(El País, 27-11-2024) | Fiscal
España ha obtenido el respaldo de la Comisión Europea para su plan de ajuste fiscal en el último momento. Este plan tiene como uno de sus pilares principales una reforma fiscal que fue aprobada recientemente por el Parlamento. Con este requisito cumplido, Bruselas ha validado la senda de gasto propuesta por España para los próximos siete años, lo que supone una extensión de tres años sobre los cuatro habituales que establece la normativa general, según anunció la Comisión este martes. Sin embargo, este aval es solo el inicio de un camino complejo. Como advirtió Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión y próximo comisario de Economía y Finanzas, "España enfrenta desafíos de sostenibilidad fiscal debido a su alta deuda pública en relación con el PIB y al déficit presupuestario actual".
El informe publicado este martes señala que el Gobierno español debe incrementar los ingresos públicos en al menos dos décimas del PIB antes de que finalice el próximo año, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros. Esta cifra supera los ingresos esperados por algunas medidas fiscales rechazadas recientemente, como el impuesto al diésel, que habría recaudado aproximadamente 1.000 millones de euros. Esta obligación está vinculada al plan de recuperación y se enmarca dentro de las nuevas reglas fiscales introducidas en los programas de consolidación fiscal.
Para cumplir con las metas de ajuste, España deberá limitar el crecimiento del gasto público neto a una media anual del 3% entre 2025 y 2031, excluyendo intereses y gastos extraordinarios. Inicialmente, Bruselas había planteado un límite del 2,8%, pero la mejora reciente en los datos económicos y las previsiones de crecimiento permitió una flexibilización. El ajuste será gradual, comenzando con un aumento del gasto del 3,5% del PIB en el primer año, para luego reducirse progresivamente hasta el 2,4%. Además, el déficit público deberá disminuir cada año con el objetivo de reducir la deuda pública, que actualmente supera el 102% del PIB, a un 90,6% en 2031 y al 76,4% en 2041 si se mantiene la tendencia.
Dombrovskis destacó que el cumplimiento será clave, subrayando que las nuevas reglas fiscales incluyen herramientas más estrictas para garantizar la implementación de los compromisos adquiridos. También recordó que los países con deudas superiores al 60% del PIB o déficits superiores al 3% pueden acceder a programas de ajuste de hasta siete años, en lugar de los cuatro habituales, si asumen compromisos reformistas e inversores. Este ha sido el caso de España, junto con otros países como Francia, Italia, Finlandia y Rumanía.
Además de los compromisos fiscales, España deberá realizar evaluaciones de gasto para reducir este en una décima del PIB hacia 2028 y llevar a cabo reformas destinadas a aumentar el crecimiento económico potencial. Muchas de estas reformas ya están en marcha como parte del plan de recuperación, incluyendo medidas contra el fraude y la Ley de Cambio Climático.
A pesar del aval de Bruselas, España aún tiene pendientes algunas tareas, como la presentación del borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, un aspecto que la Comisión Europea espera resolver pronto. Aunque el Ministerio de Hacienda ha estado involucrado en las negociaciones, esto será clave para cumplir con las exigencias del marco fiscal acordado.