(El País, 20-12-2024) | Laboral
Los representantes del Ministerio de Trabajo y los sindicatos ultimaron en la noche de este jueves el texto definitivo del acuerdo para reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales, calculadas en promedio anual, sin que ello implique una reducción salarial. Finalmente, se alcanzó un consenso, y el documento será formalizado este viernes por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto a los líderes sindicales Unai Sordo (CC OO) y Pepe Álvarez (UGT). La patronal, por su parte, se ha opuesto de manera unánime y no participará en la firma del pacto.
Díaz ha logrado avanzar en esta primera fase, asegurando que la normativa obligará a todas las empresas a implementar esta reducción en las jornadas laborales antes del 31 de diciembre de 2025. Así, las compañías tendrán desde la aprobación de la ley en el Parlamento hasta final de ese año para adaptar sus horarios y convenios colectivos. Este avance adquiere relevancia en el contexto de las reticencias expresadas por el ala socialista del Gobierno, encabezada por el secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo. Desde el PSOE se ha sugerido públicamente flexibilizar la aplicación de esta medida, proponiendo su entrada en vigor en 2026 o más adelante, con el argumento de asegurar los apoyos parlamentarios necesarios, especialmente ante las dudas de Junts sobre respaldar la reforma.
El acuerdo contempla una modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, reduciendo la jornada máxima semanal de 40 a 37,5 horas en promedio anual, dejando claro que el salario no puede ser reducido. Las horas que excedan ese límite serán consideradas horas extra. Además, se establece un sistema más riguroso para el registro de la jornada laboral diaria, asegurando que sea fiable, accesible y trazable. También se endurecen las sanciones para las empresas que incumplan, de modo que las multas se aplicarán por cada trabajador afectado y no de manera global por empresa, lo que incrementará considerablemente las penalizaciones. Asimismo, el texto incluye disposiciones más amplias sobre el derecho a la desconexión digital.
El Ministerio de Trabajo prevé que esta reforma se tramite mediante un proyecto de ley que será presentado en una única lectura al Consejo de Ministros. Antes, el texto deberá pasar por los trámites obligatorios, incluidos informes como el del Consejo Económico y Social, para luego ser remitido al Parlamento. La intención del equipo de Díaz es agilizar el proceso, pero se estima que podrían transcurrir entre dos y tres meses hasta que el Consejo de Ministros lo evalúe, y otros tres meses adicionales para completar el trámite parlamentario. En este escenario, la ley podría entrar en vigor en el último trimestre del año, una vez publicada en el BOE.