(La Vanguardia, 24-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asistido a la sesión de control del Gobierno en el Congreso cargada de datos y con un mensaje claro: continuarán utilizando todas las herramientas que el marco legal permita para aplicar la Ley de Vivienda en todo el país. Este enfoque ha generado tensiones con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que podrían recibir menos fondos del plan estatal si se niegan a aplicar los límites al alquiler en zonas de alta demanda.
Lejos de suavizar su postura, Rodríguez ha declarado con firmeza que "vamos a agotar todo el margen de actuación que nos permite el ordenamiento jurídico para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible". Este compromiso viene respaldado por el fallo favorable del Tribunal Constitucional, que ha validado la mayor parte de la controvertida ley. Sin embargo, uno de los puntos que el Constitucional no ha apoyado es la prohibición de descalificar viviendas protegidas, al considerar que es una competencia transferida.
Este revés complica el objetivo del Gobierno de proteger el parque público de vivienda y suelo, pero Rodríguez no se rinde. Ha dejado claro que seguirán buscando alternativas para asegurar la permanencia de la vivienda protegida, señalando que "a través de la Ley de Vivienda, contamos con otros instrumentos para hacerlo viable".
También ha dirigido un mensaje directo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al afirmar que "la barra libre no reduce el precio del alquiler en Madrid". A pesar de esto, Rodríguez ha tendido la mano a todos los partidos, enfatizando que "aquí no sobra nadie, no importa cómo piensen o de dónde vengan". Con determinación, ha refutado las afirmaciones de quienes creen que el problema de la vivienda se soluciona aumentando la oferta, recordando que durante la burbuja inmobiliaria se construía más del doble de viviendas que ahora, y los precios, lejos de bajar, se dispararon.
En su análisis, ha señalado como principal factor la falta de promoción de viviendas desde 2012, lo que ha llevado a una grave escasez de vivienda pública y asequible. Como dato alarmante, ha destacado que el 45% de las personas que alquilan a precios de mercado están en riesgo de pobreza, lo que refuerza su defensa de los topes al alquiler. La ministra ha resumido su política en cinco líneas de acción: movilización de recursos económicos (20.400 millones de euros en los últimos seis años), regulación, incentivos fiscales para alquileres más accesibles, uso de suelo público para viviendas asequibles y colaboración con todos los actores implicados.