(El Periódico, 12-11-2024) | Laboral
Un informe de la patronal catalana Foment del Treball revela que, en promedio, 1,5 millones de trabajadores faltan a diario a sus puestos de trabajo, lo que representó un coste total de 37.000 millones de euros en España durante 2023. Este elevado absentismo laboral preocupa tanto al Gobierno como a las patronales, especialmente al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Aunque la mayoría de las bajas por incapacidad temporal son legítimas, justificadas y responden a una cuestión prioritaria de salud y derechos laborales, también existen casos de fraude.
Cuando un trabajador recurre a este tipo de engaño, debe ser consciente de las consecuencias que puede enfrentar si es descubierto, tanto por su empleador como por la Seguridad Social. Sin embargo, para proceder contra él, las pruebas presentadas deben ser claras y concluyentes. En ocasiones, las empresas recurren a detectives privados para recopilar las evidencias necesarias.
Si se demuestra el fraude, el trabajador perderá la prestación por incapacidad temporal que estuviera recibiendo de la Seguridad Social. Además, la empresa tendrá la facultad de imponer sanciones, como la suspensión de empleo y sueldo, que puede oscilar entre 11 y 60 días, dependiendo de la gravedad del caso. En los casos más graves, esta sanción temporal podría derivar en un despido procedente, el cual podría ir acompañado de una penalización económica adicional.