(El País, 16-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
En el Ministerio de Vivienda consideran que la mayoría de las comunidades autónomas no han mostrado suficiente compromiso con el proyecto del Gobierno central destinado a facilitar el acceso al alquiler para jóvenes y fomentar su emancipación. Este plan consiste en una ayuda de 250 euros mensuales para el alquiler, que es compatible con otras subvenciones. Según los datos obtenidos por EL PAÍS, en los dos años que lleva en vigor esta medida, las comunidades apenas han aportado fondos propios. Aunque el decreto que regula la ayuda establece que su financiación corre a cargo del ministerio, desde el departamento de Isabel Rodríguez se esperaba una mayor "corresponsabilidad financiera" por parte de las autonomías. Por ello, en la próxima convocatoria se solicitará una mayor implicación de los gobiernos autonómicos.
Este es un tema en el que Rodríguez ha insistido con fuerza recientemente. "Pido al resto de administraciones públicas que, al igual que el Gobierno de España, multipliquen por ocho sus presupuestos en vivienda. Pido que agilicemos la normativa y que prioricemos este asunto políticamente", declaró en el Senado la semana pasada, respondiendo a preguntas sobre su departamento. En el ministerio consideran que las comunidades autónomas no están aumentando sus esfuerzos en vivienda al nivel que lo hace el Gobierno central.
El viernes pasado, la ministra anunció que el 3 de octubre se celebrará la conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, un encuentro entre el ministerio y los responsables autonómicos. Rodríguez señaló dos prioridades para esa reunión: avanzar en los trabajos del próximo plan estatal de vivienda y en la preparación de la nueva convocatoria del bono alquiler joven. Fuentes del ministerio afirman que se discutirá cómo mejorar el esfuerzo presupuestario para atender la demanda de la juventud, pese a que las competencias en vivienda recaen sobre las comunidades autónomas. El ministerio reitera su disposición a seguir aportando los recursos necesarios, pero exige mayor corresponsabilidad financiera de las comunidades.
Un análisis del ministerio revela la escasa colaboración financiera de las comunidades autónomas en la implementación del bono alquiler joven. Por ejemplo, Andalucía, la comunidad más poblada, ha recibido 68,4 millones de euros del Ministerio de Vivienda, que es todo el dinero que la Junta ha destinado en su única convocatoria. No ha añadido fondos propios. En Madrid, que ha recibido 63,6 millones, solo se ha autorizado el uso de 31,8 millones hasta la fecha. Esta tendencia se repite en la mayoría de las regiones, como Galicia (22,8 millones), Castilla y León (21,6 millones), Canarias (10,6 millones), Castilla-La Mancha (16 millones), Murcia (17,6 millones), Aragón (15,2 millones), Baleares (9,6 millones), Extremadura (12 millones), Asturias (13,2 millones), Cantabria (7,6 millones), La Rioja (3,4 millones), Ceuta (0,4 millones) y Melilla (0,4 millones). Por su parte, Euskadi y Navarra no reciben financiación del Ministerio de Vivienda, ya que tienen sus propios planes de ayuda al alquiler para jóvenes.
Las comunidades que sí han aportado fondos propios son la Comunidad Valenciana, que ha recibido 45,6 millones de euros, y Cataluña, que ha obtenido 58 millones. Aunque el decreto que regula el bono establece que el ministerio debe transferir fondos a las autonomías y a Ceuta y Melilla, de cara a la nueva convocatoria se espera que más comunidades sigan el ejemplo de Valencia y Cataluña y colaboren en la financiación. En total, el ministerio ha transferido 400 millones de euros.
Desde 2022, las comunidades autónomas, encargadas de gestionar y otorgar las ayudas, han aprobado 65.564 solicitudes. La comunidad con más aprobaciones ha sido Madrid, con 11.477, seguida de Cataluña (9.537) y Andalucía (9.323). Sin embargo, lo más revelador es el porcentaje de solicitudes aprobadas respecto al total, lo que indica cuántas personas han sido rechazadas o siguen esperando una respuesta.
La Rioja presenta el mejor porcentaje, con un 64% de solicitudes aprobadas (1.246 de 1.960), seguida de Asturias con un 63% (773 aprobadas) y Extremadura con un 62% (2.399 aprobadas). Las comunidades con los peores resultados son Castilla y León (24%), Madrid (24%) y Canarias (22%).