(Cinco Días, 12-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha sometido a audiencia e información pública, hasta el 19 de diciembre, el proyecto de orden que establece los cargos del sistema eléctrico a partir del 1 de enero de 2025. Estos cargos financian aspectos como subvenciones para instalaciones de energías renovables, sistemas eléctricos extrapeninsulares, el coste de la deuda eléctrica, y otros costes regulados, incluyendo el bono social para consumidores vulnerables y su distribución. Según el proyecto, los cargos aumentarán un 33% para un consumidor tipo (con 3,5 kW de potencia contratada y un consumo anual de 213 kWh), según datos de la CNMC.

El incremento total de los cargos será del 39% respecto a 2024, ya que los cargos del año pasado, que aún no se han liquidado, fueron de 2.532 millones de euros frente a los 3.527 millones previstos para 2025. Este aumento se debe principalmente a la desaparición del superávit del sistema de 2023, utilizado para congelar los cargos en 2024 durante la crisis económica, y a la reducción de ingresos fiscales por la caída de los precios energéticos.

Los cargos, junto con los peajes de acceso a las redes (gestionados por la CNMC), conforman las partes fijas de la factura eléctrica. Mientras que la CNMC propuso una reducción promedio del 4% en los peajes para 2025, los cargos representan menos de la mitad del peso de los peajes en la factura.

La orden ministerial prevé que los cargos totales del sistema eléctrico para 2025 asciendan a 7.446 millones de euros. Los ingresos para compensarlos provendrán de impuestos creados en 2012 y subastas de derechos de emisión de CO2, sumando 3.919 millones de euros. Tras estas aportaciones y un remanente del superávit de 2023 (189 millones), los cargos netos alcanzarán los 3.527 millones de euros.

Entre las partidas principales destacan 4.192 millones para renovables, cogeneración y residuos (Recore); 836 millones para sistemas extrapeninsulares y 2.390 millones para pagar la deuda histórica del sistema a través del FADE. Cantidades menores cubrirán otros conceptos, como el servicio de interrumpibilidad industrial (10 millones) y la tasa de la CNMC.

El Real Decreto-ley 8/2023 permitió destinar el superávit de 2023 a los cargos de 2024, congelándolos temporalmente al nivel de 2023. Sin embargo, esta medida transitoria finaliza, ya que la ley prohíbe reducir estos cargos mientras exista deuda histórica acumulada.

En 2023, el superávit del sistema fue de 609 millones de euros, de los cuales 420 millones se emplearon para equilibrar el ejercicio 2024, dejando un remanente de 189 millones para 2025. No obstante, los costes no han aumentado significativamente; el Recore disminuyó de 4.490 a 4.192 millones, y las retribuciones a las islas se redujeron en 86 millones. La causa principal del incremento radica en la caída de ingresos por tributos y derechos de emisión de CO2, que se redujeron en más de 315 millones.

El proyecto también regula el fondo para el Plan General de Residuos Radiactivos, la retribución de la CNMC y los pagos por capacidad, entre otros aspectos.

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