(Expansión, 27-12-2024) | Laboral
La sostenibilidad del sistema público de pensiones exige, año tras año, mayores esfuerzos por parte de empresas y trabajadores, más allá del pago habitual de cotizaciones, para cubrir el creciente gasto en pensiones y prestaciones contributivas que la Seguridad Social abona a más de 9,2 millones de beneficiarios. Este esfuerzo adicional no hará más que intensificarse en las próximas décadas, según las proyecciones del Gobierno y organismos como la Comisión Europea y la AIReF, que estiman que, para mediados de siglo, la vinculación de las pensiones al IPC incrementará el gasto en casi 40.000 millones de euros, sumándose a los más de 200.000 millones que se estiman para 2024.
Con el objetivo de enfrentar este aumento de gasto, el Gobierno implementó en la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 una serie de incrementos en las cotizaciones. Estos ingresos adicionales provendrán de tres medidas principales: el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), el destope de las bases máximas de cotización y una nueva cuota de solidaridad aplicada a los salarios superiores a 59.000 euros anuales (límite máximo de 2025).
En el último Consejo de Ministros de 2024, se ratificaron estas medidas para su entrada en vigor en 2025. El MEI se incrementará al 0,8%, la base máxima aumentará un 4%, y la cuota de solidaridad oscilará entre el 0,92% y el 1,17% del salario bruto en su primer año de aplicación. Según la Seguridad Social, estas medidas generarán ingresos de aproximadamente 5.800 millones de euros. No obstante, estos ingresos resultarán insuficientes para compensar el aumento del gasto previsto: unos 5.000 millones derivados del incremento de las pensiones en un 2,8% y alrededor de 2.600 millones por el efecto del reemplazo entre prestaciones antiguas y nuevas, que son un 20% más elevadas en promedio.
La carga de estas nuevas aportaciones será desigual entre empresas y trabajadores. Según la orden de cotizaciones de 2025, el MEI aportará 4.404 millones de euros, el destope de bases máximas 996 millones y la cuota de solidaridad otros 400 millones. De estas cifras, el 83,75% será asumido por los empleadores, lo que implica que las empresas soportarán 3.732 millones del MEI y 335 millones de la cuota de solidaridad. En cuanto al destope de bases máximas, de los 996 millones previstos, 821 millones corresponderán a las empresas y 175 millones a los trabajadores, afectando a cerca de 1,2 millones de empleados con salarios entre el tope actual (56.646 euros anuales) y el nuevo límite (58.914 euros).
En total, las empresas asumirán aproximadamente 4.888 millones de euros, equivalentes al 84% de la recaudación asociada a estas nuevas cotizaciones. Adicionalmente, se espera que los ingresos ordinarios de las cotizaciones sociales crezcan en 10.850 millones en 2025 (un aumento del 6,5% respecto a 2024), alcanzando los 177.314 millones, lo que ayudaría a financiar el incremento del gasto en pensiones, estimado en al menos 7.600 millones más que el año anterior. Este gasto llevará la factura anual de pensiones a alrededor de 210.000 millones de euros.
Además, el coste de las prestaciones por incapacidad temporal sigue aumentando, con un crecimiento interanual del 15% en 2024, alcanzando los 15.673 millones previstos al cierre del año. En comparación, el gasto en pensiones ha crecido un 38% entre 2019 y 2024, mientras que el coste de las bajas laborales se ha incrementado un 62% en el mismo periodo.
Sin embargo, a pesar de estas medidas, expertos como Javier Santacruz advierten que el aumento de ingresos no será suficiente para resolver los problemas estructurales del sistema público de reparto, que continuará enfrentando un déficit significativo. La AIReF evaluará el impacto de la reforma en un informe previsto para la primavera de 2025, y se anticipa que podrían ser necesarias nuevas medidas para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema más allá de ese año.