(Expansión, 24-07-2024) | Fiscal
Junts ha demostrado este martes su poder -o la debilidad del Gobierno con su minoría parlamentaria- al anunciar que votará en contra de la nueva senda fiscal del Ejecutivo, bloqueando el primer paso para tramitar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025. En medio de las negociaciones entre PSC y ERC sobre la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, el partido de Carles Puigdemont -quien desde Bélgica reclama el cargo mientras permanece prófugo por el procés- ha dado un golpe sobre la mesa para recordar su importancia en la ajustada aritmética parlamentaria que sostiene la legislatura nacional.
El inesperado revés parlamentario, revelado pocos minutos antes de la votación (que resultó en 171 votos a favor y 178 en contra), obligará al Gobierno a aprobar una nueva senda fiscal para apoyar el proyecto presupuestario o, en su defecto, a impulsar las cuentas bajo los objetivos de déficit actuales, lo que podría complicar el cumplimiento de las reglas fiscales. En cualquier caso, más allá del retraso en la tramitación o su adaptación a la senda anterior, la decisión de Junts evidencia que la aprobación de los Presupuestos de 2025 está en riesgo.
La nueva senda fiscal fue defendida ante el Congreso de los Diputados por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien la calificó como "un paso muy importante para la futura aprobación de los Presupuestos de 2025". "Ofrezco mi mano para mantener debates y reuniones que permitan avanzar, para presentar las nuevas cuentas a tiempo y en forma", solicitó a la Cámara Baja.
Los objetivos de estabilidad y el propio proyecto presupuestario, añadió, forman parte de "la hoja de ruta comprometida con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente Pedro Sánchez, y continúa su curso, haciendo realidad esta España diversa y plural", expuso al pedir el apoyo de sus socios tradicionales.
"Este es un paso previo para la elaboración y presentación, espero que a tiempo, de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, unas cuentas públicas con las que queremos seguir consolidando derechos y libertades, fortaleciendo a la clase media y trabajadora y reforzando el modelo productivo, para continuar el progreso", destacó Montero.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2025-2027 que Montero presentó este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados, junto con el nuevo límite de gasto no financiero para 2025, fueron aprobados por el Consejo de Ministros hace una semana. En ese momento, el Gobierno se comprometió a reducir el déficit público del límite comunitario del 3% del PIB, que espera alcanzar este año, al 2,5% en 2025, el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. Paralelamente, el Ejecutivo proyectó una reducción progresiva de la deuda pública desde el 105,1% esperado para finales de este año al 103,6% en 2025, el 101,7% en 2026 y el 99,7% en 2027.
Al ser rechazada por el Congreso de los Diputados, la senda fiscal que sigue vigente es la anterior, que requiere reducir el déficit del 3% al 2,7% el próximo año y al 1,8% en el siguiente ejercicio. Paralelamente, se establece como regla de gasto para el periodo un aumento límite del 3,2% en 2025, el 3,3% en 2026 y el 3,4% en 2027. "Las reglas que proponemos están en línea con las que vienen de Europa", explicó Montero, añadiendo que "si hasta ahora el objetivo de déficit y deuda pública era lo prioritario en el control de las cuentas públicas, ahora el principal factor será el gasto primario neto". Además, recordó que las nuevas reglas fiscales europeas obligarán a España a enviar en septiembre u octubre un plan de ajuste fiscal plurianual, de cuatro a siete años, junto con el plan presupuestario.
En esta línea, Montero informó al Parlamento del nuevo techo de gasto previsto para 2025, que no está sujeto a votación, con un crecimiento de los recursos nacionales del 3,2% hasta los 195.353 millones. Sumando las ayudas europeas del programa Next Generation, el límite de gasto no financiero total ascendería a 199.171 millones, un 0,03% más que en 2024.
Paradójicamente, el revés parlamentario sufrido por el Gobierno en su primer paso para impulsar los Presupuestos de 2025 llegó el mismo día en que sus socios parlamentarios apoyaron su iniciativa de eliminar el derecho de veto del Senado -controlado por el PP- sobre la senda fiscal, lo que en principio despejaba el camino para tramitar nuevas cuentas.
El golpe, finalmente, vino de parte de Junts, cuyo portavoz parlamentario Josep Maria Cervera acusó al Gobierno de "vivir en una burbuja" al sostener que "España vive el mejor momento de su historia". El diputado argumentó que los ciudadanos "catalanes son los terceros que más pagan en impuestos, pero los últimos en ejecución presupuestaria" del Estado. "Si España es el país que vive el mejor momento de su historia, es porque es un país decrépito que vive a costa de Cataluña", "expoliando fiscalmente" a la comunidad.
A la espera de ver si Junts mantiene su bloqueo al proyecto presupuestario, el resto de los grupos comenzó ayer a esbozar sus condiciones para apoyar las nuevas cuentas públicas. Varios de los socios clave del Ejecutivo coincidieron en reclamar una "reforma fiscal". Sumar pidió gravar más a "ricos, especuladores y evasores", e introducir un "gravamen para reducir los márgenes excesivos de cadenas de producción y distribución de alimentos". Bildu instó a aumentar la presión sobre banca, energéticas y plataformas logísticas o comerciales. Por su parte, el PNV abogó por "generar ingresos públicos de forma estructural para garantizar el Estado del bienestar y el crecimiento económico".