(El Economista, 18-11-2024) | Fiscal
El Govern de la Generalitat de Cataluña, liderado por Salvador Illa, sigue avanzando en la implementación del concierto económico pactado con ERC. Tras crear un grupo asesor encargado de definir los detalles del denominado modelo de financiación singular y designar al nuevo director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), el Ejecutivo autonómico estudia diversas estrategias para fortalecer esta última institución. La principal opción sería incorporar a los altos funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que operan en Cataluña.
Actualmente, la "Hacienda propia" de Cataluña cuenta con 852 empleados, de los cuales solo el 34,2% pertenece a cuerpos especializados en la gestión e inspección tributaria. En detalle, el organismo dispone de apenas 23 inspectores y 269 gestores, cifras que palidecen frente a los casi 5.000 empleados que la AEAT tiene asignados en la región, incluyendo 1.612 técnicos y 498 inspectores.
La ATC, de momento, tiene competencias limitadas a la gestión de tributos propios (como el impuesto sobre bebidas azucaradas o el canon del agua) y cedidos (como Sucesiones y Patrimonio), además de la lucha contra el fraude fiscal y la recaudación ejecutiva de deudas tributarias y otros ingresos públicos de la Generalitat y administraciones catalanas.
Illa y la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, han planteado objetivos ambiciosos para expandir la ATC. Inicialmente, el president habló de cuadruplicar su tamaño, mientras que Romero sugirió un incremento hasta alcanzar entre 4.000 y 5.000 efectivos. Sin embargo, expertos consultados por elEconomista.es consideran poco probable que este crecimiento se logre exclusivamente mediante nuevas convocatorias de empleo público, dada la lentitud del proceso. De hecho, Romero ya ha mencionado que están explorando "incentivos" y una "fórmula jurídica" para atraer a los funcionarios de alto rango de la AEAT, aunque esta opción enfrenta obstáculos legales.
En 2015, el Tribunal Supremo bloqueó el traspaso de inspectores de la AEAT a la ATC, lo que dificulta la implementación de esta estrategia. Además, si la Generalitat pretende asumir la gestión completa del IRPF en 2026, como establece el pacto entre PSC y ERC, necesitará reforzar significativamente su plantilla en un plazo corto, algo que parece inviable con los métodos tradicionales.
A estas complicaciones se suma el retraso en los presupuestos autonómicos debido a la situación interna de ERC, lo que dificulta la planificación de nuevas convocatorias de empleo. Según datos recientes, la ATC ha realizado solo tres procesos selectivos en los últimos seis años. En 2022, por ejemplo, se convocaron 120 plazas de gestores tributarios, la mayor oferta en su historia, pero esta convocatoria se retrasó cuatro años y no se resolvió hasta 2023. En 2024, se han sumado 20 inspectores y 85 gestores estabilizados, cifras insuficientes para alcanzar los objetivos planteados.
Ante este panorama, la opción más viable para aumentar rápidamente la plantilla sería captar empleados de la AEAT, una medida que ha generado controversia. Gestha ha calificado este objetivo como "irrealizable", argumentando que la mayoría de los funcionarios estatales no estarían interesados en integrarse en la ATC debido a la falta de incentivos suficientes y a las ya elevadas demandas de movilidad en Cataluña.
Por su parte, IHE ha rechazado frontalmente cualquier intento de integración forzosa. En un comunicado, la asociación advirtió que tomará medidas legales para impedirlo, señalando que la ATC no puede considerarse una "agencia tributaria nacional catalana" dentro del actual marco jurídico español. Además, criticó al Govern por "engañar a la ciudadanía" con propuestas que consideran inviables.