(El Economista, 13-02-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará a España y a otros seis países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado a su legislación nacional la directiva sobre préstamos dudosos. Además, como parte de sus procedimientos de infracción del mes de febrero, Bruselas ha emitido un ultimátum a España por no aplicar la normativa comunitaria destinada a agilizar la concesión de permisos para proyectos de energías renovables.
En concreto, el Ejecutivo comunitario ha informado que España, Portugal, Países Bajos, Finlandia, Austria, Bulgaria y Hungría serán llevados ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber adoptado las disposiciones de la directiva sobre préstamos dudosos. Esta normativa, aprobada en 2021, busca desarrollar un mercado secundario eficiente para la compraventa de estos préstamos, estableciendo reglas para su autorización y supervisión. Además, fija criterios armonizados para la comercialización de estos productos financieros dentro de la Unión Europea, garantizando un marco regulador común.
La directiva introduce medidas de protección para los consumidores, como la posibilidad de refinanciar créditos, aplazar pagos, modificar los tipos de interés y mejorar la transparencia en la relación con los acreedores. Los Estados miembros tenían hasta el 29 de diciembre de 2023 para implementar estas disposiciones, un plazo que la mayoría ha cumplido. No obstante, España, junto con Bulgaria, Hungría, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia, aún no ha informado a Bruselas sobre su aplicación.
La remisión del caso al Tribunal de Justicia de la UE representa la última fase del procedimiento de infracción de la Comisión Europea. Previamente, Bruselas había enviado cartas de advertencia a estos países el 24 de enero de 2024 y posteriormente dictámenes motivados el 25 de julio de 2024. Al considerar que los esfuerzos de estos Estados han sido insuficientes, la Comisión ha decidido llevar el caso ante la Justicia europea.
Además de la acción judicial, Bruselas pedirá que se impongan sanciones económicas a los países incumplidores. El monto de estas multas se calculará en función de la gravedad y la duración del incumplimiento.
Por otro lado, la Comisión Europea ha dado un ultimátum a España y a otros siete países por no haber incorporado a su legislación nacional la normativa comunitaria destinada a acelerar la tramitación de permisos para energías renovables. Esta directiva debía haberse adoptado en julio de 2024, y la advertencia de Bruselas marca el segundo paso del procedimiento de infracción. Los países afectados disponen de dos meses para responder y, en caso de no cumplir con la exigencia, podrían ser llevados también ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a España, Francia, Italia, Países Bajos, Chipre, Bulgaria, Eslovaquia y Suecia, instándolos a adaptar su normativa a la directiva que agiliza la concesión de permisos para proyectos de energías renovables.
Esta directiva introduce modificaciones en la normativa sobre energías renovables, estableciendo procedimientos más ágiles y plazos más cortos para la concesión de permisos, tanto para los proyectos de generación de energía limpia como para las infraestructuras necesarias para su integración en la red eléctrica.
Asimismo, la legislación comunitaria establece plazos concretos para la aprobación de proyectos de energías renovables y reconoce que estos, junto con las instalaciones de almacenamiento y redes eléctricas asociadas, son de interés público. También obliga a los Estados miembros a definir "zonas de aceleración de renovables", donde los proyectos puedan beneficiarse de tiempos de tramitación reducidos debido a su bajo impacto ambiental.
El proceso de infracción comenzó en septiembre pasado, cuando la Comisión envió advertencias a 26 países por no haber transpuesto completamente la directiva a su ordenamiento jurídico. Tras analizar las respuestas de los Estados miembros, la Comisión ha decidido intensificar su acción contra España, Italia, Chipre, Eslovaquia y Suecia, por no haber notificado las medidas de transposición, y contra Bulgaria, Francia y los Países Bajos, por no haber proporcionado información suficientemente clara sobre su cumplimiento.