(El País, 10-01-2025) | Laboral
Así lo detalla el equipo liderado por Yolanda Díaz, al explicar las razones detrás de su insistencia en que la medida sea abordada de inmediato en el Consejo de Ministros con carácter urgente. Según fuentes del ministerio, critican que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), controlada por el Ministerio de Economía, ha retrasado la inclusión de este tema en las reuniones más cercanas del gabinete. Además, cuando finalmente lo acepta, lo hace bajo el procedimiento ordinario, lo que prolonga los tiempos de tramitación.
Desde el Ministerio de Trabajo calculan que, si se sigue el procedimiento ordinario, el trámite parlamentario no comenzaría hasta después del verano. Según sus estimaciones, esto dejaría un margen demasiado ajustado para que el proceso legislativo finalice en 2025, poniendo en riesgo el cumplimiento del compromiso de que la reducción de jornada laboral sea efectiva para todos los trabajadores asalariados antes del 31 de diciembre de ese año. Además, recuerdan que PSOE y Sumar ya han incumplido el paso intermedio previsto para 2024, que contemplaba una reducción de la jornada a 38,5 horas semanales.
"Es falso que el Ministerio de Economía haya bloqueado la tramitación urgente de la reducción de la jornada laboral. Por el contrario, dada su relevancia, ha dispuesto que sea tratada en la primera reunión posible de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos", respondieron este miércoles fuentes del ministerio liderado por Carlos Cuerpo. Según explican, debido a las importantes implicaciones económicas de la iniciativa, Economía considera esencial un debate profundo con la participación de todos los ministerios involucrados. Aunque subrayan su compromiso con la reducción de la jornada laboral, no respaldan su tramitación urgente.
En una comunicación dirigida al Ministerio de Trabajo, que ha sido consultada por El País, el Ministerio de Economía argumenta que, dada la trascendencia de la medida y su impacto en la economía, así como la necesidad de coordinación interministerial, el procedimiento ordinario es el más adecuado. Además, señalan que el tema no se incluirá en la reunión de la CDGAE del 13 de enero, sino que podría abordarse en la del 27 de enero. Por su parte, Trabajo critica que la frecuencia de estas reuniones ha disminuido respecto a la legislatura anterior, lo que reduce aún más las oportunidades de avanzar con rapidez en este tipo de asuntos.
El procedimiento ordinario, según detalla el equipo de Díaz, implica que la propuesta pase dos veces por el Consejo de Ministros, además de requerir informes de varios ministerios y organismos, lo que puede alargar el proceso considerablemente. En cambio, el trámite urgente permitiría acelerar estos pasos: los informes deberían elaborarse rápidamente, su ausencia no detendría el proceso, y no sería necesario un segundo paso por el Consejo de Ministros. Por ello, el Ministerio de Trabajo insiste en que la medida sea tratada por la vía urgente para garantizar que el anteproyecto de ley se ponga en marcha lo antes posible.
Un argumento clave del PSOE para no priorizar su implementación en 2025 es la compleja "realidad parlamentaria", como ha señalado Carlos Cuerpo en varias entrevistas. Economía sostiene que, dada la dificultad de alcanzar acuerdos en un Congreso con mayoría conservadora, se necesita una propuesta equilibrada. Sin embargo, desde Trabajo interpretan estas declaraciones como una falta de respaldo al texto consensuado con los sindicatos y rechazado por la patronal. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos asumen que el proyecto se modificará durante su paso por el Parlamento para atraer el apoyo de partidos nacionalistas de derechas, pero consideran que esos cambios no deberían realizarse en el Consejo de Ministros.
Recientemente, Yolanda Díaz mantuvo conversaciones con Carles Puigdemont, líder de Junts, cuya posición es clave en el actual escenario político, mientras que el PNV y otros socios de izquierdas han mostrado predisposición favorable. Es relevante señalar que el PP no ha expresado una oposición categórica a la medida y que, cuando Sumar presentó una propuesta similar en el Congreso, optó por abstenerse, al igual que Junts, dejando únicamente a Vox como opositor directo.