(El País, 24-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Uno de los argumentos más repetidos al hablar de vivienda es afirmar que, aunque la Constitución Española la reconoce como un derecho, este no se cumple. Sin embargo, la realidad es que el artículo 47, donde se menciona, no establece un derecho fundamental, sino un principio de política social, lo que le otorga una menor protección frente a otros derechos recogidos en el texto constitucional. UGT busca cambiar esta situación y que los españoles puedan reclamar su derecho a la vivienda ante los tribunales. Para ello, ha presentado una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, acusando a España de no cumplir con el artículo 31 de la Carta Social Europea, que garantiza el derecho de toda persona a una vivienda.
La interpretación del sindicato es que la Carta Social Europea, ratificada por España en 2021, es un tratado que consagra derechos humanos fundamentales y cuyas resoluciones son de obligado cumplimiento, según indicó el Consejo de Estado antes de su ratificación. UGT cree que, si el Consejo de Europa le da la razón, "el derecho a la vivienda pasaría de ser un principio rector a un derecho real y efectivo, que podría ser reclamado judicialmente", explicó Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. "Si logramos una resolución favorable, cualquier ciudadano podrá exigir este derecho ante la negativa de las administraciones públicas", subrayó.
Esta demanda, según Pepe Álvarez, líder del sindicato, se presenta contra el Reino de España, lo que implica a todas las administraciones competentes, desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos. "El derecho a la vivienda en España es más simbólico que efectivo, y ese es el cambio que buscamos", agregó Álvarez.
Álvarez también denunció los problemas económicos derivados de los altos precios de la vivienda, como la restricción de la movilidad laboral, el elevado porcentaje de los ingresos destinados a pagar la vivienda en lugar de otros consumos, y cómo esto desvía capital que podría destinarse a inversiones más productivas. "Sabemos que es necesario dar este paso en un momento en que muchas personas, especialmente los jóvenes, están sufriendo. Requerimos un esfuerzo de consenso y soluciones inmediatas", añadió, destacando la importancia de la vivienda pública como una de las claves para abordar el problema. Luján, por su parte, insistió en que la intervención del Estado es crucial, afirmando que "es un tema urgente, ya que existe un alto riesgo de pobreza".
Este nuevo paso de UGT se enmarca dentro de una estrategia que ya ha logrado resultados en el pasado. En marzo, el Comité Europeo de Derechos Sociales falló a favor del sindicato en su denuncia contra las indemnizaciones por despido improcedente en España, argumentando que no siempre compensan adecuadamente al trabajador, especialmente cuando la relación laboral ha sido breve. Aunque esto no ha generado aún cambios legislativos, ha permitido que algunos tribunales concedan indemnizaciones mayores basándose en la Carta Social Europea. Ahora, UGT busca replicar ese éxito en el ámbito de la vivienda, para que los ciudadanos puedan exigir este derecho a través de los tribunales. Además, el sindicato ha presentado otra reclamación ante el Comité, protestando por la baja remuneración de las horas extraordinarias en España.