(Expansión, 05-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
"La Ley del Derecho de Defensa refuerza las garantías legales de los ciudadanos, otorgando una normativa orgánica a un derecho esencial que recoge la Constitución". Así lo describe el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, en referencia a esta ley que, debido a la suspensión del pleno del Senado por la DANA que afectó al Levante, quedó aprobada sin votación, con el texto ya avalado por el Congreso de los Diputados.
Esta normativa ha sido una de las principales demandas del CGAE durante años, ya que "fortalece el principio constitucional de tutela judicial efectiva, que pertenece a los ciudadanos, y consolida el papel de los abogados como elemento fundamental en el sistema de Justicia".
Dentro de las innovaciones que introduce esta ley, que se publicará próximamente en el BOE, el CGAE subraya que los colegios de abogados "deberán respaldar al profesional que se sienta interferido o presionado en su trabajo y denunciar todas las medidas normativas o acciones, tanto públicas como privadas, que perjudiquen el derecho de defensa".
La normativa también es explícita respecto al secreto profesional de los abogados. "Las comunicaciones con los clientes en el contexto de un litigio, incluso en etapas previas, son confidenciales y no podrán usarse como prueba; además, se reconoce el derecho a guardar silencio como parte de la presunción de inocencia en procedimientos penales y sancionadores", explica Nayra Cordero, abogada penalista de Dikei Abogados. Cordero destaca también que la ley garantiza ciertos derechos personales a los abogados, incluyendo la posibilidad de solicitar la suspensión de un proceso judicial o un nuevo señalamiento en casos de fuerza mayor, como nacimiento, adopción, cuidado de menores, hospitalización de cónyuge o familiares, fallecimiento de familiares hasta segundo grado, así como por hospitalización o baja médica del abogado.
Además, la nueva legislación establece un marco legal para regular los honorarios, que deberán ser "objetivos y transparentes", lo que facilitará la tasación de costas y permitirá prever mejor las consecuencias económicas de emprender acciones legales.
Sin embargo, a pesar de su aprobación, algunos profesionales expresan su preocupación por la falta de un régimen sancionador que haga cumplir la ley. Verónica Suárez, socia del bufete penalista Frago & Suárez, comenta: "Esta ley abarca derechos fundamentales de los ciudadanos y de los abogados que los representan; sin embargo, su mayor carencia es la ausencia de un régimen sancionador efectivo para quienes no la respeten. Sin esto, poco cambiará. La experiencia muestra que, aunque estas cuestiones se regulen en una o varias leyes, no tendrán efecto sin una respuesta disuasoria real y eficaz ante su incumplimiento".