(El Confidencial, 22-10-2024) | Laboral
UGT y CCOO demandarán la equiparación salarial del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE) con la de los funcionarios de carrera, con el fin de atraer talento y cubrir las 10.000 vacantes existentes entre los técnicos contratados. Los sindicatos anunciaron este lunes su intención de denunciar el convenio actual, lo que significa iniciar el proceso para negociar el próximo. La principal reivindicación será el aumento de las retribuciones para cerrar la brecha salarial existente en puestos que requieren la misma cualificación.
El personal funcionario, regulado por el derecho administrativo, y el laboral, regulado por el derecho laboral, están sujetos a convenios diferentes, lo que genera escalas salariales distintas. Esta diferencia para el mismo nivel de cualificación complica la captación de trabajadores para cubrir los puestos técnicos laborales, que están sujetos a un contrato en lugar de una plaza de carrera. Entre los perfiles afectados se encuentran conductores, fisioterapeutas, psicólogos de la Administración de Justicia, profesionales de explotaciones hidráulicas y trabajadores sociales en instituciones penitenciarias.
La mayor remuneración que estos puestos reciben en la administración local o autonómica, sumada a la creciente competencia del sector privado, donde los perfiles de formación profesional son cada vez más demandados, agrava la dificultad para atraer talento. En este contexto, UGT y CCOO denuncian que hay unas 10.000 plazas vacantes, de las 40.000 incluidas en el Convenio Único de este ámbito. Muchas de estas vacantes son consecuencia de los recortes de la década pasada, cuando se congelaron las ofertas públicas de empleo (OPE) y se externalizaron muchos servicios.
No obstante, la situación económica ha cambiado y en los últimos años se han ofertado numerosas plazas, muchas de las cuales siguen sin cubrir. Según los sindicatos, las últimas convocatorias se han cubierto solo en un 50% o menos. Todavía quedan 5.000 plazas pendientes de adjudicar de las OPE de 2021 y 2022, y otras tantas deberán cubrirse con las convocatorias de 2023 y 2024.
Para facilitar la cobertura de estas plazas, CCOO y UGT anunciaron en rueda de prensa que el 4 de noviembre denunciarán el Convenio Único, vigente desde el 1 de enero de 2018, dando inicio a las negociaciones en menos de un mes. Según Vidal Cruzado, de Comisiones Obreras, "la situación actual nos obliga a exigir incrementos salariales que se alineen con la necesidad de captar talento para la Administración".
Aunque los sindicatos no especificaron aún su demanda exacta, sugirieron que la equiparación salarial podría llevarse a cabo de manera progresiva en los próximos años. Las diferencias actuales son notables; por ejemplo, un electricista con grado medio de formación profesional gana 3.500 euros brutos anuales menos que un administrativo de nivel C1, pese a requerir la misma cualificación.
Otro factor que complica la cobertura de vacantes es la diferencia salarial entre la AGE y otras administraciones. Los sindicatos estiman que la brecha con la Comunidad de Madrid es de entre el 8% y el 10% para el mismo puesto. Un indicador claro es el complemento por trienios, que en el Estado asciende a 30 euros, mientras que en Madrid es de 43 euros, lo que hace que muchos trabajadores prefieran la administración autonómica.
Elena Tarjuelo, de UGT, resumió la situación: "Existe una discriminación evidente entre el personal funcionario y laboral en la AGE, algo que no ocurre en otras administraciones públicas". Los sindicatos presentarán esta problemática al nuevo ministro del ramo, Óscar López, quien también deberá atender el nuevo Convenio Marco que afectará a toda la AGE y sustituirá al actual, que expira el 31 de diciembre.