando en una normativa que ha tenido un desarrollo inusual. Yolanda Díaz y los sindicatos llegaron a un acuerdo y lo presentaron el 14 de junio de 2023, poco antes de las elecciones generales. Sin embargo, ese mismo día, tanto Moncloa como el Ministerio de Economía manifestaron que no respaldaban el texto, argumentando que aún requería más "trabajo técnico" y estaba "inmaduro". También fue rechazado por las patronales y rectores. Desde entonces, la normativa ha quedado en pausa, siendo el primer acuerdo entre Trabajo y los agentes sociales que no ha llegado rápidamente al Consejo de Ministros. La consulta pública, como adelantó 20 Minutos, no implica que haya consenso dentro del Gobierno.
"El estatuto del becario fue un acuerdo de la pasada legislatura con los sindicatos y es un compromiso del Gobierno de coalición, un compromiso que ha hecho explícito el presidente del Gobierno", afirmó Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo. "Ahora comenzamos la tramitación legislativa", añadió. "Se trata de un anteproyecto de ley que inicia el proceso de información pública, al que seguirán los trámites correspondientes, y el texto es el acordado con los sindicatos". No obstante, los sindicatos han señalado que podrían producirse cambios, lo que podría generar tensiones, ya que ya cedieron parte de sus exigencias en el acuerdo original.
Desde el Ministerio de Economía subrayan que aún no se ha alcanzado un consenso sobre el estatuto. El proceso de audiencia pública, según afirman, solo reinicia las conversaciones dentro del Gobierno.
El acuerdo alcanzado entre Trabajo y los sindicatos en 2023 limita las horas de prácticas extracurriculares, las más precarias al no estar integradas en los planes de estudio, a un máximo de 480 horas, es decir, 60 días de ocho horas diarias, la mitad de lo permitido hasta ahora. El estatuto no obliga a las empresas a remunerar a los becarios, pero sí establece la obligación de cubrir los gastos que estos generen, como transporte o manutención.
Este último punto es uno de los más controvertidos para los rectores, quienes han pedido ser escuchados por la parte socialista del Gobierno. María Antonia Peña, presidenta de la sectorial de Asuntos Estudiantiles de la CRUE y rectora de la Universidad de Huelva, destacó que hay aspectos positivos, como la creación de un sistema de supervisión para evitar que las prácticas se conviertan en trabajo encubierto. Sin embargo, también expresó su preocupación por el impacto negativo que podría tener la obligación de reembolsar los gastos a los estudiantes en prácticas. Los colectivos estudiantiles, por su parte, apoyan el texto acordado entre los sindicatos y Trabajo.
El presidente Pedro Sánchez ha marcado el estatuto del becario como una de sus prioridades al inicio del curso político. Díaz, por su parte, señaló en julio que, tras la negociación sobre la reducción de la jornada laboral, el estatuto es la siguiente prioridad de su ministerio. Luego, planea abordar la reforma de la indemnización por despido, tras las observaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales que indican que la normativa española no cumple con la Carta Social Europea.
El grupo parlamentario de Sumar, liderado por la vicepresidenta segunda, dio un paso en junio para impulsar el estatuto del becario y presionar al PSOE para que avance en el tema. Registraron una proposición no de ley (PNL) que, de aprobarse, instaría al Gobierno a tramitar el estatuto con carácter de urgencia. Esta PNL aún no ha sido votada.
Algunos de los principales socios del Gobierno también han mostrado su rechazo al texto. Fuentes del PNV expresaron sus dudas cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos, afirmando que no se había dialogado con ellos ni consensuado con las universidades o las comunidades autónomas. ERC también se opuso al texto, pidiendo un compromiso claro con las prácticas remuneradas, y Bildu tampoco ha mostrado un apoyo firme a la norma.