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(Expansión, 21-01-2025) | Fiscal

El Supremo libra a los bares de pagar el tributo de transmisiones patrimoniales por sus terrazas

La Justicia ha eximido a los bares del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) por el uso de terrazas en la vía pública. Así lo ha determinado la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que ha rechazado las pretensiones de la Generalitat de Cataluña y ha anulado la liquidación que la Agencia Tributaria catalana había realizado. En su sentencia, el Supremo establece que "el uso especial del dominio público, autorizado mediante permisos municipales para la instalación y explotación de terrazas destinadas a actividades de restauración en la vía pública, no constituye un hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas". Los magistrados también aclaran que la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que equipara concesiones administrativas y autorizaciones para el uso especial de bienes de dominio público, como las terrazas, debe interpretarse de forma que "no todo uso especial del demanio implica, por sí solo, un desplazamiento patrimonial sujeto a gravamen por este impuesto". El caso se originó cuando la Agencia Tributaria de Cataluña solicitó a una contribuyente que presentara una autoliquidación del impuesto por la instalación de una terraza autorizada por el Ayuntamiento de Badalona. La afectada alegó que ya abonaba la tasa correspondiente por la ocupación del espacio y no estaba obligada a declarar el impuesto. Sin embargo, la administración insistió y emitió una propuesta de liquidación del ITP en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Tras un prolongado litigio, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat contra una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que respaldaba la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional. Este último había estimado la reclamación de la contribuyente, declarando que el impuesto no era aplicable en este caso. El abogado de la Generalitat argumentaba que la autorización administrativa para instalar y explotar terrazas en espacios públicos ya sea mediante uso especial o privativo con instalaciones desmontables, encajaba dentro del hecho imponible del ITP. No obstante, el Supremo ha rechazado este razonamiento, sentando jurisprudencia sobre la materia.

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(Expansión, 21-01-2025) | Fiscal

Las primeras medidas de Trump: una Agencia Tributaria para cobrar aranceles y declarar la emergencia nacional en la frontera

Justo al asumir el cargo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha declarado su intención de "reclamar la soberanía de EE.UU.". Como primera acción, firmó la "declaración de emergencia nacional en la frontera sur". Su objetivo principal es combatir lo que denomina "invasión extranjera" y restablecer la política de "Quédate en México". Además, planea declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, entre otras iniciativas, incluyendo cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. En segundo lugar, proclamará la "emergencia nacional energética", impulsando la industria petrolera con el fin de "reducir la inflación", una de las prioridades de su equipo de gobierno. Según sus palabras, "volveremos a ser una nación rica gracias al oro líquido bajo nuestros pies". Otra medida anunciada es la creación de una Agencia Tributaria de Recaudación Extranjera, encargada de gestionar los ingresos provenientes de los aranceles. Trump aseguró que cambiará el modelo comercial: "En lugar de gravar a nuestros ciudadanos y empobrecerlos, cobraremos a los países extranjeros para enriquecer a nuestro pueblo". En este marco, también se refirió al Canal de Panamá, prometiendo "recuperarlo". Acusó a Panamá de "incumplir el acuerdo" firmado con Estados Unidos cuando este país cedió el control de la infraestructura. "China opera el Canal de Panamá, y vamos a recuperarlo", afirmó en su discurso de investidura. Trump también se comprometió a "reequilibrar la balanza de la justicia" y aseguró que pondrá fin al uso del Departamento de Justicia para persecuciones políticas. Este comentario parece aludir tanto a los casos judiciales abiertos contra él como al indulto preventivo que Joe Biden otorgó a varios miembros de su familia antes de dejar el cargo. Entre otras medidas, Trump firmará una orden ejecutiva para "acabar con la censura y restaurar la libertad de expresión", aunque no detalló cómo se implementará. Asimismo, eliminará las políticas de diversidad en las escuelas promovidas por la administración Biden. Según él, "el país será ciego al color y se basará en méritos", y declaró que "a partir de ahora solo habrá dos géneros: masculino y femenino". En su afán de desmantelar la agenda de Biden, también prometió eliminar el "mandato obligatorio" para los coches eléctricos, permitiendo a los ciudadanos elegir libremente el tipo de vehículo que deseen y apoyando a los trabajadores de la industria automotriz estadounidense. Finalmente, en materia de defensa, aseguró que construirá "el mayor ejército del mundo, no solo para ganar guerras, sino para ponerles fin", mencionando los conflictos en Israel, Hamás y Ucrania como ejemplos.

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(El País, 21-01-2025) | Fiscal

Fedea defiende suprimir el impuesto a la generación eléctrica y subir temporalmente los cargos

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha propuesto eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) y sustituirlo temporalmente por un incremento en los cargos del sistema eléctrico, que este año permanecerán congelados. Según el centro de estudios, esta medida sería necesaria para mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico y permitiría reducir el coste del suministro eléctrico para la mayoría de los consumidores. En su informe, Fedea señala que el aumento de los cargos tendría un carácter provisional, ya que se espera una importante disminución de los costes no relacionados con las redes en los próximos años, debido a la finalización del pago de la deuda del sector eléctrico. Además, argumenta que la eliminación del IVPEE solucionaría la paradoja de un impuesto "circular", que recae sobre los consumidores eléctricos a través del precio de la energía y se utiliza para financiar parcialmente los costes del sistema. Sin embargo, advierte que esta sustitución podría tener un impacto mínimo en los consumidores domésticos, con un incremento aproximado del 2% en la factura anual. A pesar de ello, Fedea destaca otras ventajas de eliminar el IVPEE, como la eliminación de distorsiones competitivas en los intercambios de energía con países vecinos, donde no existe un impuesto similar. Este gravamen se traslada actualmente como un coste variable en las ofertas que realizan las empresas generadoras al mercado. Además, Fedea subraya que el IVPEE contribuye a reducir los costes regulados del sistema eléctrico, ya que forma parte de los costes reconocidos a las plantas de generación que operan bajo sistemas de retribución específicos, como renovables, cogeneración y residuos, así como a las plantas térmicas en territorios no peninsulares. Por ello, insiste en la importancia de estabilizar en el futuro los flujos financieros del sistema, tanto en relación con otros impuestos previstos en la Ley 15/2012 como con los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión. La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, introdujo el IVPEE con un tipo impositivo del 7% sobre los ingresos de las empresas generadoras por la venta de energía, como parte de las medidas fiscales para garantizar la sostenibilidad energética. Aunque el impuesto estuvo suspendido desde julio de 2021 hasta bien entrado 2024 para aliviar la crisis energética, fue reintroducido de forma gradual. En 2023, el debate sobre la continuidad del IVPEE cobró fuerza. Aunque PP y Junts presentaron una enmienda para su suspensión, finalmente PSOE y Sumar lograron aplazar la comisión encargada de analizar el tema. Mientras tanto, las empresas generadoras también han solicitado su eliminación, argumentando que el sistema eléctrico ya presenta superávit. Por su parte, el Panel de Funcas ha revisado al alza su previsión de crecimiento para el Producto Interior Bruto (PIB) español en 2025, hasta el 2,4%, una décima más de lo esperado en noviembre, pero ha advertido de que la desaceleración de la economía respecto al impulso del año pasado (3,1%) se percibirá en el consumo público y en el sector exterior. Las estimaciones de los expertos para este año se sitúan ligeramente por debajo de la del Banco de España y AIReF y por encima de la de organismos internacionales como la Comisión Europea y la OCDE. En concreto, los panelistas esperan un avance del 0,6% en el primer trimestre, seguido de crecimientos del 0,5% en cada uno de los tres restantes. La demanda nacional aportará 2,5 puntos, dos décimas más respecto a la anterior previsión, mientras que el sector exterior restará una décima. Así, la desaceleración de la economía en relación con 2024 se percibirá en el consumo, especialmente en el público, y en el sector exterior, por un avance mayor de las importaciones que de las exportaciones, según las proyecciones avanzadas este lunes.

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(El País, 21-01-2025) | Fiscal

Casi el 65% de los caseros de vivienda que hay en España podrían beneficiarse de la rebaja del 100% en el IRPF

El Gobierno está trabajando en el diseño de una medida que eximiría a los propietarios de pagar impuestos sobre los ingresos obtenidos por el alquiler de sus inmuebles, siempre que respeten los límites establecidos por el Índice de Precios de Referencia desarrollado por el Ministerio de Vivienda. Este índice fija precios significativamente más bajos que los del mercado. La propuesta, anunciada recientemente por el presidente Pedro Sánchez como parte de un conjunto de iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y las clases trabajadoras, busca incentivar a los arrendadores a ofrecer alquileres más asequibles. Aunque aún se están definiendo los detalles, el esquema planteado propone que la reducción inicial de ingresos se compense con los beneficios fiscales derivados de la exención. De acuerdo con estimaciones del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), esta medida podría resultar rentable para casi dos tercios de los arrendadores. Los cálculos, basados en datos de la Agencia Tributaria y del Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que los propietarios con ingresos anuales entre 12.000 y 21.000 euros ahorrarían, de media, 67,65 euros al año. Los arrendadores con ingresos entre 21.000 y 30.000 euros podrían reducir su carga fiscal en 184,47 euros, mientras que aquellos que ganan entre 30.000 y 60.000 euros ahorrarían alrededor de 347,23 euros anuales. En total, la medida beneficiaría a cerca de 1,4 millones de propietarios de los más de dos millones que alquilan viviendas habituales. Sin embargo, los cálculos preliminares de Gestha revelan que algunos grupos no se verían beneficiados. Por ejemplo, los arrendadores con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales, que ya están exentos de tributar, no obtendrían ningún ahorro. Asimismo, aquellos con ingresos superiores a 60.000 euros probablemente no encontrarían atractiva la bonificación, ya que el importe de la exención no compensaría la reducción de las rentas de alquiler. Según la Agencia Tributaria, los propietarios con ingresos entre 60.000 y 150.000 euros perderían unos 540 euros anuales si optan por la exención, mientras que los que superan este rango podrían dejar de ganar hasta 13.800 euros en casos extremos. Es importante destacar que estos cálculos se realizaron considerando una declaración individual sin cargas familiares ni deducciones adicionales. Por tanto, el ahorro real podría variar en función de la redacción definitiva de la norma, que podría incluir restricciones para ciertos perfiles de propietarios. La propuesta actual recuerda a las bonificaciones fiscales introducidas en la Ley de Vivienda, que buscaban fomentar el alquiler asequible en zonas declaradas como tensionadas. Por ejemplo, esa normativa redujo la deducción general del IRPF del 60% al 50%, con la posibilidad de incrementarla hasta el 90% si los propietarios reducían la renta al menos un 5% respecto al contrato anterior. Sin embargo, estas bonificaciones dependían de que las comunidades autónomas declararan zonas tensionadas, algo que, hasta ahora, solo Cataluña ha hecho. La nueva propuesta, en cambio, busca superar este obstáculo, aplicándose a nivel nacional, independientemente de la postura de los gobiernos regionales. El impacto fiscal de la medida aún no ha sido calculado por el Ejecutivo, pero se espera que tenga repercusiones significativas en Hacienda. La intención es aliviar las tensiones en el mercado de alquiler y promover un acceso más equitativo a la vivienda en todo el país.

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(Expansión, 21-01-2025) | Laboral

Las pymes alertan del freno al crecimiento empresarial por los altos impuestos y costes laborales

Cepyme estima que si el tamaño promedio de las empresas en España se equiparara al de la media europea, se podrían generar un millón de empleos, reducir el desempleo al 8% y disminuir tanto el déficit como la deuda pública. El reducido tamaño de las empresas españolas, una característica estructural de su tejido productivo, está condicionado por una serie de obstáculos fiscales, burocráticos y laborales que dificultan su crecimiento, limitan su productividad y afectan a su competitividad. Actualmente, el 99,19% de las empresas en España tiene menos de 50 trabajadores. Aunque esta cifra es similar a la de otros países de la Unión Europea, la proporción de pequeñas empresas es significativamente mayor. Según el informe de Cepyme sobre crecimiento empresarial, la ocupación media por empresa en España es de 4,8 empleados, muy por debajo de países como Alemania (11,9), Reino Unido (8,7), Austria (7,6) y Dinamarca (7,3). Las pequeñas empresas representan el 53,2% del empleo en España, una cifra solo superada por Italia (61,8%) y Portugal (59,9%), y considerablemente más alta que en Alemania (40,9%), Reino Unido (38,2%) y Suecia (37,2%). La media europea es del 46,8%. En términos absolutos, España necesitaría aumentar en un 36% el número de medianas empresas para alcanzar la media europea, lo que equivale a sumar unas 6.600 empresas de este tipo. Aunque en los últimos años se ha observado una ligera tendencia al incremento del tamaño empresarial, Cepyme advierte que los avances son insuficientes para cerrar la brecha con Europa. Esto se debe principalmente a una red de barreras que desincentivan el crecimiento, como las cargas burocráticas asociadas a superar los 50 empleados, que incluyen la obligación de crear comités de empresa, comités de seguridad y salud, elaborar planes de igualdad, y presentar balances más complejos si se superan ciertos umbrales de activos o facturación. Además de la burocracia, el elevado coste fiscal también frena el crecimiento. España tiene el séptimo tipo general más alto en el Impuesto sobre Sociedades (25%), lo que afecta la rentabilidad de las inversiones y reduce la competitividad en el mercado internacional. Por otro lado, los costes laborales suponen otro gran desafío. España ocupa el quinto puesto en términos de cotizaciones sociales más altas, con una estructura que carga significativamente más al empleador en comparación con otros países europeos. Esto, sumado al incremento del salario mínimo en un 73% desde 2016, ha elevado el coste de contratación a 1.738 euros mensuales para el salario mínimo actual. Según Cepyme, igualar el tamaño promedio de las empresas españolas al de Europa tendría un impacto positivo considerable: incrementaría el PIB en un 5,6%, reduciría la tasa de paro en cuatro puntos, bajaría la deuda pública en casi seis puntos porcentuales y generaría ingresos tributarios suficientes para reducir el déficit fiscal en un 1,5% del PIB sin necesidad de aumentar los impuestos.

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(El Economista, 21-01-2025) | Laboral

La tasa de desempleo del conjunto de la UE está en el 5,9%

La economía europea enfrenta importantes desafíos, con señales de estancamiento y un horizonte incierto en países clave como Francia y Alemania. No obstante, estas dificultades no se reflejan aún en el mercado laboral, donde la tasa de desempleo en la UE se mantiene en un 5,9%, un mínimo histórico. Sin embargo, detrás de este dato alentador se esconde una crisis en el sector de recursos humanos, que lleva más de un año afectando especialmente a Europa. El problema radica en que, tras el auge del mercado laboral entre 2021 y 2023, caracterizado por una alta competencia por el talento, se ha pasado a una fase de "Gran Retención". Esta dinámica está resultando perjudicial para muchas empresas de selección de personal. Los gigantes del sector, que habían prosperado durante la etapa de sobrecalentamiento, ahora enfrentan una contracción de la actividad en los principales mercados europeos. Esto ha llevado a alertas de beneficios, desplomes bursátiles y recortes de plantilla para ajustar los gastos a un entorno más complejo. Un ejemplo destacado es PageGroup, la firma británica de recursos humanos, que en enero anunció una reducción en su previsión de beneficios después de registrar una caída inesperada del 15,8% en sus ganancias de 2024. Según su director ejecutivo, Nicholas Kirk, "las condiciones del mercado son complicadas". Aunque algunos mercados permanecen estables, Europa, particularmente Francia y Alemania, ha sufrido un retroceso significativo. Kirk señala que la incertidumbre económica afecta tanto a la confianza de los candidatos como de las empresas, alargando los procesos de contratación. El impacto en el sector es evidente: las acciones de PageGroup han caído un 8% en lo que va de 2025, acumulando una pérdida del 26% desde septiembre y del 50% desde los máximos pospandemia de 2022. Otros gigantes del sector, como Hays, Adecco y Randstad, también registran descensos significativos en sus valores bursátiles. Expertos advierten que esta crisis podría ser un indicio de que la aparente fortaleza del mercado laboral europeo está llegando a su límite. Según Valentín Bote, director de Randstad Research, "las empresas están reduciendo la demanda de trabajadores porque anticipan un deterioro de la economía. Nuestro sector suele ser un indicador adelantado de lo que ocurrirá". El enigma reside en cómo la tasa de desempleo puede mantenerse en niveles tan bajos cuando el crecimiento económico ha sido limitado en los últimos años. Según Bert Colijn, analista de ING, el problema podría estar en la caída de la tasa de vacantes, que alcanzó máximos históricos recientemente y ahora experimenta una relajación constante. La última información de Eurostat revela que la tasa de vacantes en la UE es del 2,3%, regresando a niveles del último trimestre de 2019 tras haber alcanzado un máximo histórico del 3,1% en 2022. Esta tendencia indica que, aunque las empresas contratan menos por temor a la incertidumbre económica, no están despidiendo, lo que explica la estabilidad en el desempleo pero afecta negativamente al sector de recursos humanos.

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(El Economista, 21-01-2025) | Laboral

Los rectores reclaman a Yolanda Díaz que pacte con las empresas el abono de los gastos de los becarios

El Estatuto del Becario, un acuerdo promovido por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aún no se ha implementado debido a la falta de consenso en el seno del Gobierno, especialmente por la oposición de la parte socialista. Este documento no establece que sean las universidades las responsables de compensar a los estudiantes por los gastos de transporte y comida asociados a las prácticas no remuneradas. Sin embargo, estas instituciones temen que, ante la negativa de los empresarios a asumir dichos costos, terminen haciéndose cargo de ellos, como ya sucede con la cotización a la Seguridad Social (bonificada en un 95%, reduciendo el costo a unos 10 euros mensuales). En principio, la intención era que fuera la empresa receptora la encargada de cubrir estos gastos. Para aclarar esta incertidumbre, la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, envió una carta a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En la misiva, a la que tuvo acceso este medio, se expresa preocupación ante la posibilidad de que las empresas, entidades del tercer sector y organismos públicos rechacen asumir estos gastos. Por ello, la CRUE solicita un acuerdo con el sector empresarial que establezca explícitamente esta obligación. Desde el Ministerio de Trabajo valoran positivamente el apoyo de la CRUE a la compensación económica para los estudiantes, aunque no aclaran quién será responsable de cubrir este costo. Según Alcón, más del 40% de las prácticas universitarias y de Formación Profesional se realizan en entidades del sector público, como centros sanitarios y educativos. Por tanto, considera indispensable garantizar una financiación estatal para cumplir con estas nuevas obligaciones. La rectora advierte que, de lo contrario, se pondría en riesgo la continuidad de las prácticas. En el curso 2022-2023, según cifras oficiales, más de 263.500 universitarios estudiaban grados relacionados con ciencias de la salud y 165.000 en áreas de enseñanza, ambos con prácticas obligatorias. Por su parte, 451.145 estudiantes de Formación Profesional realizaron prácticas en empresas, destacando los 226.277 de Grado Superior. Alcón propone a Díaz que se realice un cálculo conjunto de los costos reales de estas medidas y que se asegure el cumplimiento de las obligaciones tanto por parte de las empresas como de la Administración. El Ministerio de Trabajo subraya que la carta de la CRUE apoya un cambio normativo destinado a proteger los derechos de las personas en prácticas no laborales, incluyendo la compensación de gastos, acceso a servicios laborales y garantías en la tutela formativa. No obstante, evitan pronunciarse sobre las dudas planteadas por los rectores acerca de la financiación de estas medidas. Según el Ministerio, este respaldo será clave para lograr el éxito de un estatuto largamente esperado. El Estatuto del Becario ha tenido un recorrido accidentado. Firmado en junio de 2023 por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, fue cuestionado el mismo día de su presentación por la parte socialista del Gobierno, que consideró el texto "inmaduro" y con carencias técnicas. La norma, que también limita las prácticas extracurriculares -uno de los principales focos de precariedad-, no contó con el apoyo de la patronal ni de la CRUE. Tras las elecciones generales de julio de 2023, el Ministerio de Trabajo ha señalado en diversas ocasiones que está ajustando el texto antes de presentarlo al Consejo de Ministros, pero el consenso dentro del Ejecutivo sigue sin alcanzarse. El presidente Pedro Sánchez ha señalado la aprobación del Estatuto del Becario como una prioridad de su gobierno, un compromiso recogido en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar. Sin embargo, como en otros temas laborales, la falta de concreción sobre los detalles ha dejado la norma en un estado de indefinición.

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(El Periódico, 21-01-2025) | Laboral

Yolanda Díaz estalla contra Garamendi y sus reticencias a subir el SMI

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado con dureza al presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, por su resistencia a apoyar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo ha propuesto un aumento de 50 euros mensuales, que elevaría el SMI actual de 1.134 euros brutos al mes (en 14 pagas) a 1.184 euros. Hasta ahora, la patronal no ha dado una respuesta oficial al Ejecutivo sobre esta propuesta, aunque se espera que lo haga en la reunión convocada por el Ministerio para este miércoles, 22 de enero. El presidente de la CEOE, sin embargo, ha expresado públicamente sus dudas sobre las consecuencias de las recientes subidas del SMI impulsadas por el Gobierno. Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el SMI ha aumentado un 54%, y si se aprueba este nuevo incremento, el alza acumulada será del 61% en seis años. Garamendi cuestionó la capacidad de ciertos pequeños negocios para asumir este coste, mencionando como ejemplo un establecimiento en un pueblo con pocos ingresos. En su intervención en Televisión Española, señaló que el coste total para un empresario, incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social, rondaría los 2.000 euros por trabajador. Ante estas declaraciones, Yolanda Díaz respondió desde su cuenta de X (antes Twitter), apuntando al elevado salario de Garamendi. "Qué fácil es decir esto cuando cobras 25 veces el SMI al mes. Esto sí que no es serio", afirmó la vicepresidenta, en referencia a los 400.000 euros anuales que recibe el líder empresarial según informes publicados tras su reelección. Esta cifra equivale a 25,2 veces el SMI actual o 24,1 veces si se aprueba el aumento propuesto por el Gobierno. La CEOE ha preferido no hacer comentarios al respecto de las palabras de Díaz. Por otro lado, según el portal de transparencia del Gobierno, Yolanda Díaz percibió en 2023 un salario bruto de 85.013,4 euros anuales, lo que equivale a 5,3 veces el SMI actual. Este contraste entre los ingresos de ambos líderes ha alimentado el debate público sobre la subida salarial. Horas antes de su crítica a Garamendi, Díaz había expresado su confianza en lograr un acuerdo con la patronal. "Creo que hay margen para el acuerdo [...] Les pido altura de miras a los agentes sociales", declaró la ministra. La relación entre Díaz y Garamendi, que en el pasado se caracterizó por su colaboración durante los primeros meses de la pandemia, ha ido deteriorándose con el tiempo. Durante esa etapa, ambas partes lograron consensos importantes, como la renovación de los ERTE, la ley de teletrabajo, la 'ley Rider' y la reforma laboral. Sin embargo, en los últimos meses, las tensiones han aumentado, especialmente por la negativa de la CEOE a apoyar iniciativas como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esto ha marcado un giro en la relación, llevándola a un escenario de confrontación más directa.

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(Cinco Días, 21-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

El bitcoin pulveriza sus máximos históricos para recibir a Trump

El bitcoin ha recibido la llegada de Donald Trump con una notable subida, alcanzando máximos históricos por encima de los 109.000 dólares. Este aumento refuerza las ganancias acumuladas desde su victoria electoral, que ascienden al 60%, y sitúa su capitalización de mercado en 2,15 billones de dólares. En la lista de los activos más valiosos del mundo, solo es superado por el oro y gigantes como Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet y Amazon. Si se considera el conjunto de las criptomonedas -donde el bitcoin representa un 57%-, el valor total alcanza los 3,72 billones de dólares, superando a cualquier empresa cotizada. En un día de cierre para las Bolsas de Estados Unidos por la celebración del Día de Martin Luther King, el bitcoin se ha convertido en un símbolo del optimismo de los inversores hacia la nueva administración de Trump, percibida como más favorable a los mercados financieros. Durante la conferencia Bitcoin 2024 en Nashville, Trump ya prometió a los entusiastas de las criptomonedas que "estarían muy contentos" con él. El protagonismo del bitcoin solo ha sido eclipsado por el lanzamiento de las criptomonedas $TRUMP y $MELANIA, que alcanzaron capitalizaciones de 10.000 millones y 2.000 millones de dólares, respectivamente. La alta demanda provocó un colapso en las plataformas de intercambio, dejando a muchos inversores sin poder adquirirlas. La reciente subida del bitcoin se basa en una sensación de inmediatez: con Trump ya en la Casa Blanca, las promesas criptofavorables se perciben como inminentes. Esto ha provocado una ola de FOMO (miedo a quedarse fuera) entre los inversores que desean asegurarse una posición antes de que el valor del bitcoin se dispare aún más. Trump ha reforzado esta percepción al nombrar en su equipo a figuras pro-criptomonedas, como Paul Atkins, exmiembro de la SEC, y al anunciar propuestas como la creación de una reserva estratégica de bitcoin. Aunque el lanzamiento de las criptomonedas $TRUMP y $MELANIA generó críticas por su carácter competitivo, también ha beneficiado indirectamente al bitcoin al reafirmar el vínculo entre las criptomonedas y su gobierno. El inicio del mandato de Trump con una apuesta clara por el sector cripto no solo refuerza su intención de apoyar estos activos, sino que también apunta a una legislatura marcada por la volatilidad en los mercados digitales. Tras superar la barrera de los 100.000 dólares hace poco más de un mes, el bitcoin estaba estancado y necesitaba un nuevo estímulo, que parece haber llegado con las expectativas de esta nueva era. No obstante, uno de los factores clave será la relación de Trump con la Reserva Federal. Las dudas sobre la duración de la pausa en los recortes de tipos de interés podrían influir en el bitcoin, que ya sufrió durante el ciclo de alzas en el coste del dinero. Aunque no tiene control directo sobre las decisiones de la Fed, Trump prometió durante su campaña reducir las tasas, lo que podría provocar tensiones con Jerome Powell, actual presidente del organismo.

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(Expansión, 21-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo

Sánchez lanza una IA pública y un plan para implantarla en empresas

El Gobierno ha anunciado el desarrollo de una Inteligencia Artificial (IA) de código abierto en castellano y lenguas cooficiales, con proyectos piloto en ámbitos como Hacienda y Sanidad, y destinará 150 millones de euros para fomentar su adopción en el sector privado. "La Inteligencia Artificial transformará profundamente nuestras vidas en las próximas décadas; de hecho, ya lo está haciendo. Condicionará nuestra competitividad económica, la cohesión social y la seguridad de las naciones", afirmó el presidente Pedro Sánchez, destacando que España debe "liderar su desarrollo" y establecer una "gobernanza adecuada" para mitigar los riesgos asociados. Con este propósito, Sánchez anunció el lanzamiento de una IA pública diseñada para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en castellano, el cuarto idioma más hablado del mundo y el segundo más utilizado en Internet, y en las lenguas cooficiales del país. Durante el evento HispanIA, el presidente destacó que España cuenta con ventajas competitivas como uno de los ecosistemas de ciberseguridad más avanzados del mundo, una sólida infraestructura digital y una población con competencias básicas en tecnología. Además, mencionó que el 40% de las grandes empresas y el 8% de las pymes ya utilizan IA. El proyecto incluye el lanzamiento de ALIA, una familia de modelos de IA en código abierto. En la administración pública, su aplicación comenzará con dos iniciativas piloto: un chatbot interno para optimizar las operaciones de la Agencia Tributaria y mejorar la atención al ciudadano, y una herramienta médica que, mediante análisis de datos, permitirá un diagnóstico más rápido y preciso de la insuficiencia cardíaca en atención primaria. Por otro lado, el Gobierno movilizará 150 millones de euros para fomentar el uso de la IA en empresas españolas. De esta cantidad, 20 millones financiarán 500 proyectos piloto en pymes, cuyos resultados podrán aplicarse a otros sectores productivos para mejorar su competitividad y eficiencia. El estudio presentado durante el evento, HispanIA 2040, señala que la IA podría aumentar la eficiencia empresarial en un 13%. En el sector público, su implementación permitiría reducir las listas de espera en 22 días, optimizar el tiempo de los médicos liberándolos de tareas burocráticas, y mejorar la eficacia de servicios como el empleo público o la gestión energética. Por ejemplo, la coordinación de semáforos mediante IA podría disminuir un 10% las emisiones de CO2, mientras que el uso de riego inteligente en un 15% de las explotaciones agrícolas ahorraría el equivalente al consumo anual de agua de Madrid o Barcelona. Además, Sánchez recordó que el Ejecutivo ha invertido 2.000 millones de euros en el desarrollo tecnológico en los últimos años. Entre estos proyectos destacan los 105 millones destinados a integrar la IA en cadenas de valor, 62 millones para la creación de la primera fábrica de IA en el país, y 50 millones para financiar iniciativas de investigación. Asimismo, se comprometieron 500 millones de euros para un centro de fabricación de chips en Málaga y se han digitalizado 600.000 pymes con fondos europeos. El desarrollo de ALIA, en particular, contó con un presupuesto de 10,1 millones de euros, según detalló el Ministerio de Transformación Digital.

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