(El Periódico, 21-11-2024) | Laboral
Solo el 4% de las personas que inician el trámite de solicitud de una pensión por invalidez en línea logra completarlo con éxito en el primer intento. Las cifras no son mucho mejores para quienes tramitan un título de familia numerosa (7%) o una prestación social para personas con discapacidad (10%). Realizar gestiones administrativas puede convertirse en un desafío, y los portales online a menudo se perciben más como barreras que como soluciones. Ante esta problemática, la Generalitat de Cataluña ha decidido tomar medidas.
Como parte del plan de modernización de los servicios públicos impulsado por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, la Generalitat se ha comprometido a reformular en los próximos 12 meses los 10 trámites administrativos más demandados. Entre ellos se incluyen solicitudes como el reconocimiento del grado de discapacidad, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), ayudas a la dependencia, al alquiler, y la matrícula universitaria, entre otros. Estas gestiones, que en conjunto sumaron más de medio millón de usuarios el año pasado, serán las primeras en ser revisadas.
Este miércoles, el Govern reunió a 68 expertos, organizados en 12 comisiones, para lanzar oficialmente este proceso de reforma. "Existe un consenso entre la ciudadanía y el sector privado de que hay una desconexión con la administración", afirmó Dalmau durante el acto de presentación.
La reforma busca simplificar, agilizar y hacer más accesibles los trámites. Aunque todavía no hay un plan cerrado, los cambios se centrarán en modificar los procesos y mejorar la información que reciben los usuarios sobre el estado de sus solicitudes. Para identificar áreas de mejora, se llevará a cabo una encuesta durante el primer trimestre de 2025, dirigida a 120.000 personas que hayan realizado trámites recientemente, con el objetivo de recabar opiniones y sugerencias.
Además, la Generalitat pondrá en marcha un observatorio de la administración digital, que publicará indicadores clave para medir la eficiencia de los servicios públicos. Entre estos, se incluirán datos como el tiempo promedio de respuesta, la cantidad de trámites que pueden realizarse online, el número total de solicitudes gestionadas y la valoración ciudadana de la atención recibida.
Aunque los 10 trámites priorizados son solo el inicio, la reforma abarcará también gestiones dirigidas a empresas. Los expertos tienen un plazo de 10 meses para presentar propuestas, que incluirán desde cambios en el silencio administrativo para trámites empresariales, hasta la modernización del proceso de selección de empleados públicos, que actualmente puede demorar hasta dos años desde la convocatoria hasta la incorporación del funcionario.
Otras áreas de mejora incluirán la actualización de normativas como la ley de urbanismo, vigente desde 2002, y la despolitización del nombramiento de directivos públicos, priorizando criterios de mérito y capacidad sobre designaciones partidistas. "Esta vez va en serio", aseguró Dalmau, reforzando el compromiso de llevar adelante una transformación profunda de la administración catalana.