(Expansión, 14-11-2024) | Fiscal
El futuro presidente de Estados Unidos ha movilizado a los legisladores republicanos para acelerar la implementación de una de sus principales promesas de campaña: una reforma fiscal con un impacto total estimado en 9 billones de dólares y un ahorro de 200.000 millones para las empresas.
Esta ambiciosa medida, valorada en más de 9 billones de dólares (equivalentes a 8,5 billones de euros), busca consolidar su retorno al poder con un golpe de efecto en los primeros 100 días de su mandato. Dado lo complicado de cumplir con otras promesas, como la deportación masiva de inmigrantes en tan poco tiempo, Trump apuesta por materializar la mayor rebaja fiscal en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, este plan podría llevar el déficit público a niveles sin precedentes.
Tras asegurar el control tanto de la Casa Blanca como del Congreso, Trump ha dado instrucciones a Mike Johnson, portavoz de la Cámara de Representantes, para garantizar la unidad entre los congresistas republicanos y aprobar la reforma fiscal en un plazo de tres meses desde su toma de posesión. Incluso se especula que el anuncio de esta reforma podría realizarse el mismo día de su investidura, el 20 de enero de 2025.
El Congreso, controlado ahora por los republicanos, entrará en funciones el 6 de enero. Esto brinda tiempo suficiente para unificar a las filas republicanas, que han estado divididas en los últimos años. Con el regreso de Trump al poder, se espera que estas disputas internas lleguen a su fin.
En términos prácticos, gran parte del trabajo ya está avanzado. Trump planea extender la reforma fiscal que implementó en 2017 y que expira en 2025, considerada uno de los principales logros de su mandato anterior. Antes de las elecciones, los demócratas aspiraban a negociar ajustes en la reforma para aumentar los impuestos a las grandes fortunas y las multinacionales. Sin embargo, tras la victoria republicana, estas propuestas han quedado fuera de discusión.
Aunque la reforma contempla una reducción general de impuestos, para la mayoría de los ciudadanos sería simplemente una extensión de los beneficios actuales, evitando que sus impuestos regresen a los niveles previos a Trump. Para las empresas, en cambio, se abre un panorama más favorable, incluso mitigando el impacto de aranceles y guerras comerciales.
El núcleo de la propuesta es la reducción del Impuesto de Sociedades, que pasaría del 21% al 15%, lo que supondría un ahorro de 200.000 millones de dólares para las empresas. En contraste, los demócratas habían planteado subir este impuesto al 28%. Cabe recordar que en 2017 Trump ya lo redujo del 35% al 21%, posicionando a Estados Unidos como uno de los países con impuestos corporativos más bajos.
A pesar de contar con una mayoría republicana en el Congreso, Trump aún necesita el respaldo de todos los legisladores de su partido para aprobar el plan. Sin embargo, la facción más conservadora podría oponerse si no se presentan medidas claras para contrarrestar el aumento del déficit público, que se estima en más de 5 billones de dólares solo por la extensión de las medidas actuales. A esto se suman otros 4 billones derivados de nuevas promesas.
Entre estas nuevas medidas destacan la eliminación de impuestos sobre las horas extra, lo que añadiría 2 billones de dólares al déficit en una década, y la ampliación de créditos fiscales por hijos. Además, se propone eximir de impuestos las pensiones, las ayudas de la Seguridad Social y las propinas de sectores como la hostelería y el transporte, lo que implicaría un coste adicional de 1,6 billones de dólares.
El plan no está exento de críticas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha alertado sobre los riesgos de aumentar el gasto público de forma descontrolada. Aunque evita comentar directamente sobre políticas específicas, Powell advirtió que el déficit actual sigue una trayectoria insostenible, lo que podría amenazar el crecimiento económico.
Sin embargo, Trump parece estar dispuesto a ignorar estas advertencias, tal como hizo en 2017, cuando fue acusado de favorecer a las grandes fortunas con su reforma fiscal. Aunque las rentas más altas se beneficiaron significativamente, también lo hicieron los hogares con ingresos más bajos, que experimentaron reducciones fiscales en seis de cada diez casos.
Queda por determinar dónde se aplicarán los recortes en el gasto público para compensar la caída de ingresos. Este desafío recaerá en Elon Musk, a quien Trump ha asignado la tarea de supervisar la reducción del gasto gubernamental. Áreas como educación y sanidad podrían enfrentar importantes ajustes presupuestarios.